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El Gobierno dice que "moralmente" duda del pacto anticorrupción

La muerte de Rita Barberá, «excluida del partido», como apuntó incisivamente José María Aznar, duele en el Gobierno y en el PP. Hará falta tiempo para asumir la parte de culpa en la construcción del entorno solitario que acompañó a la ex alcaldesa y senadora hasta su última madrugada en el Hotel Villa Real.

En Moncloa y en Génova están impactados y se ha instalado la duda de si hicieron lo correcto cuando aceptaron revisar su posición tradicional sobre la asunción de responsabilidades políticas cuando se abre juicio oral y cambiarla por el momento de la imputación. En el Ejecutivo admiten que la cuestión está sobre la mesa. «Moralmente» creen que su postura original respecto a los presuntos casos de corrupción es la correcta, pero asumen que «en situación de minoría no hay más camino» que aceptar lo que reclaman otras fuerzas políticas, especialmente si de ellas dependía la investidura de Rajoy y el Gobierno.

El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró ayer en Antena 3 que las medidas que han tomado los propios partidos contra la corrupción «probablemente son injustas», en referencia a Barberá.
Moncloa señala que no están ahora en disposición de profundizar sobre el debate abierto en torno a lo que ha sucedido con la ex alcaldesa de Valencia, porque «es demasiado pronto; todo es muy reciente». A modo de disculpa, Moncloa reconoce ahora que se sacrificó la convicción respecto a la política a seguir ante los casos de presunta corrupción, a cambio de conseguir el respaldo de Ciudadanos a las aspiraciones de Rajoy de seguir en La Moncloa.

El punto 93 del pacto que firmaron PP y Ciudadanos el 28 de agosto es el que persigue la conciencia de muchos en el partido. En dicho documento se establecía que ambas formaciones «se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados en delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial. Asimismo, se comprometen a que las personas que se encuentran en dicha situación no puedan ser incorporadas a las candidaturas electorales ni ser nombrados para desempeñar cargos públicos».

Apenas dos semanas después de que PP y C's suscribieran este acuerdo, cimentando así el camino de Rajoy hacia la investidura, el Tribunal Supremoabrió investigación sobre Rita Barberá. Era el 13 de septiembre. El PP puso entonces a la senadora en la tesitura de abandonar el partido o ser expulsada. Finalmente fue ella la que 24 horas después decidió darse de baja de la formación en la que había militado durante 40 años. Día y medio les costó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y al vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, conseguirlo. Habrían preferido que renunciara también al escaño y no se marchara al Grupo Mixto. Por el PP y por ella, para que dejara de ser el foco de atención de los medios de comunicación. Barberá se negó.

Fuentes del partido confirman que para Rajoy fue muy complicado tomar la decisión de amenazar a Barberá con echarla del PP si no daba un paso atrás. Pero esto es exactamente lo que sucedió. «Dudó mucho», aseguran y, por ello, ahora está tan afectado.

Desde el partido explican que se actuó así «por el pacto con Ciudadanos» y «por la inmensa presión que teníamos por las elecciones gallegas y vascas». «Hicimos lo correcto y nadie lo puso en duda entonces. Al contrario, eran muchos los que nos pedían que lo hiciésemos», añaden. La dirección del partido asume que la línea roja que fijan los Estatutos es la «apertura del juicio oral» pero lo cierto es que, antes de actuar contra Barbera, el PP ya lo hizo contra otros destacados militantes mediando sólo una imputación judicial. Contra Rodrigo Rato y con todos los implicados en el caso Púnica. El PP entendía como después se confirmó, que las sospechas de corrupción mermaban su potencia electoral.

- Debate incontrolado.

La directriz que tome ahora es una incógnita. El debate está abierto en el PP de una manera incontrolada y cargando las tintas contras los vicesecretarios -Javier Maroto y Pablo Casado- que públicamente se mostraron más críticos con la ex alcaldesa. Fuentes del partido sostenían ayer que esta actitud es profundamente «hipócrita». Lo cierto es que fueron muchos en el PP los que defendieron, en público y en privado, que Barberá debía abandonar el Senado «después de que se haya imputado a todos sus concejales» y también que censuraron su conducta cuando decidió marcharse al Mixto. Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Alonso o Cristina Cifuentes, entre otros.

El ex presidente del Congreso Jesús Posada sostuvo ayer que el partido actuó «adecuadamente» con Barberá. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, señaló que hizo lo que «hace con sus cargos públicos de manera general». Otra cosa, dijo, es la «campaña de acoso» que tuvo que sufrir. En esta línea dirigentes del PP volvieron a cuestionar ayer el papel de los medios de comunicación, un reproche dirigido, fundamentalmente, a las televisiones. El portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, insistió en que hubo una «cacería» y habló de «hienas».

En esta polémica conviven no sólo la actuación del PP e incluso los medios, también el examen interno de si se dio la espalda a Barberá. Si quienes antes la trataban, le hicieron el vacío. Méndez de Vigo defendió ayer que «la reflexión que tenemos que hacer todos es si en estos casos tenemos que estar más cerca de las personas, ése es el reproche que algunos nos podemos hacer».

El cuñado de la ex alcaldesa, José María Corbín, aseguró ayer a La Cope que murió «de pena, y, en esa pena, la fundamental aportación la han tenido los suyos».

El portavoz parlamentario popular, Rafael Hernando, considera que "a lo mejor hay que darle una vuelta" al pacto de investidura que su partido firmó con Ciudadanos y que obliga a apartar de sus cargos a los imputados por corrupción.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press, Hernando ha recordado que Ciudadanos pidió al PP "dar un paso adelante" respecto a lo que marcan sus normas internas, que establecen que deben dimitir aquellas personas a las que se les abra juicio oral.

Para el dirigente popular, es posible que la exigencia pactada con Ciudadanos "permanezca en el acervo", pero en ese caso habría que "buscar alguna fórmula para compensar a esa persona a la que se hace dimitir" y que luego, aunque sea absuelta o su caso sea archivado, no puede recuperar su vida política, generalmente porque han pasado años y su puesto está ocupado ya por otra persona.

De hecho, ha lamentado también la longitud de los procedimientos judiciales y ha apostado por "seguir avanzando y hablando" con otras fuerzas políticas para poder llegar a "un sistema de enjuiciamiento rápido de estos casos de corrupción", remarcando que la Justicia debe ser rápida y ágil, y en caso contrario perjudica no sólo a los afectados sino a todo el sistema.

En todo caso, también ha lamentado la judicialización de la política "para desacreditar al adversario" al que no se puede ganar en las urnas, y ha admitido que el propio PP ha podido cometer excesos. "Al presidente de Murcia le han puesto 10 querellas", ha dicho como ejemplo.

Así, ha apostado por "crear un procedimiento que permita separar el trigo de la paja", advirtiendo de que seguir igual que hasta ahora "conduce a estimular las bajas pasiones, al populismo, a mezclar churras con merinas y es muy malo para que la justicia real recaiga sobre los verdaderos culpables".

(Marisa Cruz, Marisol Hernández, El Mundo)