La proposición no de ley que presenta nuestro grupo parlamentario viene a explicitar una forma de crear empleo distinta a la que se está intentando hacer desde hace años desde el Gobierno del Partido Socialista y actualmente desde el Gobierno del Partido Popular. Nosotros reconocemos e identificamos que el problema del desempleo se encuentra en la falta de demanda en la economía. Por tanto, reconocemos e identificamos que es imposible crear empleo desde la fe en el libre mercado, desde la fe en una ideología muy determinada que piensa que con reformas laborales, hablando de moderación salarial, se puede crear empleo y resolver así uno de los problemas fundamentales de la ciudadanía.
Nosotros creemos que el desempleo es el resultado de un modelo de crecimiento que hemos tenido en este país desgraciadamente durante mucho tiempo; un modelo de crecimiento orientado a la construcción y al turismo, fundamentalmente a la construcción. Hemos hecho depender nuestros puestos de trabajo de ese sector y cuando ese sector se nos ha venido abajo con la burbuja inmobiliaria evidentemente hemos perdido los empleos derivados de la construcción y de todos los sectores que trabajan en la periferia del sector puramente del ladrillo. Por lo tanto, identificamos el problema del desempleo en esa caída de la demanda, una demanda que ha venido siendo fundamentalmente prolongada por el crédito, el modelo de endeudamiento que ha fomentado esta economía y que nos ha llevado a que el sector privado —familias y empresas— se hayan endeudado hasta tales niveles que incluso se ha llegado al 170 por ciento de la renta personal de las familias. Esa situación es la que hace que ahora nos encontremos en España con el siguiente problema. Tenemos a todas las unidades económicas desapalancándose, intentando desprenderse de las deudas. En consecuencia, no puede servir una reforma laboral, como tampoco funciona la política monetaria que intenta que las familias tengan dinero a su disposición para el consumo y las empresas para invertir.
Detectamos dos problemas fundamentales: la financiación de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas que —recordemos— generan en torno al 80 por ciento del empleo y cuya demanda es fundamentalmente interna. Si hablamos de moderación salarial, lo que ocurrirá es que al final la gente tendrá menos dinero para consumir en esas empresas que son principalmente las que generan la mayor parte del empleo. Estamos asestando golpes a la economía de nuestro país y, por lo tanto, estamos asestando un nuevo golpe al desempleo. Por eso nosotros hablamos de que hace falta financiación pública; hace falta que las entidades financieras gestionen el dinero desde un punto de vista público para que fluya a la economía real y así las empresas puedan invertir. Pero eso sería incluso insuficiente si no logramos resolver el problema subyacente en la economía real, que es la desigualdad. Por ello tenemos que hablar de un fuerte proceso de redistribución de la renta y de la riqueza en nuestro país y para eso tenemos que hacer un programa ambicioso para combatir el fraude fiscal. Combatir el fraude fiscal no se hace solo con palabras; ni siquiera, y como es bastante obvio, se hace con una tasa de reposición del 10 por ciento, como ha anunciado este Gobierno. Esa tasa de reposición lo que está expresando es que, en última instancia, de cada diez miembros de la Agencia Tributaria que se jubilen se contratará solo a uno. Esa no es una forma de luchar contra el fraude fiscal, como tampoco es una forma de luchar contra el fraude fiscal seguir manteniendo las deducciones a las grandes empresas y seguir mirando para otro lado respecto a los paraísos fiscales o mirar para otro lado sobre lo que evaden las grandes fortunas, bien por evasión fiscal o bien por elusión fiscal. Un plan más ambicioso requiere más recursos para la policía de los crímenes fiscales. Necesitamos eso, necesitamos ese plan de inversión pública que sea la palanca que genere la reactivación de la economía española y del empleo.
Por supuesto, tenemos que hablar de un cambio de modelo productivo, que solo se podrá lograr con la banca pública. La banca pública permitirá dirigir líneas de crédito barato a los sectores que hayamos detectado que empujarán el crecimiento económico en este país. Nosotros no estamos a favor de un modelo de crecimiento basado en las exportaciones. Nosotros renunciamos a crecer compitiendo contra el resto de los países en una carrera hacia el fondo, hacia el fondo del abismo, hacia competir con otros países para vender los productos más baratos y tener las condiciones laborales más pobres para nuestros trabajadores. Nosotros consideramos que eso nos lleva a un orden social altamente regresivo y no podemos estar de acuerdo. Frente a eso, frente a ese modelo basado en las exportaciones, en el que se pone la competitividad en primer lugar, nosotros ofrecemos un modelo de crecimiento interno, pero esta vez no basado en el endeudamiento, sino basado en la redistribución de la renta, en salarios suficientemente fuertes para poder consumir decentemente, y un modelo productivo que tenga en cuenta los límites del planeta, los limitados recursos naturales que nos impone y que nos impiden seguir pensando como si el planeta fuera infinito.
Por esa razón nosotros estamos reivindicando un plan de inversión pública que está muy bien detallado, orientado a reactivar la economía y a recuperar sectores e instrumentos estratégicos del Estado para que los mercados y las entidades financieras dejen de dominar la política. Y para recuperar la política para la ciudadanía y para la economía necesitamos recuperar instrumentos como la banca pública y necesitamos mantener la titularidad cien por cien pública de sectores como la educación, la sanidad o la vivienda. Por esa razón nosotros apostamos por cambiar la senda que está llevando el Partido Popular y que no es sino continuismo de la última senda que llevó el Partido Socialista, por desgracia. Estas políticas nos llevan al fracaso e Izquierda Unida presenta una proposición no de ley para sacar a la economía de este fracaso y llevarnos a un orden social más justo, donde efectivamente la economía esté al servicio de las personas y no al revés.
Pleno y Diputación Permanente. Sesión plenaria celebrada el martes, 7 de febrero de 2012, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, año 2012, X legislatura, núm. 6