Emergencia económica
Las insolvencias en los juzgados de Barcelona se cuadriplican desde el 30 de junio
Previsiones.- Julio es un mes que suele presentar una alta incidencia de concursos, pero este año asusta septiembre
Frenazo.- Tras un verano que se prevé extraordinario, preocupa el clima de desaceleración que llega a la economía
Cambios en la segunda oportunidad: Pedir ya al juez el perdón de Hacienda... por si acaso.- Los concursos de acreedores de personas físicas acababan muchas veces con el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), por el que el juez perdona el remanente de las deudas de quien se hubiera declarado insolvente y hubiera liquidado sus bienes. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la praxis de una amplia mayoría de los juzgados mercantiles amparaba este tipo de resoluciones judiciales que el Gobierno lleva tiempo intentando eliminar. El año pasado, el texto refundido de la ley concursal ya dejó fuera del BEPI al crédito público, estableciendo que los jueces no podían perdonar las deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Pero muchos jueces no hicieron caso porque la doctrina del Supremo, la directiva comunitaria y la legislación de otros países europeos no contemplan estos privilegios con la deuda de las administraciones públicas. Además, el Gobierno tuvo la torpeza de introducir un cambio legal en un texto refundido –que solo puede ordenar y unir leyes y sus reformas, pero no crea normas nuevas–, y los jueces siguieron a lo suyo con la idea de que si para que alguien empiece de cero no puede conservar esa losa. Ahora, la nueva ley concursal que está a punto de aprobarse regula este punto y limita a 10.000 el crédito público que se puede llegar a perdonar. Pero la norma establecerá que el derecho a la exoneración se aplicará, transitoriamente y si procede, al que ya lo hubiera pedido en el marco del concurso de acreedores. Y ahí se abre una ventana, por poco tiempo... Muchos deudores particulares con deudas públicas corren a presentar el concurso y piden la exoneración de entrada, aunque eso no esté previsto hasta la liquidación. Pedirlo ahora puede salvar sus vidas desde el punto de vista económico. Los jueces están divididos y hay quienes se inclinan por tenerlo por manifestado y no descartar el BEPI, mientras
Siniestralidad empresarial: Abengoa, Ezentis y Room Mate... por ahora.- La abundantísima liquidez del sistema, los ICO, los ERTE y la moratoria concursal han impedido que durante la crisis del 2020 –el PIB de España se contrajo un 11% ese año– y en el complicado periodo posterior de recuperación de la economía haya habido grandes suspensiones de pagos. El Gobierno, la banca y los expertos insisten en que la morosidad es baja y, sobre todo, que los bancos están en mucha mejor posición que en crisis anteriores, con más capital y un riesgo mucho más controlado y repartido. Por ahora, el fin de la moratoria no ha derivado en la presentación de grandes concursos de acreedores. La inmensa mayoría de las insolvencias de empresas corresponden a compañías muy pequeñas y sin activos, cuyos administradores buscan dar carpetazo a sus crisis con una liquidación exprés. Aunque hay excepciones notables. Las más significativas son las de tres grandes empresas que acudieron al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI y cuya solicitud fue rechazada. El caso de Abengoa, en crisis desde hace una década, es el de mayor dimensión. El concurso de Abenewco1 y 26 sociedades del grupo sevillano afecta a compañías con deudas de 6.000 millones que tienen un altísimo riesgo de desaparecer. En Ezentis, con más de 8.000 empleados y dedicada a infraestructuras de energía y telecomunicaciones, el futuro es también incierto tras verse evaporar los 70 millones de ayuda pública a los que aspiraba. Por último, la hotelera Room Mate, tampoco logró los 52 millones solicitados y siguió la misma suerte. En su caso, la petición del concurso iba acompañada de una oferta vinculante por la unidad productiva. El negocio y parte del empleo se salvarán seguro
Cierre ejercicio del 2022: La causa de disolución, otro dolor de cabeza.- Otra de las normas que el Gobierno puso en cuarentena con la crisis pandémica fue la relativa a la obligación de las empresas a restablecer el equilibrio patrimonial cuando, a causa de las pérdidas, los fondos propios cayeran por debajo de la mitad del capital social. En circunstancias normales, los accionistas de una empresa que ha sufrido pérdidas importantes y llegaran a esa situación debían reducir capital –nominalmente o amortizando las acciones– o ampliarlo, con nuevas aportaciones. Durante dos años, este precepto de la ley de sociedades de capital ha estado suspendido, pero los desequilibrios, en muchos casos, persisten porque es frecuente que los beneficios del 2022 –con costes energéticos, de materias primas y transporte al alza, márgenes más estrechos y financiación más cara– no permitan compensar las pérdidas del 2020 y el 2021. Y más aún si el ejercicio en curso se tuerce. Por todo lo anterior, el cierre fiscal de este año será clave para muchas empresas y los administradores sociales deberán convocar juntas de accionistas para recuperar el equilibrio patrimonial en los primeros meses del 2023. Quienes prevean dificultades en sus balances tienen tiempo para buscar alternativas, como nuevas aportaciones de socios
El fin de la moratoria concursal el pasado 30 de junio dio paso a una intensa actividad entre el 1 y el 8 de julio en los juzgados mercantiles, donde se tramitan los procedimientos de insolvencia empresarial o personal. No se acabó el mundo ni se produjo la tan temida y apocalíptica avalancha que se ha anunciado desde hace meses, pero el número de expedientes se ha disparado.
