Rebelión en la granja europea

Crisis energética

Los ganaderos holandeses protestan por el plan del Gobierno de clausurar explotaciones agrícolas y reducir un 30% la cifra de cabezas de ganado para recortar a la mitad las emisiones de óxido de nitrógeno

Agricultores de Polonia y Alemania se solidarizan con la protesta holandesa y bloquean carreteras

“¿Qué sector aguanta renunciar al 70% de sus ingresos?”, plantea un productor quesero que teme por su negocio

La rebelión que desde hace años se ha gestado en las cocinas y cooperativas de las idílicas granjas que salpican el paisaje de los Países Bajos ha estallado. Carreteras bloqueadas, montones de paja quemados junto a las autopistas, supermercados desabastecidos, toneladas de estiércol esparcidas, policías que responden a tiros a las protestas de tractoristas... “Lo que está pasando aquí pasará en unos años en otros países de Europa y del mundo”, avisa Jos Ubels, presidente de Farmers Defence Force, una de las organizaciones que más ha movilizado al campo holandés. Ganaderos de Alemania y Polonia se solidarizaron la semana pasada con ellos y bloquearon carreteras.

Las estampas del caos se han apoderado de la actualidad política holandesa a raíz de los planes del Gobierno para la mitad las emisiones de óxido de nitrógeno en el 2030. Las medidas previstas son mucho más drásticas que lo que se ha visto hasta ahora en otros países: reducir un 30% de la cifra total de cabezas de ganado mediante incentivos para que los granjeros vendan voluntariamente sus explotaciones o, si es necesario, mediante expropiaciones.

“La transición es inevitable”, sostiene el Gobierno, que ve tres opciones para los granjeros: transformarse y hacerse más sostenibles, mudarse a otro sitio o cerrar el negocio. “No hay otra opción”, ha dicho el primer ministro, Mark Rutte, desatando las iras del sector. Los partidos de la coalición de Gobierno han pactado dedicar 24.500 millones de euros a comprar explotaciones agrícolas.

“Nuestra granja está afectada por una reducción del 70% de las cabezas de ganado. Si tengo que renunciar al 70% de mis vacas, vamos directos a la quiebra. ¿Qué sector puede aguantar renunciar a 70% de sus ingresos?”, plantea Stefan Mulder, fabricante de quesos. “Como sector, técnicamente hemos hecho mucho [para reducir la contaminación] y estamos dispuestos a hacer más. Solo que hay muchos otros sectores que también deberían participar”, dice al teléfono Mulder. Hace dos años tomó el relevo a sus padres al frente de la granja, situada en Melissart, al sur de La Haya. Tiene 500 vacas y dos niños que le gustaría que siguieran la tradición.

Mundialmente conocido como el pequeño país que alimenta al mundo por la alta productividad de sus explotaciones, el coste de esa marca nacional es demasiado alto en términos medioambientales, según el Gobierno. Su plan trata de dar cumplimiento a las sentencias dictada por el Consejo de Estado en el 2019, que condenó al Estado por no hacer suficiente para proteger los hábitats naturales.

La organización ecologista Greenpeace también cree que se debe exigir más recortes de emisiones al aeropuerto de Schipol o la industria pero el campo produce el 62% del nitrato depositado en áreas protegidas, subraya su portavoz nacional sobre clima, Isabelle Willemsen. “Aunque todos los sectores deben contribuir, el mayor porcentaje debe venir del sector ganadero”, dice. El presidente de Greenpeace, Andy Palmen, lo expresa en términos más crudos: “Las tiritas se quitan de la herida de un tirón. Hay que tomar decisiones dolorosas para que la sociedad pueda avanzar. Es hora de que la patronal ganadera empiece a colaborar”.

La sentencia del 2019 fue recibida con protestas y movilizaciones que han llegado a su clímax este verano, con la presentación del acuerdo de Gobierno y cuando se acaba la prórroga de dos años que la Comisión Europea concedió a La Haya para cumplir con la directiva de hábitats, que obliga entre otras cosas a proteger las aguas contaminadas por nitratos.

El estiércol que produce el ganado contiene nitrógeno y fósforo, nutrientes que en exceso elevan la acidez de la tierra y minan la biodiversidad, al igual que el amoniaco de su orina. Bruselas dijo ayer que no tomará una decisión sobre la prórroga hasta septiembre y confirmó que mantiene contactos al respecto con el Gobierno holandés. Bajo presión, un informe del Ministerio de Finanzas, en manos del partido liberal progresista D-66, divulgado ayer sugiere que el campo quizás deba hacer recortes menores de lo previsto si se considera la contribución que harán otros sectores.

“Curioso que ahora el D-66 dé un poco marcha atrás pero el Gobierno se mantiene en sus trece y quiere imponer los recortes. La protesta va a ir a más. Necesitamos producir comida y tener precios normales”, insiste Ubels, de Farmers Defence Force. “En Canadá Justin Trudeau también ha empezado a decir que tienen que recortar los nitratos. Es el Foro de Davos quien está impulsando todo esto. Hay muchos países que les están siguiendo y dejando tirada a la gente”, asegura.

El debate, coincide Greenpeace, no es único de los Países Bajos. “Somos un país pequeño y, a la vez, el mayor productor de carne de Europa. Es la legislación europea la que nos obliga a hacer algo ahora. Tenemos la mayor densidad de ganado per cápita así que somos los primeros afectados. Pero si otros países no tienen cuidado pueden acabar teniendo los mismos problemas”.

(Beatriz Navarro, La Vanguardia, 12/07/22)

Del Holocausto al éxodo

Hace 75 años

La nave 'Exodus 1947' zarpa desde Francia hacia Palestina, con cerca de 4.500 refugiados judíos supervivientes del Holocausto. La odisea vivida por sus ocupantes lo convierte en un símbolo de la joven nación

Al llegar a Haifa, la administración británica se negó a dejarla desembarcar para no sentar precedente

El éxodo bíblico tuvo una reedición inesperada para el errante pueblo judío el 11 de julio de 1947, cuando ya creía haber dejado atrás las penalidades del Holocausto. La operación organizada por los sionistas para transportar a Palestina (por entonces colonia británica) a miles de judíos europeos topó con dificultades en uno de sus mayores fletes, la nave Exodus 1947, con 4.500 pasajeros a bordo (oficialmente cabían 560).

Al llegar a Haifa, la administración británica se negó a dejarla desembarcar para no sentar precedente y sus ocupantes fueron devueltos a Europa en varios cargueros. Intentaron dejarlos en Francia, pero el pasaje se negó a abandonar los barcos. Finalmente, los llevaron a Hamburgo, donde acabaron –qué paradoja– en un campo de internamiento, esta vez británico. El éxodo devino odisea.

La peripecia del Exodus 1947 dio lugar a una novela firmada por un novelista estadounidense de origen judío, Leon Uris, once años después en 1958, que se convirtió en un bestséller.  Y también a a una célebre película basada en la misma dirigida por Otto Preminger, cineasta de origen judeo-austríaco, que se estrenaría en 1960.

El asunto generó una polémica mundial y una corriente de simpatía hacia la formación del Estado de Israel convirtiéndolo en un símbolo de la joven nación.

(Teresa Amiguet, La Vanguardia, 12/07/22)

El 50% de las viviendas que ofrecen los fondos al Estado son ocupadas

Sector inmobiliario

Esos pisos podrían regularizarse en el 2023 con rentas de unos 200 euros

Autonomías.- Alrededor del 30% de las viviendas ocupadas que ofrece Asval estarían en Catalunya

Al menos la mitad de las 30.000 viviendas que los grandes propietarios han ofrecido al Estado están ocupadas. Esta es la cifra que manejan fuentes del sector inmobiliario que además estiman que alrededor de un 30% de esas viviendas ocupadas estarían localizadas en Catalunya.

De salir adelante la estrategia que han diseñado estos grandes propietarios, entre los que se encuentran fondos de inversión inmobiliaria pero también entidades financieras, podría suponer la regularización de múltiples casos de inmuebles que han sido ocupados sin violencia.

La propuesta que ha lanzado la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) y que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, confirmó la semana pasada que está estudiando, consiste en que esos grandes propietarios alquilarían durante 25 años 30.000 viviendas al Estado con un derecho de subarriendo para que luego puedan ser gestionadas por las comunidades autónomas. Son viviendas localizadas en zonas tensionadas de las grandes ciudades y de capitales de provincia que se ofrecen al Estado a un 20% del precio de alquiler en el mercado, según explicó la semana pasada Eduard Mendiluce, consejero delegado de Anticipa y Aliseda y miembro de Asval.

Aunque ni la organización ni el ministerio de Transportes han dado muchos más detalles. Fuentes conocedoras de la propuesta explican a La Vanguardia que esa cuantía, que tendría que pagar el Estado a los grandes propietarios, sería de unos 400 euros por vivienda y mes. “Es un precio medio aproximado y luego el Estado o la comunidad que los regularice podría cobrar a las familias unos 200 euros mensuales. Con lo que el coste para las arcas públicas sería moderado”, explican.

Catalunya es una de las comunidades que más podría aprovechar esta propuesta ya que de las viviendas ocupadas que plantean ceder los grandes propietarios, alrededor del 30% estarían situadas en esta comunidad, que es dónde el conflicto de la ocupación es más acuciante. Se estima que en el conjunto del España hay alrededor de 120.000 viviendas ocupadas y el 43% de ellas está en Catalunya.

El Gobierno se ha comprometido a poner en el mercado 100.000 viviendas de alquiler asequible. Desde la primera redacción de ese texto, en la época en la que en ministro al cargo de la cartera de vivienda era José Luis Ábalos, ya se valoraba la colaboración público-privada como fórmula para conseguirlo. Hasta ahora, esa colaboración se había planteado con base en la cesión del suelo público y desarrollo de promociones por parte del sector privado. Un proceso que no es ni rápido ni barato.

El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, alabó el pasado jueves “la idoneidad de la propuesta de Asval”, ya que según explicó durante la presentación de un informe sobre el impacto de la ocupación en el mercado de vivienda, “el Estado tiene mucha presión desde el punto de vista presupuestario y muy poca capacidad de actuación”.

Las fuentes del sector consultadas aseguran que con la propuesta de Asval, la puesta en el mercado de una oferta considerable de vivienda para colectivos vulnerables no debería tardar más de unos meses. “Solo necesita que el Estado convoque un concurso público en el que las entidades interesadas se presenten voluntariamente y se firme la cesión de las viviendas al Gobierno central con un derecho de subarriendo a las comunidades que son las que tienen las competencias de vivienda y las que deberían definir y gestionar el perfil de los inquilinos que puedan acceder a esas viviendas”, explican en el sector.

El Gobierno lo valora, pero como reconoció las semana pasada Eduard Mendiluce “no avanza”. Como ya ocurrió con la redacción de la ley de Vivienda, el freno a esta medida lo pone Podemos. Oficialmente, los morados aseguran “no haber recibido esta propuesta” y conocer de ella solo lo que “ha publicado la prensa”.

El equipo de Ione Belarra, que es quien lidera los temas de vivienda, lleva meses reclamando que sea la Sareb la que ponga a disposición pública toda su cartera de vivienda. Para ellos, hay un concepto clave que choca con la propuesta de Asval: “obligatoriedad”. “En ningún caso podría permitirse que un fondo o un banco cedan las viviendas de las que ellos quieran deshacerse porque no les interese tenerlas en cartera”, comentan fuentes del partido liderado por Belarra.

