Adam Goodman, estudiante de doctorado en historia en la Universidad de Pensilvania, ha escrito sobre política migratoria y deportación para Al Jazeera America, Los Angeles Review of Books, Boston Review, Salon, Jacobin, Dissent y Homozapping, entre otras publicaciones
Verónica Zapata Rivera, estudiante de doctorado en historia en la UNAM, escribe sobre la historia de los braceros y ha publicado artículos en la Revista de Historia Internacional (ISTOR), la Revista Estudios Sociales y Homozapping, entre otras publicaciones
La primera versión de este reportaje, escrita en inglés, se publicó en la revista Jacobin
A sus 76 años, Miguel Díaz acude cada martes desde muy temprano a las afueras de la Cámara de Diputados de San Lázaro. Ahí, en compañía de casi un centenar de braceros, viudas e hijos, pasan la mayor parte del día exigiendo la devolución del 10 por ciento de su salario que se le descontó con la intención de hacer un fondo de ahorro que les sería devuelto a su regreso a México. Pero Díaz, como millones más, nunca recibió ese descuento de sus ganancias.
La protesta se inicia casi siempre a las seis de la mañana. Desde esa hora empiezan a llegar. Algunos viven en el DF, pero otros viajan durante horas desde otros estados. La gran mayoría de ellos tienen entre 70 y 80 años de edad. Apostados en las banquetas, sentados en ellas o sobre sillas plegables que cada uno lleva consigo, y portando sombreros o gorras de béisbol para protegerse del sol, los braceros cuelgan cada semana el mismo cartel en la valla que los separa de San Lázaro: “¡EPN, páganos o mátanos!”. Según la Alianza Binacional Bracero Proa, organización a la que pertenecen, en promedio cada día mueren 14 antiguos braceros. Su causa es urgente.
El origen de esta deuda tiene más de siete décadas. El 29 de septiembre de 1942, el primer grupo de braceros contratados en la Ciudad de México fue a trabajar en la industria agrícola estadounidense en Stockton, California. El Programa Bracero, como genéricamente fue bautizado este convenio de trabajadores temporales, fue el acuerdo de prestación de mano de obra más importante en la historia migratoria compartida entre México y Estados Unidos. En el programa participaron, entre 1942 y 1964, alrededor de 4,5 millones de trabajadores mexicanos.
El Programa surgió por la necesidad de mano de obra en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y por la intención de México de generar condiciones de vida más favorables para sus ciudadanos, al mismo tiempo que buscaba resolver las tensiones internas por la falta de empleo. “Yo fui a trabajar para comer”, dice Ezequiel Osorio, de 84 años, originario de Oaxaca, quién actualmente vive en la Ciudad de México.
En términos generales, el Programa propició para los mexicanos que participaron en él ciertos beneficios económicos. Sin embargo éste no estuvo exento de controversia. Para su contratación los braceros fueron sometidos a un riguroso examen corporal, y antes de cruzar la frontera fueron obligados por los agentes de migración a desnudarse para ser fumigados de la cabeza a los pies con DDT, un insecticida peligroso. Ya en el terreno laboral las jornadas de trabajo por lo regular eran largas y extenuantes, mientras que las condiciones de alojamiento dejaban mucho que desear, estaban hacinados en grandes galpones propiedad de los patrones.
El objetivo de la Alianza Binacional Bracero Proa es organizar a los braceros y sus familias con la intención de exigir al gobierno mexicano la devolución del fondo de ahorro. El movimiento surgió el 15 de mayo de 1998, en Puruándiro, Michoacán, cuando un pequeño grupo fue convocado por Ventura Gutiérrez, hijo de un bracero, para formar la Alianza. En los últimos años conflictos personales entre algunos de los líderes de la organización han provocado su fractura y la creación de nuevos grupos, pero la Alianza Binacional Bracero Proa sigue siendo la más nutrida: cuenta con 8.000 miembros en California, Arizona, Texas, Chicago y en casi todos los estados de México.
Una de las acciones que le dieron mayor resonancia a la Alianza fue cuando el 7 de febrero de 2004 más de 2.000 braceros y sus simpatizantes se desplazaron a la localidad de San Cristóbal, en Guanajuato, en donde se encuentra la hacienda de la familia del entonces presidente mexicano, Vicente Fox. De ese contingente un grupo más pequeño llegó hasta la puerta de la casa familiar de Fox y exigieron el pago de su dinero. Este acontecimiento recibió la atención de los medios de comunicación mexicanos, y en parte llevó a Fox a aprobar un pago único de 38.000 pesos (poco más de 2.100 euros) para cada persona que podía demostrar que había sido contratado como bracero.
Aunque a primera vista esta sea una victoria, para muchos de ellos los 38.000 pesos no representan un cambio significativo para sus condiciones actuales de vida. “Treinta y ocho mil pesos no es nada”, dijo Adolfo Hernández, un hombre de más de 80 años. “La vida es muy dura”. Hernández, como la mayoría de los braceros, no cuenta con servicio médico, ni con una pensión que les permita vivir su vejez con dignidad.
Por eso Adolfo Hernández sigue acudiendo a la Cámara de Diputados todos los martes. Algunos de sus compañeros lo hacen a pesar de haber recibido el pago. Su intención es la de luchar por la restitución total del 10 por ciento, así como apoyar a quienes aún siguen esperando su dinero.
Estos hombres tienen un papel fundamental en la historia migratoria entre México y Estados Unidos. Proporcionaron importantes ganancias económicas a ambos países, pero la gran mayoría de ellos vive en condición de pobreza, lo que deja en evidencia lo difícil que resulta para los trabajadores temporales recibir una compensación justa por su trabajo.
Las cosas no han cambiado mucho en los últimos setenta años para los nuevos trabajadores temporales. La historiadora Cindy Hahamovitch comentó recientemente que son “amenazados violentamente, alojados en galpones de almacenamiento, mal remunerados o sin pago de ningún tipo y, lo más importante, son deportados y puestos en la lista negra cuando hacen algo al respecto”.
Aunque no está claro si el Congreso estadounidense va a llegar finalmente a un acuerdo sobre la reforma migratoria, el plan que la Cámara de Representantes y el Senado están estudiando aumentaría el número de trabajadores temporales. Para Ventura Gutiérrez estos programas son “una realidad objetiva”, ya que “de una forma u otra, ha existido por más que un siglo un programa de trabajadores huéspedes o braceros, y va a seguir existiendo hasta que se reconozca que estamos equivocados”.
Hasta el momento no hay ninguna señal de que el Gobierno mexicano les vaya a devolver el fondo de ahorro. Lo cual no significa que sea imposible. Los braceros tienen la posibilidad de seguir celebrando acciones públicas con el fin de que la presión social y mediática sea más notoria en México y Estados Unidos. Es posible que si logran generar un mayor apoyo ciudadano a los dos lados de la frontera tal vez el Gobierno mexicano ceda y los braceros percibirán los emolumentos que ganaron hace más de 50 años.
(Adam Goodman y Verónica Zapata Rivera, Frontera D)
