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El Gobierno pide al TC que abra la vía penal contra Forcadell

El Gobierno en funciones pide al Tribunal Consitucional que abra la vía penal contra la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, por desobedecer abiertamente las resoluciones del propio TC. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho público este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las iniciativas del Ejecutivo contra la aprobación de las conclusiones de la comisión sobre el Procés Constituent el pasado miércoles en el Parlament. Y éstas apuntan directamente contra Forcadell pero también contra el conjunto de las instituciones catalanas: la Mesa de la cámara, sus servicios jurídicos además del mismo Govern de la Generalitat.

En el caso de la presidenta del Parlament, el incidente de ejecución que presentará la Abogacía del Estado en nombre del Gobierno pide que el Constitucional valore si hubo delito en la iniciativa de Forcadell de permitir el debate y votación sobre las conclusiones de la comisión a pesar de que el pasado 19 de julio ya había sido apercibida por un auto del propio TC.

El Gobierno considera que hubo un grave “desacato” a un dictado del Tribunal Constitucional y exige la “responsabilidad penal que pudiera corresponder a la presidenta del Parlament por incumplir la sentencia” del Tribunal. “Se ha vulnerado una decisión judicial y entendemos que tenemos que pedir al Tribunal Constitucional que, a la vista de esa actuación, la remita a la Fiscalía”, entiende la vicepresidenta.
- Advertencia de inhabilitación contra Puigdemont.

Respecto a la propia resolución aprobada, el Ejecutivo solicita su anulación inmediata y las suspensión de todos sus efectos. Además, el Gobierno exige al TC que requiera directamente a la propia Forcadell, a todos los miembros de la Mesa y al secretario general de la cámara, Pere Sol, así como a todo el Govern encabezado por el president Carles Puigdemont, para que prohíba que impulsen ninguna iniciativa que cumpla o desarrolle su contenido o, si fuera el caso, frenen el impulso de dichas iniciativas.

En este sentido, el Gobierno pide que se aperciba a Puigdemont, Forcadell y al resto de cargos políticos e institucionales de que, en caso de incumplir el requerimiento, se les puede aplicar el artículo 92.4 de la ley del TC, que incluye la imposición de multas de entre 3.000 y 30.000 euros o la suspensión temporal de sus funciones.

- Comunicación a los líderes.

Hoy mismo, Rajoyha llamado por teléfono a los líderes de los principales partidos políticos Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Podemos) para explicarles personalmente los últimos pasos del Gobierno contra el proceso soberanista catalán.

- Los trámites siguen su curso.

A estas horas, la Abogacía del Estado ha registrado ya ante el TC el incidente de ejecución del Gobierno contra la resolución del Parlament. El Pleno del Tribunal tiene previsto con la máxima rapidez, el lunes 1 de agosto a las 12.30 horas, para decidir qué medidas adopta tras la petición del Gobierno.

Se trata del segundo incidente de ejecución planteado por la Abogacía en relación al proceso constituyente. En febrero, el Ejecutivo ya impugnó la constitución de la comisión de estudio pero el tribunal tardó más de un mes en admitir a trámite la cuestión. Precisamente la resolución del 19 de julio, que apercibe directamente a la Mesa del Parlament, es la respuesta a dicho recurso. El auto indicaba expresamente que la comisión de estudios debe someterse “al cumplimiento de las exigencias de la Constitución” y no puede dirigir su actividad a “la apertura de un proceso constituyente en Catalunya encaminado a la creación de la futura constitución catalana y del estado catalán independiente”.

(Jaume Pi, La Vanguardia)