Dos vigilados, Gregor Gysi y Petra Pau, vicepresidenta del Bundestag
El Gobierno alemán se muestra dividido sobre el hecho de que la policía política vigile a los diputados del Bundestag. Der Spiegel reveló que 27 de los 72 diputados de Die Linke, más de una tercera parte de todo el grupo parlamentario, incluida la vicepresidenta del Bundestag, Petra Pau, son objeto de vigilancia. La ministra de Justicia dice que todo esto es “insoportable” y su colega de Desarrollo, también del Partido Liberal, le apoya, pero el ministro del Interior y otros lo justifican.
Aunque conocida de antiguo y tolerada por los parlamentarios, en esta ocasión ha habido mayor reacción. Gregor Gysi, jefe del grupo parlamentario de Die Linke, dice que “el Bundestag debería controlar al servicio secreto y no el servicio secreto al Bundestag”, y ha escrito una carta a la canciller, al presidente federal, Christian Wulff, y al presidente del Bundestag, Norbert Lammert. Este último ha expresado comprensión, y lo mismo han hecho algunos representantes notables de los Verdes y del SPD, lo que es una novedad.
La policía política (BfV) dice que la vigilancia se limita a un seguimiento de sus actividades y declaraciones públicas, pero Gysi, uno de los vigilados, dice que miente porque la vigilancia incluye “métodos de los servicios secretos”. Muchos diputados creen que sus teléfonos y ordenadores están intervenidos, aunque no se diga.
La vigilancia parte del supuesto de que los vigilados representan algún tipo de peligro al orden establecido, lo que merece que sean vigilados igual que los nazis, aunque la ambigua incompetencia del BfV en materia de nazis quedó expuesta en noviembre. Entonces se supo que el principal grupo terrorista del país en veinte años había matado a diez personas, había cometido innumerables atracos y atentados con bomba, sin ser detectado siquiera, a pesar de estar su entorno infiltrado por informantes y agentes del propio BfV, o quizá precisamente por ello.
La sombra de aquel caso, cotejada con la vigilancia de diputados, es lo que ahora irrita. El BfV admite gastarse 360.000 euros al año en vigilar a Die Linke, una mezcla de socialdemócratas y poscomunistas de diversa índole. Son cien mil euros menos que lo que se dedica a la vigilancia del partido nazi, NPD. Para el BfV todos son “extremistas”, y el hecho de que, por ejemplo, Petra Pau fuera elegida con el voto de la mitad del Bundestag para ocupar su cargo es irrelevante al lado de la “protección de la Constitución” que da nombre a la policía política.
Ayer se supo también que desde el 2008 la policía de Berlín ha reunido más de cuatro millones de datos de conexión de teléfono móvil, a fin de confeccionar una lista de personas que se encontraban cerca de los lugares donde se incendiaron coches. Este abuso, que está creando escuela, no consiguió identificar a ningún sospechoso de incendiar algunos de los 500 coches que arden anualmente en Berlín.
Rafael Poch, La Vanguardia