En la provincia de Barcelona, donde hay doce juzgados mercantiles, se presentaron 226 procedimientos en los seis días hábiles de julio hasta el pasado viernes, entre los que se encuentran 130 concursos por el procedimiento abreviado, fundamentalmente de pymes; 51 suspensiones de pagos de autónomos y empresarios; 42 preconcursos de empresas que buscan protección judicial mientras intentan renegociar su deuda; y 3 solicitudes de concurso necesario de acreedores contra sus deudores.
“Estas cifras suponen multiplicar por tres o cuatro, según los casos, el ritmo de asuntos del último mes de junio y ponen de manifiesto que el fin de la moratoria ha precipitado decisiones por parte de los administradores societarios y deudores particulares que hasta ahora las habían pospuesto por la suspensión de la obligación de presentar concurso”, comenta Xavier Rafí, letrado de administración de justicia del juzgado mercantil 9 de Barcelona.
En otras jurisdicciones, el salto en el número de concursos no ha sido tan potente, aunque sí significativo. En Madrid, por ejemplo, se solicitaron hasta el pasado viernes 70 concursos empresariales y 20 de empresarios y autónomos, junto con otros 40 preconcursos. En todo el mes anterior, hubo 140 y 40 concursos empresariales y personales, respectivamente, además de 75 preconcursos. Esto significa que, de seguirse en Madrid el mismo ritmo que el actual, este mes más que se duplicaría la actividad concursal respecto a junio, aunque podría ser bastante más si se cumple la tradición de que a finales de julio –antes del fin de curso y la parálisis de agosto– muchas empresas en situación irreversible tiran la toalla.
Fuera de Madrid y Barcelona, la siniestralidad empresarial parece ser menor. Al menos, por ahora. En la Comunidad Valenciana, el fin de la moratoria se ha asumido más suavemente, con aumentos de alrededor del 15% de los casos en el arranque de julio. En València, donde hay cinco juzgados mercantiles, se han presentado 50 concursos desde el 1 de julio, de los que 49 son voluntarios y hay un necesario, además de 7 preconcursos. Y en Alicante, con un juzgado menos, se contabilizan 45 concursos voluntarios, 3 necesarios y 5 preconcursos en el mismo periodo.
“La mayoría de los concursos son exprés, que comportan la declaración y el archivo por ausencia de masa activa, al no haber nada que repartir en la liquidación”, comentan fuentes judiciales de Alicante. El resto, corresponden a empresarios y autónomos.
La moratoria concursal fue una de las medidas extraordinarias adoptada por el Gobierno tras el estallido de la pandemia para intentar proteger el tejido empresarial. La obligación de los deudores insolventes de presentar concurso de acreedores antes de dos meses desde que conocen su situación ha estado suspendida durante más de dos años, un tiempo en el que las empresas que siguen vivas han podido reestructurar su deuda, reforzar su capital, redimensionarse o buscar nuevos caminos. Muchas lo habrán hecho. Otras, en cambio, no y se ven ahora abocadas al concurso de acreedores.
Al margen de la situación de cada compañía, el momento actual es complicado también porque el Gobierno está a punto de aprobar la enésima reforma de la ley concursal, que ya ha pasado por el Congreso y en pocas semanas se votará en el Senado. Como siempre, el cambio del marco jurídico actúa como catalizador y freno a la vez. Por un lado, hay deudores con prisa para presentar concurso antes de que la nueva ley entre en vigor y les perjudique (ver información adjunta). Otros, en cambio, prefieren esperar para tener claro todo el itinerario de su concurso, ya con los cambios en el procedimiento. “Hasta septiembre mucha gente esperará para ver qué sucede con la nueva ley y cómo les afecta a lo suyo”, afirma José Vela, letrado de administración de justicia del juzgado mercantil 7 de Madrid.
No solo eso. La paz relativa que procuraba la moratoria, la liquidez ilimitada de la banca, la carencia –ya extinguida– de los préstamos avalados por el ICO y la esperanza de vivir un buen verano –sobre todo, en empresas y servicios ligados al consumo, el ocio y los viajes– han llevado a muchos a dejar las decisiones drásticas para el mes de septiembre. Si lo anterior es una posición relativamente común y la crisis energética y la inflación no aflojan, el otoño concursal puede ser muy severo. Lo cual no tiene por qué ser malo: los zombies desaparecerán y las empresas viables, si hacen lo que deben, se reestructurarán y podrán seguir adelante.
(Lalo Agustina, La Vanguardia, 11/07/22)