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El último pulso entre Rajoy y Gallardón

La dimisión del ministro de Justicia es resultado de un desencuentro que no es de ayer ni sólo por el aborto

Él se quería ir y el presidente del Gobierno quería que se fuera. Es el resumen que una persona cercana a Rajoy hace de lo que ha llevado a Alberto Ruiz-Gallardón a presentar su dimisión como ministro de Justicia. Un desencuentro que no es de ayer ni sólo por el aborto, según las fuentes consultadas por La Vanguardia, sino que viene de lejos y que tiene mucho que ver, dicen, con que era el ministro con el más acentuado perfil político de entre los ministros.

Según personas cercanas a los protagonistas de la historia, el presidente del Gobierno le comunicó el viernes a Gallardón que la renuncia a seguir con el proyecto de ley del aborto era definitivo, aunque la vicepresidenta salió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros anunciando, no la retirada, sino un nuevo aplazamiento, sine die, en busca de un consenso que ya de antemano se sabía que era imposible. Desde ese mismo momento, el ministro de Justicia decidió dejar el cargo y habría escogido el momento para anunciarlo hoy, en la sesión de control al Gobierno, donde debía responder a una interpelación del PSOE sobre el aborto. Su previsión, según las mismas fuentes, era anunciar su renuncia desde la tribuna del Congreso y con una defensa del proyecto de ley de supuestos que ha quedado enterrado para siempre, lo que supone el mantenimiento de la ley de plazos que aprobó Zapatero.
Rajoy no podía tolerar que se expresara de forma nítida y pública esa divergencia en el Gobierno y al conocer sus intenciones decidió anunciarlo de una forma tan poco ortodoxa como en un breve encuentro con los medios de comunicación, aprovechando su asistencia a la inauguración del Congreso Mundial de la Comunicación. Al hacer público que el proyecto no vería la luz, obligó a Gallardón a adelantar su anuncio y lograr lo que pretendía, que la dimisión de su ministro, la primera vez que alguien de su Gabinete le planta cara, no tuviera el eco de ser anunciado en el Congreso, sino que fuera él quien tomaba la iniciativa de retirar la ley. Aunque para ello se tuviera que quedar sin ministro de Justicia durante seis días, en espera de que el Rey vuelva de los Estados Unidos y él de China, y justo cuando hay que hacer efectivo el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de consultas del Parlament.

Por eso, y aunque en el PP y en el Gobierno se daba por seguro, ya desde julio pasado, que la ley no saldría adelante, la precipitación de los hechos sorprendieron a casi todos, y más el nombre de Rafael Catalá como ministro. Aunque ya fue secretario de Estado con José María Michavila de ministro, en el Gobierno de José María Aznar, Catalá, que ni siquiera es del partido, tiene un perfil más técnico que político, y la opinión muy extendida ayer en el partido y en el Grupo Parlamentario, era que sólo tienen posibilidades de ser ministro los tecnócratas, los que como expertos en una materia han ocupado hasta ahora los segundos o terceros niveles.

Recuerdan que lo mismo ocurrió con el nombramiento de Isabel García Tejerina como ministra de Agricultura, en sustitución de Miguel Arias Cañete, cuando Rajoy también echó mano de la subsecretaria del ministerio, una técnica que llevaba muchos años en el departamento. En esta ocasión no ha subido el escalafón en Justicia, precisamente porque Rajoy no quería a nadie del equipo de Gallardón como ministro, dado el desencuentro entre ambos.

Un nombramiento que en el PP no ha caído muy bien, en un momento en el que el presidente del Gobierno había transmitido a sus dirigentes que tras hacer “lo que tenían que hacer”, había llegado el momento de la política, para recuperar los votos perdidos con los ajustes económicos y sociales.

Pedro Arriola ya se lo había advertido a Rajoy en la reunión que el comité de dirección celebró en Toledo a primeros de septiembre. Según el análisis de las encuestas de las que disponen, puestos en una balanza quienes podían dejar de votar a los populares por renunciar a reformar la ley del aborto, y quienes darían la espalda al partido por aprobar la reforma, eran muchos mas estos últimos.

Según el análisis de Arriola, los votantes del PP habían entendido en los primeros años del Gobierno, y a pesar de las medidas impopulares que adoptó, el discurso de Rajoy de que el corazón le pedía hacer una cosa, pero la cabeza le dictaba otra, por la responsabilidad de Gobierno, Lo que venía en el otra a electoral pero la cabeza, es decir, la responsabilidad de gobernante le obligaba a hacer lo contrario. La subida de impuestos era el más claro ejemplo de este discurso, que a juicio del PP llegaba a la sociedad con el análisis de que no se trataba de algo ideológico, sino de necesidades sobrevenidas cuando se está en el Gobierno. Pero eso se rompió, de acuerdo con ese análisis sociológico, con la ley del aborto. Porque el empecinamiento en el cambio de la ley ya no era una cuestión de necesidad, sino ideológico, y eso no había sido determinante para votar al PP en el 2011, pese a incluir en el programa electoral un referencia a la modificación de la ley, sin apuntar al sentido de la reforma, sino que fue un voto basado en la política económica que se esperaba que hiciera el PP.

Esa sigue siendo la baza de Rajoy para presentarse a las elecciones generales de 2015, confiar en que la mejoría de la situación económica ya sea percibida por los ciudadanos y pueda decir que hizo lo que requería el momento, y que cuando la economía se ha enderezado ha podido cumplir con su política económica. La prueba sería la reforma fiscal, con una rebaja de impuestos, como había prometido.

(Carmen del Riego, La Vanguardia)