Presidente de Analistas Financieros Internacionales.El Gobierno ha definido los tres ejes sobre los que girarán las principales actuaciones de su política económica. Se trata de reformas de gran significación sobre ámbitos esenciales de la economía española: presupuestos de las Administraciones Públicas, sistema bancario y mercado de trabajo. Los cambios no tienen vocación de transitorios, sino que, muy previsiblemente, alterarán la conformación de la economía de forma permanente. Son reformas estructurales en la más ambiciosa de las acepciones, pero serán depresivas a corto plazo y dificultarán el saneamiento de las finanzas públicas.
Van más allá de la tradicional visión del ajuste estructural de algunas agencias multilaterales: políticas correctivas destinadas a mejorar el entorno interno, en las regulaciones y en las condiciones de funcionamiento de las autoridades, y el externo de una economía con el fin de fortalecer su capacidad competitiva en los mercados internacionales de bienes y de capitales. Tampoco pertenecen a ese catálogo corto, como el enunciado por Alesina, Ardagna y Galasso en un trabajo de referencia al respecto (The euro and structural reforms NBER Working Paper, de noviembre de 2008), que las localiza en la desregulación de los mercados de productos y la liberalización de los de trabajo. Exceden al típico recetario que defendían hasta hace poco las instituciones comunitarias, el BCE en particular, para que algunas economías europeas redujeran la brecha en términos de productividad frente a la estadounidense.
El desigual progreso tecnológico y la menor facilidad para la difusión de las innovaciones y, en definitiva, la calidad de la función empresarial, que habían sido identificados como los principales factores en el desigual comportamiento de la eficiencia en ambos bloques, pasan ahora a un segundo plano. En lugar de esa modernización competitiva, las reformas españolas intentan satisfacer las exigencias para transitar a una integración fiscal entre las economías que hoy comparten moneda. Tres son los principales denominadores comunes de esas reformas.
1. Motivaciones. El impulso básico de esas actuaciones no es muy distinto del que inspiró las adoptadas por el anterior Gobierno: proyectar confianza en los mercados de bonos y satisfacer las exigencias de las instituciones europeas, más concretamente, de las autoridades alemanas, para disponer del eventual apoyo en la gestión de la crisis de la deuda pública. Sus ventajas a largo plazo serán tanto más explícitas cuanto más rápida y consecuente sea la integración fiscal en la eurozona.
2. Continuidad. En los tres ámbitos, este Gobierno profundiza en las actuaciones del anterior. Concreta la modificación de la Constitución Española para introducir la restricción al déficit público estructural, y lo hace con mayor exigencia que la establecida en el reciente pacto franco-alemán. La reforma bancaria también es una segunda edición del saneamiento y la reestructuración, junto al cambio de naturaleza de las cajas de ahorros que impulsó el Gobierno anterior. Es la reforma laboral la que se diferencia en mayor medida de las precedentes.
3. Depresivas a corto plazo. Ninguna de las reformas va a favorecer el crecimiento de la economía y del empleo a corto plazo. En realidad, la simultánea aplicación de las tres en un entorno marcadamente recesivo constituye una seria amenaza a la recuperación y a la propia reducción del déficit y de la deuda públicos.
El ajuste fiscal propuesto es poco creíble por rápido. Algunas de las decisiones adoptadas para reducir al 4% el déficit público ya están limitando el crecimiento y aumentando el desempleo. La reducción de renta disponible derivada de la elevación del IRPF se añade a la de la demanda y el empleo públicos. Como el propio FMI viene advirtiendo desde octubre de 2010 (WEO, capítulo 2), una política fiscal restrictiva en una economía sin crecimiento consigue efectos contrarios a los pretendidos. Incluso, los inversores en bonos acentúan la desconfianza cuando esos propósitos de enmienda presupuestarios se hacen sin apoyo del crecimiento económico. El director del departamento de finanzas públicas del FMI, Carlo Cottarelii, acaba de recordarnos (Fiscal adjustment: too much of a good thing? VoxEu, 8 de febrero de 2012) la evidencia de la relación no lineal existente entre crecimiento económico y diferenciales en los bonos soberanos: “Los indicadores de riesgo aumentan cuando el crecimiento es reducido y el ajuste fiscal severo”. Advertencias que se añaden a las del propio economista jefe del Fondo, Olivier Blanchard: “La consolidación fiscal es un lastre sobre la demanda, un lastre sobre el crecimiento” (Driving the global economy with the brakes on, IMF Direct, 24 de enero de 2012), frente a presunciones desautorizadas empíricamente, como las que confiaban en la generación de confianza derivada de políticas fiscales restrictivas. La austeridad mal entendida e inoportuna no es eficaz.
La reforma bancaria, por su parte, siendo necesaria, no se traducirá de forma inmediata en un aumento del crédito porque no resolverá de la noche a la mañana los problemas de liquidez y solvencia de las entidades. El proceso inducido de integración de las entidades no facilitará precisamente que la atención se centre en la intensificación de la inversión crediticia. La reducción en el censo de empresas bancarias conllevará la de la nómina de personal en el conjunto del sistema. Tampoco cabe descartar que las nuevas exigencias de provisiones sobre activos inmobiliarios acentúen la caída de los precios correspondientes y, en definitiva, la de la riqueza de los españoles que tienen en viviendas su patrimonio principal.
El impacto de la reforma laboral a corto plazo también será depresivo. La interacción de oferentes y demandantes en ese mercado se ha hecho mucho más favorable a los segundos. La presión a la baja de los salarios, que ya era un hecho desde el inicio de la crisis, encuentra ahora impulsos adicionales. Los despidos serán más fáciles y baratos. Menor renta y menor confianza no fortalecerán precisamente la propensión al consumo. Tampoco mejorará a corto plazo la distribución de la renta y de la riqueza, cada día más destacada como un factor adicional de inestabilidad social y económica.
Esas consecuencias a corto plazo apenas contarán con la compensación de la demanda externa. A diferencia de lo ocurrido en los últimos años, las exportaciones españolas de bienes y servicios se encontrarán con un entorno mucho menos favorable. La eurozona está ya en recesión, y el conjunto de las economías emergentes crecerá bastante menos que el pasado año.
Con todo, la capacidad de maniobra de las autoridades españolas, como las de otras economías periféricas, apenas existe. Estas reformas son condiciones para esa transición a una integración fiscal, necesaria para supervivencia de la moneda única en su conformación actual. Pero es necesario asumir que por sí solas no garantizan la inmediata recuperación del crecimiento económico y del empleo. Con la inversión pública y privada deprimidas y la natalidad empresarial neta debilitada, la modernización de la economía, la mejora en su patrón de especialización productiva, queda seriamente hipotecada.
En realidad, esta larga crisis ya ha erosionado de forma significativa el potencial de crecimiento. Que no lo haga a largo plazo, que consigamos escapar de una larga fase de estancamiento, depende ahora casi exclusivamente de que Europa —en todo caso, de que las economías menos dañadas en esta crisis bancaria y de la deuda soberana— asuma la necesidad de estimular el crecimiento y distribuir en el tiempo de forma más creíble los esfuerzos de ajuste presupuestario. De lo contrario, la frustración está garantizada.
Negocios, El País