“Mi mamá está sancionada, la pusieron en una celda de castigo. Empezó con una medida de fuerza que es no comer ni tomar medicamentos porque le quieren restringir las visitas, solamente quieren que la veamos jueves y viernes una hora, ella no acepta eso y va a seguir con la medida hasta que se levante su sanción. Está mal, no entiende todo esto, ahora la pasaron a su pieza”. La que habla, con voz firme aunque angustiada, es Claudia Chorolque, hija de la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, detenida en el penal de Alto Comedero desde enero y ahora incomunicada. Esta medida, que no fue notificada ni a la dirigente ni a sus abogados, motivó que Sala iniciara una huelga de hambre en protesta. Mientras en Jujuy intentan revertir la situación mediante un habeas corpus, desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala hicieron “directamente responsable de esta medida al Poder Ejecutivo provincial a cargo del contador Gerardo Morales” y exigieron “la inmediata suspensión del castigo que agrava las condiciones de detención de la dirigente social”.
La decisión de mantener incomunicada a la diputada del Parlasur es un escalón más en un creciente e inusitado ensañamiento por parte de los poderes político y judicial jujeños respecto de esta agrupación, al mismo tiempo que el gobierno de Morales profundiza una escalada criminalizadora de la protesta y en contra de derechos elementales en la provincia, en particular contra la Tupac, los obreros azucareros y los estatales, entre otros afectados.
La “sanción” no fue notificada lo cual implica la negación del legítimo derecho a su defensa. Desde la Tupac Amaru y el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular, exigieron que en forma inmediata se suspenda la medida e hicieron directamente responsables a Morales y a su ministro de Seguridad, Ekel Meyer por el castigo contra la dirigente social.
En tanto, el jefe del Servicio Penitenciario provincial, Víctor Carlos Morales, dijo que la medida consistía en un “aislamiento” de diez días por “inconducta” y que Sala permanecerá durante ese lapso “sola en una celda con todas las comodidades que le corresponden a una interna”, y sólo podrá “recibir la visita de los familiares directos” pero “está privada de las visitas multitudinarias que solía recibir, que alcanzaban a las 30 personas”. En realidad, la familia sólo podría verla en los días de la semana que mencionó su hija Claudia, y además la decisión de castigarla ayer de cara a un feriado largo dejó con poco margen de maniobra para que su defensa pueda revertir la sanción.
Respecto de la huelga de hambre, el jefe penitenciario dijo que “una medida de este tipo se debe formalizar a través de un escrito, lo que aún no sucedió”. Lo que tampoco sucedió, contrariamente a lo que afirmó el funcionario, es la correspondiente notificación de la sanción a Sala.
Su abogado defensor Luis Paz había presentado un habeas corpus por el agravamiento de las condiciones de detención. Luego de haber denunciado públicamente las condiciones inhumanas en que está presa y de la presentación de un habeas corpus colectivo, después de tres meses en los que las internas se bañaron con agua fría en pleno invierno, las autoridades del penal accedieron a colocar un calefón y a permitir el ingreso de ropa de abrigo. Hace pocas semanas, Sala fue trasladada a una celda de un tamaño no superior a 2 metros por tres.
El equipo de abogados pudo saber, a nivel extraoficial por fuentes del penal de Alto Comedero, que “la sanción se debe a reiterados sumarios por mala conducta”. Sin embargo, desde la defensa de Sala, indicaron que un sumario no es una sanción.
La líder de la Tupac Amaru comentó a sus visitas en reiteradas oportunidades sobre el inicio de estos informes negativos por parte de la guardia, por ejemplo, por defender a otras internas cuando eran llevadas a la celda de castigo, conocidas como “chanchos”. De hecho, tras la denuncia de la Procuraduría contra la Violencia Institucional sobre la existencia de esas celdas en Villa Devoto, el Servicio Penitenciario las clausuró, porque incumplen las normas mínimas establecidas por las Naciones Unidas respecto a las condiciones de detención.
En relación a los informes contra Sala, sus letrados destacaron que son elaborados sin posibilidad del interno de defenderse frente a lo establecido por las celadoras. En este sentido, denunciaron “el permanente hostigamiento a los 11 presos políticos por orden del contador Gerardo Morales”, que “se traduce en sanciones ilegítimas y arbitrarias como la aplicada en este caso a Milagro”.
La dirigente fue detenida el 16 de enero acusada de “instigación” de una protesta de cooperativistas de vivienda frente a la casa de Gobierno de Jujuy, y aunque en esa causa fue excarcelada nunca recuperó la libertad ya que a partir de ese momento se acumularon otros procesos en su contra. En uno de esos expedientes, Sala está imputada por fraude y asociación ilícita para desviar fondos destinados a la construcción de viviendas por parte de algunas de las cooperativas de la Red de Organizaciones Sociales impulsada por la Tupac. La mayoría de estos casos fueron abiertos por denuncias del gobernador Morales; del fiscal de Estado, Mariano Miranda y de ex compañeros de Sala imputados en algunas de esas causas, como Jorge Rafael Páez, sobreseído por el juez Pablo Pullen Llermanos. En relación a este caso, El Tribuno informó que fue baleada la vivienda de Alberto “Beto” Cardozo, dirigente de la organización Tekuré detenido por su presunta participación en un tiroteo de 2007, causa en la que Pullen Llermanos imputó en abril a Sala por “homicidio en grado de tentativa”. Sin embargo, la esposa de Cardozo, Analía Tolaba, dijo que “desde que liberaron a Jorge Paéz sufrimos hechos intimidatorios, es un apriete para que ‘Beto’ declare en contra de Milagro Sala” y responsabilizó por los mismos al juez Pullen Llermanos y al gobernador Morales.
(Adriana Meyer, Página 12)
