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Si el gobierno no responde a peticiones de campesinos el país se puede incendiar

Las organizaciones que forman el movimiento El Campo es de Todos propusieron al gobierno federal reorientar la política y el presupuesto designado al agro y demandaron la aprobación de una ley de aguas que no sea afín al empresariado y el diseño de una ley general de consulta a los pueblos indígenas para evitar los despojos a ese sector.

En una marcha entre el Auditorio Nacional y el Monumento a la Revolución, actividad que concluye las movilizaciones de la Caravana Nacional Campesina e Indígena en Defensa del Territorio y el Derecho a la Alimentación, iniciadas el pasado 9 de octubre en diversos estados del país, aseguraron que "el pueblo indígena y campesino está hasta la madre de tanto recorte" presupuestal.

Advirtieron que si el gobierno no responde a sus peticiones "el país se puede incendiar". Insistieron en que se apruebe para 2017 un "presupuesto digno" para el agro.
Desde las 10 de la mañana, miles de labriegos avanzaron por Paseo de la Reforma, encabezados por los líderes de las agrupaciones que conforman el movimiento, entre ellas Cioac, Unimoss, Ficam, UGCP, CCC, Unorca, CNPA y Red OSC. Cerca de las 13 horas los primeros contingentes arribaron al Monumento a la Revolución, donde se celebró un mitin.

Allí leyeron un documento entregado en Los Pinos, según el cual las agrupaciones exigen el "diseño de un solo programa de apoyo al pequeño agricultor, articulado y no fragmentado, que implique estímulos a la comercialización y a la innovación tecnológica", y rechazan "la discrecionalidad con que se aplican los apoyos asentados en el Programa Especial Concurrente para el campo".

Demandan el establecimiento de una ventanilla única que integre la estructura programática y precisan que los recursos deben estar dirigidos a productores y con un "enfoque territorial e integral". Además pidieron "una sola regla de operación, en lugar de un entramado complejo".

Hacen hincapié en que "los ejidos y comunidades poseemos 105 millones de hectáreas en nuestros 30 mil ejidos y comunidades" y añaden que en el país "85 por ciento" de las unidades de producción son de 20 hectáreas o menos. No obstante, "aportamos más de 50 por ciento de la producción de granos básicos; somos los generadores de mayor empleo en el sector primario, y sin embargo los presupuestos federales rurales los entregan a una minoría de grandes agricultores de las zonas más ricas del país".

El diputado de Morena Jesús Serrano Lora, presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, habló de la conformación del "frente parlamentario en favor del campo", el cual buscará tener "eco" en las demás bancadas y repudió el recorte para el campo de unos "20 mil millones de pesos", propuesto para 2017.

Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista, advirtió que si el gobierno federal "no atiende nuestro llamado, el próximo año habrá escasez de alimentos", porque habrá un "paro agrario". Llamó a que se apruebe una ley de aguas justa y que se tome en cuenta la "propuesta de presupuesto que les dejamos".

(Carolina Gómez Mena, La Jornada)