A partir de la denuncia de víctimas de la dictadura de Franco, la jueza Servini de Cubría pidió a España datos para iniciar la causa. El principio de justicia universal lo aplicó el español Baltasar Garzón para investigar a las dictaduras latinoamericanas.La Justicia argentina empieza a investigar los crímenes del franquismo. La jueza María Servini de Cubría pidió nombres y domicilios de los militares vivos involucrados en el gobierno fascista, una lista con las empresas que se enriquecieron a costa del régimen e información sobre la cantidad de desaparecidos, fusilados y niños apropiados entre 1936 y 1977, año en que murió el dictador Francisco Franco. El requerimiento se enmarca en la causa iniciada por víctimas y familiares de fusilados y desaparecidos radicados en Argentina, que denuncian al Estado español, basados en principios de justicia universal. Fue a través de esos mismos términos internacionales que el juez Baltasar Garzón logró abrir investigaciones sobre los delitos cometidos en las dictaduras argentina y chilena y detener a Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998. En ese momento, la intervención judicial significó un enorme aporte a las causas de los organismos de derechos humanos de los dos estados americanos.
Mientras en España temen por el silenciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el mandato de Francisco Franco, la jueza federal argentina rechazó una presentación del país europeo que sostiene que puertas adentro se investigan esos delitos y solicitó medidas probatorias concretas.
Pero lo que se hace hacia afuera, no se replica hacia adentro. Mientras desde el extranjero Garzón es aplaudido, en España lo espera un juicio que le inició el mismo Estado por haberse declarado competente para investigar los crímenes cometidos por La Falange, el partido que encabezaba Franco. “Yo actué como juez interpretando las normas nacionales e internacionales, como en otros casos”, dijo en declaraciones radiales recientes. Lo que pasa, en su opinión, es que “el franquismo en España todavía está vivo”.
En ese marco, organismos de derechos humanos españoles manifestaron que temen que, con la llegada de la derecha al poder, de la mano del jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy, se retroceda en los derechos adquiridos. “Existe un peligro de regresión, porque la crisis económica es la excusa para que caigan las ayudas que recibimos”, apuntó Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos, referente de la asociación Memoria Viva. En julio último, además, el Parlamento español ratificó la Ley de Amnistía vigente desde 1977, que bloquea el procesamiento de los militares involucrados.
Por eso, para Garzón es “complicado” que otro juez español investigue los crímenes de la dictadura franquista. Paradójicamente, en ese contexto, la Fiscalía General del Reino de España realizó un informe, a pedido de Cubría, destinado a responder si España investiga los crímenes del franquismo. La respuesta fue que “se han tramitado y se están tramitando numerosos procedimientos judiciales”. Algunas de las causas en curso citadas por la autoridad española se referían a los procesos desprendidos de las acciones de Garzón. “Esas causas se archivan automáticamente por prescripción o por una cuestión de competencia, ya que los jueces buscan que se haga cargo el Tribunal Superior de España”, explicó el abogado querellante Máximo Castex.
Con el exhorto de ayer, Servini de Cubría derrumbó la endeble torre de argumentos. Solicitó los “nombres y últimos domicilios conocidos de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de La Falange” que actuaron durante el franquismo –comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977– con la “certificación de los que hayan fallecido”.
Además, pidió el número de personas desaparecidas, con sus nombres completos, y la fecha y el lugar de sus desapariciones; la cantidad de personas asesinadas y torturas por “persecución política”; y la cifra de niños sustraídos a sus familias de origen, apropiados y con su identidad sustituida por familias afectadas a la dictadura. Las agrupaciones que luchan por la memoria aseguran que son al menos 30 mil los bebés robados.
También se requiere informes sobre las fosas comunes encontradas, la cantidad de cuerpos recuperados a la fecha y la lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas. Para Castex, ese último punto del exhorto librado el 13 de diciembre último es fundamental. “Con las enormes distancias y diferencias, puede tener las repercusiones que acá tiene el tema de (la empresa que durante la dictadura militar pasó a manos del Grupo Clarín) Papel Prensa.”
Todas las medidas pedidas por Servini de Cubría corresponden a las peticiones solicitadas por el equipo de abogados de los familiares o españoles radicados en Argentina. En su última presentación, el 25 de noviembre último, la querella solicitó además que la jueza se constituya en la embajada nacional en España para recibir en persona nuevas denuncias y testimonios de víctimas. La magistrada podría dar lugar a este pedido una vez que recabe los datos solicitados.
“Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia –sostienen los abogados argentinos en el último documento entregado a Cubría–, en España no sólo no existe siquiera una Comisión de la Verdad (si no que) no hay un solo niño a quien se le haya restituido su identidad. No hay un solo victimario que haya sido identificado, uno al que siquiera un juzgado le haya tomado declaración, ni un imputado por la comisión de alguno al menos de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos.”
- "Las causas paralizadas".
