El caso Urdangarin
El duque de Palma afronta una petición de más de 15 años de cárcel
La solicitud para el expresidente balear se eleva a once años
Penúltimo paso en el caso Urdangarin antes de la apertura del juicio oral. El juez José Castro recibirá este martes los escritos de calificación (con los delitos, acusados y penas) que formulan las partes personadas como acusaciones y, también, recogerá las conclusiones de las que ejercen la reclamación de responsabilidad civil (las indemnizaciones).
El fiscal Pedro Horrach ha preparado un escrito de unos 500 folios que el juez deberá diseccionar antes de resolver quiénes irán finalmente al banquillo ante el tribunal de la Audiencia, en el plazo de un año. Entre los principales imputados están la infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarin; Diego Torres y su esposa Ana María Tejeiro y dos hermanos de esta, Miguel y Marco; el expresidente de Baleares, Jaume Matas y cuatro altos cargos de su Gobierno, todos ellos arrepentidos, colaboradores de la fiscalía. El fiscal Horrach tiene previsto reclamar posibles penas de hasta 15 años contra Iñaki Urdangarin y de once años de cárcel a Jaume Matas. La Audiencia, al abanico de supuestos delitos que tenía el duque de Palma, remarcó que debía agregársele uno más, el de blanqueo de capitales.
El juez Castro tendrá que determinar en su escrito de apertura de la vista oral si incluye a la infanta Cristina como acusada o estima la tesis del fiscal Pedro Horrach, que la exonera con el apoyo de la Abogacía del Estado. Al existir una sola acusación en su contra, la popular del sindicato ultra Manos Limpias, el juez instructor debe barajar la aplicación de la llamada doctrina Botín del Tribunal Supremo, que recoge que si el Estado, como parte perjudicada -en un fraude fiscal-, no acusa no cabe celebrar un juicio por el asunto, con una acusación privada. Es posible, por otra parte, asumir una tesis adversa, la llamada doctrina Atutxa que, según valoraciones jurídicas, avala la acusación y vista. La doctrina Atutxa, ideada para aplicarla en un delito de desobediencia, permite que, al carecer de un perjudicado concreto, la acción popular, en este caso Manos Limpias, inste la apertura de juicio contra la infanta Cristina.
La Audiencia de Palma dejó la resolución sobre Cristina de Borbón a criterio del instructor y remarcó que "existe un matiz" en la Infanta, porque ella está imputada como cooperadora de los delitos fiscales que cometió su esposo Iñaki Urdangarin, contra quien la Fiscalía y la Abogacía del Estado si actúan. El fiscal rechaza la potestad del juez para decidir la situación final de la hermana del Rey. Horrach no la acusa pero sí exigirá que la Infanta abone, como responsable civil a título lucrativo, más de medio millón de euros que disfrutó de la partida ilícita obtenida por Urdangarin. En este sentido, sería parte (civil) en la vista, debería estar representada al inicio del juicio.
Un total de veinte personas figuran actualmente como imputados, tras las agregadas en su última decisión por la Audiencia de Palma, que mantuvo a la Infanta Cristina implicada por dos supuestos fraudes a la Hacienda Pública.
De la denominada rama valenciana del caso, hay cinco cargos políticos encausados, encabezados por el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (PP) y además tres dirigentes de la Fundación Madrid 2016, con la exconsejera de la candidatura Mercedes Coghen. Está imputado el abogado barcelonés experto en paraísos fiscales que asesoró los Torres-Tejeiro, Salvador Trinxet.
La investigación penal fue abierta en 2010 por el juez Castro y el fiscal Pedro Horrach, como una pieza separada del caso Palma Arena, de 2008, un escándalo de corrupción centrado en las supuestas malversaciones y enriquecimiento del expresidente balear Jaume Matas (PP).
La pieza del también denominado caso Nóos fue dedicada inicialmente a investigar el supuesto desvío de 2,3 millones de euros públicos del Gobierno de Baleares de Jaume Matas hacia el Instituto Nóos, de Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres, en el que la infanta Cristina fue directiva.
El rastreo se amplió a la actividad de Nóos y Urdangarin en la Comunidad Valenciana, al detectarse un posible fraude con el instituto de más de tres millones públicos de la Generalitat de Francisco Camps y la alcaldía de Rita Barberá. Ambos políticos aforados fueron exonerados por el Tribunal Superior valenciano pero señalados por el juez José Castro y, más recientemente, por la Audiencia de Palma. Serán juzgados los subordinados de Camps y Barberá, no aforados.
Urdangarin está acusado por supuesta malversación de caudales públicos, delito fiscal, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, tráfico de influencias y estafa. La Abogacía del Estado es acusación particular y actúa en representación de Hacienda ante el supuesto fraude fiscal, al igual que la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que defiende los intereses de Baleares. El pseudosindicato ultra Manos Limpias es acusación popular y su actividad se ha centrado casi exclusivamente en sentar en el banquillo a la hermana del Rey. Será la única parte que reclame una condena -de hasta ocho años de cárcel- para Cristina de Borbón.
El frente de las acusaciones particulares se cierra con el grupo socialista del PSPV-PSOE del Ayuntamiento de Valencia. La Abogacía de la Generalitat Valenciana está personada únicamente para exigir las indemnizaciones posibles, como perjudicada, si los supuestos indicios se demuestran y hay condena. No presentará escrito de acusación el Partido Popular, que está personado en esta causa y en la global del caso Palma Arena, aunque mantiene una actitud pasiva, sin actuaciones ni presencia de su letrado en las declaraciones.
(Andreu Manresa, El País)