(Pilar Blázquez, La Vanguardia, 11/07/22)

Los concursos de acreedores se disparan tras el fin de la moratoria

Emergencia económica

Las insolvencias en los juzgados de Barcelona se cuadriplican desde el 30 de junio

Previsiones.- Julio es un mes que suele presentar una alta incidencia de concursos, pero este año asusta septiembre

Frenazo.- Tras un verano que se prevé extraordinario, preocupa el clima de desaceleración que llega a la economía

Cambios en la segunda oportunidad: Pedir ya al juez el perdón de Hacienda... por si acaso.- Los concursos de acreedores de personas físicas acababan muchas veces con el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), por el que el juez perdona el remanente de las deudas de quien se hubiera declarado insolvente y hubiera liquidado sus bienes. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la praxis de una amplia mayoría de los juzgados mercantiles amparaba este tipo de resoluciones judiciales que el Gobierno lleva tiempo intentando eliminar. El año pasado, el texto refundido de la ley concursal ya dejó fuera del BEPI al crédito público, estableciendo que los jueces no podían perdonar las deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Pero muchos jueces no hicieron caso porque la doctrina del Supremo, la directiva comunitaria y la legislación de otros países europeos no contemplan estos privilegios con la deuda de las administraciones públicas. Además, el Gobierno tuvo la torpeza de introducir un cambio legal en un texto refundido –que solo puede ordenar y unir leyes y sus reformas, pero no crea normas nuevas–, y los jueces siguieron a lo suyo con la idea de que si para que alguien empiece de cero no puede conservar esa losa. Ahora, la nueva ley concursal que está a punto de aprobarse regula este punto y limita a 10.000 el crédito público que se puede llegar a perdonar. Pero la norma establecerá que el derecho a la exoneración se aplicará, transitoriamente y si procede, al que ya lo hubiera pedido en el marco del concurso de acreedores. Y ahí se abre una ventana, por poco tiempo... Muchos deudores particulares con deudas públicas corren a presentar el concurso y piden la exoneración de entrada, aunque eso no esté previsto hasta la liquidación. Pedirlo ahora puede salvar sus vidas desde el punto de vista económico. Los jueces están divididos y hay quienes se inclinan por tenerlo por manifestado y no descartar el BEPI, mientras

Siniestralidad empresarial: Abengoa, Ezentis y Room Mate... por ahora.- La abundantísima liquidez del sistema, los ICO, los ERTE y la moratoria concursal han impedido que durante la crisis del 2020 –el PIB de España se contrajo un 11% ese año– y en el complicado periodo posterior de recuperación de la economía haya habido grandes suspensiones de pagos. El Gobierno, la banca y los expertos insisten en que la morosidad es baja y, sobre todo, que los bancos están en mucha mejor posición que en crisis anteriores, con más capital y un riesgo mucho más controlado y repartido. Por ahora, el fin de la moratoria no ha derivado en la presentación de grandes concursos de acreedores. La inmensa mayoría de las insolvencias de empresas corresponden a compañías muy pequeñas y sin activos, cuyos administradores buscan dar carpetazo a sus crisis con una liquidación exprés. Aunque hay excepciones notables. Las más significativas son las de tres grandes empresas que acudieron al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI y cuya solicitud fue rechazada. El caso de Abengoa, en crisis desde hace una década, es el de mayor dimensión. El concurso de Abenewco1 y 26 sociedades del grupo sevillano afecta a compañías con deudas de 6.000 millones que tienen un altísimo riesgo de desaparecer. En Ezentis, con más de 8.000 empleados y dedicada a infraestructuras de energía y telecomunicaciones, el futuro es también incierto tras verse evaporar los 70 millones de ayuda pública a los que aspiraba. Por último, la hotelera Room Mate, tampoco logró los 52 millones solicitados y siguió la misma suerte. En su caso, la petición del concurso iba acompañada de una oferta vinculante por la unidad productiva. El negocio y parte del empleo se salvarán seguro

Cierre ejercicio del 2022: La causa de disolución, otro dolor de cabeza.- Otra de las normas que el Gobierno puso en cuarentena con la crisis pandémica fue la relativa a la obligación de las empresas a restablecer el equilibrio patrimonial cuando, a causa de las pérdidas, los fondos propios cayeran por debajo de la mitad del capital social. En circunstancias normales, los accionistas de una empresa que ha sufrido pérdidas importantes y llegaran a esa situación debían reducir capital –nominalmente o amortizando las acciones– o ampliarlo, con nuevas aportaciones. Durante dos años, este precepto de la ley de sociedades de capital ha estado suspendido, pero los desequilibrios, en muchos casos, persisten porque es frecuente que los beneficios del 2022 –con costes energéticos, de materias primas y transporte al alza, márgenes más estrechos y financiación más cara– no permitan compensar las pérdidas del 2020 y el 2021. Y más aún si el ejercicio en curso se tuerce. Por todo lo anterior, el cierre fiscal de este año será clave para muchas empresas y los administradores sociales deberán convocar juntas de accionistas para recuperar el equilibrio patrimonial en los primeros meses del 2023. Quienes prevean dificultades en sus balances tienen tiempo para buscar alternativas, como nuevas aportaciones de socios

El fin de la moratoria concursal el pasado 30 de junio dio paso a una intensa actividad entre el 1 y el 8 de julio en los juzgados mercantiles, donde se tramitan los procedimientos de insolvencia empresarial o personal. No se acabó el mundo ni se produjo la tan temida y apocalíptica avalancha que se ha anunciado desde hace meses, pero el número de expedientes se ha disparado.

En la provincia de Barcelona, donde hay doce juzgados mercantiles, se presentaron 226 procedimientos en los seis días hábiles de julio hasta el pasado viernes, entre los que se encuentran 130 concursos por el procedimiento abreviado, fundamentalmente de pymes; 51 suspensiones de pagos de autónomos y empresarios; 42 preconcursos de empresas que buscan protección judicial mientras intentan renegociar su deuda; y 3 solicitudes de concurso necesario de acreedores contra sus deudores.

“Estas cifras suponen multiplicar por tres o cuatro, según los casos, el ritmo de asuntos del último mes de junio y ponen de manifiesto que el fin de la moratoria ha precipitado decisiones por parte de los administradores societarios y deudores particulares que hasta ahora las habían pospuesto por la suspensión de la obligación de presentar concurso”, comenta Xavier Rafí, letrado de administración de justicia del juzgado mercantil 9 de Barcelona.

En otras jurisdicciones, el salto en el número de concursos no ha sido tan potente, aunque sí significativo. En Madrid, por ejemplo, se solicitaron hasta el pasado viernes 70 concursos empresariales y 20 de empresarios y autónomos, junto con otros 40 preconcursos. En todo el mes anterior, hubo 140 y 40 concursos empresariales y personales, respectivamente, además de 75 preconcursos. Esto significa que, de seguirse en Madrid el mismo ritmo que el actual, este mes más que se duplicaría la actividad concursal respecto a junio, aunque podría ser bastante más si se cumple la tradición de que a finales de julio –antes del fin de curso y la parálisis de agosto– muchas empresas en situación irreversible tiran la toalla.

Fuera de Madrid y Barcelona, la siniestralidad empresarial parece ser menor. Al menos, por ahora. En la Comunidad Valenciana, el fin de la moratoria se ha asumido más suavemente, con aumentos de alrededor del 15% de los casos en el arranque de julio. En València, donde hay cinco juzgados mercantiles, se han presentado 50 concursos desde el 1 de julio, de los que 49 son voluntarios y hay un necesario, además de 7 preconcursos. Y en Alicante, con un juzgado menos, se contabilizan 45 concursos voluntarios, 3 necesarios y 5 preconcursos en el mismo periodo.

“La mayoría de los concursos son exprés, que comportan la declaración y el archivo por ausencia de masa activa, al no haber nada que repartir en la liquidación”, comentan fuentes judiciales de Alicante. El resto, corresponden a empresarios y autónomos.

La moratoria concursal fue una de las medidas extraordinarias adoptada por el Gobierno tras el estallido de la pandemia para intentar proteger el tejido empresarial. La obligación de los deudores insolventes de presentar concurso de acreedores antes de dos meses desde que conocen su situación ha estado suspendida durante más de dos años, un tiempo en el que las empresas que siguen vivas han podido reestructurar su deuda, reforzar su capital, redimensionarse o buscar nuevos caminos. Muchas lo habrán hecho. Otras, en cambio, no y se ven ahora abocadas al concurso de acreedores.

Al margen de la situación de cada compañía, el momento actual es complicado también porque el Gobierno está a punto de aprobar la enésima reforma de la ley concursal, que ya ha pasado por el Congreso y en pocas semanas se votará en el Senado. Como siempre, el cambio del marco jurídico actúa como catalizador y freno a la vez. Por un lado, hay deudores con prisa para presentar concurso antes de que la nueva ley entre en vigor y les perjudique (ver información adjunta). Otros, en cambio, prefieren esperar para tener claro todo el itinerario de su concurso, ya con los cambios en el procedimiento. “Hasta septiembre mucha gente esperará para ver qué sucede con la nueva ley y cómo les afecta a lo suyo”, afirma José Vela, letrado de administración de justicia del juzgado mercantil 7 de Madrid.

No solo eso. La paz relativa que procuraba la moratoria, la liquidez ilimitada de la banca, la carencia –ya extinguida– de los préstamos avalados por el ICO y la esperanza de vivir un buen verano –sobre todo, en empresas y servicios ligados al consumo, el ocio y los viajes– han llevado a muchos a dejar las decisiones drásticas para el mes de septiembre. Si lo anterior es una posición relativamente común y la crisis energética y la inflación no aflojan, el otoño concursal puede ser muy severo. Lo cual no tiene por qué ser malo: los zombies desaparecerán y las empresas viables, si hacen lo que deben, se reestructurarán y podrán seguir adelante.

(Lalo Agustina, La Vanguardia, 11/07/22)

La Gavina, una historia de azar que cumple 90 años

Balnearios

El emblemático hostal, situado en la ciudad-jardín de S’Agaró, celebra aniversario convertido en un referente turístico de la Costa Brava

La pensión completa diaria en La Gavina costaba 25 pesetas cuando se inauguró, en el año 1932

Los actores Elizabeth Taylor, Ava Gardner y Lex Baker y escritores como Josep Pla, entre sus clientes ilustres

El azar quiso que dos pequeñas casas aparejadas situadas en un promontorio de S’Agaró alejadas de todo y de todos no se vendieran a finales de la década de los años 20, cuando el sol y playa todavía no era un reclamo turístico y los pocos veraneantes –la mayoría gente adinerada de Barcelona– acudían a balnearios de la Costa Brava atraídos por las propiedades mineromedicinales de los populares baños de mar. Era la época también de los Viatges Blaus que daban a conocer la Costa Brava en trayectos a bordo de barcos de un día, en los que se combinaba cultura y ocio.

Pues aquellas dos casas que nadie quiso y que formaban parte de un pequeño núcleo de seis viviendas, diseñadas por el arquitecto novecentista Rafael Masó e ideadas por Josep Ensesa Gubert (1892-1981), un industrial harinero de Girona, que se había enamorado de aquellos terrenos, se convirtieron en el embrión del emblemático Hostal La Gavina, el único resort de 5 estrellas gran lujo de Catalunya y que este año cumple noventa años de vida.

Los primeros capítulos de este alojamiento –que hoy tiene 74 habitaciones– se escribieron el enero 1932, el año de su inauguración. Contaba con solo 11 habitaciones, un comedor, dos salones y una larga terraza. “Era tan pequeño que por eso lo bautizaron como hostal”, recuerda en el libro S’Agaró, el somni de Josep Ensesa , Anna Ensesa Montsalvatge, hija del alma mater de la urbanización, del hostal y del camino de ronda entre las playas de Sant Pol y Sa Conca, que tardó veinte años en ejecutarse. El día de pensión completa costaba 25 pesetas, según explica Miquel Borrell en el libro S’Agaro y Sant Pol. Las perlas de la Costa Brava.

El primer cliente se hizo es­perar y no llegó hasta dos meses después de la apertura: fue un coronel inglés retirado a quien el estallido de la Guerra Civil le sorprendió alojado en La Gavina. Narra­ Ensesa Montsalvatge que cuando el destructor que la embajada británica mandó para recoger a los súbditos que tenía repartidos por la Costa Brava no quería marcharse. Lo hizo obligado. Entonces el establecimiento ya había crecido y contaba con 35 habitaciones. Desde sus orígenes, el británico siempre fue un cliente fiel. Alfonso Jordán, que fue director del establecimiento entre 1974 y 1982, destaca de su época la presencia de turismo catalán de clase media alta, franceses, ingleses e italianos, estos últimos en agosto. Jordán explica que el político britá­nico conservador, Selwyn Lloyd, que fue ministro en 1962, y amigo personal de los Ensesa, pasó en La Gavina varias tempo­radas y que su presencia ayudó a promocionar el destino entre sus súbditos.

