El Consejo de Estado dictamina sobre los dos recursos del Gobierno ante el Constitucional
La convocatoria de la consulta de autodeterminación de Cataluña firmada ayer por Artur Mas puso en marcha ayer el litigio legal y político más importante que ha existido hasta ahora entre el Gobierno catalán y las instituciones del Estado. El presidente de la Generalitat firmó el decreto de convocatoria, como había prometido, para que los catalanes “decidan su futuro político” el 9 de noviembre. Lo hizo pese a tener la certeza de que el Tribunal Constitucional suspenderá el proceso esta misma semana a petición del Gobierno. El objetivo del presidente catalán y los partidos que apoyan la consulta es mantener el pulso hasta el 9 de noviembre con una campaña política que busca dejar en evidencia al Gobierno central por impedir un referéndum que consideran totalmente legal. En paralelo, la maquinaria del Estado contra la consulta ha echado a andar este domingo.
La respuesta del Gobierno a la convocatoria del 9-N fue expeditiva y el mensaje, de nuevo, inequívoco: “La consulta no se celebrará porque es inconstitucional”. La número dos del Ejecutivo, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, anunció poco después de la convocatoria solemne de la consulta de 9-N que el Estado ya había comenzado a desactivar el referéndum de autodeterminación de Cataluña.
El Consejo de Estado reunirá hoy a su Comisión Permanente para aprobar el dictamen de los dos recursos del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria de la consulta. El Ejecutivo espera tener ese informe antes del lunes por la mañana para celebrar el Consejo de Ministros con el presidente del Gobierno ya en España y presentar, formalmente, las acciones legales ante el tribunal.
Pocas horas antes de que el líder de CiU convocara oficialmente la consulta, el presidente del Gobierno paseaba con total tranquilidad por la gran muralla china. En una conversación informal con periodistas, Rajoy manifestó sobre Mas: “Él se ha metido solo en el lío, ya le avisamos de lo que iba a pasar que es lo que siempre hemos dicho, supongo que él pensaba que íbamos a recular, pero vamos a hacer lo que dijimos”. Y lo que él y su Gabinete defienden desde el pasado 12 de diciembre de 2013 —cuando Mas anunció que iba a convocar la consulta del 9-N y planteó las preguntas— es que no se celebrará ningún referéndum de autodeterminación, porque la soberanía pertenece a todos los españoles.
Santamaría señaló que el Gobierno planteará una suspensión de la ley de consultas impulsada por Mas y aprobada por el Parlamento de Cataluña. Y dejó claro que “una vez suspendida la ley, no puede llevarse a cabo ninguna actuación” dirigida a promover referendos. “Se suspende y deja de producir efecto. Una vez suspendido no se puede continuar ejecutando. Ese es el derecho y lo que ha pasado siempre”, subrayó en relación con la posibilidad de que la Generalitat siga promoviendo actuaciones proconsulta. Preguntada sobre la voluntad de los grupos nacionalistas de manifestarse cuando se suspenda la norma, insistió: “En este país todos estamos sujetos a la ley”.
- Un decreto basado en el la ley de consultas y el Estatut.
El decreto firmado ayer por Mas intenta revestir la convocatoria con las máximas garantías legales posibles. Se basa en la ley catalana de consultas aprobada la semana pasada y que ayer por la mañana publicó el Diario Oficial de la Generalitat. También invoca el Estatuto catalán, que da a la Generalitat competencias exclusivas para organizar consultas, pero solo “en el ámbito de sus competencias”.
La Generalitat defiende que puede convocar esta consulta. “Entre los asuntos y materias que pueden ser consultados mediante una convocatoria se encuentran los de especial importancia colectiva para el país, sobre los que la Generalitat tiene la potestad de ejercer la iniciativa formal ante las instituciones del Estado, tal y como reconocen los artículos 87 y 166 de la Constitución”.
El decreto también invoca la declaración de soberanía que el Parlamento catalán aprobó en enero de 2013 y que el Tribunal Constitucional suspendió cuatro meses después. Según el texto firmado ayer “el Parlamento expresó la voluntad política de iniciar el proceso para que los ciudadanos de Cataluña pudieran ejercer el derecho a decidir el futuro político de Cataluña, atendiendo a los principios de legitimidad, democracia, pluralismo y legalidad”.
En cualquier caso, el Gobierno catalán entiende que solo tiene posibilidades de salir airoso del conflicto con el Estado si el movimiento ciudadano que hasta ahora ha acompañado el proceso soberanista sigue vivo. De ello se encargarán las entidades que han convocado las principales manifestaciones independentistas, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Mas alentó anoche a estos movimientos en una entrevista en TV-3: “Pido capacidad de resistencia. No puedo esconder que no será fácil pero esto no funciona saliendo a la calle una vez al año; el futuro es una conquista no un regalo y nos lo tenemos que ganar", dijo.
La Generalitat contribuirá con un rosario de recursos para cuestionar la suspensión de la consulta y no descarta acudir a la justicia internacional. Además de intentar mantener la campaña informativa, la Generalitat tratará de continuar con la preparación del referéndum. Hoy mismo la vicepresidenta, Joana Ortega, explicará detalles organizativos. Se trata de transmitir a la opinión pública que se trata de una elección cualquiera y que, por lo tanto, todo debe estar a punto por si el Tribunal Constitucional levanta la suspensión en el último minuto. Esta versión, defendida ayer por el propio Mas, es altamente improbable, pero será la base de la defensa de la Generalitat para continuar organizando la consulta. “La Generalitat irá preparando toda la logística para hacer posible la consulta”, insistió al ser preguntado por las consecuencias de la suspensión.
En el plano de los partidos, la previsión de Mas es reunir a todas las fuerzas soberanistas justo después de la impugnación del 9-N. Las elecciones anticipadas serán una opción para salir del atolladero, pero Mas intentará evitarlo. Por esta razón ayer volvió a pedir “unidad” política en defensa de la consulta.
(Miquel Noguer, Francesco Manetto, El País)
