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El miedo a la independencia enturbia el nacimiento de la nueva Canal 9

Parecía que ya era cosa hecha, pero el pasado miércoles, con las urnas a punto en el parlamento valenciano, un acuerdo de todos los grupos del hemiciclo decidía postergar hasta septiembre el nombramiento del consejo rector de la CMVC, la nueva Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, llamada a ocupar el vacío de la larga sombra de RTVV. ¿El motivo? Que el proceso, que debía ser la piedra fundacional padecía una evidente politización, muy lejana al presunto espíritu de la nueva ley, porque los grupos políticos optaron por agarrarse a la vieja fórmula de las cuotas de poder en lugar de a criterios técnicos y aparentemente más objetivos para seleccionar a los candidatos.

Ningún aspirante de los presentados a integrar el órgano de dirección de la CVMC tiene experiencia en gestión empresarial. No hay economistas ni abogados, ni altos directivos, ni administradores societarios. Los socialistas propusieron a un presidente cuya candidatura duró exactamente ocho días y el PP a dos excargos directivos con demasiado pasado en la vieja Canal 9 como para que nadie –excepto los populares- viera en ellos futuro en una radiotelevisión para la que se reclama pluralidad y calidad.

En el caso del PSPV, los de Ximo Puig propusieron el 19 de julio como presidente “de consenso” del Consejo Rector al periodista Josep López. Corresponsal de Bruselas de la extinta Canal 9 y miembro del Consell de Redacció, López fue de los escasos empleados que se opusieron a la manipulación informativa en la televisión con la llegada del PP al mando, motivo por el cual fue relegado y pasó a formar parte de la redacción “de mesa” de Internacional. Compromís (socio de gobierno del PSPV); Podemos (que apoya parlamentariamente al Consell) y Ciudadanos aprobaron la propuesta de López, en lugar de abrir una convocatoria pública para seleccionar al candidato, tal y como indica la Ley del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, aprobada una semana antes.
- El veto de las víctimas del metro y de las de abusos sexuales.

Por su parte el PP, conocedor del anhelo de consenso que deseaba el gobierno bipartito para la medida, propuso dos nombres que no podían ser más que rechazados. Primero, el de Maite Fernández, antigua jefa de informativos en la televisión en la época de Francisco Camps, cuyo nombre despertó el inmediato rechazo de la asociación de víctimas del accidente del metro. También las exempleadas que sufrieron los abusos sexuales de Vicente Sanz en su etapa como responsable de recursos humanos de la cadena pidieron que no se eligiera a Fernández. Unas, porque estuvo al cargo de las informaciones manipuladas sobre el siniestro y otras porque conocía, calló y toleró los abusos del superior contra sus subordinadas. El otro candidato de los populares es Vicente Cutanda, exdelegado de Canal 9 en Alicante y exjefe de prensa de varios cargos del PP, además de “intermediario de jugadores” de fútbol, tal y como él mismo describe en su cuenta de Twitter.

Compromís, por su parte, quiso colocar de nuevo a Rafa Xambó, profesor de Sociología y músico, que ya ocupó sillón en el Consejo de Administración de la vieja RTVV, entre 2011 y 2013, y que se presentó a las primarias autonómicas de la coalición en 2015.

- El “consenso” explota.

Con estos mimbres, las negociaciones saltaron por los aires el 20 de julio cuando se publicó que la esposa de López es prima dos dirigentes del PSPV, Alfred Boix y José Manuel Orengo, y el periodista, conocido de Ximo Puig. Esta vinculación, aunque lejana, hizo que PP y Ciudadanos vetarán su elección.

La votación ha quedado aplazada sine die hasta que los grupos políticos vuelvan a sentarse a negociar después de las vacaciones. No obstante, según fuentes de la Generalitat consultadas por Público, desde el Palau esta prórroga no va a ser utilizada para impulsar un cambio de rumbo de cara a un proceso más técnico. “El presidente no puede actuar, deben hacerlo los grupos”, explican. La reválida será a finales de septiembre y no son pocos los que piden calma para que no se repitan viejos errores. Es el caso de Francesc Martínez Gallego, profesor de Periodismo y vicedecano de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, que cree que “se está yendo demasiado deprisa”. “Tenemos una oportunidad de oro para hacer una radiotelevisión pública valenciana radicalmente distinta a la que habíamos conocido hasta su cierre”, reclama.