Un año antes del conflicto bé­lico, el núcleo de S’Agaró ya empezaba a dibujarse como un des­tino turístico, a diferencia de la vecina Platja d’Aro, que, aunque hoy cueste creer todavía vivía de espaldas al mar. “S’Agaró está imponente: hasta veinte grandes au­tocares de pasajeros hemos visto alineados en la playa, y el número de coches particulares o de turismo no queremos ni contarlos (...) Más allá de S’Agaró, antes de Pa­lamós, existe Playa de Aro. Es una gran playa rústica, sin balneario marítimo, hasta sin casetas y, sobre todo, ¡sin autobuses! y sin gente!”, rezaba un artículo de La Vanguardia publicado en julio de 1935. Personalidades como el pintor Josep Maria Sert; escritores como Josep Maria de Sagarra, Eugeni d’Ors, Pompeu Fabra o Josep Pla o políticos como Francesc Macià, Lluís Companys o Josep Tarradellas se habían alojado antes de la guerra en el emblemático hotel que en agosto batía el récord de ingresos con 50.000 pesetas.

Durante la Guerra Civil, la Generalitat destinó el espacio a lugar de descanso y trabajo de políticos y altos cargos del Govern, cosa que lo acabaría salvando del ex­polio y el último año de conflicto funcionó como hospital. Tras la guerra regresaron los turistas y a finales de la década de los 40 volvieron las numerosas actividades lúdicas que se celebraban como los bailes con orquesta, la fiesta de la música y la poesía.

Los 50 marcarían un punto de inflexión con el rodaje en la Costa Brava de varios filmes con estrellas norteamericanas del momento como Pandora y el holandés errante (1959), protagonizada por Ava Gardner, James Mason y Mario Cabré. Bien conocida es la historia que cuenta que su pareja, Frank Sinatra, en un ataque de celos se personó en La Gavina con un collar de esmeraldas. Otros actores como Elizabeth Taylor, Dick Bogarde, Maureen Swanson,Peter Sellers, Lex Baker, John Wayne y otros muchos artistas se han hospedado en la Gavina. Carina Ensesa, que junto a sus hermanas Virginia y Julia y su hermano Josep –cuarta generación del negocio– llevan ahora las riendas del hotel explica que a raíz del hospedaje de esos actores, después de los 50, el hostal contó con muchos clientes norteamericanos. Ayudó también un artículo publicado en la revista Gourmet Magazine , en los 70. “Todavía tenemos un cliente de Nueva York de 90 años que viene cada julio”, explica Carina, que destaca la inversión constante en el hostal, este año han remodelado el jardín.

(Sílvia Oller, La Vanguardia, 10/07/22)

Un error de Correos destapó la causa judicial contra Laura Borràs

Futuro político

Un caso de falsificación de billetes derivó en la investigación a la líder de Junts

Una funcionaria colocó un sobre dirigido a un amigo de la presidenta del Parlament en el buzón que no tocaba

La causa judicial que amenaza el futuro político de Laura Borràs se originó por casualidad. En concreto, por el error de una funcionaria de Correos que colocó un sobre en el buzón que no tocaba. Así consta en el sumario judicial– de nueve tomos– al que ha tenido acceso La Vanguardia.

Fue en noviembre del 2017, cuando una mujer acudió a una oficina de Correos en Castellbell i el Vilar a recoger la correspondencia de su apartado de correos cuando se topó con un sobre procedente de Holanda que no esperaba. En su interior había veinte billetes de 50 euros. En el banco le confirmaron sus sospechas: el dinero era falsificado. Su primera reacción fue la de deshacerse de aquel papel impreso. Rompió tres billetes pero luego recapacitó y acudió a una comisaría de los Mossos. Los investigadores interrogaron a la funcionaria de Correos que admitió el error. El sobre que contenía el dinero falso debía haberse colocado en el buzón que quedaba justo al lado, uno que dos veces al mes solía recibir correspondencia procedente de Utrecht. El apartado de correos estaba a nombre de Isaías Herrero, informático, que resultó ser amigo de Laura Borràs y que se encargaba de hacer varias tareas de mantenimiento de la web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que entonces presidía la actual líder de Junts. En aquellos tiempos Herrero adquiría billetes falsificados y buscaba la manera de endosárselos a pequeños comercios. Además, los Mossos interceptaron otro envío, una carcasa de un CD en cuyo interior se escondían 100 pastillas de diseño. El amigo de Borràs había convertido su vivienda de Vacarisses en un punto de distribución de moneda falsa, tráfico de drogas de diseño y cultivo de marihuana. Por aquella causa fue condenado a 5 años de cárcel. En paralelo, realizaba tareas para la ILC e impartía con la actual presidenta del Parlament varios posgrados y másteres de literatura en la era digital de la Universitat de Barcelona.

Con las sospechas del tráfico de drogas y de moneda falsa, los Mossos intervinieron el teléfono de Herrero y en la primera conversación lo sorprendieron hablando con un amigo de los “trapis” que hacía con Borràs para facturar sus trabajos en la ILC. Aquello puso en alerta a los investigadores que tiraron del hilo y hallaron correos electrónicos que supuestamente ponían al descubierto que entre 2013 y 2017 Borràs y Herrero se concertaron para fraccionar los contratos y no superar nunca el umbral de los 18.000 euros para eludir la convocatoria de un concurso público. Aquello originó otra causa que ha navegado durante cinco años por distintos tribunales: un juzgado de instrucción de Barcelona, el Supremo y ahora el TSJC, que ha concluido que la liquidación de los 18 contratos menores adjudicados a Herrero comportó “un perjuicio a los caudales públicos puesto que las facturas se hacían con criterios arbitrarios”.

La causa está a la espera de que la Fiscalía presente su escrito de acusación contra la presidenta del Parlament por los delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad, paso previo a que se abra juicio oral. Será entonces cuando la Mesa del Parlament deberá decidir si aplica el artículo 24.5 del reglamento que obliga a retirar los derechos a un diputado cuando se le sienta en el banquillo por corrupción.

(Toni Muñoz, La Vanguardia, 10/07/22)

Europa se pertrecha para el posible cierre del grifo del gas ruso

El pulso con Rusia

El plan de emergencia europeo incluye medidas de racionamiento para el invierno

“Debemos prepararnos para un corte total del gas ruso”, avisa Ursula Von der Leyen

Si el Kremlin cierra el grifo totalmente, la UE deberá reducir un 15% su consumo, según los analistas de Bruegel

Provisiones para el invierno Los países europeos diversifican sus fuentes de energía y llaman al ahorro.- Alemania. Alemania depende actualmente de Rusia para el 35% de sus necesidades de gas, si bien al inicio de la guerra era aún más (55%). Objetivo: reducir al 30% a finales de año y llegar al 10% en verano del 2024. La situación ha empeorado desde que, a mediados de junio, Moscú redujo en un 60% las entregas por el gasoducto Nord Stream 1, lo que ha afectado en cadena a Austria, Francia, República Checa, Eslovaquia e Italia. Según Moscú, todo se debe a que las sanciones occidentales por Ucrania impiden el retorno de una turbina, de la empresa alemana Siemens, en revisión en Canadá. Tras conversaciones, la turbina podría volver la semana entrante. Sin embargo, llega un cierre total del Nord Stream 1 por puro calendario: del 11 (este lunes) al 21 de julio se hace la parada anual por mantenimiento. Alemania teme que Rusia la alargue más para presionar. Mientras tanto, la meta del Gobierno es el ahorro y almacenaje, pues el gas es clave para muchas industrias y la calefacción de la mitad de los hogares es a gas. A día 1 de noviembre, los depósitos –a llenar con gas ruso o de la procedencia que sea– deberían estar al 90% de su capacidad; ahora están al 63%. Para economizar el uso de gas en la producción de electricidad, el Ejecutivo anunció la posible reactivación provisional de centrales de carbón de las llamadas de reserva, una medida dolorosa pues la coalición de socialdemócratas, ecologistas y liberales pactó el adiós al carbón para el 2030. Se crea también un sistema de subastas para fomentar el ahorro en la industria, y el banco público KfW abrirá una línea de crédito para financiar la adquisición de gas. A muy largo plazo, Alemania espera poder surtirse con gas licuado qatarí –construirá dos terminales de recepción– e hidrógeno verde de Emiratos, además de gas estadounidense e hidrógeno noruego, entre otros. En el propio país, las energías renovables son el horizonte, pero no van rápido pese a los deseos de los ecologistas. Elaborado por: María-Paz lópez. Berlín. Corresponsal - Francia. Para conjurar el peligro de escasez energética derivado de la guerra en Ucrania, Francia dotará al Estado de poderes excepcionales. El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley que incluye la posibilidad de requisar las centrales de gas que producen electricidad o de ordenar la interrupción temporal de su funcionamiento. Se decreta asimismo el llenado obligatorio, hasta el 100% , antes del 1 de noviembre, de las reservas estratégicas de gas, así como la aceleración de los trámites para poner en marcha una terminal provisional flotante para recibir gas licuado (GNL) en Le Havre. Otra medida altamente simbólica es preparar la reapertura de la central de carbón de Saint Avold, en el noreste del país, cerca de la frontera alemana, que fue cerrada en marzo pasado. Se establecerá también un sistema de aviso automático a las empresas que consumen gas, en caso de penuria coyuntural, para que puedan parar la actividad durante unas horas. Más a largo plazo, para asegurar la soberanía energética, la nueva primera ministra, Elisabeth Borne, confirmó los planes de construcción de nuevos reactores nucleares de última generación que sustituyan progresivamente a los actuales, obsoletos. Para afrontar este proyecto, que exige gigantescas inversiones, el Estado asumirá el control al 100% del gigante eléctrico EDF, hoy muy endeudado. La inquietud es tal ante el próximo invierno que los presidentes de tres grandes compañías del sector –Engie, EDF y Total-Energies– firmaron una tribuna en Le Journal du Dimanche, en la que hicieron un llamamiento individual y colectivo a reducir el consumo. “La mejor energía sigue siendo la que no consumimos”, escribieron. Elaborado por: Eusebio Val. París. Corresponsal - Italia. Italia es altamente dependiente del gas ruso, que representa un 40% del que importa. Por este motivo, desde que se inició el conflicto en Ucrania, el primer ministro, Mario Draghi, se ha concentrado en diversificar sus fuentes de energía. La estrategia pasa por sustituir al menos la mitad del gas que compra en Moscú (29.000 millones de metros cúbicos al año) por hidrocarburos de otros países en el 2023. El Gobierno ha logrado un acuerdo para aumentar un 40% las importaciones de gas argelino a partir de 2023 y 2024 y también ha alcanzado varios pactos en África para obtener más gas natural licuado. El problema es que, con los gasoductos existentes, es difícil que Italia supere los problemas que comportaría una total interrupción del gas ruso. El gas natural licuado podría ser la solución –hoy representa el 20% de las importaciones– pero Italia solo tiene tres regasificadores y ya están trabajando al máximo. Roma ha comprado una nueva nave regasificadora, pero no estará operativa hasta primavera del 2023. Otra solución en estudio pasa por construir un nuevo gasoducto entre Barcelona y la Toscana si fracasa el proyecto del Midcat. Los estudios técnicos están en marcha y deberían publicarse después de verano. La situación es peliaguda y en junio Italia sufrió una reducción imprevista de suministro de gas ruso. Ante las complicaciones que se prevén en invierno, el Gobierno planea llenar los depósitos de gas, que actualmente están sobre el 60% de capacidad, hasta al menos el 90%. La semana pasada Draghi se mostró confiado en que se cumplirá este objetivo y dijo que animará las reservas de gas mediante préstamos a las compañías del sector con una inversión de 4.000 millones de euros gestionados por la empresa estatal Gestora de Servicios Energéticos. Elaborado por: Anna Buj. Roma. Corresponsal - Reino Unido. En la política energética del Reino Unido, una cosa es la teoría y otra la práctica. La teoría elaborada por Boris Johnson, en respuesta a la agresividad de Putin y los precios desorbitados del petróleo y el gas natural, es obtener una mayor independencia, pero manteniendo los objetivos medioambientales, como que en el 2030 un 95% de la electricidad consumida sea baja en carbono. El Gobierno Johnson ha elaborado un plan estratégico para acelerar el desarrollo de energía nuclear, eólica (el potencial es enorme dado el clima ventoso del país), solar (más problemática) y de hidrógeno. Proyectos para la construcción de centrales nucleares, o para añadir reactores a las ya existentes, se van a acelerar, con la intención de que permitan cubrir un 25% de la demanda eléctrica. Pero todo ello en un futuro indefinido. El Reino Unido pretende explotar al máximo sus recursos de petróleo y gas en el mar del Norte, muy reducidos y de acceso costoso, instalar centenares de nuevas turbinas eólicas, e impulsar la undimotriz, generada por el oleaje. El fracking es más problemático, porque los habitantes de la campiña inglesa (la mayoría conservadores) se niegan a que su paisaje sea destrozado. “De esta manera –ha dicho John­son– reduciremos nuestra dependencia de unos mercados internacionales cada vez más volátiles, y desarrollaremos una energía más limpia y más barata, al tiempo que crearemos 40.000 puestos de trabajo”. En la práctica no está claro lo que va a pasar. El coste del gas y la electricidad ha hecho que un sector importante del Partido Conservador se plantee si no convendría modificar los objetivos medioambientales, de manera que sean menos ambiciosos y más a largo plazo, y se pregunta si tienen sentido en el actual contexto los sacrificios que serían necesarios para eliminar la huella de carbono en el año 2050. Elaborado por: Rafael Ramos. Lodres. Corresponsal

Es verano y, después de dos años de pandemia, las preocupaciones más inmediatas de los millones de europeos que estos días inician sus vacaciones son bien el caos aeroportuario o bien el precio de la gasolina si piensan viajar en coche. Bruselas y otras capitales europeas, sin embargo, tienen la vista puesta en lo que vendrá después, en la posibilidad de un invierno sin gas ruso que obligue a racionar el suministro y ponga a la ya tambaleante economía europea al borde de la recesión.

