Los ajustes económicos contra los empleados públicos, parados y asalariados en su conjunto han llevado al Gobierno a declarar incompatibles las retribuciones por dos años de los ministros, altos cargos y altos representantes de las instituciones, tras su cese, con los sueldos públicos, pensiones y retribuciones que pudieran recibir del sector privado. Sin embargo, el decreto de ajuste mantiene intacta la compatibilidad de las dos retribuciones del erario público que actualmente reciben como diputados y como gobernantes el presidente Mariano Rajoy y los 9 ministros que son diputados: Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto Ruiz Gallardón, Jorge Fernández Díaz, Ana Mato, Cristóbal Montoro, Miguel Arias Cañete, Ana Pastor, Fátima Báñez y José Manuel Soria.
Si hubo un tiempo en que el presidente Rajoy y los demás dirigentes del PP compatibilizaron su sueldo como miembros de la dirección del partido, que se financia del erario público, con las retribuciones de diputados, senadores y parlamentarios autonómicos, y dieron al sueldo del partido el nombre de “gastos de representación”, ahora no necesitan recurrir a efemismos porque la “retribución constitucional” como parlamentarios es perfectamente compatible, en términos legales, con el sueldo de jefe del Gobierno y de ministro. El decreto de ajuste económico y fiscal no toca este aspecto en sus casi cien páginas.
El real decreto incompatibiliza, eso sí, las gabelas y cesantías de políticos, altos cargos y representantes de las instituciones del Estado y del Poder Judicial, con otras retribuciones. Uno de los más perjudicados por la decisión, aunque no el único, es el expresidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, quien después de dimitir por el escándalo de sus habituales “fines de semana caribeños” con cargo al erario público, ha solicitado la indemnización reglamentaria del 80% de su remuneración durante dos años (unos 8.600 euros mensuales), compatible con su pensión de jubilación como magistrado.
Ya sabemos que los políticos, altos cargos y representantes de las instituciones del Estado no tenían tantos privilegios como se ha publicado y propalado, y que los tipos más tramposos y fraudulentos de este país son los parados, según el Gobierno. Pero por si acaso queda feo perseguir a los desempleados por realizar algún trabajo remunerado no declarado mientras reciben el magro subsidio de 500 a 900 euros mensuales, el Ejecutivo ha incluído en el decreto de empobrecimiento general esa incompatibilidad absoluta de las indemnizaciones y remuneraciones de los cargos que van técnicamente al paro con los ingresos derivados de las pensiones de jubilación y otros sueldos públicos o privados que pudieran recibir.
Quiere decirse que dentro de la exigencia de reducción del déficit público para que el Estado pueda avalar los 55.000 millones de euros del “rescate bancario” este año (Vean y relacionen los dos decretos publicados el sábado en el BOE) los presidentes de Gobierno, ministros, secretarios generales y secretarios de Estado han de optar entre la cesantía del 80% de su salario por dos años –Rubalcaba renunció a su remuneración de exministro desde el primer momento– y cualquier otro salario público o privado que puedan recibir. El decreto les concede un plazo de 15 días para comunicar su opción.
La medida no representa un gran ahorro, pero supone un avance frente a la voracidad de los privilegios. Si se hubiese aplicado cuando algunos altos cargos del Ministerio de Defensa cobraban la cesantía y pasaban sin transición al sector privado del armamento, demostrando así, y con los informes jurídicos oportunos, que la indemnización por dos años nada tenía que ver con la prevención del “tráfico de influencias”, se hubieran evitado algunos espectáculos tan deplorables como el del exjefe de la Oficina Económica de Rodríguez Zapatero, David Taguas, o el de su vicepresidenta económica, Elena Salgado.
El punto final de la cesantía remunerada vale también para los miembros salientes de los tribunales Constitucional y de Cuentas, recién renovados, así como para la titular del Defensor del Pueblo, a punto de ser sustituida formalmente por la exdiputada del PP Soledad Becerril, y para los miembros electivos de las Cortes Generales –ahora tienen derecho a una indemnización del sueldo íntegro de dos meses por cada legislatura–, de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia.
Si el Ejecutivo hubiera extendido la decisión a la incompatibilidad salarial en activo, como hicieron las Cortes en su día al declarar incompatibles los sueldos de los alcaldes, concejales y presidentes de diputaciones provinciales con los de diputados y senadores, habría contribuído algo más a dignificar la política. Pero en este punto ha hecho mutis por el foro, quizá a la espera de que el propio Parlamento resuelva el asunto. Después de todo, nadie es hipócrita en sus intereses y Rajoy y la dirigencia del PP, menos.cuartopoder.es