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Carmena propone ofrecer vivienda municipal a extranjeros para que se cierre el CIE de Aluche

El Ayuntamiento de Madrid quiere conseguir el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital en Aluche

Para alcanzarlo propone, entre otras medidas, ofrecer vivienda municipal a los extranjeros "hasta que se resuelva su expulsión o no del territorio nacional"

Así se desprende del informe sobre el CIE en el que han participado entidades sociales y ONGS centradas en el trabajo por los derechos humanos del CIE

El Ayuntamiento de Madrid quiere conseguir el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital en Aluche, y para alcanzarlo, propone entre otras medidas, ofrecer vivienda municipal o de alguna asociación con la que exista convenio "en la que la persona extranjera podrá permanecer teniendo cubiertas sus necesidades básicas, hasta que se resuelva su expulsión o no del territorio nacional".

Así se desprende del informe sobre el CIE elaborado tras las conclusiones de la mesa de trabajo sectorial, una vez se han escuchado a entidades sociales y ONGS centradas en el trabajo por los derechos humanos del CIE. El objetivo es el cierre del CIE y, mientras esto no ocurre, se busca que no haya internos y que los que haya tengan garantizados los derechos humanos en el mismo. Así, se plantean medidas previas al internamiento, durante el mismo y una vez se ha abandonado el centro.
Por ello, antes de la entrada en el CIE se apuesta por valorar las circunstancias personales y de vulnerabilidad , "prestando especial atención a personas en situación de especial vulnerabilidad o de arraigo social o familiar". En este sentido, el Consistorio promoverá medidas para que el CIE solo se utilice "como último recurso y una vez se haya descartado la adopción de medidas alternativas".

Asimismo, se informará de la posibilidad de retornos voluntarios, se y facilitará la decisión judicial "ofreciendo al juez de Instrucción un informe social elaborado especialmente en aquellos aspectos que tienen que ver con el arraigo u otras circunstancias personales que deben ser consideradas". Se apuesta también por una atención a personas en situación de especial vulnerabilidad, como mujeres víctimas de violencia de género, trata o solicitantes de asilo.

Para ello, se pretende divulgar todos los recursos y servicios que pueda ofrecer el Ayuntamiento entre colegios de Abogados y Juzgados de Instrucción de aquellas ciudades "de las que provengan habitualmente las personas internas", para lo que se solicitará la colaboración del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo General de la Abogacía Española y de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Otras de las medidas que se contemplan en el informe es dotar al Servicio de Asesoramiento a Jueces e información al detenido y a su familia (SAJIAD) de un número de trabajadores sociales "suficiente" para que puedan solicitar informes sociales y de arraigo de todas las personas extranjeras en situación irregular que pasen a disposición judicial en los Juzgados de Plaza de Castilla.

En esta línea, se ofrecerán recursos necesarios, como alojamiento y alimentación, para que los jueces "puedan evitar el internamiento del ciudadano en el CIE" y se pretende firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Madrid "para facilitar a los defensores de las personas que puedan ser internadas en el CIE".

Además, se busca que el personal de servicios sociales del Ayuntamiento realice cursos de formación con el objeto de que "conozcan las consecuencias de la irregularidad sobrevenida". Se les facilitará también protocolos para proteger los derechos de las personas más vulnerables, como transexuales, detección de víctimas de trata, o enfermos de cáncer o Sida.

- Durante el internamiento.

Si el internamiento se acaba produciendo, el Consistorio quiere que el tiempo en el mismo sea "el menos posible". Por ello, quieren acordar con los responsables del CIE "la presencia dentro del mismo de dos o tres trabajadores sociales, que puedan hacer seguimiento de la situación personal y administrativa de los internos". También se quiere acordar con el CIE que los servicios sociales del Ayuntamiento "puedan ofrecer a las personas internadas la asistencia social y cultural".

"Los servicios sociales del Ayuntamiento deberán facilitar y asistir a las personas internadas en todas aquellas actuaciones que no puedan realizar al tener limitada su libertad", se desgrana en el informe.

Otra de las tareas de los servicios sociales del Consistorio sería "intervenir y realizar las actuaciones necesarias con las personas internadas para planificar y preparar su salida del CIE".

- Después del internamiento.

Una vez se abandona el CIE, los servicios municipales de la Junta de Distrito de Carabanchel deberán tener "información completa de la situación personal y familiar en al que se encuentran las personas allí internadas para poder preparara los recursos que precisen en el momento de su salida".

En caso de conocerse la fecha probable de ejecución de la orden de expulsión, los trabajadores sociales deberán ofrecer a la persona internada la posibilidad de ofrecer a la persona internada la posibilidad de comunicado ese dato al letrado que lo asista.

En el documeno se recuerda que los CIE con Centros son espacios no penitenciarios cuya función instrumental es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación irregular, privándoles de libertad durante un período máximo de 60 días. "La opacidad que envuelve su gestión, sumada a las reiteradas denuncias relativas a la violación de derechos de las personas internas en el citado CIE provoca que este Ayuntamiento de Madrid muestre su preocupación por la defensa de los derechos humanos de quienes se encuentran internados en el referido Centro", asevera el Consistorio.

Así, el Consistorio apunta que "la violación de derechos humanos en el interior de esa clase de Centros ha sido constatada por los informes de diferentes organismos internacionales". "También el Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto las deficiencias en las condiciones de vida de los internos e internas, tanto en el ejercicio de las funciones que le son propias, como en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de laTortura de España atribuido por las Cortes Generales", apuntan.

Por ello, el Consistorio critica que "en la práctica, esa finalidad se revela como un mecanismo meramente retributivo, mediante el cual en la mayor parte de los casos se priva de libertad a una persona que no ha cometido ningún hecho constitutivo de delito".

(Europa Press, 20 Minutos)