“Debemos prepararnos para más interrupciones del suministro de gas, incluido un corte completo del que llega de Rusia”, ha advertido esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Es obvio que el presidente Vladímir Putin sigue usando la energía como arma”, enfatizó en el Parlamento Europeo, donde confirmó que el próximo 20 de julio presentará un plan de contingencia europeo con medidas para hacer frente a posibles cortes en el suministro y tener claro cuáles son las prioridades en caso de escasez.

No se puede acusar a Von der Leyen de alarmismo. El presidente ruso ya ha cerrado el grifo total o parcialmente a un docena de países europeos y cunde el temor a que el gasoducto Nord Stream 1, que mañana se cerrará durante 10 días para llevar a cabo labores de mantenimiento teóricamente rutinarias, no retome su actividad el 21 de julio. Aunque las importaciones de gas ruso a la Unión Europea han pasado de representar el 40% del total al 20% en junio de este año, tal eventualidad la privaría de una de sus principales fuentes de aprovisionamiento en un momento clave.

Las empresas gasísticas europeas tienen orden de llenar sus reservas al 80% antes del invierno y normalmente aprovechan el verano, cuando hay menos demanda y los precios son más bajos, para preparar este colchón, necesario para afrontar con garantías la demanda de calefacción y energía durante el invierno. Actualmente están al 60% y, si no se alcanza el nivel requerido, los especialistas no descartan los racionamientos preventivos.

La tubería de Nord Stream 1, gestionada por Gazprom, que nutre directamente a Alemania, ya está funcionando por debajo de su capacidad con el argumento de que no puede operar sin una turbina que enviaron a Canadá para ser reparada y está afectada por las sanciones occidentales contra Moscú. Kyiv se ha dirigido a Otawa para pedir que no entregue la pieza. Berlín le pide lo contrario.

Con los precios en máximos históricos, Bruselas tilda de “chantaje” las maniobras rusas con la energía. La explicación de los problemas técnicos esgrimidos por Moscú suenan a mero pretexto para tratar de dividir al frente occidental y lanzar una guerra económica contra Europa. Aunque los analistas creen poco probable que Rusia cierre completamente el grifo, por el impacto que tendría en sus propias finanzas, un recorte en el suministro podría llevar a Alemania e Italia a la recesión y, de rebote, al conjunto de la zona euro, según los análisis de Goldman Sachs.

Los ministros de Economía de los Veintisiete celebrarán una reunión extraordinaria el 26 de julio para valorar la situación y pronunciarse sobre el plan de contingencia presentado días antes por la Comisión Europea, que incluirá medidas para reducir el consumo global, planes de racionamiento y asegurar el tránsito del gas entre los países. “Tenemos que asegurar que, en el caso de una disrupción total, el gas fluye hacia donde es más necesario. Debemos tener solidaridad europea y proteger el mercado único y las cadenas de valor de la industria”, dijo Von der Leyen, que llamó a no caer en “el egoísmo y el proteccionismo” que se vio al inicio de pandemia.

Bruselas ha pedido a los estados miembros que le envíen sus planes de emergencia nacionales. A partir de estos documentos determinará cuál es el grado de preparación a nivel europeo y diseñará pautas comunes sobre cómo actuar.

Los hogares e infraestructuras esenciales como los hospitales o las escuelas tendrían prioridad en caso de racionamiento del suministro, seguidos de la industria, donde ahora se abre una delicada conversación con los diferentes sectores para decidir cuáles podrían capear un corte con más facilidad. La Comisión está escuchando a los sectores afectados, empezando por las industrias de consumo intensivo de energía, para preparar su propuesta.

La legislación europea requiere a los estados miembros ser solidarios entre sí en caso de escasez pero solo han firmado seis acuerdos bilaterales para regular crisis de este tipo, entre ellos, los de Alemania con Austria y Dinamarca o los bálticos entre sí. “Esto no es suficiente”, recalcó la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, en el último consejo de ministros europeos del ramo, en el que los animó a actualizar sus planes de contingencia y diversificar sus proveedores.

“Los países del este de Europa están muy expuestos a los cortes del gas ruso, en especial la ruta del Nord Stream 1, Alemania y Austria incluidas. Los acuerdos de solidaridad son esenciales para que el mercado europeo no se rompa durante el invierno. Trabajando juntos el coste de reducir su uso será menor para Europa”, afirma Ben McWilliams, uno de los autores del estudio publicado esta semana por el centro de investigaciones Bruegel, que calcula que si Rusia cierra el grifo del gas, la UE deberá reducir un 15% su consumo respecto al nivel previo a la guerra o más, en caso de un invierno especialmente frío.

No todos los países lo sufrirán de la misma manera: la reducción del gasto debería ser del 54% en el caso de los países bálticos y Finlandia, y el 29% en Alemania. Francia, por depender de la energía nuclear, y España y Portugal, por su situación de islas energéticas poco interconectadas con el resto del continente y dependientes de otros suministradores, son los países que menos lo sentirán directamente. Sin embargo, será necesario que todos hagan esfuerzos, afirma McWilliams.

“Un plan de eficiencia europea debería requerir solidaridad y una reducción del consumo mayor que el necesario a nivel nacional. No debe verse como caridad, es solidaridad europea”, recalca el analista de Bruegel. “A largo plazo, un enfoque europeo es lo que nos permitirá conseguir la independencia del gas ruso y alcanzar los objetivos climáticos”.

Los políticos, añade Mc Williams, “deben explicar claramente a la gente los riesgos que se avecinan y pedir a los hogares que hagan todo lo que puedan para reducir la demanda de gas, siendo sensatos con su consumo energético. Cada metro cúbico de gas que los hogares ahorren es uno más que puede ser empleado por la industria y ayuda por tanto a proteger la economía europea los próximos meses”.

(Beatriz Navarro, La Vanguardia, 10/07/22)

Los estados refugio para abortar libremente en Estados Unidos

Derecho al aborto

Illinois, Minnesota y el trío California - Oregón - Washington contraatacan los vetos republicanos al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo

Los teléfonos del centro Planned Parenthood de Fairview Heighs, en Illinois, echan humo desde el 24 de junio, que fue cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos suprimió el derecho al aborto con carácter general. Illinois, uno de los bastiones demócratas donde esa práctica sigue siendo legal, se ha convertido en isla refugio del Medio Oeste a la que las mujeres de los estados circundantes, casi todos con leyes que lo prohíben o están a punto, pueden acudir para resolver su situación. Y con apenas 16.000 habitantes, Fairview Heights se está consolidando como centro logístico de atención y servicio de interrupción del embarazo para gestantes de esa vasta región de Norteamérica.

Hasta el fatídico 24 de junio, las mujeres de la ciudad de San Luis, en Misuri, podían acudir a su propio centro de Planned Parenthood y otros servicios de aborto en la zona. Aquel día, el de la sentencia del Supremo, el gobernador republicano de Misuri, Mike Parson, firmó una ley de prohibición incluso en casos de violación e incesto, con penas de cinco a diez años de cárcel para los profesionales sanitarios que lo practiquen. Pero las afectadas de San Luis solo tienen que cruzar el Misisipi para, a dos kilómetros, plantarse en Misuri y, tras avanzar 21 más, acudir al Planned Parenthood de Fairview.

Y lo que en Illinois vale para las pacientes de Misuri vale para todas las del país, incluidos los también vecinos estados de Arkansas y Kentucky, que el día 24 también activaron prohibiciones absolutas del aborto, aunque en el último caso un juez la bloqueó cautelarmente. Ohio y Tennessee ya vetan asimismo el aborto, ambos a partir de la sexta semana de embarazo, pero Tennessee se dispone a prohibirlo del todo. Una ley similar en Michigan está temporalmente suspendida, y las cámaras estatales de Indiana y Iowa ya consideran normas parecidas.

Por mucho que las proveedoras de Illinois lleven meses e incluso años preparándose para acoger pacientes de otros territorios, el incremento de la demanda desde los estados de alrededor les hace temer un desbordamiento. La clínica Planned Parenthood de Fairview Heights, abierta en el 2019 a raíz de una primera tentativa de prohibición de Misuri, cuenta con pasar de 8.000 a 14.000 pacientes al año. Y en la clínica Hope de la cercana Granite City, donde recibían unas 35 pacientes al día, las llamadas se ha multiplicado por seis en las últimas dos semanas.

En parecida situación se halla el estado demócrata de Minnesota, donde el actual 10% de abortos practicados a mujeres de otros estados se verá multiplicado con la activación de sendas normas de veto en Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wisconsin, además de los ya citados Iowa y Michigan.

En la Costa Oeste, los gobernadores demócratas de Oregón, California y Washington firmaron el 24 de junio un acuerdo de “refugio triestatal” para las solicitantes de aborto del resto del país. Ellos y sus colegas de Illinois y Minnesota han levantado una múltiple fortificación en defensa del derecho; un sistema con garantías legales frente a toda persecución de las mujeres que acudan allí desde estados antiaborto; compromisos para promover aumentos de las plantillas de personal sanitario cualificado; medidas para ampliar el acceso a las píldoras abortivas y la telemedicina; prevenciones frente a la información falsa, y actuaciones para proteger datos reproductivos personales almacenados en aplicaciones a fin de evitar su uso contra las mujeres de estados donde el aborto es ilegal.

La batalla legislativa y territorial sobre el aborto forma parte de una contienda política y social más amplia que, con gran despliegue financiero y propagandístico por ambos bandos, se librará con toda crudeza en la campaña para las elecciones de renovación del Congreso de noviembre. El combate acaba de empezar.

(Fernando García, La Vanguardia, 06/07/22)

La saturación en los aeropuertos amarga las vacaciones a pasajeros en toda Europa

La situación de caos

Vuelos cancelados, retrasos, maletas perdidas y estrés ponen a prueba la paciencia de los viajeros

“Nos cancelaron el vuelo de Frankfurt a Barcelona y aún nos falta una maleta; te quitan las ganas de viajar”

La situación de caos que se vive en aeropuertos y aerolíneas de media Europa está poniendo a prueba la paciencia de miles de pasajeros y, en muchos casos, amargando sus vacaciones en el primer verano sin restricciones tras la pandemia. “Se te quitan las ganas de volar”, reconoce Xavier Guasch, cuyo viaje a Alaska para celebrar su cumpleaños se vio empañado por la crisis aérea.

La suya es una de las muchas historias detrás de cada vuelo cancelado, colas interminables o equipaje perdido esta temporada. Al llegar a Anchorage el 9 de junio desde Barcelona –vía Frankfurt– se encontró con una desagradable sorpresa. “Me faltaba una de las maletas, donde llevaba la ropa de abrigo”, recuerda. Sus pertenencias llegaron nueve días después, el 18 de junio. “La maleta estuvo parada en el aeropuerto de El Prat cuatro días; me tuve que comprar algo de ropa en Alaska”. Pero lo peor estaba por llegar. A la vuelta volvieron a realizar escala en Frankfurt. “Era 24 de junio y en Lufthansa nos dijeron que nuestro vuelo a Barcelona salía con retraso; después de esperar tres horas nos anuncian que está cancelado; tuvimos que hacer una cola inmensa para reclamar y conseguimos que nos reubicaran en otro vuelo el día 25, había muchos vuelos cancelados”, comenta. Pasó la noche en un hotel contratado por la aerolínea a 35 kilómetros de Frankfurt, en una habitación individual pese a que eran dos personas –él y su esposa–. Una vez en El Prat, nuevo sobresalto: el equipaje no había llegado. “Esta vez ni una sola maleta”, lamenta. “Diez días después hemos recuperado una de las dos maletas y no sabemos nada de la otra”, añade.

