La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha propuesto ante el Foro de la Nueva Sociedad una batería de medidas, que a su juicio, deberían adoptarse para mejorar las garantías en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), como la sustitución de los policías que los custodian por trabajadores sociales.Según ha explicado, "no se puede tener a la policía todo el día allí dentro", primero pensando en los propios agentes, a quienes "se carga" con una tarea que "no están preparados" para desempeñar y, segundo, porque los internos no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa, "como puede pasarle a cualquiera que va a un país en situación irregular".
La Defensora ha señalado que este es uno de los asuntos que tradicionalmente preocupa a la institución y ha afirmado que seguirá siendo "muy crítica" con los CIE mientras la orden ministerial de 1999 por la que aún se rigen no sea sustituida por un reglamento o una ley que establezca garantías.
"No hablo tanto de cierre de los CIE. Todos los países tienen centros de internamiento en los que los extranjeros pendientes de expulsión pueden estar más o menos tiempo", ha apuntado la Defensora, para incidir en que "en algún sitio habrá que tenerlos" pero, en cualquier caso, éste debe estar "controlado y tener unas condiciones sanitarias buenas".
Además, ha señalado que hay que solucionar la "sobreocupación" que afecta a algunos de los CIE y "la cuestión sanitaria, que deja mucho que desear", con carencias como la falta de asistencia durante los fines de semana o la inexistencia de un registro de solicitantes de atención.
Cava de Llano ha incidido en que en los CIE debe haber cámaras de vigilancia "en todas partes para saber lo que está pasando" y ha denunciado en el CIE de la Zona Franca de Barcelona hay espacios exentos de este control, y cuando se han encontrado con una denuncia de malos tratos no han podido comprobarlo porque el lugar donde supuestamente se había producido no tenía videovigilancia.
- Actualizar la institución.
Por otra parte, la Defensora se ha referido en su intervención a la adopción de medidas para modernizar la institución y mejorar su funcionamiento. En concreto, ha señalado que el Defensor del Pueblo, que cuesta 32 céntimos de euros anuales a cada ciudadano, demanda una "actualización" que refuerce su papel como defensor de derechos humanos y su participación en los procesos legislativos sobre cuestiones que les afecten.
"Sería fundamental", en su opinión, que los informes de la institución sobre normas que afecten a derechos fundamentales fueran de carácter preceptivo como lo son los de otros órganos consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial en las materias que le competen.
Además, aspira a promover la participación de la institución en organismos internacionales, para lo que "haría falta" crear un grupo de trabajo específico para estos asuntos, y quiere "hacer más fluida la relación con las Cortes incrementando las comparecencias" ante la Comisión Mixta Congreso Senado que sigue sus actuaciones.
Cava de Llano ha puesto también el acento en la importancia de acometer una reestructuración interna que permita una mayor "cercanía" con los ciudadanos así como un mayor "dinamismo" e "inmediatez" en sus respuestas, para lo que ha propuesto la creación del citado "grupo de respuesta rápida" que permita "estar allí cuando el pueblo lo solicita".
La Defensora ha puesto sobre la mesa algunas de las cifras de la institución en sus 30 años de historia, durante los que se han tramitado más de 600.000 quejas ciudadanas, se ha recurrido "una treintena" de leyes ante el Tribunal Constitucional y se han emprendido 4.000 investigaciones de oficio, el 19% de las cuales se han emprendido estando ella de interina al frente de la institución. Sólo el año pasado fueron 49.000 comunicaciones y más de 100.000 escritos, según ha explicado.
Europa Press