Por primera vez tuvieron voz ante el máximo tribunal español: fueron en defensa de Garzón.Dos familiares de desaparecidos, María Martín López y María del Pino Sosa Sosa, junto al abogado Angel Rodríguez Gallardo, relataron las historias que traen desde hace muchos años. Y que habían presentado en una denuncia en 2006, pero que fue archivada.
Por primera vez en la historia de España, las víctimas de los crímenes franquistas declararon ayer ante la máxima instancia judicial. En la tercera jornada del proceso contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes de lesa humanidad en España, dos familiares de desaparecidos y un historiador comparecieron en la Sala de Audiencias del Tribunal Supremo (TS) de Madrid. María Martín López, María del Pino Sosa Sosa y Angel Rodríguez Gallardo oficiaron de testigos convocados por la defensa de Garzón, en el proceso que la agrupación de ultraderecha Manos Limpias le abrió por supuestamente arrogarse facultades que no le competían para investigar las más de 130.000 desapariciones forzosas de la Guerra Civil española (’36-’39) y la dictadura de Francisco Franco (’39-’79).
Los tres llegaron al TS mediante un largo camino en común. Tras décadas de investigaciones para rastrear el paradero de las víctimas del franquismo de sus regiones respectivas, presentaron ante la Audiencia Nacional en 2006 una denuncia con un listado de desaparecidos. “Lo llevé ahí porque en mi ciudad no lo aceptaron”, dijo Del Pino en diálogo con Página/12. Oriunda de Arucas (Canarias), la mujer de 75 años declaró ayer que a su padre lo detuvieron en 1936 durante la Guerra Civil y lo desaparecieron en marzo del año siguiente. “Era hojalatero y trabajaba en su casa. Pertenecía al Partido Socialista y tenía inquietudes como cualquier persona”, relató. A su padre lo llevaron y lo tuvieron detenido hasta el 9 de marzo del ’37. El 19 de ese mes lo buscaron en su casa, donde Del Pino estaba con su madre y su abuela. A estos operativos de la muerte se los conoce como “sacas”.
“Desde esa fecha se los buscaban a todos en Arucas. Tenemos contabilizados en la ciudad a 72 desaparecidos. La mayoría eran solteros, por eso nadie los denunció; además del miedo que existía”, rememoró. Del Pino dijo que las mujeres iban a buscar a sus familiares después de las sacas, y que la policía les decía que se habían ido en un barco por haber sido malos padres. “Los estamos buscando en cuatro pozos en Aruca, mi padre está en uno”, dijo Del Pino. Según ella, un tío que fue torturado y apaleado vio cómo los arrojaban vivos. “Todo esto no es de ahora, hemos ido recopilando información. Estoy trabajando desde que murió el dictador (Franco) y el caso salió a la luz en 1984, cuando fui concejal en mi ciudad”, dijo Del Pino. Sin embargo, nunca pudieron lograr la apertura de los pozos. Pero en 2010 exhumaron 24 cadáveres de una fosa conocida como el Llano de la Cruja, ubicada en una montaña. Las identidades de las víctimas no pudieron ser determinadas ya que los familiares habían muerto y los sobrevivientes tenían miedo de decir que eran parientes de los desaparecidos. “Hay otros demócratas que están en los pozos y que tienen que salir”, agregó.
El testimonio de María López, de 81 años, hizo emocionar a los presentes en la Sala de Audiencia. Con un hilo de voz narró que a su madre se la arrebataron de las manos cuando tenía seis años, y que nadie jamás le dio una respuesta. El historiador Rodríguez Gallardo, quien investigaba los desaparecidos de Galicia, acudió al TS en lugar de Concepción González Trigo, de 83 años, a quien los falangistas le mataron a su padre en Vigo. La mujer vio a su verdugo numerosas veces con el reloj de su padre puesto. En diálogo con este diario, el presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Puente Arenas, dijo que con este proceso se abre una nueva etapa. “Al investigar el enorme volumen de muertos y desaparecidos en nuestra zona, no éramos capaces, desde el punto de vista técnico, para localizar la significativa cantidad de fosas y exhumarlas. Llevamos 35 años sin tener acceso a los archivos de la Guardia Civil y la policía”, dijo Rodríguez Gallardo. Junto a un colectivo de agrupaciones presentaron ante la Audiencia Nacional en 2006 una denuncia con un mapa de fosas y un listado de desaparecidos, elaborado con la información recopilada de familiares de víctimas y sobrevivientes. A partir de un auto emitido por el Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, los juzgados locales se declararon incompetentes para exhumar las fosas y archivaron la causa. “Nosotros apelamos la decisión de esos juzgados, que dicen que no pueden hacer nada ya que los delitos están prescriptos”, dijo el abogado. Ante la sistemática falta de respuestas por parte de la Justicia, en 2009 acudieron al tribunal de derechos humanos de Estrasburgo. Según el historiador, con los 21 testigos de la defensa de Garzón que declararán en el TS se podrá reconstruir el mapa genético de los crímenes del franquismo.
Durante la audiencia de ayer, el abogado de Manos Limpias desestimó los testimonios de Del Pino y Rodríguez Gallardo, aduciendo que no se relacionaban con la causa por prevaricato que se le sigue a Garzón. La querella también acusó a las asociaciones de derechos humanos de haber recibido subvenciones del Estado en función de la ARMH, y denunció una confabulación del Juzgado de Instrucción Nº 5. “Es una tesis que no se sustenta. Los historiadores y asociaciones civiles poco a poco fuimos juntando datos en un puzzle interminable para determinar con precisión los crímenes de lesa humanidad”, dijo Rodríguez Gallardo.