Las incidencias con el equipaje preocupan especialmente a los pasajeros. La falta de información al respecto es una de las principales quejas y lo que exaspera a Lupe Cárdenas. Su hermano Luis viajó a Ecuador el 1 de julio desde Barajas para visitar a su familia, vuelo directo con Iberia, y sus cuatro maletas tampoco han llegado. “Llevaba veinte años sin ir a Ecuador; se ha gastado más de 4.000 euros en los billetes –su hija y su esposa viajan con él–, ha pagado un extra para las maletas y no les ha llegado nada; llevaban regalos para la familia a la que han pasado tanto tiempo sin ver”, cuenta su hermana desde Madrid. Lupe ha pasado tres días intentando contactar con el servicio de equipajes de Iberia, “pero siempre me salta un contestador”. Su sensación es de desamparo: “juegan con tus ilusiones, con un viaje que has preparado con mucho esfuerzo, y no hay quien te atienda”.

Incluso los viajeros más experimentados se sorprenden al comprobar el nivel de caos en aeropuertos como el de Schiphol, en Amsterdam. “Viajo constantemente por mi trabajo, he estado en aeropuertos de medio mundo, entre ellos el de Atlanta [entre los más transitados del mundo] en un día de crisis aérea; pero nunca he visto un desastre igual al del aeropuerto de Amsterdam la semana pasada”, asegura Joan Pérez.

Este barcelonés debía viajar de la capital de Países Bajos a El Prat el miércoles de la semana pasada. “Recibí un mensaje al móvil de Vueling advirtiéndome de que llegase a Schiphol dos horas y media antes; pero ni así hubiera podido coger el avión a tiempo”, afirma. A las puertas del aeropuerto encontró una cola de 1,5 kilómetros. “Cuando conseguí entrar, vi que, de veinte cintas del control de seguridad, solo funcionaban tres”. En el interior las colas también eran “descomunales”. Este descontrol hace que algunos pasajeros se replanteen volver a viajar en avión. “Lo intentaré evitar tanto como pueda”, asegura Fernando Cardenete. Este joven se quedó atrapado con su pareja doce horas en el aeropuerto de Palma debido a la huelga de Ryanair. Las vacaciones no han empezado bien para muchos pasajeros.

(Maite Gutiérrez, La Vanguardia, 06/07/22)

El Cairo hunde sus casas flotantes

Historias del mundo

Hoy está previsto el desahucio de los inquilinos del Nilo que aún resisten

Las autoridades dicen que van a urbanizar y abrir al turismo el frente fluvial, usurpado según ellos por las ‘aguamas’

Tocadas y hundidas. Si no todas, la mayoría de las pintorescas casas flotantes del Nilo tienen las horas contadas. Hace tiempo que el gobierno egipcio decidió deshacerse de esta estampa tradicional del Cairo y hoy expira el periodo de gracia.

Las treinta y dos viviendas supervivientes han sido marcadas bien para el arrastre o la piqueta. Hace una semana, la mitad habían sido desalojadas o ya estaban deshabitadas. Entre el lunes y el martes, cinco de ellas fueron remolcadas Nilo abajo. En algunos casos, una grúa montada sobre una barcaza derribó antes el piso de arriba para poder atravesar los puentes.

En la otra mitad, en cambio, sus residentes dicen que no abandonarán la nave, que es también su hogar, pese al ultimátum. Y a pesar de que, hace una semana, el ayuntamiento les cortó el agua y la electricidad.

Una modesta campaña de apoyo, que defiende que las aguamas -como se las llaman allí- forman parte de la memoria estética y sentimental del Cairo, llega tarde.

Entre sus propietarios más combativos está la novelista en lengua inglesa Ahdaf Soueif, conocida por su compromiso con la causa palestina. Más dramática es la situación de la anciana Ekhlas Helmy, que nació hace 87 años en una de estas casas flotantes. “Que me dejen morir aquí y luego que hagan lo que quieran”, pide la señora, todo un carácter. Helmy pasó a vivir en un piso después de casarse, pero la nostalgia pudo más y, al enviudar, mandó construir una nueva aguama , rodeada de ocas y gatos.

Las casas flotantes del Cairo son todo un signo de estatus y nada tienen que ver con el chabolismo. Tras el sacrificio de las que se habían degradado, las que quedan son en su mayoría confortables y hasta elegantes.

Aquellos que no entienden los argumentos legales para borrarlas todavía comprenden menos los supuestos motivos estéticos. Son de lo más armónico, en una megalópolis metastásica. El problema, sospechan los vecinos, es la codicia inmobiliaria.

Lo que hasta ahora había sido una suerte, su proximidad al cogollo inmobiliario más codiciado del Cairo, la isla fluvial de Zamalek, es ahora su perdición. Grandes constructoras, asociadas a las Fuerzas Armadas, habrían olfateado el potencial de la zona de amarre. Antes lo hicieron en la orilla opuesta, de uso comercial y nada verde.

Hace dos años, un decreto declaró ilegales las casas flotantes. Desde entonces, uno de los dos permisos de rigor, el de residencia, dejó de expedirse. El otro, el de amarre, lo habían dejado de pagar tres años antes, tras doblar su cuantía hasta tres mil euros.

Recientemente, el ayuntamiento les reclamaba una cantidad exorbitante, que sumaba multas e intereses: 46.000 euros por techo. “Pero el abogado nos ha avisado de que pagar no servirá de nada”, según Soueif.

Las autoridades también se agarran a estas “deudas” para negarse a indemnizar. Se trata, pues, de una expropiación encubierta. “La única alternativa que nos dan es obtener una licencia comercial y luego pujar en subasta por nuestra propia casa”, dice la novelista, flanqueada por su hijo británico.

El Cairo replica que las casas flotantes han privatizado la orilla –convertida en jardines– y que su plan es devolverla a la gente con un paseo marítimo en la Corniche. Se trata, según Ayman Anwar, director de la agencia de protección del Nilo, de “restaurar un paisaje estropeado y transformarlo en zona turística”. Mientras que las casas “serán retiradas, porque no tienen licencia, excepto las de uso turístico”.

Para casi todas, se acerca el último viaje, después del que hicieron en los sesenta, cuando fueron desplazadas a su actual ubicación (entre los puentes 26 de Julio y Embaba) desde otra superior.

La fama licenciosa de este entorno no se ha apagado del todo desde que, en el periodo de entreguerras, las autoridades hacían la vista gorda a actividades que, en tierra firme, eran condenadas o atraían miradas censoras. Aquí tenían casa figuras como Badia Masabni, célebre bailarina del vientre.

Luego siguió siendo territorio bakshish . De pago de mordidas para seguir abiertos, a osadías artísticas y a citas clandestinas, de alcohol y de kif. Pero pronto dirán que nanay, que todo fue un sueño.

(Jordi Joan Baños, La Vanguardia, 05/07/22)

Plan de choque contra las crisis mentales en menores

Riesgo psicosocial

En marcha el programa de atención en casa a casos graves

Los centros de salud mental infantil y juvenil atendieron el pasado año a 74.000 personas en Catalunya

El chico llevaba un año y medio encerrado en su habitación. “Cuando entramos, se acababa de levantar y eran las dos de la tarde, pero es que había estado jugando hasta las siete de la mañana. No te sabía identificar ni los días de la semana ni la estación del año. Vimos que la manera de activarlo era a través de eso que le gustaba, y empezamos con el Pokémon GO. Esta semana tiene cita con el centro educativo para definir los objetivos del próximo curso”. El caso relatado por Montse Dolz, jefa del área de salud mental del hospital Sant Joan de Déu, es uno de los tratados en el marco del programa de atención a la crisis infantil y juvenil en salud mental que está desplegando el Departament de Salut.

Se trata de un nuevo modelo de atención asistencial domiciliaria para niños y jóvenes de 6 a 17 años con trastorno mental y que viven en situación de riesgo psicosocial que les impide el uso de los recursos de atención convencionales. “Este programa nace de la necesidad de cambiar el enfoque de atención a la salud mental. Se trata de intentar ser más proactivos, más resolutivos, ir donde existen las necesidades; hacer lo que ya hacemos pero de manera diferente”, explicó el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.

El modelo, aplicado en otros países y de forma piloto también en Catalunya –donde ha demostrado una reducción significativa de las visitas a urgencias y una revinculación de los pacientes a la escuela en un alto porcentaje–, busca la inmediatez y la proximidad, llevar las herramientas terapéuticas donde están el paciente y sus cuidadores. El tratamiento, intensivo y a partir de las primeras 72 horas, comprende entre dos y tres sesiones semanales a cargo de dos profesionales durante un período de ocho semanas. “Se dirige a pacientes con trastorno mental que se encuentran en situación de crisis clínica y requieren una intervención de alta intensidad y especializada”, precisó Dolz. Ejemplos: trastornos de conducta alimentaria (en situación de empeoramiento clínico), trastornos de conducta en general, adicciones comportamentales, trastornos depresivos graves, psicosis incipiente... No es un modelo pensado para atender meras situaciones de malestar emocional.

El programa se aplica hasta ahora en diez de los 26 centros de salud mental infantil y juvenil (Csmij) de Catalunya, que se han reforzado con nuevos perfiles profesionales: 40 educadores sociales, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales. El despliegue en todos los centros se completará en 2023 y significará la contratación de 148 nuevos profesionales. Los Csmij atendieron el pasado año a 74.152 menores (5.782 más que el año anterior), de los que 26.333 se visitaron por primera vez en estos servicios de salud mental.

(Antoni López Tovar, La Vanguardia, 05/07/22)

La inflación y la réplica de los bancos centrales acercan una nueva recesión

Emergencia económica

Los economistas advierten que el frenazo es inevitable ante la situación actual

El BCE subirá tipos en julio después de once años sin hacerlo para tratar de frenar el alza de los precios

Europa ya ve frenado su crecimiento, y la tendencia irá a más después de un verano que se prevé bueno

“No vemos lo que se nos viene encima, estamos en zona de confort y la demanda externa tira mucho, pero creo que será muy difícil que la subida de tipos de BCE no cause una recesión”. Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, no tiene demasiadas dudas de adónde conduce la actual coyuntura económica: a una contracción de la economía.

Tras casi una década de fortísima expansión monetaria, una pandemia y una guerra en Euro­pa que ha provocado un shock energético, el Banco Central Europeo se dispone a utilizar sus armas para provocar un frenazo de la economía que comporte la contención de los precios. La inflación subió hasta el 8,6% interanual en el mes de junio en la eurozona, la mayor tasa de su historia, con un riesgo elevado de que se cronifique si no se combate en serio.

Los factores que han disparado los precios –y anclado las expectativas de inflación– siguen ahí. El balance del BCE está más hinchado que nunca, se ha duplicado hasta casi nueve billones en activos en dos años y alcanza ya más del 82% del PIB. Los estímulos van a dejar de llegar, pero nadie ha retirado los que riegan la economía.

Sobre esa base monetaria se ha producido el desbarajuste de la guerra, que ha disparado los precios energéticos y ha contribuido decisivamente a elevar todos los demás. Lamentablemente, la agresión rusa continúa, y la incertidumbre sobre los precios del gas y el petróleo es inmensa. Y será mucho mayor conforme se acerque el invierno, si no hay paz.

Por eso, porque los precios están insoportablemente altos y no hay perspectivas de moderación a medio plazo, el BCE anunció hace una semanas que subiría los tipos en julio y en septiembre hasta el entorno del 0,75% o más para continuar por la misma senda hasta cerca del 2% el próximo año.

“Los mercados anticipan más subidas de las anunciadas por parte del BCE, y eso implicará que, aunque hay importantes vientos de cola en la economía de la eurozona, se producirá un freno considerable del consumo y un impacto también relevante en la inversión”, vaticina Enric Fernández, economista jefe de CaixaBank Research. La eurozona estaba creciendo a un ritmo interanual del 5,1% en marzo, aunque ahora, tras cuatro meses largos de guerra, está ya prácticamente parada.

