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La causa contra Macri y Aguad por el escandaloso acuerdo del Gobierno con el Correo Argentino. Una “foja cero” que no detiene la investigación

Aunque consiga volver “a foja cero” en el acuerdo por la deuda del Correo Argentino con el Estado –algo que igual está por verse– Mauricio Macri no podrá hacer borrón y cuenta nueva en Comodoro Py, donde avanzará la causa en la que quedó imputado junto con el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y su director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, quien actuó en la negociación. La investigación penal parte de la base de que, más allá de la suerte que corra, el convenio se hizo y una fiscal mostró que es ruinoso y abusivo para el Estado al generar una condonación de la deuda del 98,82 por ciento en favor del Grupo Macri. Lo que debe desentrañar es si hubo un fraude (o cuanto menos una “tentativa”) a las arcas públicas; si existió algún perjuicio previo relacionado con la deuda histórica que data de 2001; quiénes son los dueños del Correo y de las empresas que lo controlan (Sideco/Socma) y cómo es la participación de cada miembro de la familia Macri, y si hubo alguien ligado al Poder Ejecutivo que haya sido instruido para ejercer tráfico de influencias y conseguir un pacto favorable a la empresa. El fiscal Juan Pedro Zoni pidió el secreto de sumario y el juez Ariel Lijo ordenaría las primeras medidas esta semana. A este expediente se sumarían otros dos. Uno de ellos es el impulsado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que hace denuncias cuando sospecha fuertemente que se cometieron delitos.

La clave de la investigación penal está en el primer dictamen de la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, sin el cual el acuerdo iba camino a concretarse. Hasta ahora fue homologado en primera instancia pero la Cámara debe aprobarlo, aunque hay que ver qué hace el gobierno para volverlo a “foja cero”. “La transacción aceptada –a más de perjudicar los intereses del Estado Nacional, lo que la hace inadmisible– podría implicar un beneficio directo para la concursada, en el cual integrantes de la familia del Presidente de la Nación tendrían intereses económicos directos o indirectos”, denunciaba el planteo de Boquín. “Deberá determinarse por parte de los organismos con competencia específica, si estamos frente a una simple irregularidad funcional, por actuación con culpa o negligencia o bien ante el cumplimiento de una instrucción, emanada de autoridad de jerarquía superior, orientada a satisfacer intereses privados por sobre los públicos que deben en todo caso prevalecer”, advertía.

En 2001 la empresa Correo Argentino entró en concurso de acreedores. En 2003, cuando fue estatizada, tenía una deuda con el Estado de 296.205.376 millones de pesos. Al 2017 supera los 4.000 millones, según calculó la Dirección General de asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. En los términos del acuerdo la firma terminaría de pagarla en 2033 y sólo habría saldado el 1,18 por ciento. A ese resultado se llegó en una audiencia en junio del año pasado, donde el representante del Gobierno, Mocoroa, rechazó una primera propuesta y tras un cuarto intermedio admitió una segunda oferta que no mejoraba demasiado, y que según Boquín era peor a algunas de años previos. Mocoroa dijo que seguía “instrucciones”. Pero la fiscal denunció que ocupaba ese cargo de manera transitoria (por 180 días) y que “incompetente” para intervenir en nombre del Estado.
“Pudiendo resultar que, familiares del Presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes o integrantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, señalaba Boquín. Sin embargo –alertaba– la propuesta fue admitida por “un funcionario que público que encuentra enmarcada su actuación por una ceden de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública”.

La firma Correo Argentino está controlada por Sideco Americana, a su vez controlada por Socma Americana. Hacia 2014, tenían el 74,23 por ciento de las acciones del Correo. Cuando entró en concurso, Franco Macri le dijo al juez que había cedido todas las acciones a sus hijos, pero resultó que se había quedado con el usufructo vitalicio, o sea que igual estaban bajo su control. Mauricio Macri, en teoría, cedió las suyas a sus tres hijos, nietos de Franco, en 2009.

Una de las denuncias penales fue presentada por los dirigentes de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella, que dieron algunos ejemplos para tratar de demostrar que en este caso el Estado actuó con “dolo” o se con intencionalidad. Como deudor, señalaron, aceptó pagarle a los fondos buitre un interés en dólares del 350 por ciento en un solo paga al contado y como acreedor aceptaba cobrar una deuda en pesos con un 100 por ciento de interés a 17 años, cuando además tenía la opción legal de rechazarlo. Y agregan como otro hecho en la misma dirección la demanda que el Correo le inicia al Estado por la estatización durante el gobierno de Néstor Kirchner, 25 días antes del acuerdo por 1795 millones de pesos más un 11 por ciento anual de intereses. Un segundo dictamen de Boquín advertía que esa demanda fue ampliada incluso después de firmado el acuerdo, lo que consideró como un acto de “mala fe”.

