El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la presentación de un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional -incidente en ejecución de sentencia- contra la resolución aprobada el pasado día 27 por el Parlamento de Cataluña dando vía libre al proceso de desconexión del Estado.
La vicepresidenta en funciones Soraya Sáenz de Santamaría ha dado cuenta de los términos planteados por el Ejecutivo ante el alto tribunal y ha recalcado que entre las peticiones que se elevan en el mismo figura la petición de instar a la Fiscalía para que recabe las pruebas necesarias para emprender en su caso una acción penal contra la presidenta del Parlament Carme Forcadell. Este es el punto más duro de la acción emprendida por el Gobierno porque señala ya de forma precisa a un responsable último del incumplimiento constitucional.
Mariano Rajoy ha dado cuenta a los líderes de las principales formaciones políticas constitucionalistas de los pasos claves que pretende dar el Gobierno para frenar el nuevo desafío al orden constitucional que ya ha llegado, según expresión de Santamaría, al grado de "vulneración flagrante del Estado de derecho".
En consecuencia, el Gobierno solicita al TC que declare nula la resolución 263/11 de 27 de julio por contravenir radicalmente las propias sentencias del Tribunal Constitucional, y reclama su "suspensión inmediata".
Asimismo pide que se requiera personalmente a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los miembros de la Mesa del Parlament y al secretario general del mismo para que se abstengan de dar cumplimiento a cualesquiera resoluciones encaminadas a activar el proceso previsto en la decisión del 27 de julio, y se les apercibe de las consecuencias a las que harían frente si desacatan.
Igualmente se solicita al TC que les imponga la prohibición expresa de convocar a los órganos del Parlamento para debatir o aprobar medidas que directa o indirectamente sirvan para dar cumplimiento a la resolución anulada.
También se requiere al presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los miembros de su Gobierno a que eviten cualquier iniciativa o medida destinada a dar cumplimiento a la citada resolución de desconexión. A todos ellos se les apercibe de multa e incluso sus suspensión de funciones.
- El Constitucional decidirá el lunes sobre la resolución del Parlament.
El Pleno del Tribunal Constitucional se reunirá el lunes 1 de agosto a las 12.30 horas para decidir qué medidas adopta para garantizar el cumplimiento de la sentencia en la que declaró inconstitucional y nulo el denominado "proceso de desconexión" aprobado por el Parlamento catalán. Fuentes del tribunal han informado de la inmediata reunión de su Pleno después de que la Abogacía del Estado haya presentado hoy el incidente de ejecución de sentencia (ingresado a las 14.30 horas) en el que solicita a ese órgano la apertura de la vía penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por un posible delito de desobediencia. El Constitucional ya apercibió el pasado 19 de julio a Forcadell y al resto de miembros de la Mesa, contra "la apertura de un proceso constituyente en Cataluña encaminado a la creación de la futura constitución catalana y del Estado catalán independiente".
(Marisa Cruz, El Mundo)
