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La subida de las pensiones en España, inviable salvo que el PIB crezca a ritmo récord

Las pensiones sólo podrían revalorizarse por encima del mínimo marcado por ley, esto es, más de un 0,25%, si la economía española registrase el mayor crecimiento promedio de su historia. Para ello, el Producto Interior Bruto de España tendría avanzar a un ritmo anual medio de casi el 4%, algo que sólo ocurrió entre 1998 y 2007 cuando el país llegó a experimentar crecimientos puntuales de, incluso, el 5%.

Esto es lo que pone de manifiesto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF), que ha elaborado un simulador en el que se observa que si en los próximos años la economía avanza siempre un 3,9% -que es exactamente el crecimiento promedio más alto de la historia-, las pensiones comenzarían a subir ligeramente a partir de 2020, para aumentar ya con algo más de fuerza en 2021 (un 1,5%) y en 2022 (un 2,4%). Sólo así podrían mantener mínimamente su poder adquisitivo, ya que en todos los supuestos se ha partido de que el Banco Central Europeo (BCE) será capaz de mantener la inflación en niveles cercanos al 2%.

En cambio, en un escenario algo más moderado pero sensiblemente más optimista que el actual y en el que la economía creciese a ritmos del 3%, las pensiones sólo podrían crecer un 0,77% en 2022. En el resto de ejercicios se quedaría en el 0,25% mínimo y, por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo sería importante.
Pero la realidad, o al menos la proyección que realiza la AIReF, es todavía más negativa. El organismo presidido por José Luis Escrivá estima que la economía crecerá un 2,7% en 2018 e irá perdiendo fuerza de manera progresiva hasta quedarse en el 1,6% en 2022. Las expectativas, si se tiene en cuenta el contexto europeo y los ritmos previstos para el resto de potencias, son bastante positivas ya que estas cifras permitirían que España siguiese liderando el crecimiento de la Eurozona y de la UE. Pero la satisfactoria posición no será suficiente para evitar que las pensiones se queden congeladas en el 0,25%. Y es más, si no hay reformas y si no se decide eliminar gastos o aumentar ingresos en el sistema, tal y como siempre subraya el propio Escrivá, esta situación de revalorizaciones mínimas se mantendrá por muchos años más.

De hecho, la gravedad es tal que sin el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que es el que determina que la subida mínima anual debe ser del 0,25%, las prestaciones incluso sufrirían caídas. Según las estimaciones de BBVA Research, si se atendiese únicamente al estado de la Seguridad Social la cuantía de las pensiones debería haberse reducido en un 3% durante el presente ejercicio. Esto se debe a que los ingresos siguen sin ser suficientes para cubrir los gastos, y así seguirá siendo durante los próximos ejercicios.

«En el periodo 2017-2022 los ingresos crecen un 4%, superior al 2,7% del crecimiento de los gastos, pero dicho diferencial positivo a favor de los ingresos resulta insuficiente para compensar el diferencial negativo acumulado durante los años de crisis, por lo que el IRP de 2017 es del 0,25%», explicaba la AIReF sobre este respecto hace menos de un mes.

- Decisiones del Pacto de Toledo.

En este complejo contexto, se antoja fundamental que el Pacto de Toledo avance en las reformas que se deben llevar a cabo en el sistema de la Seguridad Social. Así deja entrever cada vez que tiene oportunidad la Autoridad Fiscal cuando apunta el mencionado «si no hay reformas», y así lo han puesto también de manifiesto los diferentes partidos sabedores de la importancia política que tiene las pensiones.

La comisión que preside Celia Villalobos, por su parte, todavía no ha transmitido ninguna postura oficial pero sí que se han apuntado algunas opciones. Por un lado está la posibilidad de que las pensiones de viudedad y orfandad dejen de depender de la Seguridad Social y se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esto permitiría un alivio que algunos cálculos estiman en hasta 20.000 millones y que solventaría la mayor parte de las necesidades del sistema, pero generaría otro problema: habría que incrementar la recaudación tributaria para alcanzar esa cifra, algo que probablemente provocaría la creación de un nuevo impuesto.

Otras voces apuntan a que el sistema no debería cargar con los costes de personal y funcionamiento de la Seguridad Social. Esto, apuntan los defensores de esta posibilidad, es lógico ya que la caja de las pensiones debe pagar eso, las pensiones, y no las nóminas de los trabajadores. Sin embargo, de tomarse esta decisión, el ahorro sería de menos de 4.000 millones, cantidad con la que seguirían siendo necesarias más actuaciones.

(Daniel Viaña, El Mundo)