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María Eugenia Vidal anunció el pago de mil pesos a los docentes que no paran; los gremios denunciaron que es ilegal. Plata para los rompehuelgas, pero no para los salarios

La gobernadora María Eugenia Vidal jugó duro: al tiempo que amenaza a los sindicatos con multas multimillonarias, dio una conferencia de prensa para anunciar que adelantará una suma de entre 1500 y 3750 pesos a cuenta de la paritaria y ofrecerá un plus a los docentes que rompen la huelga “priorizando a los chicos”. La gobernadora cuestionó a los sindicalistas, a los que les pidió que “digan si son kirchneristas”. En respuesta, los gremios solicitaron una audiencia con Vidal. Ayer se cumplió el tercer día de paro, dado que se entroncó la medida de fuerza provincial del lunes y martes con el paro nacional en reclamo de que el gobierno de Mauricio Macri convoque a la paritaria nacional docente. Ctera estimó que tuvo una adhesión del 90 por ciento en todo el país. Hoy habrá una marcha en La Plata de maestros, trabajadores de la salud y estatales. Al culminar, los seis secretarios generales de los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente irán a golpear la puerta de la gobernación para que los reciba Vidal.

En el día en el que el diario El País de España la comparaba con Margaret Thatcher y su pulseada con los mineros británicos, Vidal dio una conferencia de prensa en la que anunció, sin su sonrisa habitual, un aumento unilateral a cuenta de la paritaria y un “reconocimiento extraordinario” para aquellos docentes que rompen la huelga: el premio será de mil pesos. Sostuvo que son los que “decidieron dar clases y priorizaron a los chicos”. Vidal ya había anunciado el despliegue de 60 mil voluntarios, que resultaron ser 60 mil tuits. Los voluntarios nunca llegaron a desplegarse. El gobierno cesó la convocatoria.

A partir del anuncio del desembolso de estos fondos, Vidal le pidió a los docentes que cesen los paros y vuelvan a las aulas. La conferencia de prensa estuvo cargada de reproches a los gremios: “No hay vocación de diálogo en algunos dirigentes gremiales, sino que hay vocación de conflicto. Hace semanas que dejaron de dialogar y de hablar de salario docente”, afirmó Vidal. “No soy candidata ni trabajo por futuras candidaturas. No me importa si pierdo una elección por esta discusión. No me importa mi futuro cargo público”, aseguró la gobernadora bonaerense, quien le adjudicó intereses ocultos a los gremios: “Digan de qué partido son, a qué elección gremial o política quieren presentarse y cuáles son sus intereses y demos un debate abierto”. “Sean sinceros y digan si son kirchneristas”, afirmó, el mismo día que policías bonaerenses se presentaron en distintas escuelas exigiendo ver la lista de los presentes.
En la gobernación, ayer por la noche, estaban a la expectativa de que los anuncios de ayer produjeran una ruptura en el frente gremial, luego de que la FEB, Sadop y AMET hicieran jornadas de protesta con asistencia a las escuelas. Cerca de Vidal sostenían que “hay que esperar a ver cómo reaccionan” y advirtieron que ya había una nueva convocatoria para hoy a las 17. No obstante, como es en el marco de la conciliación obligatoria que rechazan, los gremios no pensaban ir.

Al contrario, los sindicatos AMET, FEB, Sadop, Suteba, UDA y Udocba pidieron una audiencia a Vidal “en el marco de la voluntad de diálogo que ella expresa” y para que “se pueda encontrar un camino para avanzar en la solución del conflicto educativo”, según indicaron en un comunicado. Hoy los gremios docentes marcharán junto a los estatales y los médicos, que ayer cumplían el primer día de un paro de 48 horas convocado por Cicop. “Vamos a ir los seis secretarios generales a la gobernación a ver si nos recibe Vidal. Si ella quiere el diálogo, esperemos que nos reciba”, indicó el secretario general de Suteba, Roberto Baradel. Sobre el incentivo para quienes rompan huelgas, Baradel consideró que “no tenía necesidad la gobernadora de humillar tanto a los docentes que fueron a trabajar”. “Nos están llamando al sindicato docentes que fueron a trabajar por necesidad: nos preguntan cómo hacen para devolver esa plata cuando les llegue”, dijo.

Además, los sindicatos informaron que un fallo judicial dictado por la jueza María Ventura, en el que se le ordena a Vidal que “se abstenga de llevar adelante todo acto que altere, restrinja, limite o afecte la libertad de los trabajadores y de sus entidades gremiales en las negociaciones colectivas”. La jueza le indicó, además, al ministerio de Trabajo provincial a que “tome todas las medidas necesarias para garantizar que las negociaciones colectivas sean llevadas adelante en un marco de buena fe, igualdad y libertad entre las partes”.