“Sabemos que la empresa no es cualquier empresa sino la empresa del Presidente de la Nación”, insistieron Cerruti y Sabbatella en su denuncian. Piden investigar si, como publicó el sitio Nuestras Voces, el Presidente se habría quedado con el usufructo de las acciones, igual que su padre.

Cuando decidió abrir la investigación e imputar a Macri, Aguad y Mocoroa (aclarando que la lista se puede ampliar) el fiscal Zoni anunció que investigará todo el proceso concursal del Correo que lleva más de 15 años y “en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario a las arcas del estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”. La fiscal Boquín también advirtió que un grupo significativo de acreedores estaría controlado también por el grupo Macri, lo que explicaría que no hayan cuestionado el acuerdo y que hubo un proceso de “manipulación de las mayorías”. Zoni señaló que va a investigar a todos los funcionarios que actuaron “a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido en el cual se observa que el interés público no ha sido protegido”. “Corresponde investigar el cambio de estrategia de defensa del estado nacional en el marco del trámite del concurso preventivo, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal”, a lo que agrega la irregular intervención de Mocoroa. El expediente tendrá que determinar quién le dio instrucciones, qué cálculos hizo el Estado para considerar que el acuerdo era viable y cómo se llegó a él.

Zoni le pidió a Lijo que imponga el secreto de sumario porque es cantado que hará allanamientos para obtener documentos tanto de toda la historia del concurso como los que ayuden a determinar la composición de la empresa Correo Argentino. El juez ordenaría las primeras medidas esta semana, según señalaron a PáginaI12 allegados a la causa. A su expediente sumarán otras denuncias, entre ellas las de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez –que quedó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi–, quien también fue admitido como “parte acusadora” en el sumario interno que lleva adelante la Procuración del Tesoro (los abogados del Estado), que encabeza Carlos Balbín, para establecer el papel del ministerio Comunicaciones y otros posibles funcionarios. En paralelo, Rodríguez puede aportar los resultados de su investigación a la causa penal. El hecho de que su organismo haya hecho una denuncia en tribunales en base al dictamen de Boquín es significativo, ya que implica que considera que habría pruebas comprometedoras.

La pregunta que plantea la PIA, además de las que atañen al acuerdo reciente, es por qué durante tantos años el Correo no pudo cobrar su deuda y dice que hay que investigar qué pasó durante todos estos años, lo que podría implicar también rastrear responsabilidades en las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, cuando este asunto estaba bajo la órbita del Ministerio de Planificación. Aun suponiendo que un perjuicio económico no se haya llegado a producir, lo que no descartan los investigadores es que hayan existido delitos en forma de “tentativa”.

Por lo pronto los delitos en la mira son defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

- Los lapidarios informes de la auditoría sobre el Correo Argentino. Mejor que la AGN no intervenga.

El gobierno de Mauricio Macri viene insistiendo en que la Auditoría General de la Nación (AGN) debe intervenir en el escándalo por el acuerdo que firmó con el Grupo Macri por la deuda del Correo Argentino. No obstante, lo que los funcionarios PRO parecen haber pasado por alto es que la AGN ya intervino en la concesión que el holding familiar tuvo con el Estado. Existen dos informes de la AGN, de 2001 y 2002, firmados por peronistas y radicales, en los que encontraron que la empresa de los Macri no cumplió con el contrato, dejó de pagar el canon y computó los despidos de trabajadores como inversiones. En el segundo informe, firmado por el entonces presidente de la AGN, Leandro Despouy, indicaba que se podía dar por concluido el contrato y exigir judicialmente el pago de la deuda de los Macri con el Estado.

Cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sugirió por primera vez que debería intervenir la AGN, el titular de este organismo de control, Oscar Lamberto, salió a aclarar que no respondía al Ejecutivo (la AGN depende del Legislativo) y que, en principio, no veía un objeto a auditar, dado que la AGN no puede intervenir en causas que están en manos del Poder Judicial.

El presidente Macri reiteró el pedido de que intervenga la AGN –algo que también pidió el Grupo Macri en un escrito–, pero pasaron por alto que la AGN ya intervino con dos informes lapidarios.