El ahorro embalsado después de dos años de pandemia ayudará a España y a otros países a vivir un verano extraordinario, como ya se está viendo con los viajes, las reservas hoteleras y el consumo. Pero luego..., luego llegará el frío.

El ejemplo es lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico. En Estados Unidos, donde la Reserva Federal ya ha elevado los tipos hasta el 1,75%, la tasa de ahorro de las familias ha descendido del 7% al 4%, lo que ha contribuido a amortiguar el golpe. Pero los analistas –y los mercados– también anticipan una recesión, que ha dejado de ser una palabra tabú en los discursos de la Fed.

Probablemente ocurra este mismo año y se espera que sea intensa y corta. Es lo que se deduce del movimiento de los bonos del Tesoro a diez años en el mercado. Después de vivir un intenso rally hasta situar su rentabilidad al borde del 3,5% en junio, ahora el retorno ha caído hasta el 2,8%, lo que implica una secuencia de alzas de tipos, recesión y bajadas de tipos relativamente rápida.

En Europa, con retraso en el ciclo y algunas diferencias –el shock es mucho más de oferta que de demanda, el mercado laboral no está tan tensionado y las presiones salariales son menores–, las posibilidades de evitar la recesión son reducidas. El alza del precio del dinero se trasladará con rapidez –ya se está anticipando– de Frankfurt a los bancos, y pronto empezará a producir el efecto deseado por el banco central.

Si la inflación sigue elevada y el BCE cumple el guion, la ralentización será brusca. “Ahora mismo ya tenemos un crecimiento exiguo, y prevemos que la inflación se moderará hasta el 4% en la eurozona tras el verano”, dice Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano. “Podemos evitar la recesión, salvo si Rusia corta el gas”, añade. En un escenario así, habría poco que hacer. También lo ve así Fernández, de CaixaBank, que augura “una gran caída del PIB europeo” si se produce un corte de suministro total.

¿Y qué pasaría en unas circunstancias no tan extremas? Casasnovas sostiene que, aunque se moderen los precios en los próximos meses –muchas materias primas ya están cayendo, y algunos cuellos de botella se relajan–, el ajuste de la economía debe realizarse en cualquier caso. “Christine Lagarde [presidenta del BCE] quiere que el enfriamiento de la demanda venga más de la política fiscal, y está claro que Alemania exigirá que, antes de mutualizar más la deuda, cada país aporte lo suyo al proceso”. La primera economía del euro ya ha dado los primeros pasos en ese sentido, con el anuncio de la vuelta a la austeridad fiscal. Es un elemento más, junto con el alza de los tipos, que abona el camino hacia el frenazo o la temida recesión.

(Lalo Agustina, La Vanguardia, 03/07/22)

Unos dientes para poder saltar

Migración

La violencia en Libia y el Sahel redibuja las rutas migratorias y apunta a España

Los migrantes optan cada vez más por ir a Argelia y Marruecos ante la brutalidad libia y el terror yihadista

A Issakha le habían reventado los dientes por una posibilidad. Le faltaban dos incisivos superiores, uno inferior y un canino y tenía la cara hinchada por los golpes. Explicaba su historia con el dolor punzándole el labio: tras pasar la frontera de Níger, antes de llegar al pueblo libio de Al Qatrun, unos tipos armados le habían secuestrado y llevado a una granja donde había un centenar de migrantes colgados del techo, atados por los pies. Enseguida empezó la subasta. Los descolgaban uno a uno, les pegaban y les hacían llamar a un familiar para pedir rescate. A veces, 200 euros­; otras, 50; si veían opciones, mil quizás. Si sus seres queridos no enviaban el dinero a una cuenta de Egipto, estaban condenados. La mujer de Issakha tardó unos días en reunir el dinero y a él aquel retraso le costó cuatro dientes, pero fue liberado y pudo continuar su ruta a Europa. Además de Issakha, en aquellos días del 2018 en Agadez, a la puerta del desierto nigerino, llegaban cientos de sudaneses hechos trizas. Muchos habían huido de minas libias tras ser vendidos como esclavos por 225 dólares cada uno.

En los tres últimos saltos a la valla de Melilla desde marzo, aproximadamente unas mil personas han logrado pasar el perímetro fronterizo. Cuatro de cada diez eran de Sudán y un tercio venía de Mali. Ambos datos asoman una novedad: las fluctuantes rutas migratorias africanas hacia a Europa se están redibujando y apuntan a España. Aunque de distinta naturaleza, la raíz de este cambio es común; la violencia.

A pesar de que tradicionalmente los sudaneses que huían hacia Europa tomaban la ruta directa hacia Libia, la extrema brutalidad de las mafias y las milicias libias que extorsionan y torturan impunemente, el aumen­to de controles fronterizos intermedios y las devoluciones a los violentos guardacostas libios si los botes son interceptados­ en el Mediterráneo han empujado a muchos migrantes a dirigirse hacia Argelia y Marruecos para intentar entrar desde allí en España. No es una alternativa rápida: muchos tardan en llegar a suelo marroquí varios meses o incluso años porque van trabajando por el camino para conseguir dinero.

Tcherno Hamadou Boulama, activista nigerino de la asociación Alternative Espaces Citoyens, confirma que ha detectado un aumento de sudaneses en ruta y apunta a la inestabilidad política y los golpes de Estado que azotan al país desde el 2019 y el recrudecimiento de la guerra en Darfur. Pero Tcherno también señala otro punto clave de los movimientos migratorios: el yihadismo en el Sahel. “Especialmente en Mali y Burkina Faso, ha provocado enormes desplazamientos y el aumen­to de la pobreza. Muchos cuando huyen van a países vecinos, pero otros continuarán hacia el norte”. Además, la próxima retirada de la misión francesa Barján, que combatía a grupos fieles al Estado Islámico o Al Qaeda en la región, ha dejado el terreno libre para un nuevo actor que anuncia más abusos: el grupo ruso de mercenarios Wagner opera en Mali desde finales del año pasado.

La migración africana hacia Europa tiene raíces profundas y diversas, a veces, superpuestas. Otras, inesperadas. A las guerras, la violencia yihadista, la falta de libertad y la pobreza sistémica se suman nubarrones nacientes como los desplazados por el cambio climático, con sequías e inundaciones cada vez más comunes, o el impacto económico de la pandemia de la covid, detrás en parte del alza de las llegadas africanas a Canarias.

El último navajazo viene desde lejos: la guerra de Ucrania. El incremento del precio de los combustibles y fertilizantes, sumado a la escasez de cereales –16 países africanos importan la mitad o más de su trigo de Rusia o Ucrania– dejará a millones sin red. En un informe reciente, Save The Children y Oxfam advertían que el hambre se cobrará una vida cada 48 segundos en África Oriental. A no ser –esto no lo apunta el informe– que busquen una salida hacia el norte.

(Xavier Aldekoa, La Vanguardia, 03/07/22)

Francisco Vera, el niño que abraza los árboles

Quién

El joven ambientalista es el fundador de Guardianes por la Vida, un movimiento formado por más de 450 niños y niñas de Sudamérica

"Conforme conoces el medioambiente como yo, lo vas amando. Y uno defiende lo que ama, y ama lo que conoce”

"Los adultos deberían habernos garantizado un presente y un futuro dignos. Y eso es lo que estamos buscando”

Cuando tenía 9 años, Francisco Vera Manzanares le preguntó a su madre si podía crear un movimiento infantil para proteger y defender el medioambiente. Ella estaba ocupada trabajando y le dijo que hiciera lo que quisiera, sin imaginarse que ese era el primer paso de la aventura que su hijo lidera desde entonces. Ante la respuesta de su madre, el pequeño salió a la calle con unos compañeros suyos y empezó una marcha que acabó con él dando un discurso en el centro de Villeta (Colombia), el municipio donde vive.

Así nació el movimiento Guardianes por la Vida, un grupo de jóvenes activistas que promueve acciones para mitigar el impacto del cambio climático. Lo que empezó siendo una reunión entre seis amigos ahora cuenta con el apoyo de 450 niños y niñas de América del Sur. De hecho, Guardianes por la Vida ha crecido hasta convertirse en la rama colombiana de Fridays For Future (Viernes por el Futuro), el movimiento de la activista sueca Greta Thunberg.

Francisco Vera ahora tiene ya 12 años, y le gusta ver vídeos de AuronPlay e Ibai, jugar con sus primos, leer mucho y bañarse en el mar (asegura tener un deseo febril que zambullirse cada vez que lo ve). Todo esto, no obstante, sin dejar de ser el “niño ambientalista” de Colombia. En su corta trayectoria, ya acumula muchos hitos: ha sido nombrado embajador de la Buena Voluntad por la Unión Europea en Colombia, asesor infantil del Comité de Derechos del Niño de la ONU, ha recibido el título como Defensor del Medio Ambiente y ha intervenido en el Congreso colombiano para pedir a los líderes del país que prioricen el medioambiente.

Si ha conseguido convertirse en un icono del medioambiente es gracias a un discurso entusiasta y empático con el planeta, los animales y la vida. Un amor que empezó desde bien pequeño. “Colombia es el segundo país más diverso de la Tierra, tiene una biodiversidad inmensa. Desde los dos años crecí rodeado de esa diversidad, me relacioné con la naturaleza. A medida que vas conociendo el medioambiente como lo hice yo, lo vas amando. Y yo creo que uno defiende lo que ama, y ama lo que conoce”.

Con una sonrisa perenne, el joven ambientalista esgrime su ecoesperanza para combatir el cambio climático y el discurso apocalíptico de la ecoansiedad de hoy en día. “Sin esperanza, no podemos hacer nada. Pero tiene que ser una esperanza llena de compromisos y acciones. La ecoansiedad es toda la preocupación que hay por la crisis climática y que muchos les abruma y les genera angustia e impotencia. Lo que yo intento es instar a la ecoesperanza: plantar un sentimiento de esperanza, de fe, de que se puede conseguir un cambio”.

De hecho, el activista no pierde su positivismo ni siquiera ante las críticas. “La crítica es de lo mejor, siempre que sea desde el respeto”, asegura. Con su éxito, el número de personas que la admiran ha crecido, pero también ha significado empezar a recibir comentarios negativos e, incluso, amenazas. “Las condiciones del ejercicio del activismo en Sudamérica son muy complicadas. Mucha gente critica, y no es una crítica constructiva, sino destructiva”.

Vera no es el primer menor que moviliza masas con el objetivo de salvar el planeta. Greta Thunberg es su equivalente más conocido, y uno de los ídolos del joven colombiano. Sin embargo, ellos no son los únicos. Alrededor de todo el mundo hay muchos jóvenes más que son un icono de lucha por el medioambiente: en la India está Ridhima Pandey, el Reino Unido cuenta con Amelia Bradbury, Escocia tiene a Holly Gillibrand… Y la lista sigue.

En ellos recae la responsabilidad de promover un modelo de vida más sostenible. Pero, lo que para algunos parece que es la pérdida de su infancia, para Francisco es todo lo contrario. “Si definimos ser un niño cómo hacer lo que nos gusta, entonces yo sigo siendo un niño pese a ser activista. El activismo es una responsabilidad muy grande, pero para mí no conlleva tanto tiempo y me hace feliz”.

Con todo, él sigue considerando que la situación es “injusta”. “La generación que ahora gobierna, los adultos, deberían habernos garantizado un presente y un futuro dignos en términos climáticos, en derechos humanos... Y eso es lo que estamos buscando”.

(Màrius Sin Rodriguez, La Vanguardia, 02/07/22)

Beidaihe (China). Pekín recela de los coches Tesla

Seguridad.- Según varios informes, las autoridades chinas habrían restringido los movimientos de los coches eléctricos de la marca de Elon Musk en algunos puntos del país por las preocupaciones de seguridad que generan las cámaras instaladas en sus vehículos y los datos que recopilan

12.000 satélites planea poner en órbita SpaceX, también de Elon Musk, un proyecto que Pekín ve con recelos

La ciudad de veraneo de la cúpula del Partido Comunista Chino (PCCh) ha prohibido dos meses la circulación de Tesla

El ejército chino criticó los lazos de SpaceX con las fuerzas armadas de Estados Unidos

En 1953, Mao Zedong decidió establecer su 'capital de verano' en Beidaihe, una población costera ubicada a unos 300 kilómetros al este de Pekín. Desde entonces, sin apenas excepciones, la cúpula del Partido Comunista Chino (PCCh) se traslada cada año a este enclave para disfrutar del buen tiempo y relajarse unas semanas. Un retiro blindado a ojos ajenos en el que también debaten sobre ideología, tejen nuevas políticas y negocian el reparto de poder de cara a citas como el próximo XX Congreso Nacional, que en otoño configurará el liderazgo chino.

