El ministro mejor valorado del nuevo Gobierno, según el CIS, dice que ha dejado de ser un ‘verso suelto’, que su cargo le obliga a ser parte de un equipo. Fiscal de carrera, pero apenas de ejercicio, ha anunciado una reforma en profundidad de la Justicia que no se quiere conformar con su necesaria despolitización.- Garzón acaba de ser expulsado de la carrera judicial por actuar como los jueces de «regímenes totalitarios». ¿Usted qué opina?
- Los miembros del Gobierno no podemos ni debemos expresar ninguna opinión política sobre las sentencias del más alto Tribunal de este país. Mi única valoración sólo puede ser para constatar que estamos en un Estado de Derecho en el que la independencia del Poder Judicial es garantía del buen funcionamiento de la democracia.
- ¿Quién tiene razón, quienes dicen que este fallo consagra el derecho constitucional a la defensa o quienes opinan que elimina toda posibilidad de investigar la corrupción en España?
- El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia y debemos respetarla en todos sus términos. Es legítima la crítica a las resoluciones judiciales, pero como ministro de Justicia me siento igual de indignado que el presidente de este órgano y rechazo con la misma contundencia que él hizo las descalificaciones que injustamente ha recibido el Tribunal Supremo.
- ¿El PP tiene motivos para brindar con champán al quedar fuera de juego un juez símbolo de la izquierda e incómodo que investigó el caso Gürtel?
- Lo trascendente en este caso no es la opinión del PP, sino la obligación de todas las instituciones de respetar las decisiones del Supremo y de no interferir ni con acciones ni con manifestaciones su independencia.
- Supongo que usted estará contento. Según el CIS, es el ministro mejor valorado, aunque el Gobierno ha bajado casi dos puntos desde las elecciones.
- No compito en esa liga. Cuando uno forma parte de un equipo, como es mi caso, cuando has decidido que tu acción política se integra dentro de una acción de Gobierno, las valoraciones son anecdóticas.
- Bien valorado y polémico. ¡Menuda se ha liado con su opinión de que el matrimonio de homosexuales es constitucional! Algunos compañeros del Gobierno le han desmentido… ¿Vuelve a ser un verso suelto?
- Es absolutamente acertado lo que han dicho, tanto mis compañeros de Gobierno, como nuestros portavoces en el Congreso. Ése es el criterio del partido. Todo el mundo sabe cuál es mi opinión en relación a este asunto, y es evidente que una persona no cambia de opinión por cambiar de trabajo, pero como ministro defiendo el criterio de mi partido y del Gobierno. Y no soy un verso suelto.
- ¿Intuye que pronto habrá sentencia y se ha adelantado a una posible constitucionalidad?
- Vamos a esperar a que dictamine el Constitucional y legislaremos o no en función de lo que diga. No tengo noticia de qué va a decir ni cuándo lo dirá.
- Sea como fuere, si cumple lo que ha anunciado, va a dar la vuelta a la Justicia de este país.
- Toda la estructura que rodea a la Administración de Justicia funciona con un déficit superior al de muchos otros servicios públicos. Ante esa situación, no podemos conformarnos con reformas parciales, y no podemos desaprovechar el extraordinario capital humano que tenemos. Hay que hacer una reforma profunda desde el análisis de qué elementos han fallado. Y pienso cumplir lo prometido en el programa electoral.
- Vamos, que va a hacer una auténtica revolución en materia judicial…
- Huyo de esas manifestaciones tan dramáticas como dar la vuelta a la Justicia. Hay que ser terriblemente prudentes y ambiciosos, pero conscientes de cuáles tienen que ser los pasos a seguir. La Justicia exige reformas, pero no admite revoluciones. Tiene que adecuarse a lo que demandan los ciudadanos de un servicio público esencial, y lo haremos. Una Justicia eficaz, capaz de resolver en derecho y en tiempo para no hacer inútil la justa resolución, es un factor de competitividad formidable para España.
- Si consiguiera despolitizar la Justicia ya sería un paso de gigante, ¿no?
- La despolitización, que es absolutamente necesaria, no es suficiente. Además hay que conseguir la eficacia y la agilización. Necesitamos una Justicia eficaz y ágil.
- Pues, para algunos, modificar el sistema de elección del CGPJ no significa despolitizarlo, porque también las asociaciones de jueces están marcadas ideológicamente.
- La Constitución dice claramente cómo hay que elegir a los vocales del Consejo. Los jueces y magistrados, en su plena libertad, tienen que formar un cuerpo electoral del que nazcan los 12 representantes del Poder Judicial. Yo no soy contrario a las ideologías, de ninguna de las formas. A lo que soy contrario es a que el Poder Judicial se gobierne como una prolongación de los grupos parlamentarios. Que las distintas ideologías y sensibilidades que existan dentro de los jueces tengan representación en el Consejo me parece enriquecedor. Lo que es muy importante es que cada vocal que se siente en el Consejo sepa que sólo se debe a la Constitución y al servicio de la Justicia, que no tiene ningún mandato imperativo de ningún partido político y que actúe siempre defendiendo el interés general y nuestra Constitución.