En la gobernación interpretaban que el fallo se refiere a situaciones previas a los anuncios de ayer, por lo que no afectaba ni la conciliación obligatoria ni el pago. “Lo utilizó Baradel para embarrar un poco, pero no tiene que ver con lo que anunciamos”, indicaron cerca de Vidal. Baradel, en tanto, citó en Twitter al juez Alejandro Segura, quien advirtió en un post en las redes sociales que la decisión de pagar incentivos por trabajar en las huelgas viola “los convenios 87 y 98 de la OIT y la Constitución nacional”.

- La Bonaerense identifica a docentes huelguistas. De los voluntarios a los policías.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires envió policías a escuelas bonaerenses para identificar a los docentes que adhirieron al paro y exigir a los directores de los colegios que abrieran las puertas de las instituciones. En dos escuelas de La Matanza y en una tercera de Benito Juárez los efectivos pidieron los nombres y la filiación de los docentes que adhirieron al paro por 48 horas convocado por el Frente Gremial Docente, tras el rechazo del Ejecutivo de María Eugenia Vidal a considerar el reclamo de un aumento salarial del 35 por ciento.

Las directoras de la Escuela Primaria Nº 198 y la Escuela Secundaria Nº 55 elevaron la denuncia al Consejo General de la Matanza. “La Bonaerense se presentó para hacer preguntas inapropiadas por el no dictado de clases y las características del paro. Lo tomamos como una medida de amedrentamiento y amenazas”, expresó a Página 12 Paulino Guarido, secretario general de CTA-La Matanza.

El Consejo General de La Matanza, junto con ATE y la CTA, presentarán a su vez una denuncia contra las jefaturas de los distritos involucrados por autorizar el ingreso a las escuelas de funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Trabajo provinciales. Según el documento al que pudo acceder Página 12, denunciarán que fueron para “controlar, intimidar y pedir el listado de los docentes ausentes”.

Si bien la jefatura distrital se comunicó con las directoras que hicieron su reclamo ante el Consejo General, no les brindó ninguna respuesta sobre la autorización del ingreso de la Bonaerense a las escuelas, cuya presencia se suma a otros aprietes previos, como el envío de inspectores de la cartera laboral a revelar la adhesión al paro. “Llegaron con una nota de la Dirección General de Escuelas que los autorizaba a entrar para pedir la lista de los docentes que estaban parando”, contó la secretaria gremial de SUTEBA, María Laura Torre, sobre esos casos.

La Red de Directores de La Matanza, por su parte, advirtió que “las fuerzas de seguridad están para prevenir delitos, no para amedrentar con acciones fuera de su responsabilidad y de la ley”, y solicitaron la intervención del municipio y de la Justicia. “Exigimos a las autoridades provinciales el cese inmediato de prácticas propias de la dictadura”, manifestaron.

Gustavo López, vicedirector y ex secretario de Suteba-La Matanza, quien afirmó a Página 12 que no registra ningún antecedente similar en 30 años de profesión. “Jamás pasó, y eso que yo estuve en todas las ramas del sistema educativo, menos en Jardín”, expresó López, y agregó que “hay una cuestión política muy fuerte, por eso se hace en La Matanza”, bastión electoral del peronismo.

Lo mismo sucedió en una escuela de Villa Cacique, de Benito Juárez, donde los policías entraron con una nota dirigida al director, en la que le solicitaban que informara “la cantidad de personal que se encuentra trabajando en el establecimiento, como así también datos filiatorios de los mismos y tareas que realiza”. El escrito, firmado por el oficial principal Juan Cruz Catalán, pedía también que se especificara la cantidad de alumnos que asisten a la escuela y alegaba que se trataba de una medida “para poder identificar fácilmente a los habitantes del lugar”. “No dicen claramente que es contra el paro pero es bastante evidente”, denunció Torre a Página 12.

Sonia Alesso, la secretaria general de la Ctera, a su vez, advirtió que la actitud del Gobierno no ayuda a la solución del conflicto. “Están generando un ámbito de hostilidad a los docentes que es contraproducente”, señaló la dirigente gremial.

Guarido, por último, aseguró que los directores afectados cuentan con el respaldo de la CTA, de Suteba y del Consejo Escolar. “Lo importante es la firmeza del repudio. Los que tienen que dar respuestas son quienes avalaron y autorizaron de manera ilegal la presencia de funcionarios de los ministerios de Trabajo y Seguridad en las escuelas, los ministros Finocchiaro y Ritondo, y la gobernadora Vidal”, indicó.

(Werner Pertot, Agustina Arredondo, Página 12)