La tramitación de la ley del referéndum tendrá que esperar. La mesa del Parlament, reunida desde poco después de las diez de la mañana, no ha modificado su orden del día y ha evitado iniciar el preceptivo trámite, pese a que Junts pel Sí y la CUP registraron la proposición de ley el pasado 31 de julio. De esta forma, el bloque independentista aplaza el choque institucional con el Estado y lo aproxima a la víspera de la Diada, el Onze de Setembre. Su intención es aprobar la ley en el pleno parlamentario del 6 y el 7 de septiembre.
La decisión de no tramitar la proposición de ley deja abiertas todas las puertas abiertas sobre el mecanismo a utilizar para blindar la consulta con la "legalidad catalana" prevista por el Gobierno de Carles Puigdemont. Antes del primer pleno del curso político la mesa de la Cámara se tiene que reunir en dos ocasiones, por lo que aún cabe la posibilidad de tramitar la norma. Tampoco está descartado que el Ejecutivo catalán asuma la responsabilidad y tramite por su cuenta el articulado, a través de una propuesta de ley o, incluso, a través de un decreto.
El objetivo es ganar tiempo y blindarse ante una posible suspensión de la norma y la amenaza de inhabilitaciones a los responsables de su tramitación. El Gobierno del PP ha asegurado que llevará al Constitucional la ley en cuanto se inicie su tramitación, por lo que no descartaba incluso recurrirla hoy mismo, aprovechando que se reunía el Consejo de Ministros para aprobar el laudo que tiene que solventar los problemas en los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat, generados por la huelga de los empleados de la empresa concesionaria Eulen.
En un momento en el que el apoyo al independentismo obtiene su peor resultado desde diciembre de 2014 (un 41,1%; frente al 49,4% que se opone, según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat), el Gobierno catalán hará una nueva llamada a la mvilización masiva y permanente en apoyo a sus planes para convocar el referéndum. La primera prueba de esa apoyo podría ser el 11 de septiembre, que ha concentrado en los últimos seis años manifestaciones masivas en apoyo al independentismo.
De ahí que no se descarte que en el pleno del 6 de septiembre se pueda modificar el orden del día sobre la marcha, aprovechando el artículo 81.3 del reglamento del Parlament. La posterior suspensión de la norma podría utilizarse como una llamada a la movilización que, de ser exitosa, daría argumentos al Gobierno catalán para mantener la desobediencia, pese a las amenazas de inhabilitación.
(Dani Cordero, El País)
