(Entrevista al presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez)El control de cuentas y de contabilidad es un tema poco atractivo para el ciudadano medio hasta que el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez, empieza a hablar y lo sitúa en un lugar principal: “El control está en la base del sistema democrático y de las libertades. Es elemento esencial del concepto de Constitución”.
No solo logra que la contabilidad abandone el relieve gris, sino que además le imprime actualidad y urgencia. “La crisis lleva a la necesidad de controlar el equilibrio presupuestario, fundamental para evitar el déficit de endeudamiento y para dar credibilidad a la promesa hecha por nuestros gobernantes al incorporarlo al artículo 135 de la Constitución”. Y añade: “Necesariamente tiene que desarrollarse legistivamente y el control externo y, por tanto, el Tribunal de Cuentas, debería tener un papel preponderante”.
Núñez Pérez (Benavides de Órbigo, León, 1933), exministro de Sanidad, exsecretario de Estado, diputado en ocho legislaturas con UCD y PP, es —elegido por unanimidad— presidente del Tribunal de Cuentas desde 2007.
Desde este tribunal, con sus cuatro jueces y seis fiscales, se abrió la espoleta del caso Marbella. Cada año fiscaliza pormenorizadamente las cuentas de la Administración pública. El presidente, que habla con una fuerza muy alejada del concepto plano al que se asocia el mundo de las cuentas, ha accedido a ser entrevistado solo para que la “casa” sea mejor conocida: “La sociedad debe saber que los tribunales de cuentas no somos solo una exigencia de los Estados democráticos y de derecho, sino instituciones que auxiliamos técnicamente a los Parlamentos en el control político, que velamos por el buen uso de los fondos públicos y que, además, damos a los ciudadanos una información privilegiada para el necesario control social”.
Pregunta. ¿Qué deberíamos saber del Tribunal?
Respuesta. Es el órgano del Estado que controla las cuentas y la gestión económica de todo el sector público, con plena autonomía a través de informes objetivos que remitimos a las Cortes Generales porque el Parlamento es su destinatario principal (he presentado 114 y realizado 30 comparecencias). Se publican también en el BOE y en nuestra página web y expresan nuestra opinión sobre cómo se ha ajustado el gasto público a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, y, sobre todo, recomendamos en ellos cómo mejorar la gestión pública. Además, el Tribunal juzga y ejecuta las responsabilidades contables de quienes manejan bienes, caudales o efectos públicos y siempre con cargo al patrimonio personal de los responsables.
P. ¿Cómo podría mejorar el control de los fondos públicos?
R. Sin duda, es preciso mejorar la dotación de los controles internos y la coordinación con los externos. Hemos propuesto a las Cortes un reforzamiento del deber de colaboración de las personas y entidades públicas y privadas. Pedimos el mismo nivel de facultades que tienen otros organismos como la Intervención General o la Inspección de Hacienda, para fiscalizar la gestión económico-financiera pública. También que se potencien nuestras funciones y agilicen nuestros procedimientos, sin olvidar incrementar la transparencia de la información económico-financiera de las Administraciones y que refuercen la disciplina presupuestaria, estableciendo un sistema de sanciones a los gestores públicos que incumplan las normas de austeridad y estabilidad presupuestarias.
P. ¿Cómo mejorar la transparencia en las cuentas públicas?
R. La gestión pública es transparente cuando las decisiones se ejecutan siguiendo los procedimientos preestablecidos. La transparencia consiste también en el sometimiento permanente de la gestión pública al control de las instituciones independientes y exige que se expliciten todos los elementos tenidos en cuenta. El Tribunal ha solicitado repetidamente del Gobierno la información sobre los criterios para la elaboración de los presupuestos anuales, con escaso éxito. Existe un amplio campo para la mejora y el camino está perfectamente balizado: código de buenas prácticas de transparencia fiscal del Fondo Monetario Internacional, buenas prácticas de transparencia presupuestaria de la OCDE. Y algo tan sencillo como tramitar el prometido Proyecto de Ley de Transparencia pendiente en el anterior periodo legislativo.
P. La Ley de Suelo obliga a los municipios a publicar en su web los planes urbanísticos. ¿No se debería vigilar su cumplimiento?
R. Una de las primeras cuestiones a las que se enfrenta un equipo de fiscalización en un Ayuntamiento es conseguir la plena y total información sobre planes, convenios y actuaciones urbanizadoras. Su obligatoria publicación informática es una medida muy acertada, pero no al alcance de todas las entidades locales. Debe apoyarse la creación de portales informativos.