El abogado argentino Carlos Slepoy, impulsor de las causas que investigaron los crímenes de las dictaduras argentina y chilena, es también uno de los promotores de la demanda con sede en el país contra el Estado español por los crímenes del franquismo. En una entrevista realizada por Página/12, describió cómo se encuadra la nueva demanda iniciada en el contexto español:
“Las causas (en España) están paralizadas. La prueba más evidente es que Garzón está procesado, en vías de ser inhabilitado y temporalmente suspendido por su actuación en esta causa (su juicio empieza en enero)”.
“Ningún (otro) juzgado puso en marcha una investigación y sólo unos pocos están supervisando la identificación de fosas comunes. Todo recae en los familiares y las asociaciones para la memoria histórica”.
“El gobierno español, a través de la fiscalía general, dio instrucciones para que los fiscales paralicen los procedimientos. De todas formas, confiamos en que el gobierno sea fiel e informe la real situación de los procesos. La sensación es que van a dar informaciones confusas para tratar de dilatar”.
“El problema no es si (los represores españoles) están vivos o muertos, aunque muchos están vivos. No olvidemos que aún se está condenando a criminales nazis”.
“La única alternativa es conocer la verdad histórica, y en España ni siquiera existe una comisión por la verdad. El retraso es enorme, patético, teniendo en cuenta que fue uno de los mayores genocidios del siglo XX”.
- Testimonios de víctimas. El horror presente.
Los familiares de víctimas del franquismo que conforman la querella son por el momento seis, “pero hay un gran número de causas nuevas que se ingresarán en los próximos meses”, cuenta el abogado Máximo Castex. Denuncian el fusilamiento y desaparición de familiares, torturas físicas y otros tratos crueles.
Darío Rivas, de 91 años, vive desde los 9 en Buenos Aires. Su padre, Severino Rivas Barja, fue asesinado por oficiales falangistas “por traición a la patria” en 1936. Su cadáver permaneció desaparecido durante décadas, enterrado en una fosa común, hasta que en 2005 su hijo lo pudo recuperar. Al momento de su muerte era alcalde de Castro de Rey, en la provincia de Lugo. “Era socialista del corazón, le gustaba ayudar a los pobres” y, por eso, los legisladores del municipio que encabezó pusieron su nombre a una calle, contó Rivas a este diario.
La denuncia de Rivas fue la impulsora de toda la causa en abril de 2010. Fue acompañada por la demanda de Inés García Holgado, vecina de la Ciudad de Buenos Aires, que pide justicia por las muertes de un tío y dos tíos abuelos. Su tío es Vicente García Holgado, un argentino que fue de niño a España, estudió medicina en la Universidad de Salamanca, integró las Milicias Castellanas Antifascistas Batallón Los Comuneros y en 1936 fue ascendido a teniente médico. Permanece desaparecido.
Los tíos abuelos de la querellante son Elías y Luis García Holgado. Elías, madrileño nacido en 1881, fue alcalde de Lumbrales, en Salamanca, y diputado provincial entre 1931 y 1936; mientras que Luis fue durante la Segunda República española, en 1934, concejal en el Ayuntamiento de Astorga. Ambos fueron fusilados.
La tercera denunciante es Silvia Carretero Moreno, española de 57 años. “Inicio una querella criminal por los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad en ejercicio del principio de jurisdicción universal, cometidos contra mi persona y mi marido”, dice su presentación judicial. Los dos militaban en un agrupación universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que respondía al frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que buscaba derrocar al régimen de Franco.
En 1975, cuando llevaba dos meses y medio de embarazo, Inés fue detenida, desnudada, interrogada, golpeada y torturada al punto de conservar cicatrices en sus manos. “Nos importa tres cojones si abortas”, le dijeron sus carceleros, que incluso la amenazaron con hacerla copular con un perro, técnica usada por la Gestapo para destruir el útero de la mujer.
Su marido, José Luis Sánchez-Bravo Solla, “fue torturado en las dependencias policiales de la Dirección de Seguridad durante días, aplicándosele corrientes eléctricas en los testículos por lo que estuvo orinando sangre hasta el día de su muerte”, dice la denuncia. Inés agrega en su declaración: “Fue condenado a la pena de muerte y Franco da su ‘enterado’ a pesar de las peticiones de indulto mundiales, tanto sociales como de dirigentes políticos y religiosos”. Lo fusiló un pelotón de cinco policías el 27 de septiembre de 1975.
Por su parte, Adriana Beatriz Fernández Galisteo, argentina del partido de Tigre, encabeza la denuncia por el fusilamiento y desaparición de su abuelo, Antonio Fernández González, jornalero nacido en 1912. Tenía esposa e hijos pequeños, cuando lo fusilaron en 1936. “La versión que circuló fue que lo mataron por haber avisado a un compañero que se escapara porque vendrían a buscarlo”, declaró su nieta. El acta de defunción fija su deceso “a consecuencia de la lucha contra el marxismo”.
La lista la cierran los españoles Críspulo Nieto Cicuéndez, que demanda por su padre y su tío, fusilados en 1940, y Eugenio Emilio Gómez San Juan, que denuncia por su abuelo detenido por insultar a generales falangistas, muerto en prisión por tuberculosis pulmonar en 1938. Pero ya hay nuevos damnificados que están tramitando sus denuncias.
Rocío Magnani, Página 12