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Besteiro se acoge a su derecho a no declarar por la "Operación Pulpo"

El último secretario general del PSdeG y expresidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante la jueza que instruye la Operación Pulpo, Pilar de Lara, que lo investiga por la supuesta comisión de seis delitos.

El socialista estaba citado para las 10,30 horas en los juzgados de Lugo, a donde acudió acompañado por su abogada, Esperanza Ferreiro, con cinco minutos de antelación. Ya en el interior del edificio declinó ante la jueza dar su versión sobre los cargos que se le imputan amparándose en que no conoce la totalidad del sumario.

Si bien Besteiro también ha optado por guardar silencio ante los medios de comunicación arguyendo que ya "no" es político, su letrada ha explicado a los periodistas que la decisión de no declarar responde a que sobre parte del caso todavía pesa el secreto de sumario. "Defendernos de algo sin saber por lo que estamos acusados no tiene mucho sentido", ha razonado.
"En el momento en que esté todo abierto, decidiremos si habrá declaración o no", ha recalcado, tras indicar que en esta misma jornada la jueza le ha hecho entrega de uno de los tomos que no están considerados secretos pero que no había sido entregado a las partes junto con el resto, el pasado 21 de marzo.

Se trata de la segunda vez que Besteiro no responde a Pilar de Lara. Ya lo hizo el pasado 12 de enero, cuando, en el marco del caso Garañón, la magistrada no le concedió un cambio de fecha pese a que sus abogados se encontraban en un juicio en Málaga.

Al margen de su resolución de no declarar este miércoles ante la jueza, la letrada de Besteiro ha insistido en que, por lo que se conoce de la causa, "no existe el más mínimo indicio de la comisión de ningún delito".

Y es que, como ha recalcado, "todas" las decisiones a las que se hace referencia en el sumario "están perfectamente firmadas por los técnicos". "Un presidente, un alcalde, un conselleiro... no toman las decisiones, firman bajo el visto bueno de los informes técnicos que existen", ha sostenido.

Besteiro está siendo investigado en este caso por la supuesta comisión de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos durante su etapa al frente del Pazo de San Marcos.

En paralelo, Ferreiro ha recordado que el caso se abrió a raíz de una denuncia de acoso laboral contra el jefe de Protocolo de la Diputación de Lugo, Juan Carlos Fernández Pulpeiro, y que "eso no se está tocando para nada".

Adicionalmente, preguntada sobre si intentará recusar a Pilar de Lara, como ya hizo Besteiro en el caso Garañón, ha indicado que "de momento no", aunque está pendiente de ese proceso para ver cómo concluye. "Posibilidades caben todas", ha admitido.

En concreto, los abogados del exlíder socialista en ese caso --en el que se le relaciona con cuatro delitos de su etapa como concejal de Urbanismo de Lugo a las órdenes del exalcalde Xosé López Orozco-- pusieron en duda la imparcialidad de la jueza en un escrito que la Audiencia Provincial obligó a De Lara a admitir.

Mientras se tramita el escrito de recusación, el titular del juzgado de instrucción número tres de Lugo, Sergio Orduña, continuará con la instrucción. Otro asunto pendiente de resolución es la querella presentada por Besteiro contra la jueza, a la que acusa de "prevaricar" con "injustas" investigaciones sobre él.

Este paso lo decidió el entonces secretario general del PSdeG a finales de marzo, después de que la magistrada sumase a sus cuatro imputaciones en el caso Garañón otras seis en el marco de la Operación Pulpo. Como base de su querella, esgrime que le atribuye decisiones tomadas por el anterior presidente provincial, del PP, a sabiendas.

En la jornada de este miércoles también han pasado por la sala de interrogatorios la que fuera jefa de Comunicación de la Diputación de Lugo, quien siguió la misma estrategia que Besteiro; y el propietario de Monbus, Raúl López, quien optó por responder únicamente a las preguntas de su abogado.

Antonio Camacho, exministro de Interior que actualmente ejerce como letrado de la periodista, ha declinado hacer declaraciones a los medios de comunicación; algo que sí ha hecho Carlos Buerén, representante legal del empresario.

De hecho, ha avanzado que pidió a la jueza que su defendido pueda prestar "una declaración completa" en cuanto se levante el secreto de sumario, "que lleva varios años". "Cuando se conozca todo, se hará una nueva declaración", ha apostillado.

En el interior de los juzgados, según Buerén, Raúl López ha podido explicar "los tres temas principales" con los que se le vincula, pues está siendo investigado por la supuesta comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y uso de información privilegiada.

Sobre el cohecho, ha precisado que regaló al expresidente de la Diputación "tres botellas" por Navidad, al igual que "a otras personas públicas y privadas".

En cuanto a las adjudicaciones "ilícitas" para "favorecer" a Monbus detectadas por la jueza, ha recordado que uno de los contratos, impugnado por una de las empresas que no resultó adjudicataria, fue validado ya por un tribunal de lo contencioso-administrativo. En lo que atañe a otros contratos negociados con otras empresas de Raúl López, ha entregado a De Lara una sentencia del Tribunal Supremo que avala esta práctica.

Finalmente, se ha pronunciado acerca de las subvenciones "fraudulentas", según la magistrada, concedidas por la Diputación de Lugo a entidades deportivas relacionadas con Raúl López, como el club de baloncesto Breogán.

"En ningún caso estaba incurso en ninguna incompatibilidad, porque el beneficiario de las subvenciones era el Breogán", ha enfatizado, antes de recalcar que "lo único" que hizo Raúl López con este club fue "ayudarlo a riesgo de no cobrar". "Como así ha sido, que no ha recuperado ni la mitad de las cantidades que entregó", ha concluido.

Estas declaraciones llegan tan solo un día después del paso por los juzgados del jefe de Protocolo de la Diputación de Lugo, quien dio explicaciones a De Lara por espacio de seis horas.

El jueves será el turno de tres funcionarios provinciales: el secretario, la interventora y el asesor de fondos europeos.

La Operación Pulpo arrancó en 2013 como un supuesto caso de acoso laboral entre dos trabajadores de la Diputación de Lugo, si bien en marzo de este año la jueza decidió imputar a siete cargos y funcionarios de la institución provincial al detectar "irregularidades" en la gestión del programa turístico 'Km0', adjudicaciones "ilícitas" para "favorecer" a Monbus y subvenciones "fraudulentas" al Breogán.

En paralelo, está bajo la lupa de la jueza la partida de gasto social de la Diputación para sus trabajadores, que incluye ayudas médicas y para vivienda, así como en casos de natalidad y nupcialidad, y que fue aprobada en la década de los 90. Otro asunto en cuestión son las "vacaciones subvencionadas" para funcionarios, anuladas por Besteiro cuando llegó a la presidencia del Pazo de San Marcos.

La decisión de Pilar de Lara de elevar a diez los delitos por los que investiga a Besteiro --en dos causas diferentes-- fue lo que puso fin a su carrera política. Al día siguiente de conocerse su nueva imputación anunció que renunciaba a concurrir como candidato socialista a la Xunta en los comicios de otoño y, una semana más tarde, dejó el liderazgo del PSdeG.

(Europa Press, La Razón)