Carlos Rodríguez es un veterano periodista de Página 12 especializado en temas ambientales y derechos humanos.Silvia Ferreyra es asesora del Bloque de diputados de Libres del Sur.
Una inédita movilización popular obligó a suspender las obras de la megaminería a cielo abierto en la sierra de Famatina, acordado por el gobierno de la Rioja con la empresa canadiense Osisko Mining Corporation. Unos 10 mil manifestantes confluyeron en la plaza principal de la provincia, en un virtual sitio al gobernador Luis Beder Herrera, mientras que el movimiento "No a la mina" replicaba las protestas en las principales ciudades argentinas. Los ambientalistas, que mantienen desde hace varios meses un corte en la ruta de acceso a la zona donde está emplazado el obraje de la compañía minera, resolvieron seguir con el corte selectivo en la zona del Alto Carrizal, para asegurarse de que la minera no continúe con las obras. Beder Herrera, hoy militante a favor de la megaminería, llegó al poder como ambientalista y denunciando los acuerdos realizados por su antecesor con la Barrick Gold para el mismo proyecto de Famatina. En los siguientes artículos que reproducimos, Carlos Rodríguez, veterano periodista especializado de Página 12, narra los sucesos, mientras que la ambientalista Silvia Ferreyra refuta la justificación de la megaminería por parte del gobierno.
- Un parate al proyecto minero en busca de lograr consenso.
El gobernador riojano dispuso iniciar una campaña de varios meses con explicaciones y argumentos en torno del proyecto del Famatina. Mientras tanto, la empresa canadiense no hará tareas en el lugar. Igual, el corte continúa.
Aunque se aclaró con énfasis que "no se trata de una marcha atrás" en la iniciativa, el gobierno de La Rioja hizo saber que habrá "una flexibilización" en los plazos fijados para el inicio de la exploración del proyecto minero en el cerro de Famatina y que durante un período que puede durar entre tres y seis meses se realizará en la provincia "una campaña intensiva de explicación y argumentación sobre la conveniencia" de concretar el emprendimiento. De acuerdo con la información que pudo obtener Página/12 a través de fuentes oficiales, la decisión obedece a que el gobierno "no va a hacer nada que confronte con la gente" y ante la certeza de que "el común de la gente tiene miedo y no entiende bien el tema". Ante la novedad, los asambleístas que siguen manteniendo el corte en el único camino que lleva al Famatina le comentaron a este diario que desconocen la existencia de "un supuesto cambio de actitud por parte del gobierno". Al mismo tiempo, aseguraron que "la única posibilidad que existe para levantar la medida es que el gobernador (Luis Beder Herrera) deje sin efecto el convenio que firmó con la empresa canadiense Osisko Mining Corporation, porque nosotros tenemos mucha información que indica que el proyecto es contaminante".
Las fuentes oficiales dijeron que el jueves –antes del comienzo de la multitudinaria marcha de protesta contra el proyecto– se distribuyó entre los medios locales un comunicado de prensa informando sobre este impasse cuya finalidad es la de "poner paños fríos a la situación de efervescencia" que se vive en la provincia. Los voceros oficiales se empeñaron en aclarar que la decisión "en absoluto es consecuencia de la marcha" realizada frente a la Casa de Gobierno. "El planteo fue hecho hace 48 horas y no es una marcha atrás en el proyecto. Evaluamos que el común de la gente tiene miedo y no entiende bien el tema, de manera que vamos a hacer una campaña intensiva de explicación y argumentación, mediante la publicación de solicitadas en los medios, charlas de expertos con participación de la cámara minera y la empresa Osisko, para debatir con la gente y explicar que el proyecto no es contaminante."