Dada la importancia de ese recogimiento veraniego, toda seguridad es poca. Por eso, según comentó a Reuters un funcionario local, las autoridades incluso habrían prohibido que los coches eléctricos de Tesla circulen este año por Beidaihe durante al menos dos meses a partir del 1 de julio. No detalló las razones exactas de la restricción, pero sí que está relacionada con "asuntos nacionales".

No es la primera vez que a la famosa empresa de Elon Musk se la coloca en la diana de los servicios de seguridad chinos. A principios de este mismo mes surgieron varios vídeos en las redes sociales locales en las que se ve cómo a los autos de esta marca se les prohíbe circular por algunas áreas de Chengdu, capital provincial de Sichuan, coincidiendo con una visita del presidente Xi Jinping.

En marzo del año pasado, también se dijo que el ejército chino prohibía la entrada de automóviles Tesla a sus instalaciones por las preocupaciones de seguridad que generan las cámaras instaladas en los vehículos, que facilitan tareas como la de estacionar y son cruciales para la función del piloto automático. La medida también habría sido adoptada después por algunas industrias estatales y oficinas gubernamentales.

Tomados en su conjunto, estos informes sugieren que los organismos oficiales chinos temen que los datos recabados por las cámaras de los vehículos -imágenes de edificios sensibles, placas de matrículas, etcétera- puedan acabar en manos no deseadas, caso de las autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con 'The Financial Times', tampoco agrada a China el ambicioso programa de internet satelital Starlink desarrollado por SpaceX, otra de las empresas de Musk. La empresa planea poner en órbita unos 12.000 satélites, incluidos los que desplegó para ayudar a Ucrania tras la invasión rusa.

En diciembre, diplomáticos chinos se quejaron de que alguno de estos aparatos obligaron a su estación espacial a maniobrar para evitar una colisión peligrosa. Y el mes pasado, la publicación 'China Military', del ejército chino, atacó los lazos de SpaceX con las fuerzas armadas estadounidenses. "Hay muchas probabilidades de que Starlink sea explotado por unos Estados Unidos ocupados en mantener su hegemonía para llevar al mundo al caos o el desastre", afirmó la publicación.

Las crecientes suspicacias de las autoridades chinas hacia los negocios de Musk divergen del excelente recibimiento que le dispensaron en 2019, cuando Tesla abrió su primera gigafactoría en Shanghái, la primera fuera de Estados Unidos. En ese momento, China subvencionó la construcción de la instalación y le permitió operar sin asociarse con un fabricante local, requisito habitual para las compañías extranjeras.

Musk, que goza de una gran admiración entre los chinos y no ahorra elogios para ellos, ya dijo hace tiempo que Tesla no espía en China ni en ningún otro lado. Su principal argumento es que, de hacerlo, se arriesgan a la expulsión de un mercado vital que representa alrededor de un 30% de sus ventas globales. Para ahorrarse disgustos, el año pasado anunciaron que todos los datos generados por sus vehículos en el gigante asiático se almacenarán en servidores locales.

Sin embargo, su decisión no parece haber sido suficiente para disipar todas las dudas, lo que sumado a las crecientes restricciones y al aumento de la competencia frente a rivales locales cada vez más potentes -NIO, Xpeng o BYD- le auguran un futuro lleno de retos en uno de sus mercados más prometedores.

(Ismael Arana, Dinero, La Vanguardia, 26/06/22)

Altos funcionarios al servicio de la empresa privada. El Estado vs. el Estado

Al menos el 15% de la élite de los funcionarios está en excedencia por interés privado, especialmente entre los abogados del Estado, que rozan el 40%

Los altos funcionarios en excedencia por un interés privado son al menos sobre el 15% en varios cuerpos clave

Carles Ramió, Universitat Pompeu Fabra: "Los altos funcionarios controlan los resortes de la Administración General del Estado, la política clásica de PSOE-PP y algunas grandes empresas. Su poder es enorme"

Jorge Crespo, Universidad Complutense: "Desde el siglo XIX España ha buscado la manera de comprometer el talento con la Administración dándole un estatuto con frecuencia privilegiado"

Francia hace de vanguardia.- El total de altos funcionarios del Estado, de aquellos que se engloban en los diferentes cuerpos en la escala A1, es de unos 15.000 según indica su federación de asociaciones profesionales (Fedeca). Aquí se incluyen jueces, la administración civil del Estado y de las entidades locales, los especialistas en sistemas y tecnologías... Pero algunos de ellos son el ojito derecho de la empresa privada. Ahí suelen acabar varios de sus miembros. En especial los abogados del Estado. “Piénsese que hay colectivos públicos cuyos miembros trabajan total o parcialmente en el sector privado (por ejemplo, médicos) y que sin embargo no por ello se supone que haya una puerta giratoria sino simple valoración externa de sus capacidades”, expresa de primeras Jorge Crespo, profesor de la Universidad Complutense especialista en esta materia. Además, la migración del ámbito público al privado no sucede solo en España. Pasa en los países anglosajones. Y está admitido y es habitual en muchos otros. Muy en especial en Francia respecto de los egresados de la Escuela Nacional de Administración (ENA), fenómeno tradicionalmente distinguido con el nombre de pantouflage. Vistas otras experiencias, los expertos consultados arguyen que el derecho a salir de la función pública siempre debería estar pero que se podría regular su retorno, ahora muy sencillo, o ser menos laxos en las incompatibilidades. “Un desafío que tiene nuestra Administración es ser suficiente atractiva para que el talento interno no huya y, a su vez, atraer personas altamente cualificadas del exterior con carreras profesionales, capacidad y cualificación práctica comprobadas. La reforma de la alta función pública de Macron, va en esta línea al abrir la vía de acceso a profesionales con experiencia externa” agrega Crespo

Jaume –nombre ficticio– es inspector de Trabajo y de la Seguridad Social, alto funcionario del Estado en Barcelona. Empresas y empresarios, empleados y sindicatos son su día a día. Media entre ellos. Y decide sobre ellos. Cobra a cambio un salario de unos 3.200 euros netos al mes.

¿Es poco? Entre sus compañeros no abunda la excedencia. “Para qué”, se pregunta él. Los casos conocidos son “excepcionales”, la mayoría por motivos familiares, explica.

En otros cuerpos superiores del Estado no es igual. Abunda la excedencia, y en gran medida para acabar en la empresa privada donde incluso se llega a actuar contra los intereses del Estado.

Pasó con los pleitos internacionales a España por los recortes a las renovables. Y pasa hoy: el personal en excedencia entre la élite de los funcionarios por un interés privado es sobre el 15% en varios cuerpos clave. Al menos.

Y aquí el al menos es importante. Y no para bien. Lo cita Carles Ramió, catedrático de ciencia política y de la administración de la Universitat Pompeu Fabra: “No tengo esta información [sobre los altos funcionarios en excedencia en el sector privado], ya que es difícil obtenerla. Siempre he usado fuentes indirectas que de forma espontánea ofrecían algún dato”.

Pero él mismo señala, con todo, que más allá de la cifra concreta siempre ha existido y siempre ha sido significativo en cuerpos concretos: “Destacan los abogados del Estado, y a bastante distancia los inspectores de Hacienda pero también sucede con los técnicos comerciales del Estado”.

Se habla desde la experiencia. Los datos oficiales detallados año a año, escasean. Pero el pasado mes de marzo el ministerio de Justicia incluyó los de los abogados del Estado en el Boletín Oficial del Estado. Sin sorpresas. De un cuerpo de 663 letrados hoy casi la mitad no ejercen como tales. 263 por excedencia voluntaria (el 39,6%) y 46 en servicios especiales en diversas instituciones públicas (el 6,9%).

Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey desde el 2014, es ejemplo de este último caso. Pablo Isla, expresidente ejecutivo de Inditex, lo fue de los primeros. No obstante aquí abundan los anónimos.

Desde la asociación de inspectores de Hacienda, por su parte, se admite a La Vanguardia que “sabemos que son un 15-18%” los que se acogen a esta figura entre sus alrededor de 1.800 miembros, la “gran mayoría” para ejercer en la empresa privada, continúan, pese a no poder dar una cifra exacta. E insisten: “Entre los abogados del Estado son muchos más también sobre todo para ir a la empresa privada”.

Entre los letrados del Consejo de Estado, cuerpo reducido y de prestigio, por ejemplo, cinco de 38 (el 13%) están en excedencia voluntaria por intereses particulares según la propia institución.

La asociación de técnicos comerciales y economistas del Estado dice a este diario que no tiene la información.

Más allá, el fenómeno queda claro que se repite.

“Es una hipótesis, pero la tendencia se incrementó cuando se privatizaron las grandes empresas públicas y pasaron a ser algunas multinacionales del Ibex. Estas hallaron en los altos funcionarios del Estado un yacimiento de directivos. Desde ese momento hay una cierta relación promiscua entre las grandes empresas y grandes cuerpos del Estado” indica Ramió. Y los salarios, que se multiplican en el sector privado, parecen una razón obvia para que así siga.

Más allá Jorge Crespo, profesor de ciencia política y de la administración en la Universidad Complutense de Madrid y especialista en la materia, recuerda que “desde que se crearon las bases de la función pública española contemporánea en el siglo XIX siempre ha habido una gran necesidad de incorporar talento a la Administración en momentos en que dicho talento, o cualificación, era un bien muy escaso. Se ha ido buscando la manera de comprometer a ese personal con la Administración dándole un estatuto con frecuencia privilegiado”, detalla.

Un “privilegio” que hoy sigue.

El año pasado el Ejecutivo preparó e hizo público el borrador de proyecto de ley para regular y prevenir estos conflictos de intereses. Para reformar la norma en vigor, que es de 1984, y por la que el funcionario se ve obligado a encadenar al menos cinco años de ejercicio público antes de poder solicitar la excedencia por interés particular pero luego nadie controla qué se hace en ella.

No ha ido a más. Se sigue a la espera.

El ministerio de Hacienda y Función Pública lo resume así: “Seguimos trabajando en esa norma. Hay que esperar a que terminen los trabajos internos para ver cómo queda finalmente. Lo siento, no hay información sobre una fecha”.

Desde la Federación de las asociaciones de los cuerpos superiores de la Administración estatal (Fedeca) se arguye que ajustar los salarios importa, “pero nunca es el momento”; que regularlo “es un arma de doble filo” al aumentar las incompatibilidades y no poder completar el salario con, por ejemplo, cierto número de clases en la universidad. Y por que “lo que debe regularse son las puertas giratorias y conflictos de interés, si se contrata en el sector privado por su competencia o por lo que sabe ese alto funcionario, siendo esto último lo que debería evitarse”.

Se mira a Europa. Pero, otra vez, por ahora nada.

¿Por qué? “Porque los altos funcionarios tienen un enorme poder: controlan los resortes de la Administración General del Estado (al fin y al cabo, son ellos los que preparan los borradores legislativos), controlan la política clásica del PSOE-PP al estar insertados en estos dos grandes partidos, y controlan algunas grandes empresas. El poder político, el institucional y el empresarial de este colectivo es impresionante” expresa el catedrático de la Pompeu Fabra.

Falta consenso. Profesional. Y político.
 
