El «caso ERE» está adherido desde hace años al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero como se pega la lana mojada y con él, a su abogado, Fernando de Pablo. Éste el pasado 11 de mayo solicitó a la instructora principal de la causa, la jueza María Núñez Bolaños, la revocación total o parcial de la fianza de 50.000 euros que, tras una rebaja de 100.000, le impuso en octubre de 2012 su antecesora al frente del juzgado, Mercedes Alaya, para poder abandonar la cárcel donde permanecía recluido de forma preventiva. Entonces, hace más de dos meses, la magistrada abrió un plazo de dos días para que las partes del proceso pudieran argumentar sobre el asunto. Lo hicieron dos para oponerse: la Fiscalía y el Gobierno andaluz. Si bien, De Pablo considera que en los escritos en los que éstas fijaron posición dejan «puertas abiertas» a su solicitud, pese a que «la redacción se enturbia con la fianza de responsabilidad civil, que es ajena» a lo que demandaron. Afirma, y así se lo traslada a Núñez en un nuevo escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que, entre otras cuestiones, el Ministerio Fiscal «acepta la posibilidad de que tal devolución sea aplicable a la disminución de la fianza civil interpuesta» para Guerrero.
En el documento, el letrado reitera que lo que pretende es recuperar los 50.000 euros o parte de esa cantidad que fue consignada por él mismo «representando, jurídicamente no económicamente (ya tenía todo embargado)» al ex director general de Trabajo y se extrajo de una cuenta corriente cuyo titular era «la entidad De Pablo y Navarro asesores 2011, titular, a su vez, del despacho profesional» de la defensa de Guerrero. Por lo que el dinero, de ser liberado por la jueza, sólo podría ser entregado a De Pablo, como se hace constar en el escrito, y se empleará para «gastos de postulación», sin que el ex alto cargo del Ejecutivo regional «tenga intervención o beneficio de ningún tipo». En otras palabras, se utilizará para costear cuestiones ligadas a su defensa.
¿En qué basa el abogado de Guerrero su petición? En varios «convencimientos personales» reflejados en su texto. Uno de ellos le lleva a aseverar, tras la deriva del procedimiento judicial, que si la primera declaración de Guerrero, que realizó ante Alaya, hubiese tenido lugar en estos momentos, «no sólo nunca se hubiera acordado tal medida, sino que nunca hubiere sido solicitada por acusación alguna». A éste suma la convicción de que con el tiempo su cliente «hubiere sido puesto en libertad sin fianza alguna», punto en el que matiza que si esto no hubiera sido así, su patrocinado «se encontraría en libertad sin fianza por el importante motivo de haber transcurrido con creces» los plazos máximos legales «para tal medida restrictiva». A esas dos razones, añade que lo que plantean es «ajustado a derecho» y no atenderlo «provocaría perjuicios de difícil valoración para las garantías» procesales de Guerrero, «toda vez que esos fondos serán destinados, única y exclusivamente, a la defensa y representación del mismo, imposibilitando ésta» de lo contrario. Desde esa óptica De Pablo reitera al juzgado su súplica en torno a que se decrete «la devolución de fianza de responsabilidad personal» de Guerrero a él mismo.
Fuentes judiciales apuntaron a este diario que detrás de este escrito subyace la «posibilidad real» de que el abogado del ex director general abandone su defensa si no logran que se reponga el dinero, lo que podría tener consecuencias no sólo para aquél. «Otra dirección letrada en lo que respecta a Guerrero podría suponer un nuevo retraso en el proceso de los ERE hasta que quien se incorpore al ‘macroproceso’ se haga con lo actuado», se explicaron. Ello teniendo en cuenta que Guerrero es uno de los principales investigados de la voluminosa causa y está implicado en muchas de las piezas que la componen.
(N. Acedo, La Razón)
