Torres-Dulce autoriza pedir el suplicatorio contra Blanco
Ve motivos para que se le juzgue por tráfico de influencias El fiscal general consultó con los fiscales de Sala de lo Penal antes de decidir
El fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, autorizó ayer a la Fiscalía del Supremo a pedir a la Sala de lo Penal que dirija un suplicatorio al Congreso para poder proceder con todas las consecuencias legales contra el diputado socialista José Blanco.
La petición será presentada en los próximos días al magistrado José Ramón Soriano, que ha investigado a Blanco en los últimos 15 meses por supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Tras consultar a los cuatro fiscales de Sala de lo Penal, la petición de suplicatorio se refiere al tráfico de influencias por haber beneficiado al empresario José Antonio Orozco pero no al cohecho, al no haberse verificado la denuncia de Jorge Dorribo de que entregó un sobre con 200.000 euros con destino al entonces ministro de Fomento por gestiones para que favoreciera proyectos que no prosperaron.
Políticos bajo sospecha Cerco al diputado socialista Visto bueno del fiscal contra Blanco
Torres-Dulce autoriza la propuesta de pedir el suplicatorio del ex ministro de Fomento por tráfico de influencias tras consultar a los fiscales de Sala de lo Penal
El fiscal del caso Blanco, Manuel Dolz, presentó la pasada semana al fiscal general un escrito con su propuesta para que el Supremo curse el suplicatorio contra el ex ministro socialista de Fomento por haber influido en el Ayuntamiento de Sant Boi para que concediese en marzo de 2011 la licencia de construcción de una plataforma logística de la empresa de transportes Azkar. El vicepresidente de esta sociedad, José Antonio Orozco, es íntimo amigo de José Blanco desde la infancia y pidió la mediación del entonces miembro del Gobierno de Rodríguez Zapatero y vicesecretario general del PSOE para solventar los problemas que estaban surgiendo con la nave de Azkar en el Ayuntamiento de Sant Boi, controlado por el PSC.
El escrito del fiscal del caso no incluye la otra imputación por la que Blanco está siendo investigado desde diciembre de 2011: el supuesto cobro de 200.000 euros, en billetes de 500, que el empresario farmacéutico Jorge Dorribo dijo haber entregado el 5 de febrero de 2011 en la gasolinera de Guitiriz (Lugo) a un primo del ex ministro para que éste agilizara ante el Ministerio de Sanidad la autorización de un proyecto de presentación de medicamentos en unidosis y para que «les concedieran la recogida de medicamentos residuales» con el fin de exportarlos a África.
Fuentes de la Fiscalía señalan que la instrucción no ha arrojado datos concluyentes que avalen la denuncia de Dorribo más allá de haberse verificado que este empresario manejaba ingentes cantidades de dinero negro en billetes de alta denominación.
Pero el empresario José Antonio López Arias, director general de Cofares y persona que, según el propio Dorribo, presenció la entrega del sobre con los 200.000 euros a Manuel Bran, primo de Blanco, mientras éste y Dorribo se entrevistaban en el coche del ex ministro, no ha respaldado la versión del denunciante.
Junto a ello, ninguno de los proyectos por los que Dorribo habría solicitado la mediación de Blanco –y pagado por ella– salieron adelante, de modo que la Fiscalía cree que no tiene elementos probatorios en los que apoyar un suplicatorio por el supuesto delito de cohecho.
La investigación del pago de la vivienda de Blanco y de las obras realizadas en la misma –que, según Dorribo, corrió en parte a cargo de Orozco, aunque este episodio habría ocurrido en 2007, cuatro años antes del favor relacionado con la nave de Sant Boi– sigue su curso ya que el magistrado instructor, José Ramón Soriano, ha autorizado a la Policía a realizar varias diligencias. En el supuesto de que se obtenga algún dato incriminatorio de entidad, se propondría una ampliación del suplicatorio, indican las fuentes consultadas.
La imputación por tráfico de influencias tampoco está exenta de dificultades jurídicas, pero el soporte probatorio se considera por la Fiscalía más que suficiente para ir a juicio si el Supremo accede a tramitar el suplicatorio y el Congreso autoriza al Tribunal a proceder contra José Blanco.
Los cuatro fiscales de Sala de lo Penal –Luis Navajas, Pilar Fernández-Valcarce, Juan Ignacio Campos y Antolín Herrero– han analizado el caso Blanco en dos reuniones durante los últimos 20 días a petición de Eduardo Torres-Dulce. De esos debates ha salido la conclusión de que la acusación por tráfico de influencias es sostenible aunque tanto los fiscales de Sala como el fiscal general son conscientes de los problemas de configurar un delito que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe superar lo que sería el mero reproche ético o moral de haber realizado gestiones ante las autoridades municipales con el fin de ayudar a Orozco para llegar a demostrar que la licencia de la nave se debió de manera determinante a la presión ejercida por el ex ministro.
En este sentido, los fiscales de Sala y el fiscal general han encargado al fiscal del caso que precise los elementos del procedimiento administrativo que puedan apuntalar la tesis de que la influencia de Blanco alteró el proceso decisor objetivo e imparcial de las autoridades y funcionarios municipales respecto a la nave de Sant Boi. La jurisprudencia del Supremo excluye que constituya delito de tráfico de influencias la mera solicitud de información o incluso la realización de gestiones que interesen el buen fin de un procedimiento administrativo sin pretender modificar el proceso decisorio.
Cuando declaró de forma voluntaria en el Supremo, Blanco manifestó que «lo único que hizo» fue preguntar a su jefe de gabinete por el estado del expediente y éste «me informó de que la media de tramitación era tres-cuatro meses y [el expediente de Azkar] llevaba seis meses sin informe en contra y sin objeción administrativa». Añadió que también comentó el asunto con el secretario de Estado, Isaías Táboas, que fue quien habló con el alcalde, aunque él no se lo pidió.
La eventualidad de que un futuro escrito de acusación incluya a Táboas, o incluso al alcalde de Sant Boi, por una supuesta prevaricación administrativa, también ha sido objeto de debate en la Fiscalía aunque, a la espera de lo que suceda con la inminente propuesta para que se curse el suplicatorio, no se ha tomado ninguna decisión.
- Los otros implicados.
Jaume Bosch.- Alcalde de Sant Boi desde 2007, por el PSC. Declaró en el Supremo que recibió a José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar, a petición de Isaías Táboas, ‘número dos’ de Blanco en el Ministerio de Fomento.
Isaías Táboas.- Secretario de Estado de Transportes desde noviembre de 2010 a finales de 2011. Declaró en el Supremo que él se ofreció a hacer una gestión con el alcalde de Sant Boi, sin que se lo pidieran ni Blanco ni Orozco.