- ¿Cuándo van a dar luz verde a la renovación del Constitucional para desbloquear ese asunto?
- Lo que pretendo es que la renovación se haga de forma inmediata. La Constitución no nos manda que nos repartamos los cuatro que hay que designar ahora entre los grupos en función de los votos que hemos tenido, sino a ponernos de acuerdo para elegir esos candidatos, que apoyados por todos reúnan las condiciones. Mi propuesta es que los cuatro sean de todos.
- Usted ha anunciado que tiene intención de ampliar el periodo de permanencia de los magistrados. ¿También podrá hacerlo de forma inmediata?
- No. Eso hoy no lo podemos hacer, porque el sistema de elección y la duración de su mandato no está en la ley orgánica sino en la Constitución. Y, por tanto, cualquier reforma que exija modificarla no puede ser hecha inmediatamente. Ese es un deseo de futuro, pero no un proyecto de esta legislatura.
- ¿Abortar ya no es un derecho de las mujeres en este país?
- Hay determinados supuestos en los que distintos derechos entran en colisión. Y lo que tiene que hacer el legislador no es suprimir uno de los dos derechos, el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo o el derecho del concebido y no nacido a continuar su desarrollo. En cada caso concreto hay que establecer cuándo entrando en colisión ambos derechos, uno prevalece sobre otro. Eso es lo que hemos tenido vigente en este país desde 1985. Eso es lo que propuso el Gobierno socialista de González, aceptó el Gobierno de Aznar y eso es lo que de una forma unilateral, sin haberlo llevado en su programa electoral, y rompiendo la doctrina del Constitucional, rompió la ley de 2010. Nosotros no vamos a reducir un derecho de la mujer, lo que no vamos a hacer tampoco, que es lo que hace la ley de 2010, es suprimir los derechos del concebido.
- Vamos, que se abolirá la ley de plazos…
- Sí, porque la ley de plazos en lugar de resolver, analizando qué derecho debe prevalecer, lo que hace es eliminar durante un tiempo determinado uno de los dos derechos.
- ¿También cree que los menores que cometan delitos muy graves deben ser juzgados como adultos, o se legisla bajo la influencia de casos como el de Marta del Castillo?
- La modificación de la ley consistirá en que, garantizando siempre los derechos del menor, vamos a establecer un mecanismo en el que el enjuiciamiento de delitos cometidos por mayores y menores pueda ser conjunto, de tal forma que no se produzca contradicción en la valoración de los hechos. No estamos hablando sólo de una respuesta a un caso, por muy dramático y conocido que haya sido, sino de una respuesta de nuestra ley a cualquier situación que se produzca.
- ¿El hecho de que se tenga que pagar para recurrir a una segunda instancia, beneficia a los que más tienen?
- En absoluto. Lo que nosotros proponemos es una diferenciación entre la primera y la segunda instancia. Y toda persona que carezca de recursos tendrá derecho a la asistencia jurídica gratuita y, por tanto, podrá recurrir en segunda instancia sin pagarlo.
- ¿Con el nuevo estatuto de las víctimas, éstas podrán opinar sobre el acercamiento o no de los presos de ETA?
- En el estatuto de la víctima, ésta estará informada, no sólo de todo el procedimiento hasta que llega la condena, sino de toda la evolución y modificación de la situación penitenciaria, y también de cualquier medida de indulto que en su caso quiera adoptar el Gobierno. De tal forma que el Gobierno no podrá indultar al autor de un delito sin haber escuchado previamente a la víctima del mismo. Su opinión no será vinculante, pero sí será preceptivo que el Ejecutivo la incluya en el expediente antes de acordar un indulto.
- ¿Usted está convencido de que ETA ha echado el cierre aunque no haya entregado las armas?
- El ministro del Interior ha fijado claramente la postura del Gobierno en relación con este asunto. Y yo, como él, estaré convencido el día que ETA anuncie su disolución. Y ese anuncio no se ha producido. Por lo que el Estado de Derecho tiene obligación de mantenerse en situación de prudencia.
- ¿No le chirría que el lehendakari, Patxi López, tenga previsto destinar una partida económica para resarcir a las víctimas de la violencia policial?
- El discurso que tiene que hacer la democracia española está fijado en la ley de víctimas aprobada en la anterior legislatura, pero, además, tiene que ser ético. En ese discurso ético, la perversión mayor es la equiparación de víctimas y verdugos. Nosotros tenemos una obligación de pedagogía de distinguir rotundamente entre quienes fueron víctimas y quienes fueron sus verdugos.
