Querella contra los crímenes del franquismo
Tanto el fiscal como la defensa de Jesús Muñecas se opusieron ayer a que el antiguo capitán de la Guardia Civil responda ante la juez argentina María Servini por las torturas sufridas por Andoni Arrizabalaga en 1968. El Ministerio Público, sin embargo, planteó la opción de que Buenos Aires se persone ante el Juzgado de Azpeitia. Una maniobra que busca llevar el proceso a un callejón sin salida ya que él mismo argumentó que se trataría de un delito prescrito
Ni Fiscalía ni defensa quieren extraditar a Argentina al excapitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, reclamado por la juez argentina María Servini para que responda por las torturas sufridas por Andoni Arrizabalaga en Zarautz en 1968. Unos maltratos incluidos dentro de la causa contra el franquismo abierta en Buenos Aires ante la imposiblidad de sentar en el banquillo a los represores en el Estado español. Esta impunidad ha sido denunciada por instancias internacionales como la ONU, y puede que la presión internacional fuere la que obligó al fiscal, Pedro Martínez Torrijos, a plantear la opción de que, aunque se deniegue la entrega, el Estado argentino se persone en el Juzgado de Azpeitia. Una aparente vía alternativa que quedaría agotada con sus propios argumentos: él mismo consideró que se trata de un delito prescrito, por lo que no tendría recorrido tampoco en Gipuzkoa.
«La extradición debe rechazarse, si bien el Estado argentino puede denunciar en España. Para ello, tendría que remitirse al Juzgado decano de Azpeitia, que es donde se cometieron los hechos», argumentó, considerando que esta vía ofrecería a las víctimas «la posibilidad de acceder a un procedimiento» en el Estado español y «ser oídos y satisfacer ese deseo de Justicia». Quizás es ese «ser oídos» lo más relevante y se reduce a una mera posición retórica, sin efecto, por considerar que los delitos han prescrito. No obstante, para iniciar esta vía tendría que ser el Estado argentino quien se personase. GARA trató ayer de ponerse en contacto con la Embajada sin obtener una declara- ción sobre cuáles son sus planes. Buenos Aires envió ayer a un representante diplomático y un abogado a la vista. Sin embargo, tendría que dar un paso más y personarse. Ana Mesutti, abogada de la querella, censuró que se intente presentar el caso en clave de justicia ordinaria y no de lesa humanidad, aunque mantuvo la cautela a la espera de que la juez Servini hable.
- La trampa de la alternativa.
En caso de que Argentina recurriese al Juzgado de Azpeitia se encontraría con una doble trampa legal. Por una parte, la de la prescripción, ya que han transcurrido 46 años desde que Arrizabalaga fue torturado. Este escollo podría ser resuelto si se considerase el maltrato como crimen contra la humanidad, que elimina su fecha de caducidad penal. Sin embargo, las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo para frenar el intento del exjuez Baltasar Garzón de investigar los crímenes del franquismo ya fijaban la Ley de Amnistía de 1977 como barrera infranqueable. Así que, incluso en este supuesto, el proceso volvería a entrar un punto muerto. Esta parece ser la intención del Ministerio Público, que como argumento para rechazar la extradición esgrimió el hecho de que la doctrina sobre crímenes de lesa humanidad no sería retroactiva, por lo que, a su juicio, no afectaría a Muñecas.
La vista de ayer no entraba a valorar el fondo de la cuestión. Así que las partes, todas coincidentes al no estar personadas las víctimas, se limitaron a nombrar puntos del tratado de extradición suscrito entre Madrid y Buenos Aires en 1984 que apoyarían su tesis de no entregar al exmiembro del instituto armado. El fiscal defendió que no se puede entregar a un ciudadano español por un delito cometido sobre una persona con pasaporte de ese país, así como que la Justicia del Estado prevalece sobre la universal.
El letrado defensor fue más allá. Cuestionó que las torturas hubiesen existido, argumentando que no hay «pruebas médicas ni datos» y tratando de poner en duda el testimonio de Arrizabalaga, ya fallecido. También insistió en ubicar ese maltrato, cuya existencia negó, en el terreno del delito común. «No hay delito contra derecho de gentes, tampoco de genocidio ni de lesa humanidad», reivindicó, llegando a reclamar que Muñecas debía de ser resarcido.
El antiguo guardia civil, por su parte, apenas tuvo que responder a dos preguntas. Por una parte, interrogado por el fiscal, negó tener ninguna relación con Argentina, en una cuestión que busca reforzar la idea de que no debe de ser extraditado. También se ratificó en su declaración anterior en la que rechazó haber torturado. Finalmente, fue cortado por el presidente de la sala, Alfonso Guevara, cuando arrancó con un «no conocía a...» que quedó sin conclusión.
- Nervios en la AN y un intento para evitar las cámaras.
La presencia ante el banquillo de un antiguo guardia civil como Jesús Muñecas, reclamado por torturas, no es habitual en la Audiencia Nacional española. Una circunstancia constatable en el ambiente de nerviosismo que rodeó la declaración del exmiembro del instituto armado, condenado a cinco años de cárcel por participar en el 23F y que en febrero tomó parte en una comida de homenaje a los gopistas en la que compartió mantel en el cuartel de Valdemoro con Antonio Tejero. Nadie sabe por dónde llegó, aunque todo apunta a que accedió al tribunal mucho antes de la hora fijada y permaneció en alguna estancia. En la sala se presentó con identificación de funcionario, pese a estar expulsado de la Guardia Civil. Allí, la defensa trató de evitar que fuese grabado por «razones de seguridad», aunque el juez Alfonso Guevara tuvo que recordarle que se trataba de una visa pública.
(Alberto Pradilla, Gara)