Según las fuentes oficiales, se busca "la concientización de la gente para que la comunidad tenga los elementos para entender de qué se trata", motivo por el cual quedará demorado, por varios meses, el comienzo de los trabajos de exploración, que debían haber empezado a principios de este año, pero que no pudieron llevarse a cabo porque las asambleas populares cerraron la ruta hacia el cerro. Respecto del carácter que tendrán las charlas para debatir el problema, los voceros explicaron que "por ejemplo se va a hablar de una supuesta contaminación que hizo la empresa Osisko en un pueblo de Canadá. Los expertos van a explicar qué fue lo que realmente ocurrió en ese lugar". Por otro lado, las fuentes oficiales aseguraron que el gobernador Beder Herrera, quien estuvo en Buenos Aires desde el miércoles "se reunió con la presidenta Cristina Kirchner para hablar de la situación económica de la provincia y en la reunión no se habló en absoluto sobre el proyecto minero".
Los voceros oficiales dijeron que antes de la marcha se había difundido un comunicado, pero lo que se conoció a través de las agencias DyN y Télam fueron declaraciones del mandatario provincial que habían aparecido antes en el matutino riojano El Independiente. Beder Herrera dijo allí que lo que se pretende hacer en el Famatina, en esta primera etapa, "es una exploración que es imposible que contamine, porque la exploración consiste en la toma de muestras, una tarea que dura varios años". En ese momento, Beder dijo que "si hay confusión y falta de conocimiento en el riojano medio acerca de lo que significa la actividad minera, para eso está el gobierno, para informar y clarificar".
Dijo que ordenó que "durante meses se instruya y que no haya ninguna otra actividad más que la de informar, aclarar e instruir por todos los medios posibles, por televisión, en los diarios, a través de reuniones barriales, en una fuerte campaña de esclarecimiento".
Desde el corte, al ser consultado por este diario sobre la decisión del gobierno de realizar su campaña de información, Marcelo Garrott, de la asamblea de Chilecito, sostuvo que "desde hace años nosotros venimos haciendo charlas, pasando películas, presentado a expertos en el tema, que han concientizado a los vecinos sobre el peligro de contaminación que significa la megaminería a cielo abierto. Creo que los riojanos estamos muy concientizados y por eso hubo una marcha multitudinaria (por la del jueves) en la plaza 25 de Mayo". Sobre un rumor acerca de la posibilidad de que se levantara el corte frente a la "flexibilización" anunciada por el gobierno provincial, Garrott aseguró que "la única posibilidad de que se levante la medida es que las autoridades dejen sin efecto el convenio con la firma canadiense. Y aún después de eso, nosotros vamos a seguir con una campaña de firmas que queremos llevar a todo el país, para que se derogue la actual Ley de Minería, que es de la época de (Carlos) Menem".
Los asambleístas dijeron ayer que la marcha del jueves "superó todas las expectativas" de sus organizadores. En algunos medios locales se dijo que la participación fue comparable al llamado "riojanazo", del 9 de diciembre de 1993. Esa vez el pueblo se reunió, en forma espontánea, y obligó al entonces gobernador Bernabé Arnaudo a volver atrás en su política de ajuste sobre el sector público. En el caso presente, la "campaña de difusión" anunciada por Beder Herrera sólo supone la búsqueda del consenso que hoy no tiene su proyecto en la comunidad riojana.
Por su parte, un grupo de intendentes se reunió ayer para avalar la política minera del gobierno provincial. Los que apoyaron son los jefes comunales de Arauco, Rosario Vera Peñaloza, Chamical, Castro Barros, San Blas de los Sauces, General San Martín, Coronel Felipe Varela, Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, Facundo Quiroga y de General Ortiz de Ocampo.
- Beder Herrera, la minería a cielo abierto y su aporte al crecimiento.
Pasadas tres semanas de iniciado el corte de ruta en Alto Carrizal por las Asambleas de Famatina y Chilecito en rechazo al acuerdo firmado entre la provincia y la empresa canadiense Osisko Mining Corp, el gobernador Beder Herrera rompió el silencio y defendió la política minera.
En relación a las protestas, señaló que "esto es pura espuma, todavía no hay ningún hecho concreto en relación a este proyecto", "si alguien sabe a ciencia cierta si existe un sólo hecho de contaminación que lo diga". Entre otros dichos, destacó la actividad minera, a la que "hay que agradecerle el desarrollo que genera", indicando que "es la única posibilidad de crecimiento que tiene La Rioja".
