“La solución a la pobreza pasa por la generación de puestos de trabajo de calidad. Todos sabemos que eso no se logra mágicamente, se alcanza con la educación, algo central”, dijo el presidente Mauricio Macri la semana pasada al entregar el galardón “Maestros Argentinos”, un día después de anunciar un índice de pobreza del 32,4 por ciento. La realidad muestra que la prioridad discursiva del líder de Cambiemos no se refleja en la ejecución del presupuesto educativo. El año pasado se habían incorporado 150 mil jóvenes adultos a la educación formal y 29 mil se habían alfabetizado, en este primer semestre ninguno. En el nivel universitario las casi 20 mil becas destinadas a estudiantes de bajos recursos no se pagaron durante los primeros seis meses del año. Los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda de la Nación dan cuenta de que las áreas destinadas a mejorar las condiciones de aprendizaje son las más postergadas. Al 30 de septiembre, se usó apenas el 10,94 por ciento de los fondos previstos para el programa de Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica; el 19,16 por ciento de lo pautado para Infraestructura y Equipamiento; el 31,35 por ciento en Acciones Compensatorias y el 30,94 por ciento en Formación Docente. La fórmula del recorte combina inoperancia con ajuste en proporciones equivalentes. En los últimos tres meses del año, los tiempos del Estado tornan imposible hacer lo que no se hizo en nueve.
La información surge del Sitio del Ciudadano de la Secretaría de Hacienda de la Nación que revela mes a mes la eficiencia de cada dependencia del Ejecutivo y del informe de ejecución física financiera trimestral de la misma cartera. Educación tiene un promedio de ejecución presupuestaria del 63,98 por ciento. La media logra elevarse por el cumplimiento de lo pautado para el pago de salarios: el Fondo de Incentivo Docente se ejecutó en un 83,55 por ciento y el presupuesto de las universidades en el 69,52. El compromiso en la liquidación de haberes limita el margen de maniobra para el recorte o la dilación en el cumplimiento de lo pautado. En cambio, en todo lo que tiene que ver con políticas compensatorias y mejoramiento de las condiciones de educabilidad se hace evidente la discrecionalidad de la concepción de política educativa.
- Del dicho al hecho.
“Se necesita que cada uno de los niveles educativos logre sus objetivos, es decir que se invierta en capacitación docente, en herramientas tecnológicas o de didáctica, o lo que haga falta, porque la verdad es que todos los chicos pueden aprender”, suele repetir el ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich. Como en otras áreas de gobierno, en Educación es notorio el contraste entre lo que se hace y lo que se declama. Hace diez días, el secretario de Gestión Educativa, Max Gulmanelli, posteó en Facebook: “Feliz Día de las Bibliotecas Populares. Los libros son fuente de inspiración. Nos hacen pensar y sentir.” Es el mismo funcionario que a principios de agosto declaró: “Visitando establecimientos de todo el país, notamos que se han repartido muchos libros, pero se ha leído poco de ese material.” Consecuencia: para 2016 se había previsto distribuir 5 millones de ejemplares pero no se compraron libros. Informaron además que se decidió no comprar más literatura para las escuelas secundarias.
En el informe periódico sobre “Presupuesto en educación: ajuste y subejecución”, el Instituto Marina Vilte de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), advirtió a principios de septiembre que “la redefinición de políticas” se está dando a través del desmantelamiento de los equipos técnicos, de los despidos masivos y del cierre de importantes planes y programas que se encontraban en ejecución: como por ejemplo, el Plan de Finalización de Estudios Secundarios (Plan Fines), y el Plan Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), así como también la discontinuidad de las obras de infraestructura escolar y de la compra y distribución gratuita de millones de libros a todas las escuelas del país”.
En el análisis basado en los datos oficiales se advirtió que “también se observa una virtual paralización del Plan Conectar Igualdad, por el cual se distribuían netbooks a estudiantes secundarios de todo el territorio nacional”. Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación y miembro de la conducción de Ctera, explicó a Página/12 que “el gobierno anterior repartió cinco millones de netbooks, había universalizado la distribución. Este año sólo había que repartir a 600 mil estudiantes de primer año. Se entregaron 100 mil que eran el remanente del año anterior, es decir que 500 mil chicos de primer año se quedaron sin computadora. Si esto sigue, el año próximo serán los de primero y segundo año los que no tengan este recurso tecnológico”.
