El Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI) envió la tarde de ayer un oficio a la Procuraduría General de la República (PGR) en el cual exige que se entregue de inmediato la cifra de muertos por la guerra contra el narcotráfico correspondiente al año 2011, en cumplimiento a una de sus resoluciones sobre este controvertido tema aprobada por decisión unánime de sus comisionados desde el pasado 26 de octubre.Además, advirtió a la Presidencia de la República que, “a la brevedad”, se liberen por completo las bases de datos que tienen en su poder.
El ultimátum del IFAI se dio luego de que Animal Político reveló que el gobierno de Felipe Calderón ocultó la cifra oficial sobre el número de fallecidos mediante una maniobra en la que resultaron involucradas la PGR así como la propia Presidencia.
La primera de ellas incluso argumentó que la información estaba clasificada por razones de seguridad nacional.
Esta postura oficial -que aun no había trascendido a la luz pública-, fue plasmada por la PGR en un oficio (SJAI/DGAJ/11230/2011) enviado a un ciudadano que hizo una solicitud para acceder a esa base de datos.
Tras darse a conocer el hecho, la PGR informó que sí daría a conocer el número de muertos en la guerra contra el narcotráfico y aseguró que la base de datos no estuvo clasificada aun cuando la misma dependencia lo había decretado así desde el pasado 6 de diciembre.
Ayer, la secretaria de Acceso a la Información del mismo IFAI, Cecilia Azuara, confirmó para Animal Político las medidas que tomarán contra la PGR toda vez que –desde su perspectiva- interpretaron en forma dolosa el contenido del expediente 4482/11.
Mientras tanto, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Óscar Vega Marín, afirmó que la base de datos para determinar una cifra de asesinados en 2011 “está en construcción”, porque la actualización lleva tiempo, pero el compromiso del gobierno es que toda información en condiciones de certeza y de validación esté disponible para la sociedad.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el funcionario refirió la cifra de 20 mil 597 homicidios dolosos en el país de enero a noviembre de 2011, lo cual se puede consultar en internet, pero “venimos avanzando en la clasificación”, ya que algunos son de actividad delincuencial y otros no.
No obstante, para la secretaria de Acceso a la Información del mismo IFAI, Cecilia Azuara, la PGR mostró un comportamiento irregular a lo largo de todo este procedimiento, ya que primero dijo la que información no existía y una vez que se le ordenó buscarla en todas sus dependencias, resultó que ésta sí estuvo en sus archivos, pero sería clasificada por seguridad nacional.
“Eso no puede ser. El sentido de la resolución fue claro: busca la información y, en caso de existir, entrégala. Por definición, los datos estadísticos no pueden ser clasificados por seguridad nacional”, sostuvo.
En caso que la PGR no entregue la información de forma inmediata, los comisionados del IFAI votarían en su sesión plenaria del próximo miércoles un acuerdo para denunciarla ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presunto desacato a una de sus resoluciones y por haber elaborado una interpretación dolosa para bloquear el acceso a la información.
En este tipo de casos el IFAI presenta las denuncias contra quien resulte responsable a fin de que el Órgano Interno de Control de la PGR –que depende de la Función Pública- determine qué servidores públicos serían los presuntos responsables del desacato.
Animal Político buscó una reacción del IFAI, toda vez que en la investigación sobre el ocultamiento del número de muertos en la guerra contra el narcotráfico en el año 2011 resultaron involucradas dos decisiones de sus comisionados.
Entrevistada en su despacho, Cecilia Azuara rechazó que los comisionados hayan incurrido en algún tipo de irregularidad o falta de atención en este caso. Desde su perspectiva el IFAI actuó “de buena fe”, sin embargo, la PGR tomó un camino poco claro al atener una de sus resoluciones.
¿El IFAI respaldó a la PGR en esta maniobra? Es decir, en el hecho de que primero aseguraran que la información sobre la cifra de muertos en el 2011 no existía y, posteriormente, sí la localizaran pero imposible de abrirse por razones de seguridad nacional. –se le preguntó-
-De ninguna manera sucedió así. La resolución ante una inexistencia de información fue que se hiciera una búsqueda exhaustiva en sus archivos y dependencias y, en caso de localizarse, ésta debía abrirse. Los datos estadísticos por definición son públicos.
¿Pero al final el camino no es dejar al solicitante de esta información en el aire?
-No será así. Hay dos rutas. La primera será lo que hará el IFAI para que se cumpla con su resolución. La segunda, sin duda alguna, está en manos del solicitante quien puede acudir al juicio de amparo.
En el caso de Presidencia, el IFAI confirmó que los datos no se abrieran porque están en proceso de validación. Sin embargo, nunca especificaron un tiempo, un día, un mes, para que deban abrirse. ¿Por qué no fue más claro el IFAI en la temporalidad como lo ha sido en otros casos?
-La Ley Federal de Transparencia fija un plazo de uno a 12 años para reservar información. Cuando se trata, como en este caso, de archivos que tardan en liberarse en poco tiempo, en unos cuantos meses, no es necesario precisarlo en la resolución. Es decir, Presidencia sabe que se trata de unos cuantos meses, ni siquiera un año, que sería el plazo mínimo.
-¿Entonces en el caso de Presidencia cuándo debe abrirse la información?
-A la brevedad.
Daniel Lizárraga, Animal Político