Garzón está condenado. Prevaricación, el peor delito que se le puede atribuir a un juez, se lo han adjudicado a él. Ordenó, a sabiendas de que era ilegal, escuchar las conversaciones privadas entre abogados y clientes que estaban en prisión. Los ladrones, por muy pillos que sean, también tienen sus derechos y uno de ellos es hablar en secreto con sus defensores.En Argentina, Chile, Uruguay o en cualquier otro país latinoamericano donde el magistrado, hoy despojado de su toga, impartió o intentó impartir justicia, debería entenderse esto sin demasiado esfuerzo. También en España.
Sin embargo, grupos de intelectuales, artistas, víctimas y familiares de víctimas de diferentes terrorismos de Estado, se empeñan en no ver la realidad. A un lado y otro del Atlántico se defiende, incomprensiblemente, al juez inhabilitado durante los próximos once años.
Aunque duela, aunque Baltasar Garzón haya hecho historia, -con buena letra antes de delinquir-, no puede estar por encima de la ley. Su caso resulta mucho más grave que el de un ciudadano corriente y moliente. Los hombres y mujeres que imparten justicia están más obligados que ningún otro a respetarla. Cuando se olvidan esos principios y obligaciones entra en juego el vale todo o aquello del fin justifica los medios.
El Tribunal Supremo español no debía ni podía hacer una excepción con uno de los suyos. Ahora, la pregunta que se impone es ¿Qué hará el Tribunal Internacional de Derechos Humanos? Su fiscal jefe, el argentino Luis Moreno Ocampo, en claro desafío a la Justicia española contrató a Garzón como asesor cuando estaba procesado. ¿Lo mantendrá en su puesto?
El talón de América