En el primer informe es de 2001, de la época en que la AGN la presidía el menemista Rodolfo Barra, y deja en claro que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) no había cumplido con su obligación de controlar a la empresa de los Macri. En particular, debían auditar que el holding hiciera las inversiones comprometidas de 25 millones de pesos-dólares por año.

Concretamente, la Auditoría encontró que el gobierno de Menem le reconoció como “inversión” las indemnizaciones por los despidos de unos 5000 trabajadores del Correo. En el expediente, la empresa de los Macri justificó esa polémica decisión con el argumento del “ahorro futuro de los costos asociados a dicho personal”. La secretaría de Comunicaciones, que por entonces dirigía Germán Kammerath, simplemente contestó a la Auditoría que “la Secretaría de Comunicaciones es quien debe definir los conceptos que deben considerarse como inversión”. Y punto.

Entonces, la Auditoría le pidió opinión a la Dirección Nacional de Inversión Pública, que desautorizó los argumentos de los dos anteriores: “Las indemnizaciones no pueden ser consideradas inversiones. Desde el punto de vista económico, las indemnizaciones al personal por retiros voluntarios son un gasto corriente y de ninguna forma pueden ser aceptados como gasto de capital”. “Los montos abonados por el Concesionario en concepto de indemnizaciones comprendidas dentro del plan de Retiros Voluntarios del Personal no deben ser considerados como inversiones”, sentenció la Auditoría, quien además detalló que el contrato de concesión establecía que los despidos del personal dentro del convenio corrían por parte del concesionario. El Grupo Macri nunca presentó un plan de inversiones anual, según pudo observar la Auditoría.

También advirtieron que el Grupo Macri ya había dejado de pagar el canon en 1998, lo que llevaría a la deuda que se discute hoy. En 1998, el gobierno de Carlos Menem dispuso “un procedimiento de excepción” para pagar las deudas que tenía el Estado con el Grupo Macri. Aún así, la empresa de la que el presidente era accionista no aceptó pagar el canon y descontó lo que el Estado le debía. La falta de pago figuraba entre las causas de rescisión del contrato, así como ingresar en concurso de acreedores, algo que la empresa hizo en 2001. Pero para iniciar la rescisión el gobierno de Menem debía intimarlos a pagar, cosa que no hizo. La Auditoría lo advirtió en 2001.

También encontró que, con respecto a las cargas patronales, todo el control pasó por preguntarle a la empresa si tenía deudas previsionales (a lo que contestó que no). Más tarde, el Gobierno de Menem le perdonó al Grupo Macri el pago de cargas patronales especiales y las recargó sobre la ANSES.

El informe de 2002 se hizo ya bajo la presidencia de Leandro Despouy, actual representante para Derechos Humanos de la Cancillería. Allí advirtió nuevamente sobre la deuda del Grupo Macri con el Estado. “Las compensaciones presupuestarias para saldar las deudas que el Estado mantenía con Correo Argentino S.A. no se condicen con la decisión unilateral que adoptó el concesionario de compensar y a través de la cual procedió a modificar unilateralmente el contrato”, advertía la Auditoría. Señaló, además, que el gobierno de la Alianza, pese a haber presentado una serie de intimaciones, no había sancionando al Grupo Macri como correspondía. Tampoco ejecutó la garantía ante incumplimientos contractuales, que ascendía a 50 millones de pesos. (Cuando el Gobierno de Néstor Kirchner intentó cobrar esa garantía, debió iniciar un extenso proceso judicial: al Banco Galicia consiguió cobrarle 12 millones tras mucho batallar en tribunales. Hasta hoy hay abierto en el fueron contencioso administrativo otro juicio por 45 millones de esa garantía, que la aseguradora se negó a pagar).

Al final del informe, la Auditoría que presidía Despouy recomendó optar entre dar por concluido el contrato con el Grupo Macri o requerirles una nueva garantía, pero se mostró enfáticamente a favor reclamar la deuda que tenían con el Estado. Poco antes del final de la convertibilidad –según recordó el periódico Tiempo Argentino– Correo Argentino S.A. fugó del país cerca de cinco millones de dólares. La comisión de Fuga de Divisas del Congreso encontró que el Grupo Macri fugó un total de 58 millones de dólares, mientras se negaban a pagar sus deudas con el Estado. Algo que los caracterizó en toda la concesión.

(Irina Hauser, Werner Pertot, Página 12)