Diego Torres e Iñaki UrdangarinLa Fiscalía considera que está probado que él y su socio desviaron seis millones de euros del Instituto Nóos a sus sociedades con facturas falsas.
750.000 euros acabaron en las cuentas corrientes de Aizoon, la sociedad familiar que el duque y la Infanta Cristina comparten a partes iguales.
Se despejó la incógnita. El juez de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, imputó ayer a Iñaki Urdangarin a la par que levantaba el secreto del caso. El duque tendrá que declarar el 6 de febrero en la ciudad que da nombre a su título nobiliario.
El magistrado se basa en el escrito del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, que sostiene que Urdangarin y su socio, Diego Torres, habrían cometido cuatro delitos: prevaricación, malversación, fraude y falsedad. El Ministerio Público acusa al yerno del Rey de actuar movido «por un desmedido afán de lucro». Y va más allá: añade que desviaron seis millones del Instituto «sin ánimo de lucro» Nóos a sus empresas con facturas falsas.
'Caso Nóos'. El duque de Palma, en los tribunales.
El imputado desvió seis millones.
El juez acredita que Urdangarin envió el dinero a sociedades instrumentales que controlaba junto a su socio Torres.
Anticorrupción concluye que se llevó los fondos con facturas falsas.
Anticorrupción atribuye a Urdangarin en los informes que ha presentado al juez José Castro la comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432.1 y 2 del Código Penal; otro de prevaricación tipificado en el artículo 404; uno de fraude a la Administración del 436; y un cuarto, también continuado, de falsedad documental contemplado en el artículo 392 del Código Penal.
El Ministerio Público, representado en la causa por el fiscal Pedro Horrach, argumenta la autoría de estos tipos penales por parte del duque de Palma resaltando su posición de presidente del Instituto Nóos entre noviembre de 2004 y junio de 2006, periodo en el que esta entidad tuvo actividad.
Pero, además, recuerda que el marido de la Infanta Cristina integraba el Comité de Dirección de Nóos por el que pasaban los proyectos que llevaban a cabo y las decisiones financieras.
Sentado su papel de máximo responsable del Instituto «sin ánimo de lucro» que llegó a percibir 17 millones de euros en sólo tres años de actividad, Anticorrupción sostiene su acusación, de una parte, en los espectaculares sobreprecios que percibía Nóos de las administraciones públicas con las que contrataba y que han sido justificados de manera parcial y/o falsa. De tal manera que el duque de Palma obtuvo un beneficio neto próximo a los 1,5 millones por la organización de dos ciclos de conferencias en Baleares de apenas dos días y medio de duración cada uno de ellos. En total, Nóos llegó a percibir casi seis millones de euros entre las comunidades valenciana y balear bajo el mandato de los presidentes populares Jaume Matas y Francisco Camps.
Pero, de otra parte, Anticorrupción destaca el desvío masivo de fondos de Nóos que perpetró el duque de Palma en dirección a una batería de sociedades instrumentales controladas por él y su mano derecha Diego Torres. Se trata de las entidades Nóos Consultoría Estratégica, Shiriamasu, Intuit Strategy Innovation, Virtual Strategies y Aizoon, participada esta última por el duque de Palma y su mujer, que además ostenta la condición de secretaria del consejo de administración de la entidad.
A todo este entramado societario, el dúo Urdangarin-Torres llegó a desviar un total de seis millones de euros del Instituto que controlaban. Sirva, en este sentido, de ejemplo que Urdangarin transfirió 750.000 euros con facturas falsas a la promotora familiar que comparte con la Infanta Cristina y una cifra próxima a los dos millones a la entidad Nóos Consultoría Estratégica, que posee a medias con Torres.
El dinero salía de Nóos bajo conceptos tales como el «diseño y dirección» de las charlas que organizaban o la «organización de la logística» de las mismas, pese a que, a continuación, estos trabajos los acababan subcontratando con empresas especializadas o los llevaban a cabo directamente los trabajadores del propio Instituto. La investigación que comanda el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el marco de la denominada operación Babel se ha topado con contados rastros documentales que soporten en forma de facturas estas transferencias millonarias, y que llegaron incluso a continuar cuando el Instituto Nóos ya no estaba dirigido por el duque.
Tal y como ha revelado EL MUNDO durante las últimas semanas, estas transferencias de dinero se compensaban, a su vez, al entrar en las sociedades instrumentales con una nueva remesa de facturas falsas. Esta vez, generadas por estas entidades entre sí con objeto de crear gastos falsos a ojos del fisco y pagar el mínimo posible de impuestos.