Idénticos argumentos son repetidos en forma insistente por empresarios, gobernantes, legisladores y funcionarios vinculados a esta actividad tanto en el ámbito local o nacional, aún cuando los datos o pruebas de la realidad que permanentemente intentan distorsionar u ocultar se les revelan en sentido contrario.
La causa por contaminación contra la empresa Minera Alumbrera en Catamarca lleva más de 13 años dando vueltas en la Justicia Federal de Tucumán. Fue iniciada por el fiscal Antonio Gustavo Gómez en 1998 por envenenar las aguas del canal DP2, ubicado en territorio tucumano, afectando al río Salí y al dique de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero.
En 2008, a raíz de los estudios realizados sobre muestras extraídas que confirmaron el daño ambiental, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dispuso el procesamiento de Julián Rooney, directivo de la firma, por ser presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud.
Sin embargo, la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) anuló parcialmente ese fallo un año más tarde, por considerar que se afectó el derecho a defensa de la empresa, ya que las pericias no se realizaron ante la presencia de un representante de la misma.
Tanto Gómez como los querellantes rechazan realizar nuevas pruebas e insisten que la Justicia Federal resuelva la situación procesal de Rooney y eleve la causa a juicio oral. Por las demoras en la resolución, en febrero próximo expondrán el caso en audiencia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington.
Por estas razones y por el debate abierto en torno a este tipo de explotación, una importante cantidad de unidades académicas han rechazado los fondos que por ley Minera La Alumbrera –YMAD destina al sistema universitario nacional. Pero no es sólo la cuestión ambiental lo que se cuestiona. La Secretaría de Minería de la Nación promete para el sector 380.000 empleos directos y 800.000 indirectos para el 2025.
En esta actividad, Chile factura 8 veces más que nuestro país y sin embargo el total de empleos en el 2009 incluyendo contratistas era de 174.127. Canadá factura 6 veces más que Argentina y en ese mismo año sólo registró poco más de 51.000 empleos directos.
Según el organismo que dirige Jorge Mayoral, ya en el 2007 nuestro país contaba con 40.000 empleos directos en minería, es decir, el 0,24 por ciento de los 16 millones de personas que conformaban la población económicamente activa.
Pero el cuestionado Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que en el 2010 hubo un promedio de 19.412 trabajadores registrados en explotación de minerales no energéticos (es decir, sin considerar petróleo, gas, carbón y uranio); 7.127 en minerales metalíferos y 12.285 en otras minas y canteras.
En 1993, antes de iniciar sus actividades, Minera La Alumbrera prometía 10.000 puestos de trabajo directo; según la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) en el proceso de construcción se ocuparon 4.000 puestos, y según estudios de la Universidad Nacional de San Martín, el empleo directo fue de 831 puestos de trabajo directos para el año 2.000; 795 para el 2001 y 894 para el 2.002. La propia empresa, en su página, reconoce que actualmente trabajan 1.800 empleados: 800 permanentes y cerca de 1.000 contratistas.
La brecha existente entre lo enunciado en materia de empleo y los datos publicados aún por fuentes cuestionables, revelan que no se trata de la buena o mala gestión de funcionarios o empresarios, sino de los límites concretos impuestos por el desarrollo tecnológico propio de este tipo de actividad capital intensiva, que requiere cada vez menos mano de obra.
Chile, entre 1990 y 2004 aumentó 150 por ciento el volumen de minerales extraídos y paralelamente tuvo una pérdida de 18.490 puestos de trabajo, una caída superior al 30. En nuestro país, cada 1 millón de dólares invertido en estos proyectos, que tienen una vida promedio de 15 años, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos.
A pesar de las enormes ventajas económicas otorgadas, muy por encima de cualquier otro sector productivo de las regiones donde se asientan, la megaminería no puede ser considerada motor de desarrollo. La tecnología y los principales insumos, maquinarias y recursos humanos son importados desde su país de origen.
Casi no existen articulaciones con el aparato productivo nacional, ni en la fase previa de exploración ni en la final, ya que prácticamente todo lo que se extrae se exporta en bruto.
