Máxima tensión entre gobiernos por la querella de la Fiscalía
El PP acusa a los fiscales catalanes de "estar contaminados" por el ambiente nacionalista
Enfrentamiento sobre enfrentamiento. Primero fue el del fiscal general del Estado con el Gobierno de Mariano Rajoy. Después la discrepancia se trasladó a Eduardo Torres-Dulce y los fiscales de Catalunya. Y ahora la máxima tensión está entre los gobiernos central y catalán, que se acusan mutuamente de presionar a los fiscales en relación a la querella contra Artur Mas por el 9-N: la Generalitat ve "injerencias y presiones" a la Fiscalía y el del PP habla de "contaminación" de los fiscales catalanes. Todo ello en vísperas de que la junta de fiscales dé hoy luz verde a la querella.
La negativa de los fiscales de Catalunya a querellarse contra el presidente de la Generalitat era esperada por el Gobierno español, que achaca tal actitud a la actuación "poco contundente" de Torres-Dulce. Una actuación con la que se considera que "llueve sobre mojado", en alusión a su papel en el caso Gürtel, y respecto de la que la marcha de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, que fue quien le nombró, no hace sino incrementar las suspicacias hacia el fiscal general del Estado en el PP. Por eso las miradas de los últimos días tanto del Gobierno español como del PP están sobre Torres-Dulce más que sobre los fiscales catalanes. El planteamiento del Gobierno de Rajoy no deja lugar a la duda en este sentido: "Tiene que presentar la querella, aunque sea lo último que haga", comentan en privado, convencidos de que Mas incumplió la suspensión del Tribunal Constitucional.
Ayer lo dijo con otras palabras el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aunque no quiso entrar en polémicas: "La Fiscalía tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y la ley", remarcó, y sostuvo su "plena confianza en que la Fiscalía va a cumplir con la misión constitucional que tiene establecida". Palabras similares a las del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que dijo esperar de los fiscales que concreten los tipos penales "por no guardar las sentencias del Tribunal Constitucional y no observar las del Tribunal Supremo".
El PP, por su parte, fue incluso más contundente. Para el portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, "hay materia para la querella, porque se ha vulnerado la ley en Catalunya y hay motivo para una reacción de la Fiscalía". Pero fue Carlos Floriano quien acusó directamente a la Generalitat. A su juicio, los fiscales catalanes se han negado a presentar la querella "por el ambiente que el nacionalismo radical ha generado en Catalunya". Su análisis es que "todos ven que allí se cometieron delitos y que la Fiscalía en Catalunya si no actúa es por contaminación del ambiente y por presión de los poderes políticos de Catalunya". Y, por si no estaba claro, lo reiteró: "El ambiente que han generado la Generalitat y los poderes oligárquicos y fácticos en Catalunya" ha supuesto que, "ante lo que a los ojos de todos los españoles son claros delitos, no interpongan la correspondiente querella". E insistió: "La Generalitat y todas sus terminales están presionando a la Fiscalía de Catalunya".
Desde la Generalitat, el conseller de Presidència, Francesc Homs, denunció "las injerencias del Gobierno del PP y las presiones sobre la Fiscalía para que actúe en una determinada dirección", en una actitud que tildó de "ciertamente temeraria" en la medida en que "no respeta el Estado de derecho ni la separación de poderes". El portavoz del Govern lamentó, además, la "utilización partidista de las instituciones del Estado" que, a su juicio, lleva a cabo el Gobierno español y, en relación a "posibles represalias" sobre los fiscales catalanes por su desobediencia al fiscal general del Estado, se mostró especialmente duro: "No quiero ni pensarlo. Si encima tomasen represalias contra alguien, esto no tendría ningún calificativo posible, sería un despropósito mayor".
De hecho, todos los partidos representados en el Parlament, a excepción del PP, coincidieron en ver presiones del Gobierno español sobre la Fiscalía. Jordi Turull (CiU), por ejemplo, aseguró sentir "vergüenza ajena ante el ridículo internacional", Oriol Amorós (ERC) habló de "espectáculo patético", Miquel Iceta (PSC) opinó que el fiscal general debería escuchar con mucha atención a los fiscales catalanes, y Dolors Camats (ICV-EUiA) argumentó que las "presiones del PP" muestran que "lo único que hay detrás es la voluntad de disfrazar de nuevo de conflicto jurídico lo que es una persecución política". Incluso C's compartió la tesis de las presiones, aunque desde una óptica diametralmente opuesta, ya que Albert Rivera consideró que la Fiscalía no actuó antes del 9-N justo "por instrucciones" del Gobierno de Mariano Rajoy.
- El PSOE pide explicaciones a Catalá.
El PSOE piensa que el Gobierno está, cada día más, “como pollo sin cabeza”. Es decir, totalmente desorientado. El grupo socialista reclamó a última hora del pasado lunes la comparecencia en el Congreso del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para que explique las actuaciones que el Gobierno ha demandado al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, por el 9-N en Catalunya. Los socialistas quieren que Catalá explique, en concreto, si considera que el Ejecutivo ha actuado “con pleno respeto a la autonomía del Ministerio Fiscal”. La petición fue registrada en la Cámara Baja justo después de que Torres-Dulce ordenara a la Fiscalía Superior de Catalunya presentar la querella por el 9-N. El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, conminó de nuevo ayer a Rajoy a “abandonar las vías judiciales para resolver un problema político”. Hernando aseguró que la posible querella por el 9-N sería “no sólo discutible, sino dudosa”, ya que “los expertos jurídicos dudan de su viabilidad”, por lo que reclamó prudencia al Gobierno.
(Josep Gisbert, Carmen del Riego, J. C. Merino, La Vanguardia)