Pero es que, además, la investigación ha conseguido acreditar que una parte de los fondos sacados de Nóos fueron colocados en paraísos fiscales del Reino Unido y Belice a través de una nueva tapadera montada ad hoc para esta finalidad: De Goes Center for Stakeholder Management. Las pesquisas llevadas a cabo durante los últimos meses y que desembocaron ayer en el levantamiento del secreto del sumario y en la imputación de Urdangarin y sus socios en Nóos han determinado también que, como reveló este diario, el duque de Palma controla la sociedad De Goes mediante una fundación para niños discapacitados denominada Fundación Deporte, Cultura e Integración Social.
Por último, otro de los pilares que sostienen la acusación contra Urdangarin radica en su participación en el amaño de un concurso convocado por el Gobierno balear para adjudicar 60.000 euros públicos a cambio del seguimiento de la marca del equipo ciclista Illes Balears en la prensa nacional e internacional. Las tres propuestas necesarias para cumplimentar el expediente administrativo fueron enviadas desde el fax del propio Instituto Nóos, dándose la circunstancia de que una de las que conformaban la terna fue confeccionada por el propio duque de Palma y firmada de su puño y letra.
A la vista de todos estos argumentos, el juez Castro acordó ayer «recibir declaración en calidad de imputado» de Urdangarin «para posibilitar que facilite su versión sobre todos aquellos hechos que guarden relación con la génesis de cualquier fórmula negocial en virtud de la cual, tanto como persona física como en su condición de representante, partícipe o vinculado, de hecho o derecho, a personas jurídicas, haya sido perceptor de fondos públicos». Pero también para que aclare «las personas que han participado en los anteriores hechos o que hayan devenido beneficiadas por los mismos, así como el destino y tratamiento fiscal que se la haya dado a los fondos recibidos y los que se deriven». «Y ello», apostilla el juez, «tanto en el ámbito de la comunidad autónoma de las Islas Baleares como en la Valenciana». Para ello ha sido emplazado en los juzgados de Instrucción de Palma el próximo 6 de febrero. Sin embargo, la ronda de interrogatorios comenzará un mes antes. El próximo 5 de enero ha citado el juez Castro al socio de Urdangarin, Diego Torres, al que Anticorrupción atribuye la comisión de los mismos cuatro delitos que al duque de Palma. Junto a él comparecerán su mujer, Ana Tejeiro, y sus cuñados, integrados todos ellos en la directiva del Instituto Nóos.
A lo largo de esa jornada declarará Marcos Tejeiro, el que fuera contable del Instituto Nóos y el hombre que plasmó por escrito el plan para cruzar facturas entre las sociedades instrumentales de Urdangarin y Torres y así defraudar impuestos. Este estrecho colaborador del marido de la Infanta Cristina ya ha confesado a la Policía Judicial que urdieron ese plan de emisión de facturas falsas para pagar menos impuestos. El mismo 5 de enero tendrá también que comparecer en calidad de imputado el propietario de la empresa Braxton Consulting, a la que contrataron el duque de Palma y Torres para colocar en paraísos fiscales los fondos públicos detraídos. Poco después, el 25 de enero, será el turno para el ex director general de Deportes de Matas José Luis Pepote Ballester y de los altos cargos Gonzalo Bernal y Juan Carlos Alía, que tramitaron los pagos al duque.
- Los grandes protagonistas del caso.
Iñaki Urdangarin. El duque de Palma presidió el Instituto Nóos entre noviembre de 2004 y junio de 2006. En ese periodo consiguió contratos públicos y privados inflados, o directamente amañados, por valor de 17 millones de euros.
Diego Torres. Este profesor de Esade conoció a Urdangarin en la escuela de negocios barcelonesa y se convirtió en su mano derecha en Nóos. Comparte con el duque de Palma la red de sociedades instrumentales en España y Belice, a las que desviaron los fondos del instituto «sin ánimo de lucro».
La Infanta Cristina. La duquesa de Palma comparte con su marido la sociedad Aizoon, a la que Urdangarin desvió 750.000 euros del Instituto Nóos. Esta empresa pagó con dinero procedente de las administraciones públicas una parte de las reformas del palacete que la pareja adquirió en Pedralbes por siete millones de euros.
’Pepote’ Ballester. Compañero de regatas de la Infanta Cristina, ex medallista olímpico en Atlanta y amigo del Príncipe, José Luis ‘Pepote’ Ballester fue mientras ocupaba la Dirección General de Deportes del Gobierno de Jaume Matas, el enlace que le permitió al duque de Palma aterrizar en Baleares.
Carlos García Revenga. El secretario personal de las Infantas fue nombrado tesorero del Instituto Nóos y su condición de «asesor de la Casa del Rey» fue empleada por Urdangarin y su socio Torres en los folletos promocionales del Instituto Nóos como gancho para conseguir contratos de las diferentes administraciones públicas.
Miguel Tejeiro. Este cuñado de Diego Torres fue nombrado secretario del Instituto Nóos. Su bufete de Asesoría Fiscal, en la calle Balmes de Barcelona, se convirtió en el centro de operaciones de la trama para vaciar Nóos y trasvasar sus fondos a sociedades controladas por el duque de Palma.