Aún representando un porcentaje significativo del Producto Bruto Geográfico de estas provincias, hay que considerar que el "crecimiento" de esta minería se ha dado en el contexto del detrimento de otras actividades productivas: en Catamarca entre 1997 y 2002 el sector minero creció más de 18 puntos porcentuales, mientras que la industria manufacturera cayó 10 puntos y el sector terciario en general descendió 7 puntos.
Según el INDEC, en el 2010 había en Argentina un 12 % de personas bajo la línea de pobreza; en el Gran San Juan un 14,4 por ciento en el Gran Catamarca, con 13 años de funcionamiento de la minera más grande del país, la cifra ascendía al 20, 9 por ciento, nivel superior a la media del noroeste argentino.
En esta provincia los indicadores sociales siguen siendo los peores: 25 por ciento de su población económicamente activa trabaja en el Estado; 56 por ciento de los menores de 18 años reciben la Asignación Universal por Hijo; el 75 por ciento de las escuelas públicas alimenta a sus alumnos, 87.000 niños se alimentan en comedores infantiles o escolares. La tasa de suicidios supera un 58 por ciento la media nacional: 13,5 casos cada 100 mil habitantes (1).
Nueve legislaturas provinciales de nuestro país sancionaron leyes que prohíben o restringen en alguna medida la megaminería metalífera a cielo abierto: Chubut (2003), Río Negro (2005); Tucumán, La Rioja, La Pampa y Mendoza (2007); Córdoba y San Luis (2008); Tierra del Fuego (2011).
Casi todas fueron fruto de la movilización de distintos sectores ante el avance de proyectos impulsados por los gobiernos de turno, canalizaron el descontento de diversos sectores de la sociedad, en algunos casos con el apoyo de importantes actores económicos en clara contradicción de intereses.
Dos gobernadores de estas provincias dieron marcha atrás apenas asumieron: Beder Herrera quien fuera uno de los impulsores de la prohibición y Carlos Soria en Río Negro, quien logró que su legislatura derogara la norma días antes de su muerte.
El amplio rechazo al veto presidencial a la Ley de Glaciares y el debate abierto posteriormente permitieron que fuera sancionada nuevamente.
Las mineras -principalmente la canadiense Barrick Gold- tuvieron que promover leyes de glaciares "express" a su favor en las provincias y una vez aprobada la nacional, optaron por la vía judicial en San Juan, acompañadas por el gremio AOMA, para frenar sus principales aspectos.
Hoy es Famatina la que nuevamente se pone de pié, junto con Belén en Catamarca, Bariloche, y tantas otras localidades movilizadas en estos días; como fueron San Jorge el año pasado en Mendoza, o la pueblada en Andalgalá hace casi dos años ya.
Luchas que con el correr del tiempo crecen y se fortalecen. A pesar de las persecuciones, los aprietes, el procesamiento de dirigentes y el silencio de los medios de comunicación.
Toda esta realidad, estos datos, son ampliamente conocidos por el gobierno nacional, legisladores, funcionarios, jueces y gobernadores como Beder Herrera que persisten en el compromiso político de impulsar y favorecer esta actividad.
En momentos de alza del precio internacional del oro y otros metales mantienen y profundizan el régimen vigente para disputar entre el resto de países mineros de la región el desembarco de inversiones, como si nada hubiera pasado en el país desde la década infame de Menem a la fecha.
Los distintos sectores políticos tenemos la responsabilidad de redoblar los esfuerzos para abrir el debate en los ámbitos de decisión, para poner las reglas de esta actividad en sintonía con las demandas de la sociedad.
En el Congreso de la Nación, en diputados y en senadores, hay varios proyectos presentados que plantean restricciones similares a las aprobadas en varias provincias. Ojalá este año podamos dar un paso en ese sentido.
Nota: Los datos económicos y de empleo fueron extraídos del libro del Colectivo Voces de Alerta "15 mitos y realidades de la minería trasnacional en la Argentina", Editorial El Colectivo y Ediciones Herramienta, Buenos Aires, Argentina, octubre de 2011.
Carlos Rodríguez, Silvia Ferreyra, Página 12, Argenpress, vía Sin Permiso