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La Constitución obliga a Rajoy a ir a la investidura

La Constitución española de 1978 dispone, en el segundo párrafo del art. 99, que “el candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá en el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”.

El jueves, 28 de julio de 2016, el presidente del Gobierno en funciones comunicó que ha aceptado el encargo del Rey al respecto. También manifestó que redoblaría los esfuerzos para negociar los apoyos y que “en un plazo razonable” informaría de las gestiones realizadas y de su resultado. La solicitud de “plazo razonable” es lógica y tiene precedentes (José M.ª Aznar necesitó dos meses de negociaciones en 1996 para cerrar los acuerdos de su investidura con los partidos nacionalistas).

Hasta aquí, no parece haber problema alguno. Las dificultades han aparecido cuando, en las palabras del presidente en funciones, se ha incluido la referencia a los apoyos que hubiera podido conseguir para una “eventual investidura”. La palabra “eventual”, dicha en tal contexto, parece sugerir que la investidura no pudiera producirse, no porque el resultado de la votación de confianza resultara negativo, sino porque el procedimiento para tal investidura no se pudiera iniciar porque el candidato propuesto por el Rey declinara presentarse, aún después de haber, inicialmente, aceptado la propuesta.
¿Resulta ello factible? No de hecho, sino “de Derecho”.

La Constitución no dispone explícitamente nada al respecto. Implícitamente parece que, sin solución de continuidad, una vez aceptada la propuesta, el candidato propuesto por el Rey, mediante la preceptiva comunicación al Congreso de los Diputados, y después de que la presidencia del Congreso fije la fecha del inicio del debate de investidura y convoque al pleno, debería exponer su programa político para someterlo a votación.

Ante ello, se han formulado posiciones antagónicas. Los argumentos en favor de que la sesión de investidura debe realizarse obedecen a una lectura estricta del precepto Constitucional: “El candidato propuesto… expondrá… el programa…”. Es la opinión expresada mayoritariamente por los partidos políticos de la oposición. El portavoz del PSOE ha manifestado al respecto que la negativa a iniciar la sesión de investidura sería anticonstitucional. Y Ciudadanos también ha expresado que el candidato no tiene otra opción que presentarse a la investidura.

Los argumentos esgrimidos por el PP, por el contrario, inciden en que el candidato puede presentarse a la investidura si consigue los apoyos necesarios para poder formar un Gobierno, ya sea de coalición con otros partidos o en minoría con el suficiente apoyo parlamentario. Entienden, quienes defienden esta opción, que lo que la Constitución no contempla, no lo prohíbe.

Ante ello es necesario tener en cuenta que la Constitución es bastante precisa al respecto. Una de las más precisas en el Derecho Constitucional de nuestro entorno. Salvo el caso de Gran Bretaña, donde la costumbre constitucional ha creado el modelo seguido posteriormente por el resto de los sistemas parlamentarios, el resto de ordenamientos constitucionales poco dicen sobre la formación de los Gobiernos. En Dinamarca, Noruega, Suecia, Bélgica y Holanda, la Constitución no regula el procedimiento de designación del primer ministro, sino que el Rey tiene amplios poderes para realizar tal cometido y los usa teniendo en cuenta los precedentes; en Dinamarca y Holanda, se puede ayudar de una especie de facilitador para ello.

Así que la regulación más minuciosa del procedimiento de elección del presidente del Gobierno es la realizada por la Constitución española. Y no parece que pueda argumentarse que lo dispuesto en el art. 99.2 pueda ser interpretado laxamente, puesto que la Constitución dice claramente “expondrá”, no “podrá exponer”, o “en su caso expondrá”. A mi entender, el “expondrá”, en futuro imperativo, es bastante claro al respecto.

(Teresa Freixes, La Vanguardia)