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Entrevista amb Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) (El matí - Catalunya Ràdio, 16/08/17)

Las entidades soberanistas retan al Estado a revelar cómo va a parar el 1-O

Las entidades soberanistas, ANC y Òmnium, calientan motores de cara al intenso calendario que está por venir hasta llegar a la fecha del anunciado referéndum del 1 de octubre. El mismo día en que se retoma la actividad en el Parlament, sus dos presidentes, Jordi Sànchez y Jordi Cuixar t, han concedido sendas entrevistas radiofónicas, en las que han explicado sus planes de movilización de cara al Onze de Setembre, al tiempo que han considerado que es el Estado el que debe explicar cómo piensa “parar este tsunami democrático”, en palabras de Cuixart.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Cuixart se ha expresado de esta forma y ha advertido de que el bloque soberanista está preparado para cualquier movilización en la calle, incluso antes de la Diada, pero que éstas serán en función de los movimientos que haga el Estado para bloquear el referéndum. “Nos quieren tener exaltados”, ha subrayado Cuixart, quién, por el contrario, receta “serenidad y tranquilidad”.

En una línea similar, se ha expresado Sànchez en una entrevista en RAC1. El presidente de la Assemblea Nacional ha asegurado que la principal “fortaleza” del movimiento independentista es que el Estado “tiene miedo” de que en el 1-O “haya urnas”. Igual que Cuixart, Sànchez también ve al independentismo preparado para movilizarse. En todo caso, todos los actos previstos estarán condicionados “a ver cómo el Estado intenta neutralizar la campaña”.

La subida de las pensiones en España, inviable salvo que el PIB crezca a ritmo récord

Las pensiones sólo podrían revalorizarse por encima del mínimo marcado por ley, esto es, más de un 0,25%, si la economía española registrase el mayor crecimiento promedio de su historia. Para ello, el Producto Interior Bruto de España tendría avanzar a un ritmo anual medio de casi el 4%, algo que sólo ocurrió entre 1998 y 2007 cuando el país llegó a experimentar crecimientos puntuales de, incluso, el 5%.

Esto es lo que pone de manifiesto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF), que ha elaborado un simulador en el que se observa que si en los próximos años la economía avanza siempre un 3,9% -que es exactamente el crecimiento promedio más alto de la historia-, las pensiones comenzarían a subir ligeramente a partir de 2020, para aumentar ya con algo más de fuerza en 2021 (un 1,5%) y en 2022 (un 2,4%). Sólo así podrían mantener mínimamente su poder adquisitivo, ya que en todos los supuestos se ha partido de que el Banco Central Europeo (BCE) será capaz de mantener la inflación en niveles cercanos al 2%.

En cambio, en un escenario algo más moderado pero sensiblemente más optimista que el actual y en el que la economía creciese a ritmos del 3%, las pensiones sólo podrían crecer un 0,77% en 2022. En el resto de ejercicios se quedaría en el 0,25% mínimo y, por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo sería importante.

El Parlament posterga el choque con el Estado y lo aproxima a la Diada

La tramitación de la ley del referéndum tendrá que esperar. La mesa del Parlament, reunida desde poco después de las diez de la mañana, no ha modificado su orden del día y ha evitado iniciar el preceptivo trámite, pese a que Junts pel Sí y la CUP registraron la proposición de ley el pasado 31 de julio. De esta forma, el bloque independentista aplaza el choque institucional con el Estado y lo aproxima a la víspera de la Diada, el Onze de Setembre. Su intención es aprobar la ley en el pleno parlamentario del 6 y el 7 de septiembre.

La decisión de no tramitar la proposición de ley deja abiertas todas las puertas abiertas sobre el mecanismo a utilizar para blindar la consulta con la "legalidad catalana" prevista por el Gobierno de Carles Puigdemont. Antes del primer pleno del curso político la mesa de la Cámara se tiene que reunir en dos ocasiones, por lo que aún cabe la posibilidad de tramitar la norma. Tampoco está descartado que el Ejecutivo catalán asuma la responsabilidad y tramite por su cuenta el articulado, a través de una propuesta de ley o, incluso, a través de un decreto.

El objetivo es ganar tiempo y blindarse ante una posible suspensión de la norma y la amenaza de inhabilitaciones a los responsables de su tramitación. El Gobierno del PP ha asegurado que llevará al Constitucional la ley en cuanto se inicie su tramitación, por lo que no descartaba incluso recurrirla hoy mismo, aprovechando que se reunía el Consejo de Ministros para aprobar el laudo que tiene que solventar los problemas en los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat, generados por la huelga de los empleados de la empresa concesionaria Eulen.