P. ¿Qué se puede hacer para que las Administraciones, y en particular las entidades locales, rindan cuentas en plazo?
R. Las entidades locales siguen presentando un deficiente cumplimiento en la obligación de rendir cuentas, a pesar de los considerables avances con la rendición telemática de cuentas (un 80% de diputaciones y Ayuntamientos de más de 1.000 habitantes las presentan). A pesar también de las multas coercitivas, de hasta 900 euros, a los incumplidores más recalcitrantes y de los 260 requerimientos conminatorios realizados por no rendirlas. La principal medida es reformar las leyes financieras: que rendir cuentas sea imprescindible para acceder a ayudas y subvenciones. En las autonomías con medidas similares a esta, la rendición de cuentas ha aumentado.
P. En cuanto al patrimonio público del suelo de los municipios, parece que se destina a fines distintos de la vivienda.
R. En un informe sobre una muestra muy amplia desvelamos que la mayoría de los Ayuntamientos ni siquiera lo registran separadamente (entre el 20% y el 30% de los analizados). La normativa autonómica sobre del uso de ese patrimonio es dispar, y se ha utilizado el suelo como recurso financiero para cuadrar las cuentas municipales con demasiada frecuencia. A mi juicio, se ha pospuesto durante demasiado tiempo ofrecer un sistema estable de financiación municipal, pero, en todo caso, esto no puede servir de excusa para incumplir la Ley.
P. De los procedimientos de enjuiciamiento, ¿cuántos tienen que ver directamente con urbanismo o vivienda?
R. En 2010 se sustanciaron 883 procedimientos en la jurisdicción contable y 564 fueron resueltos. Son frecuentes las denuncias y los asuntos que se registran en el Tribunal, fundamentalmente del sector local, y mayor aún el número de procedimientos relacionados con urbanismo o vivienda que abrimos tras nuestros informes de fiscalización, como sucedió en Marbella, Estepona, Castro Urdiales o Seseña.
P. ¿Hay que reforzar el control interno de interventores y secretarios de Ayuntamiento?
R. El mejor reforzamiento es que cese el elevadísimo número de puestos de interventor cubiertos en régimen de interinidad o accidentalidad, ya que su capacidad para formular reparos en gestión económica relacionados con el urbanismo es limitada. Ya en 1992 defendí, sin éxito, en el Congreso de los Diputados una enmienda a la disposición que permitió que se cubrieran esos puestos por libre designación, como se ve, sin éxito.
P. ¿El marco normativo permite una adecuada fiscalización de las cuentas del sector público?
R. Nuestro sistema de control es homologable al de nuestro entorno europeo y lo digo como secretario general permanente de la asociación que agrupa todas las instituciones nacionales de control de Europa, Eurosai). Ahora bien, las funciones encomendadas a nuestro Tribunal mejorarían con las modificaciones que hemos propuesto a las Cortes: soluciones legales y administrativas para que las entidades locales rindan sus cuentas de forma completa y en plazo; la aprobada sobre la aplicación de principios y normas contables uniformes, además del reforzamiento del deber de colaboración, entre otras. Ha habido modificaciones importantes como la ley de financiación de los partidos políticos o la de subvenciones sugeridas por este Tribunal”.
Núñez Pérez añade más: “Además de la conveniencia de un sistema de sanciones a los gestores públicos que incumplan la necesaria disciplina presupuestaria o la regulación de la transparencia de las Administraciones públicas, es preciso agilizar nuestros procedimientos tanto jurisdiccionales como fiscalizadores: que las recomendaciones que contienen nuestros informes no se queden en la comisión parlamentaria, y que sus destinatarios —generalmente, los órganos de dirección y gobierno de nuestras Administraciones públicas— acusen recibo y expliquen y justifiquen ante dicha comisión el seguimiento de las mismas”.
El presidente del Tribunal de Cuentas tiene una atalaya privilegiada para echar una mano en la moralización de la vida pública. “Al hacer los análisis de legalidad y de validación de las cuentas, lo que se descubre son zonas de impunidad, en las que las actuaciones de los gestores públicos se ven libres de responsabilidades. Esa impunidad nos exige que pidamos al poder legislativo que actúe ante los puntos débiles del ordenamiento jurídico que pueden fortalecerse y deben perfeccionarse”, concluye.
Inmaculada de la Vega, Propiedades, El País