La crisis económica que atraviesa nuestro país ha puesto de relieve que existen sobradas razones para reformar en profundidad el funcionamiento del mercado laboral español. El balance desde que comenzó la actual crisis asciende a 2,7 millones de empleos destruidos. España no puede permitirse que cada vez que sus empresarios y trabajadores se enfrenten a una crisis, el único mecanismo de ajuste sea la destrucción de empleo. España no puede permitirse que el ajuste se produzca a través de sus jóvenes y de los ciudadanos menos formados, a través de un despido fácil y barato de trabajadores temporales. España necesita empleos estables y de calidad para ganar competitividad y asegurar el crecimiento futuro y el Estado del Bienestar. España necesita trabajadores preparados capaces de adaptarse a los cambios y de contribuir al éxito de los proyectos empresariales.La reforma laboral es la reforma que apuesta por el empleo estable, por dar oportunidades a las personas de cualquier edad y a los jóvenes que se encuentren en paro y por los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas para frenar la destrucción de empleo lo antes posible, y generar un crecimiento sostenido y sostenible en el medio y largo plazo.
La reforma favorece la flexibilidad interna de la empresa para evitar que la única alternativa del empresario cuando atraviesa dificultades sea el despido. Según los datos del Banco de España, el 70% de los empresarios recurre al despido como mecanismo de ajuste ante las oscilaciones del ciclo. Esto no ocurre en Francia, Italia o Alemania, que mantienen el empleo a través de la flexibilidad interna.
En el modelo que se pretende superar con la reforma, el empresario extingue los contratos de forma fácil y cara, por lo que tiene fuertes incentivos para mantener trabajadores temporales de forma estable en su plantilla. El resultado es que, en la actual crisis, sólo el 3,7% de los trabajadores indefinidos ha perdido su empleo, mientras que una cuarta parte de los empleos temporales ha sido destruida. El 80% de los trabajadores entra al mercado como temporal y, 10 años más tarde, el 40% todavía no cuenta con un empleo indefinido, especialmente si está poco formado. Y los trabajadores indefinidos que son despedidos tienen grandes dificultades en volver a encontrar un empleo estable y se ven atrapados en un círculo de precariedad. La reforma aporta más oportunidades a las personas en paro de cualquier edad y, sobre todo, a los jóvenes, al ampliar y facilitar el ajuste por otras vías, como la reducción de jornada, la moderación salarial o la reorganización de recursos en el interior de la empresa.
El modelo vigente hasta la fecha perjudica a todos. A los trabajadores no les interesa la excesiva rotación, la precariedad laboral y la incertidumbre de un modelo que incrementa la siniestralidad laboral y que reduce los incentivos a la inversión en formación. Al empresario tampoco le beneficia el modelo que se pretende superar con esta reforma, ya que la temporalidad en el empleo reduce la productividad de los trabajadores y su propio compromiso con el proyecto empresarial. La reforma ataca el problema de la dualidad o de la excesiva segmentación del mercado laboral español al facilitar mecanismos de ajuste alternativos al despido. Debemos recordar que el 25% de los trabajadores tiene contratos temporales, 10 puntos porcentuales más que Francia o Alemania. Las causas de la extinción de un contrato de forma procedente (económicas, técnicas, organizativas o de producción) siguen siendo las mismas, pero se aclaran y se objetivan para dar una mayor seguridad jurídica a trabajadores y empresarios. Se refuerza así la causalidad del despido y de las formas de contratación, dando más garantías a los trabajadores a través del control judicial.
Los mecanismos de flexibilidad interna se ven complementados por los cambios introducidos en la negociación colectiva. La reforma refuerza y apuesta por el diálogo social basado en una colaboración continua y dinámica de trabajadores y empresarios que comparten un proyecto. El diálogo debe ser fluido y permanente porque trabajadores y empresarios están en el mismo barco. Asimismo, la reforma respeta e impulsa los mecanismos arbitrales que los agentes sociales han desarrollado de forma responsable. No se pretende impulsar los mecanismos de arbitraje obligatorio o el descuelgue del convenio, sino generar incentivos para resolver los problemas a través del diálogo desde posiciones que respondan a los intereses de cada parte, pero que tengan en cuenta el entorno.
La reforma apuesta por los autónomos, las pymes, los emprendedores y los jóvenes como impulsores del cambio en las relaciones laborales para salir de la crisis. Por eso, las medidas estructurales se apoyan en una serie de incentivos coyunturales a estos colectivos, que serán la palanca de cambio que España necesita para salir de la crisis.
Por último, reconocemos el derecho a los trabajadores a la formación continua, que mejora la empleabilidad de los trabajadores y la competitividad de la economía española. Es imprescindible que aquéllos que abandonaron de forma temprana el sistema educativo cuenten con una nueva oportunidad, y es necesario que los trabajadores se formen continuamente en sus puestos de trabajo. La formación ayuda al éxito del proyecto empresarial y facilita la recolocación de los trabajadores cuando pierden su empleo. La formación constituye un derecho del trabajador y contribuye a la estabilidad y la calidad del empleo.
En definitiva, la reforma busca sumar los esfuerzos de todos aquéllos que pueden colaborar en la creación y búsqueda de trabajos estables y de calidad con el objeto de atajar el principal problema de los españoles y salir juntos de la crisis.
El Mundo