(Teólogo)(En el contexto que hoy vive Euskal Herria, pendiente también de un proceso de reconciliación, Placer ve una importancia y referencia claras en los presos y presas. En su opinión, ese proceso comienza con una política penitenciaria justa y humana, condición básica para avanzar hacia una situación plenamente democrática, la resolución del conflicto político y la paz. Así, afirma que la marcha del próximo sábado en Bilbo será la reclamación de ese avance hacia un modelo social y político plenamente humanizado, la resolución del conflicto y la verdadera reconciliación)
En la cruda y agravada situación de la cárceles, miles de personas privadas de libertad han sido ignoradas por gran parte de la sociedad durante largos y penosos años. Relegadas al olvido o al desconocimiento, quedaban al margen de sus preocupaciones y reivindicaciones.
Las prisiones han sido históricamente, y continúan siendo hoy para la mayor parte de ciudadanos del Estado, el lugar de mayor irreconciliación social, y las personas que allí cumplen la pena de privación de libertad son las más alejadas socialmente de los procesos reconciliadores. Se habla de rehabilitación, de reinserción, de reparación para presas y presos, ya que son únicamente ellas y ellos quienes deben cambiar, arrepentirse y pedir perdón, mientras esa ciudadanía se considera inocente y al margen de toda responsabilidad social y política. A lo sumo -y en muchos casos, tampoco- la reintegración y reconocimiento sociales se darán cuando hayan cumplido su pena impuesta por diversos motivos, circunstancias, delitos, y por juicios políticos; entre tanto, seguirán recluidos y privados de derechos básicos sufriendo esa hiriente realidad en la que cientos de presas y presos políticos vascos están confinados, dispersados en múltiples y alejadas cárceles de los estados español y francés.
Todavía la reconciliación no incluye en la sensibilidad social global la realidad carcelaria que acalla su conciencia, derivando toda la culpabilidad a los delitos imputados y a la decisión de los tribunales. Una vez en la cárcel, deben someterse y sufrir las consecuencias penales, mientras la mayoría ciudadana se lava las manos con los dictámenes condenatorios, ignorando que con frecuencia sus derechos básicos y hasta legales son impunemente vulnerados en contra, incluso, de la legalidad establecida. En el caso vasco concretamente, la inhumanidad del sistema penitenciario y la política de confrontación con castigos añadidos y vengativos, mantenidas contra presos y presas políticas, es además un grave impedimento para avanzar en la resolución del conflicto y lograr un decisivo escenario de paz y reconciliación que la mayoría social vasca desea y expresa mayoritariamente.
En un proceso reconciliador, las personas encarceladas constituyen una dimensión y referencia imprescindibles. Comienza con el cumplimiento de sus derechos; es una obligación en justicia que debe garantizar una política penitenciaria justa y humana como requisito fundamental en un estado de derecho. Son las condiciones básicas para avanzar hacia una humanización que conduzca a una democracia plena, hacia la resolución del conflicto político y la paz. Plantean, sobre todo, una exigencia ético-jurídica que debe promover en los responsables del mantenimiento de esta prolongada situación no sólo el respeto de esos derechos en las cárceles, sino además la revisión de procesos y condenas debidos a proyectos y actividades políticas.
Por ello, el Acuerdo de Gernika, que apela al «reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas, originadas por el conflicto político y realidad de múltiples violencias», reclama con claridad y contundencia «el cese de la política carcelaria que se sigue contra los presos y presas políticas vascas».
También la Declaración de Aiete insiste, por su parte, en que la paz viene cuando «el poder de la reconciliación pesa más que los hábitos del odio», e insta a «adoptar pasos profundos para avanzar en la reconciliación», en el reconocimiento de todas las víctimas, en la sanación de tantas heridas personales y sociales.
El reconocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos de presos y presas, sean políticos o sociales, son parte integrante e imprescindible de la reconciliación política y social pedida por los documentos citados y por crecientes sectores sociales que progresivamente van promoviendo una toma de conciencia ciudadana vasca, a pesar de la agresividad de determinados grupos y medios de comunicación españoles. En consecuencia, crece en Euskal Herria, según los últimos sondeos, el consenso mayoritario a favor de sus derechos.
¿Acaso quienes sufren la conculcación de sus derechos en las cárceles y sus allegados, víctimas de situaciones injustas como son los penosos y costosos traslados, no deben ser reconocidos y reparados para lograr una reconciliación auténtica? ¿Por qué se mantiene en la cárcel a quienes han cumplido ya las tres cuartas partes de su condena o están gravemente enfermos o enfermas? ¿Por qué continúa vigente una ley que condena a cadena prácticamente perpetua a quienes han cumplido ya su condena?
En definitiva, la reclamación de los derechos de presas y presos políticos de Euskal Herria nos sitúa ante un proceso de gran calado humanitario para abrir nuestra sociedad a nuevas perspectivas de respeto, de reconstrucción social y política, de diálogo y realización de todos los derechos humanos con todas las víctimas, sin excepciones, de caminos abiertos a un contexto nuevo de reconciliación y esperanza.
Desde mi punto de vista, estamos también ante un desafío teológico que se deriva del mismo mensaje de un Dios cuya humanización, celebrada en estas fechas, tiene como finalidad anunciar a los pobres la noticia de la justicia, a los cautivos y oprimidos la libertad y la amnistía o «año de gracia». Si la Iglesia quiere ser mensajera creíble de este mensaje, deberá realizarlo, sin encerrarse en silencios jerárquicos, con valentía denunciadora y compromiso reconciliador, como algunos grupos lo están haciendo ya.
Cuando este sábado la marcha clamorosa de miles y miles de personas reclame el respeto de los derechos para todas las presas y presos políticos, exiliados y deportados vascos, estaremos exigiendo avanzar hacia soluciones democráticas, hacia otro modelo social político y plenamente humanizado, de reparación y reconocimiento de todas las víctimas en el que se realicen todos los derechos humanos individuales y colectivos, sociales y políticos. La marcha por la calles de Bilbo será un clamor de reconciliación que sane tantas heridas abiertas personales y sociales, y símbolo multitudinario de una avance decisivo, imparable y solidario a favor de las presas y presos, para lograr la resolución del conflicto por los caminos de la justicia, de la verdad desde la memoria histórica, de la auténtica reconciliación, de la paz. Egin dezagun bidea!
Gara