Myanmar, la antigua Birmania, anunció ayer que pondrá en libertad a 6.539 prisioneros a través de una ley de amnistía. La noticia salió de la televisión pública, que no aclaró cuántos de esos presos son políticos ni la fecha de su salida. Organizaciones de derechos humanos internacionales calculan en unos 2.000 los presos políticos en el país asiático, cuya puesta en libertad es una condición impuesta por EEUU y Europa para levantar el embargo que asfixia la economía nacional.
El anuncio llegó apenas horas después de que la comisión de derechos humanos que creara recientemente el Gobierno pidiera al presidente, el exgeneral Thein Sein, la liberación de los «presos de conciencia» en una carta abierta. Esta es la prueba más evidente de que el Ejecutivo busca reconciliarse con la escena internacional.
La Junta Militar, que llevaba cuatro décadas gobernando Myanmar con puño de hierro, promulgó una Constitución en el 2009 y organizó unas elecciones el pasado año en la que se impusieron los militares por abrumadora mayoría. El partido político de Aung Suu Kyi, la nobel de la Paz que pasó buena parte de sus últimos 20 años detenida, rehusó participar en ellas por el evidente fraude, pero en los últimos meses ha entablado un esperanzador diálogo con sus antiguos carceleros. La semana pasada, el Gobierno ya accedió a suspender la construcción de una presa que iba a levantarse en el río Irrawaddy con capital chino debido a la presión popular.
Adrián Foncillas, El Periódico de Catalunya