Sin embargo, todos los analistas consideran que este ejercicio se cerrará con un déficit superior al comprometido en, al menos, cinco décimas, aunque hay quien eleva esta desviación hasta más de un punto porcentual como consecuencia de tres fenómenos concatenados: el estancamiento sufrido por la economía en el segundo semestre del año; el importante déficit embalsado en las CCAA que ha aflorado tras las elecciones autonómicas y el reducido margen del Gobierno Central para absorber estas desviaciones con ajustes adicionales en sus propias cuentas, debido al propio proceso electoral general y al empeoramiento del superávit fijado para la Seguridad Social ante el descenso de cotizantes.
Por tanto, conseguir el objetivo de déficit para 2012 puede exigir esfuerzos superiores a los previstos que elevarían el recorte necesario hasta una cifra situada entre los 20.000 y los 30.000 millones en función de cómo acabe definitivamente este año, en un contexto en el que la desaceleración clara de la economía aleja el margen de obtener mejoras sustanciales por el lado de unos ingresos públicos que ya han manifestado este año una ralentización asociada al bache que sufrimos.
En esta situación, el Gobierno que salga de las elecciones del 20N y que tomará posesión antes de Navidades, sea del signo que sea, se encontrará ante el siguiente dilema: cumplir con el objetivo anunciado o renunciar a ello, aplazando el calendario de consecución del mítico 3% del PIB más allá de 2013, echándole, o no, la culpa al Gobierno saliente.
La primera opción, que conlleva una sustancial reducción del déficit conjunto de las administraciones públicas en un año de estancamiento económico, exigirá importantes recortes en el gasto, a sumar a los ya realizados, sin descartar subidas impositivas significativas. A título de ejemplo comparativo, los ajustes draconianos que están llevando a cabo este año las CCAA representan una reducción de 10.000 millones de euros, la misma que tendrán que repetir, de nuevo, el año próximo, sumado a una cifra similar por parte de la Administración Central.
Aparte de los problemas de articulación entre todas las Administraciones, priorización de las partidas donde centrar los recortes y puesta en marcha inmediata de las medidas por parte del nuevo Gobierno, tal vez mediante un Decreto Ley de Medidas Urgentes aprobado el mismo mes de enero, ese proceder, significaría un drenaje de recursos a la ya lánguida actividad económica de tal magnitud, que podría convertir el actual frenazo en recesión. Cumpliríamos así con el déficit a costa del crecimiento, al menos a corto plazo, haciendo imposible ese deseo expresado, entre otros, por el Círculo de Economía de Barcelona de «hacer compatible las políticas a favor del crecimiento y el empleo, con las medidas para recuperar los equilibrios fiscales». A medio plazo, sin duda, se debe poder efectuar una reforma que racionalice la estructura de nuestras administraciones, otra que mejore la eficiencia del gasto público, persiguiendo ahorros sin recortes de derechos e, incluso, una reforma fiscal que reduzca el fraude y mejore la equidad. Pero sus efectos difícilmente se dejarán notar en el mismo 2012.
La opción de renunciar a cumplir el objetivo de déficit establecido, acompañado o no de pirotecnia respecto al Gobierno saliente, entrañaría otro tipo de sacrificios no menores para el país. Sobre todo, cuando las agencias de rating rebajan ya nuestras calificaciones de riesgo e, incluso, se ha puesto en cuestión, desde la propia Comisión Europea, la solvencia de deudas soberanas como la española, reconvertidas en presuntos activos tóxicos a provisionar por los bancos mediante una nueva recapitalización. Con independencia de como acabe este asunto, debatido este mismo fin de semana por el Consejo Europeo, la sensibilidad actual de los mercados ante el tema, tras las quitas de Grecia, desaconsejarían ahora esta solución que podría costarnos muy cara, en términos de prima de riesgo, es decir, de coste de la deuda que computa como gasto público en forma de pago por intereses.
Si los Presupuestos Generales son las matemáticas de la política, el rompeolas donde se estrellan la oleada de promesas electorales que suele salpicar las campañas partidistas, esta vez, conocemos de antemano la magnitud de las rocas, así como los límites tangibles que impondrán al Gobierno que salga de las elecciones, repito, sea del signo que sea.
Tanto PP como PSOE, han dicho que reducir las necesidades de financiación del sector público, en este contexto de tormentas monetarias, resulta vital para España. Algo tan importante como para introducir una polémica reforma de la Constitución. Por ello, sorprende que no hayan hecho intentos serios por pactar la primera prueba real del espíritu que informa la enmienda constitucional: un Decreto Ley de Prórroga de los Presupuestos que facilitara cumplir el objetivo de déficit en un año crucial.
Austeridad y crecimiento son los pilares que asientan, hoy, la confianza y credibilidad nacional ante los mercados. No le arriendo las ganancias al próximo ministro de Economía, porque tendrá que actuar con mano dura, a la vez, sobre el Presupuesto, para reducir el déficit y sobre un conjunto de reformas estructurales que dinamicen nuestras estructuras económicas, vigorizando el crecimiento. Y, todo ello, en el escaso margen de tiempo entre su toma de posesión y la primera subasta de bonos del Tesoro. Por eso, ante la magnitud de la tarea y la cantidad de agentes institucionales involucrados, resulta razonable solicitar un gran Pacto de Estado en forma de amplio acuerdo parlamentario sobre el conjunto de medidas que, inevitablemente, tendremos que adoptar. Porque, juntos, sí podremos.
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