Derecho al aborto
Illinois, Minnesota y el trío California - Oregón - Washington contraatacan los vetos republicanos al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo
Los teléfonos del centro Planned Parenthood de Fairview Heighs, en Illinois, echan humo desde el 24 de junio, que fue cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos suprimió el derecho al aborto con carácter general. Illinois, uno de los bastiones demócratas donde esa práctica sigue siendo legal, se ha convertido en isla refugio del Medio Oeste a la que las mujeres de los estados circundantes, casi todos con leyes que lo prohíben o están a punto, pueden acudir para resolver su situación. Y con apenas 16.000 habitantes, Fairview Heights se está consolidando como centro logístico de atención y servicio de interrupción del embarazo para gestantes de esa vasta región de Norteamérica.
Hasta el fatídico 24 de junio, las mujeres de la ciudad de San Luis, en Misuri, podían acudir a su propio centro de Planned Parenthood y otros servicios de aborto en la zona. Aquel día, el de la sentencia del Supremo, el gobernador republicano de Misuri, Mike Parson, firmó una ley de prohibición incluso en casos de violación e incesto, con penas de cinco a diez años de cárcel para los profesionales sanitarios que lo practiquen. Pero las afectadas de San Luis solo tienen que cruzar el Misisipi para, a dos kilómetros, plantarse en Misuri y, tras avanzar 21 más, acudir al Planned Parenthood de Fairview.
Y lo que en Illinois vale para las pacientes de Misuri vale para todas las del país, incluidos los también vecinos estados de Arkansas y Kentucky, que el día 24 también activaron prohibiciones absolutas del aborto, aunque en el último caso un juez la bloqueó cautelarmente. Ohio y Tennessee ya vetan asimismo el aborto, ambos a partir de la sexta semana de embarazo, pero Tennessee se dispone a prohibirlo del todo. Una ley similar en Michigan está temporalmente suspendida, y las cámaras estatales de Indiana y Iowa ya consideran normas parecidas.
Por mucho que las proveedoras de Illinois lleven meses e incluso años preparándose para acoger pacientes de otros territorios, el incremento de la demanda desde los estados de alrededor les hace temer un desbordamiento. La clínica Planned Parenthood de Fairview Heights, abierta en el 2019 a raíz de una primera tentativa de prohibición de Misuri, cuenta con pasar de 8.000 a 14.000 pacientes al año. Y en la clínica Hope de la cercana Granite City, donde recibían unas 35 pacientes al día, las llamadas se ha multiplicado por seis en las últimas dos semanas.
En parecida situación se halla el estado demócrata de Minnesota, donde el actual 10% de abortos practicados a mujeres de otros estados se verá multiplicado con la activación de sendas normas de veto en Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wisconsin, además de los ya citados Iowa y Michigan.
En la Costa Oeste, los gobernadores demócratas de Oregón, California y Washington firmaron el 24 de junio un acuerdo de “refugio triestatal” para las solicitantes de aborto del resto del país. Ellos y sus colegas de Illinois y Minnesota han levantado una múltiple fortificación en defensa del derecho; un sistema con garantías legales frente a toda persecución de las mujeres que acudan allí desde estados antiaborto; compromisos para promover aumentos de las plantillas de personal sanitario cualificado; medidas para ampliar el acceso a las píldoras abortivas y la telemedicina; prevenciones frente a la información falsa, y actuaciones para proteger datos reproductivos personales almacenados en aplicaciones a fin de evitar su uso contra las mujeres de estados donde el aborto es ilegal.
La batalla legislativa y territorial sobre el aborto forma parte de una contienda política y social más amplia que, con gran despliegue financiero y propagandístico por ambos bandos, se librará con toda crudeza en la campaña para las elecciones de renovación del Congreso de noviembre. El combate acaba de empezar.
(Fernando García, La Vanguardia, 06/07/22)