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Víctimas ven la ley de PNV y PSE como un paso adelante pero critican la discriminación

Víctimas de la violencia ejercida por el Estado, bien a través de sus funcionarios o bien por elementos «incontrolados», son por fin reconocidas y tendrán derecho a la verdad y a la reparación, gracias a la ley aprobada ayer en el Parlamento de Gasteiz con apoyo de PNV y PSE, la abstención de EH bildu, y el voto en contra de PP y UPyD. Ese reconocimiento es considerado de forma general como un paso adelante y de justicia. Sin embargo, colectivos que agrupan a estas víctimas critican, por un lado, los límites temporales que han introducido los redactores en la ley y que solo reconocen los casos producidos entre 1978 y 1999. Pero, sobre todo, no entienden y denuncian como discriminatorio que a igual vulneración de derechos no le corresponda un igual trato y una misma reparación.

Las víctimas de la violencia del Estado han señalado en más de una ocasión que el dinero no soluciona sus problemas, pero sí ven como discriminatorio que la muerte de una víctima del terrorismo se indemnice con 250.000 euros, y que una muerte en esta ley se indemnice con 135.000. En el caso de la gran invalidez, para la víctima del terrorismo es de 500.000 euros y con esta ley de 390.000 euros.

El secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno de Lakua, Jonan Fernández, explicó ayer que las indemnizaciones recogidas en esta ley son las que inicialmente se dictaminaron también para las víctimas del terrorismo en la normativa estatal pero que luego, a lo largo de décadas de aplicación, en sucesivas revisiones de la ley, el Estado ha ido aumentando esas cantidades.
La ley del Parlamento de la CAV de 2008 de reconocimiento y reparación de víctimas del terrorismo recoge también diversos aspectos asistenciales, como ayudas para el empleo, la educación, la vivienda, el acceso a la función pública, que en la ley aprobada ayer no figuran. Jonan Fernández sostuvo que eso se debe a que la ley de víctimas del terrorismo se aprobó cuando ETA estaba en activo, mientras que esta norma recoge casos del pasado. Recordó que tampoco nadie había presentado enmiendas en ese sentido.

- «Invocar agravios, poco serio».

El Secretario General para la Paz y la Convivencia insisitió en que «esta ley está asentada en el principio de igualdad y no discriminación. Su punto de partida es el mismo que el de otros procesos de reconocimiento a víctimas». Puso como ejemplo el proceso de reparación a las víctimas del terrorismo que «ha sido construido por etapas, no se hizo en un solo paso y de un día para otro. Ha sido complejo, largo y gradual. En este ámbito debe ocurrir lo mismo. Estamos ante un proceso no ante un solo acto». Jonan Fernandez llegó a decir que «invocar agravios es algo poco elegante y poco serio hacia las propias víctimas».

Sin embargo, han sido colectivos de estas propias víctimas las que han denunciado esta discriminación. Ayer mismo algunas se concentraron en el exterior del Parlamento con una pancarta en la que se podía leer «Ley de Víctimas sí, pero justa y para todas por igual».

En el interior, algunas de ellas – como Ainara Esteran, de Egiari Zor, Andoni Txasko, de Martxoak 3 y Elena Bartolomé, viuda de Josu Muguruza, asístieron a los debates del pleno. A su conclusión declararon que «para nosotros la ley es totalmente insuficinete, tiene muchas carencias.Algunas víctimas verán la luz con esto pero otras muchas se van a ver excluidas».

Explicaron que lo aprobado no atiende fielmente a la doctrina de los organismos internacionales y dijeron no enteder como iguales vulneraciones de derechos pueden tener reparaciones diferentes. Andoni Txasko especificó que no entienden que pueda ser difernete que te mate una organización armada o el Estado, cuando además el Estado debería ser el encargado de proteger los derechos de la ciudadanía.

Los portavoces de estas asociaciones señalaron que van a estar vigilantes, para intentar que en el futuro se puedan ir corrigiendo estas carencias de la ley ayer aprobada.

El Secretario General para la Paz y la Convivencia, Jonan Fernández, destacó también que la ley obedece a un «principio ético». Declaró que «esta ley no es el primer paso, ni será el último; pero es un paso de alto contenido ético y democrático. Ha quedado fijada la voluntad soberana de este Parlamento, como expresión de la voluntad de la sociedad vasca, de ofrecer reparación a víctimas que hasta ahora no habían sido reconocidas».

Destacó que obtedece también al principio de «centralidad de la víctima». Y añadió que es un paso hacia la convivencia, «afrontar una reflexión crítica sobre el pasado en materia de vulneraciones de derechos humanos, sin equiparaciones, ni compensaciones; pero también sin omisiones».

- La amenaza del recurso de Madrid se mantiene pese a los cambios.

El aviso del Ministerio de Interior de que podría recurrir la ley ha condicionado su contenido y su debate, tanto en su vertiente de amenaza real –el Gobierno español ya ha recurrido casi todas las leyes importantes salidas del Parlamento de Gasteiz– como en su uso a modo de excusa por parte del PNV para volver a cerrar sus acuerdos con el PSE, que precisamente basaba sus enmiendas en la supuesta búsqueda de una mayor «seguridad jurídica».

Sin embargo, a pesar de los cambios introducidos, la espada de Damocles de un recurso sigue pendiendo sobre la ley. Lo dejó claro el portavoz del PP, Carmelo Barrio. Pero da toda la impresión de que como decía ayer el Secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, el problema de esta ley no está en su seguridad jurídica, que ha sido aceptada por el presidente del TSJPV y el fiscal superior –cuya comparecencia en comisión pidió precisamente el PP– sino «en la voluntad política de quienes no asumen que estas víctimas deben ser reconocidas». Lo expresó de otra manera durante el debate el portavoz en esta materia de EH Bildu, Julen Arzuaga, cuando recordó unas palabras en el mismo Parlamento de Antonio Basagoiti, diciendo que mientras ETA acumulaba más de 800 muertos, quienes luchaban contra ella no tenían ninguno. Arzuaga advertía que no era un problema de contabilidad o matemático, sino una cuestión de imponer un relato en el que el Estado no ha cometido ningún tipo de vulneración de derechos.

Un relato al que tampoco es del todo ajeno el PSE, que también ha apoyado la ley. Idoia Mendia situó las víctimas de la violencia del Estado como una cuestión excepcional de abusos limitados por un número pequeño de agentes policiales o miembros de la judicatura. Destacó que la «inmensa mayoría» de los miembros de las FSE han sido «respetuosos con el Estado de Derecho», y han desarrollado una labor «imprescindible» para acabar con ETA.

El portavoz de EH Bildu, Julen Arzuaga, afirmó que hay que dejar claro ante Madrid que el Parlamento tiene competencias para reconocer a estas víctimas y que con sus enmiendas, basadas en la legalidad internacional, se ahondaba en estas garantías. Criticó que el PNV haya optado por dar un paso «corto, tímido y dubitativo». Pero el jeltzale Iñigo Iturrate acusó a EH Bildu de maximalismo y de que sus propuestas condenaban a la ley a ser recurrida. El PNV sostiene que, partiendo de cero, igual hubieran hecho otra redacción, pero insisten en que en este momento es «la mejor de las leyes posibles». Pese a todo, es casi seguro que habrá recurso.

(Iñaki Iriondo, Gara)