El programa Conectar-Igualdad que se articuló en forma conjunta entre la Anses y Educación es uno de los que se están “redefiniendo” en la cartera de Bullrich. Funcionarios del área se reunieron con empresas informáticas multinacionales para pedirles que financien la instalación de polos tecnológicos en dos ciudades por provincia con el objetivo de que los alumnos tengan allí los recursos para utilizar. La idea sufrió un primer revés porque las empresas estadounidenses no pueden financiar en forma directa inversiones públicas. El sondeo muestra que la universalización de los recursos tecnológicos para los estudiantes no figura entre las prioridades de política pública de Cambiemos.
La subejecución presupuestaria en las áreas que el Ministerio de Educación puede desarrollar acciones compensatorias y pedagógicas se da en un contexto de disminución de hecho de los recursos del sector. El informe elaborado por la Ctera destacó que “agrava la situación que el Presupuesto 2016 estuvo elaborado con una pauta inflacionaria esperada del 21 por ciento. En el actual marco macroeconómico, donde la inflación estimada para todo el año llega al 42 por ciento –de acuerdo a expresiones del mismo ministro de Hacienda y Finanzas–, el monto previsto para el sector educativo debería incrementarse en términos nominales en esa magnitud para mantener el valor real de las distintas acciones en materia de políticas educativas (formación docente, infraestructura escolar, becas) y poder cumplir con las metas de la Ley de Educación Nacional”.
“En la ciudad tuvieron la misma forma de operar, van subejecutanto el presupuesto y lo van reduciendo año a año. En ocho años, lo bajaron del 30 al 20 por ciento”, dijo López.
Las planillas del Ministerio de Finanzas son elocuentes sobre la línea de conducta que define los hechos más allá del discurso.
- Becas que ya no son.
Durante el 2016, los distintos programas de becas destinados a estudiantes universitarios recibieron, en el mejor de los casos, meses de atraso en el cumplimiento de los pagos. El presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para el 2017 manifiesta, además, una reducción de 17.443 becas, de acuerdo al apartado “Metas de Desarrollo para la Educación Superior del Ministerio de Educación”. Para este año se habían previsto 19.334 becas para estudiantes de bajos recursos que al 30 de junio no se habían pagado. Para el 2017 se pautaron 14.350 es decir cinco mil menos. En el caso de las carreras prioritarias, aquellas que se decidieron incentivar en función del desarrollo del país, en 2016 se presupuestaron 31.394, que tampoco se liquidaron durante el primer semestre. Para el 2017 se reducen a 20.935. El caso más llamativo se pone de manifiesto en el programa “Otorgamiento de incentivos para la finalización de la carrera de ingeniería”: este año se previeron 2000 beneficiarios, para el 2017 ninguno.
- La deuda educativa.
La administración de los recursos supone la fijación de prioridades: lo que se pone en un lado se saca de otro, máxime cuando se parte de una concepción de achicamiento de la inversión pública. El proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2017 prevé una partida para el pago de intereses de la deuda externa de 247.632 millones de pesos. La inversión en Educación y Cultura para 2017, por su parte, asciende a 160.155,2 millones y en Ciencia y Técnica a 31.728,2 millones. El Instituto “Marina Vilte” de la Ctera señaló que “esto significa que se prevé un pago de Servicios de la Deuda un 30 por ciento mayor a lo que se piensa invertir en Educación, Cultura y Ciencia y Técnica en conjunto (191.883,4 millones) y un 54 por ciento más que lo se destinará a Educación y Cultura en forma independiente (160.155,2 millones)”.
“En términos de composición del presupuesto, esto implica que el pago de Intereses pasará a demandar el 10,5 por ciento de la totalidad de gastos (corrientes y de capital) del Estado Nacional cuando en 2015 representaba sólo el 7,7 por ciento. Y que la inversión en Educación, Cultura y Ciencia y Técnica pasará a recibir sólo el 8,1 por ciento del presupuesto, cuando en 2015 recibía el 8,4 por ciento”, advirtió el trabajo de la central docente.
(Nora Veiras, Página 12)