- Si finalmente hay disolución y entrega de armas, ¿darán indultos individuales incluso a quienes tengan manchadas las manos de sangre?
- La amnistía y los indultos generales están prohibidos por la Constitución, nadie debe esperar ni de este Gobierno la posibilidad de medidas de gracia de carácter colectivo. Las de carácter individual se adecuarán en todo caso a lo que establece nuestra constitución y nuestra ley de indulto.
- ¿La pena de prisión permanente que usted propone no es en realidad una cadena perpetua con otro nombre?
- Lo que nosotros proponemos es una prisión permanente revisable, y este último término es contrario a lo perpetuo. Con esta fórmula se persigue evitar la reincidencia en casos de máxima gravedad. El condenado permanecerá en prisión si las autoridades competentes consideran que puede volver a cometer ese delito, pero siempre con un tiempo mínimo y máximo de privación de libertad.
- ¿Usted se compromete a cumplir con todo esto antes de que acabe la legislatura? Porque es mucho…
- Mi compromiso es que finalizada la legislatura todas las medidas estén aplicadas, incluso algunas las podemos hacer antes del verano y otras tardarán un poco más.
- ¿Cuáles estarán listas antes de verano?
- Antes del verano presentaremos el proyecto de ley del código mercantil, que cumplirá uno de los compromisos de investidura del presidente del Gobierno que es la unidad de mercado en todo el territorio nacional. Y creo que antes de acabar el año podremos presentar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
- ¿Divorciarse ante un notario será una opción o una obligación? Porque saldrá más caro, ¿no?
- Siempre será una opción. La vía jurisdiccional estará siempre abierta, y será obligatoria cuando haya discrepancia entre las partes o necesidad de intervención del Ministerio Fiscal porque haya menores. No será más caro. De hecho, la media de lo que cobran los ayuntamientos en España por celebrar matrimonios es sin duda superior a los precios públicos que estableceremos para que los notarios autoricen matrimonios.
- Admita que este aluvión de medidas ha podido servir de cortina de humo para ocultar que ustedes han subido el IRPF, incumpliendo su programa electoral.
- Eso son elucubraciones. El Gobierno ha tomado medidas duras, incómodas, que no pensábamos haber hecho porque no conocíamos los datos de la situación económica y el déficit que nos había anunciado el Gobierno saliente no se correspondió con el real.
- ¿Usted descarta una subida del IVA o no?
- El discurso del Gobierno es contrario a una subida que no discrimina entre los ciudadanos con más o menos recursos. Subir el IVA, que se convertiría en un elemento de desactivación del consumo, no es una medida que contemplemos.
- ¿Usted comparte la opinión de ese juez que afirma que si Urdangarin tiene que ir a la cárcel, irá? Porque este asunto va a debilitar a la Monarquía…
- Sobre asuntos que están siendo juzgados en los tribunales sólo debe pronunciarse el juez competente. En cuanto a la Monarquía, fue el propio Rey de España quien invocó la igualdad de los españoles ante la ley, y nos dio una lección a todos los ciudadanos que tenemos que hacer nuestra.
- ¿Qué instrucciones le ha dado usted al nuevo fiscal general? ¿Será fiscal del Estado y no del Gobierno?
- El fiscal general del Estado, y con él todas las fiscalías, actúan siempre conforme al principio de legalidad y nunca en ningún momento recibirá una instrucción política por parte del Gobierno. Que no le quepa duda de eso.
- ¿Se va a cambiar la idea del PSOE de que el fiscal tenga la dirección de la investigación en el proceso penal?
- El fiscal tendrá más protagonismo pero no perderemos algo que es una gran conquista, que es el juez de garantías. Aquí no se limitará un derecho de un ciudadano si no es con una resolución judicial.
- ¿Y cómo podrán conseguir que los políticos manirrotos tengan responsabilidades penales? Porque la malversación ya está tipificada…
- La malversación está tipificada, pero nosotros queremos llegar más lejos, en el sentido de que si un gobernante hace un gasto sin haber sido autorizado por el órgano que tiene que aprobar los presupuestos, la responsabilidad tiene que exceder de la política, y hará falta tipificar esta conducta.
- ¿Con usted como ministro de Justicia será más fácil investigar el escandalazo de los ERE en Andalucía o resolver el caso Faisán caiga quien caiga?
- El ministro de Justicia quiere que todos los procedimientos judiciales se resuelvan conforme a Derecho. Sea en el caso Faisán o en el asunto de los ERE. Todos.
- Por último, dígame. ¿La reforma laboral que acaban de aprobar es la que necesita España?
- Ésta es, sin duda, la reforma laboral que necesita España. No es un instrumento que por sí solo vaya a resolver el problema del paro en España, pero si no lo hubiéramos aprobado la situación sería desastrosa. Espero que los sindicatos hagan un ejercicio de responsabilidad, y nos den un margen de confianza en su aplicación.
Esther Esteban, El Mundo