- Proyecto para el Parlamento.
Izquierda Unida (IU) presentó ayer ante el Congreso de los Diputados de España un proyecto con el que pretende apoyar la investigación judicial de los crímenes del franquismo llevada a cabo por el magistrado –suspendido– de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Durante una conferencia de prensa en la Cámara Baja, el diputado de IU, José Luis Centella, señaló que el objetivo de esta iniciativa es que el Congreso se pronuncie en defensa de que “se investigue la verdad, se haga justicia y se reparen los crímenes de lesa humanidad” cometidos durante el régimen. A su vez, Centella subrayó su respeto al Poder Judicial y a la separación de poderes, pero lamentó que se esté juzgando a Garzón por haber investigado los crímenes del franquismo, una situación sobre la que, ha dicho, la soberanía popular tiene que decir algo. En su propuesta, la agrupación de izquierda insiste en su apoyo a la investigación judicial de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo y rechaza el mensaje de impunidad y olvido que se traslada a la sociedad con el enjuiciamiento a Garzón. Centella consideró que “no es de justicia” que países latinoamericanos investiguen los crímenes del franquismo (como Argentina) mientras España juzga a aquellos magistrados que lo intentan, como es el caso de Garzón, quien, según recoge IU en su proyecto, ostenta “la triste exclusiva” de ser el primer y único juez procesado y juzgado en Europa por este motivo.
- Una sociedad marcada por el miedo (Emilio Silva Barrera)
Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada mediante una prueba de ADN.
Tras la muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, las élites políticas que gestionaron el retorno de las libertades en España acordaron una amnistía que dejó en el cunetas del olvido a 113.000 hombres y mujeres asesinados por la represión de los militares fascistas.
El terror de la dictadura obligó a cientos de miles de personas a cavar una fosa en su memoria y enterrar en ella el recuerdo de los traumáticos acontecimientos que les tocó vivir. Cuando en 1979 conquistaron poder municipal partidos que habían sido clandestinos durante el franquismo, algunos familiares iniciaron la exhumación de fosas comunes. Lo hicieron sin medios técnicos, movidos por el impulso de dar un entierro digno a sus seres queridos.
En diferentes provincias españolas surgió un movimiento social que se vio truncado el 23 de febrero de 1981, con el golpe de Estado del teniente coronel Tejero, que, pistola en mano, entró en el Parlamento al grito de “¡Quieto todo el mundo!”. Así, como un reflejo condicionado, despertó el miedo acumulado por las familias que habían sufrido cuarenta años de vigilancia y castigo y se paralizó la relación con ese pasado traumático. Los partidos políticos convivieron perfectamente con el silencio, mientras la élite de la dictadura conservaba sus privilegios y blanqueaba su biografía. Al tiempo, comenzó a construirse el mito de la transición; el retorno a la democracia se había llevado a cabo en España y era el modelo a imitar. Una ficción que evitaba contar, por ejemplo, que entre 1976 y 1981 fueron asesinadas seiscientas personas, fundamentalmente por la extrema derecha. El repunte del miedo hizo que hubiera que esperar casi veinte años para que la generación de los nietos de los asesinados rompiera el silencio, cuestionara el relato oficial de la transición y mirara hacia el pasado a través de los derechos humanos.
El 21 de octubre de 2000, en un pequeño pueblo de la provincia de León llamado Priaranza del Bierzo, un grupo de arqueólogos y forenses exhumó los restos de trece civiles, militantes de izquierda. Allí se puso en marcha un movimiento social que no ha dejado de crecer y que, sin apenas apoyo institucional, ha exhumado en estos once años los restos de 5700 personas en más de trescientas fosas comunes a lo largo y ancho del territorio español.
A partir de julio del año 2002, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó decenas de casos ante el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la ONU, y, con el asesoramiento de alguno de los abogados argentinos que habían promovido los juicios desde España en los casos de Argentina y Chile, inició sus primeras denuncias. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, cuando aparecen restos humanos con signos de violencia un juez se tiene que presentar inmediatamente en ese lugar. Pero decenas de jueces en estos años han imcumplido conscientemente su obligación.
El 14 de diciembre de 2006, un grupo de asociaciones presentó en la Audiencia Nacional una denuncia acompañada de varios listados de desaparecidos. El reparto que se da en ese tribunal llevó el caso al Juzgado NO 5, del que entonces era titular Baltasar Garzón. El magistrado se declaró competente para investigar esos crímenes el 16 de octubre de 2006. A partir de ese momento comenzaron a producirse situaciones inverosímiles que lo obligaron a inhibirse y a repartir su causa por decenas de juzgados españoles.
Unos meses después, Garzón fue denunciado por el sindicato Manos Limpias, organización recientemente premiada por la Fundación Francisco Franco. Lo acusaban de prevaricación por haber iniciado la investigación sabiendo que la Ley de Amnistía le impedía hacerlo. En estos días, el juez que intentó ayudar a las familias de 113.000 desaparecidos está siendo juzgado y se enfrenta a la posibilidad de ser considerado un delincuente.
La sociedad española vive todavía marcada por el miedo. La élite del franquismo ha conservado todos sus privilegios, incluido el del olvido. La investigación de Garzón supuso una amenaza para una estructura social surgida de una terrible violencia. Mientras tanto, miles de víctimas han muerto sin existir para los poderes del Estado y eso aumenta la deuda con los descendientes de quienes crearon nuestra primera democracia durante la Segunda República.
Juan Nicenboim, Página 12