- ¿En busca de la utopía?

Frente a los que tienen prisa, el profesor ve en la demora una oportunidad para fijarse en los “mejores modelos” de radiotelevisión, entre los que destaca el de la BBC, si se aspira a la “desgubernamentalización” y a la “independencia de los poderes ejecutivos”. O, incluso, pide copiar la etapa de RTVE bajo la presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y aunque admite que en aquella RTVE “bailaba la nieta (Carmen Martínez Bordiú) del exdictador (Francisco Franco)”, Martínez Gallego entiende que “todas las televisiones generalistas” quieren competir con las privadas y que ello implica que una parte de la parrilla sea “discutible” desde el punto de vista de la calidad, aunque los informativos estén “muy profesionalizados y respondan a criterios de calidad periodística”. “No he encontrado la utopía perfecta en ningún sitio y menos en el ámbito de las televisiones autonómicas”, remata el profesor.

“El consenso obliga a proponer candidatos que sean asumibles por el resto y a no hacer cuotas”, valora Daniel Martín, periodista y coautor junto a la extrabajadora de RTVV Pura Requena del informe de la Unió de Periodistes Valencians ‘Un model per a la comunicació audiovisual valenciana’. “Aunque el modelo aprobado por Les Corts tiene mecanismos de garantía y contrapesos interesantes que exigen mayorías cualificadas de dos tercios, el nuestro iba más allá, pedía más independencia; que el poder decisorio sobre la CVMC no lo tuvieran Les Corts, sino un órgano independiente”, explica Martín, poniendo como ejemplo los “consejo de sabios” como ocurre en los casos de la Acadèmia Valenciana de la Llengua o de la Real Academia de la Lengua Española. La ley aprobada finalmente contempla que son Les Corts las que deben nombrar a los miembros del Consejo Rector y también renovarlos.

“Sería bueno reclamarles (a los grupos políticos) que busquen perfiles que sean de gestión, porque el Consejo Rector debe aprobar las cuentas”, recuerda Martín, quien estima que los partidos “se han quedado a medio camino”.

Martínez Gallego define la situación como “un poco enconada” no sólo por los desencuentros sobre quién debe dirigir la CVMC, sino también porque la nueva radiotelevisión “está construyéndose en paralelo a un proceso de judicialización de la antigua, en relación a sus trabajadores”. Como en ese conflicto los partidos políticos “también se posicionaron, ahora no saben cómo salir de ahí”, señala apuntando a otro de los problemas que se arrastran desde el abrupto cierre de RTVV.

- El conflicto jurídico-laboral.

El conflicto laboral ha sido una de las cuestiones más espinosas en la negociación del nuevo modelo. Parte de los exempleados de RTVV se han mostrado muy beligerantes con los partidos del gobierno al considerar que tienen una serie de derechos adquiridos para trabajar en la nueva radiotelevisión pública por haber pasado el proceso de selección en el antiguo ente.

Finalmente, los exempleados tendrán preferencia en la contratación para la nueva radiotelevisión, tal y como se acordó en el punto 6 del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción de la plantilla, recurrido ante la Audiencia Nacional por la CGT. Esta prioridad servirá hasta que se celebren pruebas selectivas, para las que tendrán méritos por haber trabajado en RTVV, aunque deberán pasar los mismos exámenes que el resto de aspirantes para acceder al ente definitivo, para que no se corra el riesgo de vulnerar los principios legales de igualdad, mérito y capacidad.

Todos los expertos consultados coinciden en señalar que la plantilla de la extinta RTVV, que llegó a tener 1.800 empleados, sería “inasumible” y que se ha de dar la oportunidad a otros profesionales que no pudieron o no quisieron acceder a aquella radiotelevisión pública pero descaradamente instrumentalizada. La estimación es que el nuevo medio de comunicación no supere los 400 trabajadores. En cualquier caso, será el Consejo Rector –cuando eche a rodar- el que determine el volumen de la plantilla.

(Laura L. David, Público)