(Alexis Rodríguez-Rata, La Vanguardia, 07/06/22)

'No quiero': los matrimonios caen en picado. Casarse no está de moda

La pandemia, agravada por la crisis sanitaria y las restricciones sociales, dejó bajo mínimos el número de bodas

Cada vez se convive más sin casarse y casi la mitad de los hijos nacen de parejas no casadas

La incorporación de la mujer al mercado laboral ha cambiado también el modelo de familia

Las bodas homosexuales descienden menos, especialmente entre mujeres

Tendencia a la baja.- El sentido del matrimonio ha cambiado: está perdiendo la importancia como hito de emancipación

Elisa Chuliá, socióloga, directora de Estudios Sociales de Funcas y coordinadora de Focus on Spanish Society: "Casi la mitad de los niños nacen de madre no casada, algo que evidencia que no está mal visto que las parejas convivan e incluso tengan hijos sin casarse"

Gerardo Meil, catedrático de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM): "Ahora casi hay que explicar el por qué uno se casa y eso lleva automáticamente a una caída porque muchos no encuentran “ventajas”"

Compromiso.- Casarse con la familia política, otro motivo que tira para atrás

Ellas se casan más: El caso de los matrimonios homosexuales.- En España es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo desde el 3 de julio de 2005 y desde entonces las bodas entre personas del mismo sexo han mostrado una tendencia creciente Si en 2008 los matrimonios del mismo sexo suponían un 1,6% de enlaces, en 2020 la cifra ya llegaba al 3,5. Más del doble en poco menos de una década. En los datos de 2020 se ve también, en contra de la tendencia ascendente que se observaba desde 2005, que las bodas homosexuales cayeron: el 36% en el caso de las mujeres y 40% en el caso de los hombres, pero menos que los enlaces entre personas de diferente sexo (46%). Pero el matrimonio homosexual tiene un valor simbólico distinto al heterosexual explica Chuliá: se quiere confirmar la consolidación de una pareja. Y en este sentido, los matrimonios entre personas del mismo sexo sí muestran una tendencia creciente e incluso los de mujeres han superado al de los hombres desde 2018. Chuliá baraja la hipótesis de que ellas se sienten ahora más aceptadas socialmente. Para Meil, los enlaces entre personas homosexuales son “un acto de reivindicación y de normalización” y también de “militancia” y constata que son ellas –en las parejas homosexuales- las que más se casan ahora. Chuliá apunta que quizás lo hacen más para poder acceder con mayor facilidad a las prestaciones, como la viudedad, sin tener que demostrar la relación. Aun así, la socióloga recuerda que no hay que pasar por alto que los matrimonios homosexuales están por debajo del 4% de los matrimonios. Son pocos todavía, pero la tendencia desde 2005 es de claro aumento

Las bodas hace tiempo que no están de moda y los españoles cada vez se casan menos. Una tendencia a la baja que ha caído en picado durante la pandemia por las restricciones sociales. Y aunque el brutal descenso pandémico de enlaces no es real por atender a una situación excepcional, lo cierto es que las cifras señalan que las personas heterosexuales cada vez se casan menos. El cambio en la importancia social que se da al matrimonio, la incorporación de la mujer al mercado laboral y también no tener que formalizar la relación para optar a prestaciones parecen estar detrás de esta caída constante de enlaces. En el otro lado de la balanza, las parejas homosexuales se siguen apuntando al sí quiero, especialmente las mujeres.

El número de matrimonios descendió en España en el primer año de pandemia un 46% respecto a 2019. Se casaron 87.481 personas, según el último Focus on Spanish Society, publicación editada por Funcas y que recoge datos del INE y de Eurostat. Así, los matrimonios entre personas de diferente sexo pasaron del máximo registrado en el año 1975 de 271.347 a los 87.841 de 2020.

Esta caída en picado de los enlaces es una imagen un tanto distorsionada causada por la pandemia que supuso -especialmente en 2020- una casi nula existencia de vida social debido a las restricciones por el coronavirus y que inevitablemente se tradujeron en la cancelación de muchos enlaces previstos. Pero al margen de 2020, los datos apuntan que entre 2015 y 2019 el número anual medio de matrimonios en España (166.000) se quedó muy por debajo del quinquenio previo a la crisis económico-financiera (2003-2007): 208.000. De este modo, se puede afirmar que los nuevos matrimonios caen en periodos recesivos y aumentan en periodos de bonanza, aunque se mantiene la tendencia a la baja.

Aunque te puedes casar “con cuatro personas”, los matrimonios están ligados a las relaciones sociales, y este es el motivo por el que en pandemia cayó estrepitosamente el número de bodas, explica Elisa Chuliá, socióloga, directora de Estudios Sociales de Funcas y coordinadora de Focus on Spanish Society. Chuliá cree que habrá un cambio de tendencia para los datos de 2021 porque se espera un aumento de “matrimonios embolsados”: gente que tenía el proyecto de casarse en 2020 y lo pospuso. Aunque también apunta que quizás hay un porcentaje que ya no se celebran porque la situación económica no es la mejor. Con todo, la socióloga señala que existe incertidumbre en saber cómo van a evolucionar los matrimonios tras la pandemia.

Más allá del paréntesis pandémico, hasta ahora la tendencia en cuanto a bodas es decrecimiento, detalla la socióloga. El matrimonio “está perdiendo la importancia que tenía como hito biográfico que marcaba el inicio de la emancipación”, explica. Así, el indicador de nupcialidad en demografía, los matrimonios, van a la baja en España pero también en otros países, apunta Chuliá. De esta forma, muchas bodas son de parejas que conviven e incluso que ya tienen hijos. Ha cambiado el sentido que la sociedad atribuye al matrimonio, señala la experta. Y los motivos hay que encontrarlos en tres factores: institucionales, socioculturales y estructurales.

El cambio en la posición de la mujer está detrás de los factores estructurales. Ahora ya no debe casarse para salir de la familia de origen y, además, trabaja. De esta manera el modelo de familia de padre trabajador y madre ama de casa ha sido superado por el modelo del doble ingreso (de la madre y del padre) y ello supone un cambio en la vida familiar. Las mujeres que han estudiado trabajan y también posponen la creación de una familia porque “quieren progresar antes de dedicar parte de su vida a la crianza”, explica Chuliá. Y, en este sentido, destaca el aumento de la edad de primera maternidad y también de primeras nupcias. En 2008 (según datos de la Encuesta de Población Activa, EPA), la edad media de las mujeres que tenían el primer hijo era los 29,3 años mientras que en 2020 subió a los 31,2.

Y que casi la mitad de los niños nazcan de madre no casada - en 2008 representaban un 33,2%, y en 2020 rozaban el 50% (47,6)- evidencia para la socióloga que no está mal visto que las parejas convivan e incluso tengan hijos sin casarse. Este factor sociocultural que posibilita el descenso paulatino de bodas. Además, antes casarse era muy importante para acceder a determinadas prestaciones sociales, pero ahora ya no es un requisito indispensable, explica Chuliá, aunque reconoce estar casado te facilita un poco las cosas en términos de acceso a la viudedad, por ejemplo. Pero, por otro lado, el acceso a las mujeres al mercado laboral y su independencia económica hace que contar con esta prestación no sea tan importante, apunta la socióloga.

Para Chuliá “todo esto conjugado” en nuestra sociedad y prácticamente en todas las de nuestro entorno para que las tasas de matrimonio se estén reduciendo. Y a ello se suma que las generaciones más viejas han hecho un cambio visión respecto a la importancia de estar a casado. Y también en segundas nupcias porque las sociedades occidentales cada vez estigmatizan menos a las personas que tienen distintas parejas y se percibe como un “ejercicio de libertad individual” y una “búsqueda de felicidad personal”.

Gerardo Meil, catedrático de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) apunta al factor demográfico que puede estar repercutiendo en el descenso de los enlaces: la caída de la natalidad. Para Meil, esto hace “envejecer a la población y reducir el potencial de personas que se pueden casar”. El sociólogo también apunta al proceso de “individualización” como causante del cambio de la concepción social de lo que es el matrimonio. Meil señala, como Chuliá, hay menos presión social y eso ha dado margen a las personas para decidir libremente si quieren casarse o no.

El sociólogo explica que ahora casi hay que explicar el por qué uno se casa y eso lleva automáticamente de por sí a una caída porque muchos no encuentran “ventajas” y si no las hallan, terminarán por no hacerlo.

A modo de anécdota y sin datos para asegurar que se trate de una tendencia, Chuliá comenta que cuando pregunta a parejas no casadas por los motivos para no hacer el trámite aducen que el “compromiso” es con la pareja y los hijos pero que estando casado te comprometes con “toda una familia política” y no quieren entender así la relación de pareja porque prefieren que sea algo más restringido. “No quieren formar parte de una familia política”, apunta. Es la misma influencia a la tendencia a la individualización a la que hace referencia Meil.

(Lorena Ferro, La Vanguardia, 07/06/22)

¿Perdieron las prisas a Susana Díaz? El error de adelantar las andaluzas al 2018

La izquierda habría obtenido mayoría absoluta autonómica con el resultado de las generales de abril o noviembre del 2019

El voto del 10 de noviembre del 2019 habría dado 42 escaños al PSOE y 13 a Podemos; es decir, 55 sobre los 109 de la Cámara

Los adelantos electorales los carga el diablo. Lo que no se sabe es contra quién dispara en cada caso. Al PP de Díaz Ayuso el adelanto electoral le otorgó una cómoda mayoría en el 2021. A la socialista Susana Díaz se la quitó en el 2018. El valenciano Ximo Puig simultaneó generales y autonómicas en abril del 2019 y la jugada le salió redonda, ya que el bloque de izquierdas sumó incluso más votos en los comicios valencianos que en las legislativas. Y ahora, el popular Moreno Bonilla ha adelantado las andaluzas con la esperanza de que el desenlace sea mejor que el que arrojó el avance electoral decidido por su correligionario Fernández Mañueco en Castilla y León.

El futuro no se deja adivinar, pero el pasado da más facilidades para las llamadas “hipótesis contrafácticas”. ¿Qué hubiera ocurrido si Susana Díaz hubiese convocado las andaluzas en la primavera del 2019 –cuando realmente tocaban– y las hubiera simultaneado con las legislativas de abril de aquel mismo año?

Por supuesto, tampoco es posible responder categóricamente a esta pregunta, pero los resultados de las generales del 2019 en Andalucía ofrecen alguna pista. De hecho, el PSOE andaluz apostó con frecuencia por celebrar conjuntamente autonómicas y legislativas para beneficiarse de la movilización añadida que suponían las generales.

En cualquier caso, si los resultados de ambas citas hubiesen sido similares a los que obtuvo la izquierda en las generales de abril del 2019 en Andalucía, esa comunidad no habría cambiado de manos, como sí ocurrió en diciembre del 2018. Ahora bien, como el PSOE andaluz ha venido obteniendo menos votos en las autonómicas que en las generales, un escenario más verosímil sería el de las legislativas de noviembre del 2019, que registró un descenso del Partido Socialista y Unidas Podemos, en paralelo a una leve alza del bloque compuesto por PP, Vox y Cs.

Pues bien, ni en ese supuesto –que otorgó casi un punto y medio más en cuota de voto al centro y la derecha (49%) en el conjunto de Andalucía– habría perdido la izquierda (con el 47,7%) la mayoría en la Cámara andaluza. Por los pelos, pero PSOE y Podemos habrían sumado 55 escaños de los 109 que componen la Cámara del Hospital de las Cinco Llagas. A su vez, PP, Vox y Ciudadanos habrían reunido 54 diputados, aunque con un reparto muy distinto del que se produjo en el 2018.

En las autonómicas de diciembre de aquel año, la correlación entre bloques dejó una ventaja de casi seis puntos al centro y la derecha (más del 50%), frente a los partidos de izquierda (44,1%). Y eso se tradujo en una ventaja de nueve escaños para el bloque conservador, que se situó cuatro diputados por encima de la mayoría absoluta. Eso sí, en el 2018 Ciudadanos pisaba los talones al PP (21 escaños frente a 26), con Vox como tercera fuerza (12 diputados). En cambio, con el hipotético resultado de noviembre del 2019, habría sido Vox (23 diputados) el que pisaría los talones al Partido Popular (24 escaños), mientras Cs habría sumado solo siete escaños.

La mencionada hipótesis contrafáctica, construida sobre los resultados de las generales de noviembre del 2019, esconde un último enigma. ¿Cómo habría sido posible que, con menos votos, la izquierda hubiese sumado más escaños? La explicación reside en los antagónicos resultados provinciales.

Por ejemplo, en Almería –donde el centro y la derecha reunieron más del 60% de los votos– y en Granada, Málaga y Cádiz, el Partido Popular, Vox y Cs habrían sumado al menos un escaño más que PSOE y Podemos. Pero en Córdoba –que reparte una cifra par de diputados–, ambos bloques habrían empatado. Y en Jaén y Huelva la ventaja habría sido para la izquierda, cuyo resultado en Sevilla (cuatro escaños más que la derecha) hubiese sido clave para amarrar la mayoría absoluta. El problema de la historia es que no se puede reescribir.

(Carles Castro, La Vanguardia, 07/06/22)