Secretario general de ICV
El pasado 23 de enero el Parlamento catalán aprobó, por amplia mayoría (el 63% de los votos) una declaración para impulsar el ejercicio del derecho a decidir su futuro colectivo. Ante este objetivo, PP y PSOE responden, de momento, con una airada negativa.
El PP y el PSOE pueden refugiarse en el “propongan ustedes cambiar la Constitución, aunque ya les aviso que no se la vamos a dejar cambiar”. O en explicar solo parte de la verdad situando esta reivindicación como una cortina de humo del Gobierno de CiU para disimular el fracaso de sus políticas, sin percatarse de que además de eso es, sobre todo, una reivindicación que cuenta con un apoyo social mayoritario.
Pero quizás sea el momento de que antes de responder con un no a la propuesta del Parlament, las fuerzas políticas mayoritarias en el Estado y todos los demócratas se pregunten por qué el catalanismo ha pasado de la aceptación de la Constitución y el Estatuto a la reivindicación del derecho a decidir.
La respuesta es simple: la mayoría de la sociedad catalana y de sus fuerzas políticas se sintieron expulsadas del pacto constitucional que 32 años antes habían suscrito, por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto aprobado en referéndum. Un rechazo que se expresó en la manifestación masiva después de la sentencia y que se vio ratificado cuando después de esta, el Estado ni planteó ni aceptó ninguna vía para rehacer lo que la sentencia había roto. Se podrá estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que la mayor parte de la sociedad catalana cuestiona el actual marco constitucional y estatutario y plantean nuevos objetivos, que van desde la independencia a un nuevo pacto federal.
Así las cosas, este conflicto solo puede resolverse de dos formas: mediante la imposición, el rechazo a negociar el ejercicio del derecho a decidir y de rehacer el pacto de Cataluña con el Estado o mediante una negociación que permita celebrar un referéndum para conocer cuál es la voluntad de la ciudadanía de Cataluña.
La salida impositiva solo va a deslegitimar al Estado y la propia Constitución en Cataluña y a radicalizar las posiciones. España debe decidir si es una Constitución o una democracia. La ley, la misma Carta Magna, en democracia, debe servir para canalizar la voluntad popular y no para limitarla. Así lo ha entendido Canadá con Quebec y Gran Bretaña con Escocia. Y entender que este es el mismo caso que el plan Ibarretxe es no percatarse de que la naturaleza de la propuesta proviene de una fuerte demanda social.
No se trata solamente de un problema jurídico sino que es fundamentalmente político. Los demócratas de toda España no pueden hacer oídos sordos a lo que reclama la mayoría de la sociedad catalana, sin que la democracia española pierda por ello legitimidad.
Pero también desde Cataluña tenemos que hacer las cosas bien. Si el proceso se articula en torno al derecho a decidir, si es una propuesta acordada por una gran mayoría del Parlament y si se hace siguiendo los pasos legalmente posibles y ganando legitimidad, hay camino por recorrer. En cambio, si el proceso se articula solo en torno a la independencia y saltándonos etapas por las prisas de algunos, lo que haremos es coger un atajo que difícilmente podrá llegar a alguna parte.
Desde Cataluña este debate no puede orientarse como un debate identitario que oponga el sentirse catalán al sentirse también español, sino en torno a qué comunidad política y qué relación con el Estado queremos. La propuesta que surja debe buscar el acuerdo, agotando todas las posibilidades que el marco jurídico ofrece.
A su vez, Cataluña, en la nueva etapa que abre, difícilmente prosperará si no va acompañada de un proyecto que garantice los derechos sociales. Porque muchos sectores, especialmente las clases populares, ven con escepticismo un proceso que puede tener mucho de lampedusiano: un Estado propio, liderado por la derecha catalana, para que todo siga igual.
Por otro lado, el dilema que se plantea es, o bien un nuevo pacto constituyente, basado en el federalismo y en el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado o la creación de un Estado propio para Cataluña, porque el marco actual es claramente rechazado. El resultado final dependerá de la actitud y respuesta de los partidos e instituciones durante este proceso.
El pacto constitucional fue posible por la incorporación de los diferentes actores del catalanismo. Treinta y seis años después tenemos que decidir si construimos uno nuevo, a partir del reconocimiento de ese derecho a decidir, o si se prefiere la imposición y la ruptura. El modelo surgido del pacto del 78 está agotado. Quizás sea el momento de que las fuerzas democráticas entiendan que el proceso que se abre en Cataluña es la oportunidad para abrir un proceso constituyente en España y hacer frente a la crisis política, social, económica y territorial en la que España se encuentra sumida. España debe decidir si reconstituye un nuevo pacto o se queda en un escenario, el de una Constitución que se va fosilizando, hasta que se nos deshaga en las manos.
El País