Juan Carlos Alía. El ex gerente del Instituto Balear de Turismo de Baleares tramitó los pagos irregulares a Iñaki Urdangarin. Tuvo que dimitir por pagar con fondos públicos las entradas a un prostíbulo moscovita llamado ‘Rasputín’.
- El abogado dice que el juez ha sido presionado por la prensa.
El abogado Mario Pascual Vives, que actúa como portavoz de Iñaki Urdangarin, afirmó ayer que, por las informaciones publicadas en la prensa, parecía que había un «clamor popular» para que se imputara al duque de Palma, como finalmente ha ocurrido.
«Había un empuje a la Administración de Justicia para que lo hiciera así, y al final ha sido así», opinó. «En muchos medios, escritos, por televisión, por radio, se ha ido incidiendo en este sentido, parecía que tenía que ser así, se consideraba que tenía que ser así, por los medios».
El portavoz de Urdangarin señaló que le habría gustado que en las últimas semanas no hubiera habido el goteo de informaciones sobre la actuación del duque de Palma, aunque remarcó que lo asume y que confía en que este conjunto de noticias «no tenga una incidencia negativa en el desarrollo de las inmediatas actuaciones que pueda haber en el proceso».
«Lo que es cierto es que llevamos un mes y medio con noticias y valoraciones y habrá que ver todo eso qué efecto habrá podido tener en el tema», indicó el portavoz, quien lamentó que algunas de las informaciones o valoraciones publicadas «han dañado o pretendían dañar» la honorabilidad de Urdangarin, informa Efe.
Asimismo, cuando se le preguntó si consideraba que Urdangarin ha sido juzgado antes del juicio, respondió: «Es una forma de valorarlo; sí, podría ser».
- La imputación.
El auto del juez José Castro eleva el listón de exigencia en la gestión de la Casa Real respecto al caso de Iñaki Urdangarin. Ya no se trata sólo de un problema de «ética» o «ejemplaridad», sino de la investigación de una conducta a la que el fiscal Pedro Horrach atribuye cuatro graves delitos.
El juez ha citado al duque de Palma a declarar como imputado el próximo 6 de febrero. El trabajo realizado por los investigadores en la llamada operación Babel pone de relieve un modus operandi consistente en aprovecharse de la cobertura de una sociedad sin ánimo de lucro (el Instituto Nóos) para desviar dinero, mediante facturas falsas, a sociedades patrimoniales, éstas sí con ánimo de lucro, de Urdangarin y su socio Diego Torres, por una cuantía cercana a los seis millones de euros. Una parte de esa suma (750.000 euros) fue a parar a la sociedad Aizoon, de la que también forma parte la Infanta Cristina.
La Casa Real hizo saber recientemente que en 2006 le exigió a Urdangarin que abandonara Nóos (ya se había iniciado la investigación del caso Palma Arena, de la que la operación Babel es pieza separada). Es decir, que era sabedora ya de sus manejos empresariales «poco ejemplares».
El duque de Palma, sin embargo, siguió operando de forma indirecta con esa sociedad al menos durante todo el año 2007. Y también operó a través de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social.
Es decir, que hizo caso omiso a la petición de la Casa Real. De hecho, Urdangarin no se marchó a Washington, fichado por Telefónica, hasta el verano de 2009.
Hasta el momento, Zarzuela ha manejado bien la situación. Era evidente que el Rey sabía, cuando leyó su mensaje de Navidad, que su yerno iba a ser imputado en breve. El prolongado aplauso que Don Juan Carlos recibió en la apertura de las Cortes fue una clara muestra del apoyo del conjunto de los ciudadanos a la Corona.
Ahora bien, el asunto no ha terminado. La Casa Real tiene que resolver algunas cuestiones sensibles, como la permanencia de Carlos García Revenga en su estructura.
También debe valorar si es suficiente el apartamiento de Urdangarin de los actos oficiales, adoptado hace unas semanas, una vez que se ha producido la imputación.
Por otra parte, aunque la defensa del duque no depende de la Casa Real, ésta sí que debería estar atenta a determinados mensajes lanzados por su abogado y portavoz, Mario Pascual Vives, que no le hacen ningún bien a la institución.
Insistir en que los medios han querido hacer daño a la imagen del duque de Palma, o que el juez ha actuado poco menos que bajo su presión, no sólo perjudica a su defendido, sino que lleva implícito un falso juicio de intenciones. Hasta ahora, los grandes medios han mostrado un respeto y un respaldo sin fisuras al Rey. Pero la Casa Real no debe dormirse en los laureles. La gravedad del caso requiere de una terapia tan atinada como prolongada.
Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta, Casimirio García-Abadillo, El Mundo