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Brasil enterró los derechos laborales. El Senado aprobó la reforma laboral cuestionada por los sindicatos, la Iglesia y la OIT

El proyecto, apadrinado por los partidos de Temer y Cardoso, fue redactado con la venia de la Confederación Nacional de la Industria, la Confederación Nacional de Agricultura y la Federación Brasileña de Bancos

La última trinchera de la democracia. Un grupo de senadoras, encabezadas por Gleisi Hoffmann y Fátima Bezerra, ocupó la presidencia de la Cámara alta desafiando al régimen conducido por el presidente Michel Temer, quien ordenó imponer con forceps (¿ y propinas?) una reforma laboral cuestionada por las centrales sindicales, la Iglesia católica y la Organización Internacional del Trabajo.

Ayer fue enterrada la Consolidación de la Leyes del Trabajo (CLT), sancionada en 1943 por el presidente Getulio Vargas, un conjunto de normas que permitieron superar los vínculos premodernos que dominaban las relaciones entre capital y trabajo.

“Están haciendo terrorismo para que salga la ley a toda costa, sin debate, es un atropello a la Constitución” denunció Hoffmann, la flamante presidenta del Partido de los Trabajadores, desde la mesa que domina el Recinto.
Las desobedientes senadoras Hoffman, Fátima Bezerra y Vanesa Grazziotin, ésta del Partido Comunista, se instalaron durante más de seis horas en los sillones principales del Congreso donde resistieron durante más de seis horas la orden de desalojo impartida por el jefe de la Casa, Eunicio Oliveira, correligionario de Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Finalmente en las primeras horas de la noche la (contra) reforma laboral fue aprobada en general por 50 votos contra 26.

Según un dossier de la Universidad de Campinas el proyecto apadrinado por los partidos de Temer y Fernando Henrique Cardoso fue redactado por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y la Confederación Nacional de Agricultura (CNA).

Al respaldo de la CNI y la CNA se suma el de la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) y el de las empresas periodísticas.

A contramano de esos grupos económicos el 70 por ciento de la opinión pública es contraria a la flexibilización laboral, según el promedio de diversas encuestas, en las que sube al 80 por ciento la reprobación a la reforma previsional.

“Tenemos 14 millones de desocupados y quieren precarizar las relaciones laborales para someter a los empleados, en particular a las mujeres, este proyecto obliga a que las embarazadas trabajen en lugar en insalubres, le quita los derechos conquistados por las empleadas domésticas en 2014” protestó Hoffmann.

Su colega, la también petista Fátima Bezerra dijo a PáginaI12, a través de su vocero, que “no nos quedó otro remedio que hacer esta ocupación como forma de protesta en defensa de 100 millones de trabajadores que serán perjudicados, fue algo profundamente democrático contra una ley que nos hará retroceder a la esclavitud”.

El caricaturista Laerte, uno de los más agudos analistas políticos del país, publicó una viñeta con un barco hacinado de africanos como los que llegaron hasta 1888 año en el que Brasil fue el último país americano en abolir el trabajo esclavo.

Como en los regímenes de excepción las autoridades del Senado intimidaron a las parlamentarias cortándoles la iluminación, desconectando los micrófonos y suspendiendo la transmisión de la televisión y la radio legislativa que comenzó a transmitir música. Censura de Estado.

Esto no las intimidó: se iluminaron con sus celulares y hasta almorzaron ante la nerviosa mirada de sus colegas oficialistas que, al parecer, recibieron órdenes del Palacio del Planalto para dar luz verde a una reforma que termina con las vacaciones pagas y la negociación colectiva.

La ley fue enviada al Parlamento por un gobierno surgido tras la deposición de Dilma Rousseff, por lo cual se trata de una iniciativa “sin legitimidad, que no fue discutida ante el pueblo” reforzó Bezerra, al responder a este diario desde dentro del recinto cuyo ingreso fue vedada a la prensa y a los sindicalistas que llegaron de varios estados para expresar su descontento.

De todos modos hasta el cierre de esta crónica aún no había concluido el debate de los artículos en particular en el cual la oposición presionó para la inclusión de algunas enmiendas para permitir que la norma retorne a la Cámara de Diputados. Si así fuera se postergará la sanción de la que necesita urgentemente Temer para sobrevivir en el cargo: cuanto más se demoren las reformas laboral y previsional menor será su credibilidad frente al mercado financiero y las patronales como la CNI y CNA.

La otra patronal en cuestión, la mediática, ya libró un certificado de defunción para el gobernante de esta democracia desfigurada cuyas autoridades se esfuerzan para darle una apariencia institucional.

La empresa de noticias y entretenimientos Globo determinó que Temer debe dejar el cargo para el cual ya escogió, a través de una suerte de voto calificado el conservador Rodrigo Maia.

El jefe de la Cámara de Diputados Maia sueña con la caída de su otrora aliado Temer debido a la denuncia de corrupción que esta semana comenzó a ser tratada en el Parlamento. Su ascenso al Planalto representaría un golpe dentro del golpe y llevaría aire al sistema establecido el año pasado tras el desalojo de Rousseff. Maia anticipó a banqueros y patrones que, en caso de suceder a Temer, su misión será sancionar la ley laboral, en los moldes “que indica el mercado”.

- Temer habló sobre su futuro (incierto).

El presidente brasileño, Michel Temer, afirmó ayer que respetará cualquier decisión que tome el Congreso sobre su futuro, al aludir a la denuncia por corrupción que puede costarle el cargo y depende de un análisis de los legisladores. “La Cámara de Diputados tiene una importantísima decisión que tomar esta semana es hora de respuestas rápidas, pero respetaré toda decisión”, declaró Temer en un acto en el que fueron anunciados créditos por 103.000 millones de reales (unos 31.700 millones de dólares) para el sector agrícola. La denuncia por corrupción pasiva fue formulada por la Fiscalía y tramita en una comisión de la Cámara baja, cuyo instructor, Sergio Zveiter, recomendó que los cargos sean acogidos por la Corte Suprema, lo cual será decidido por el pleno del órgano legislativo. Temer dijo estar convencido de que tiene el apoyo del Congreso, que ha respaldado la profunda e impopular agenda de reformas que impulsó desde mayo del año pasado, cuando asumió el poder una vez que se inició el proceso que llevó a la destitución de la mandataria Dilma Rousseff por irregulares manejos de los presupuestos. “Fue este gobierno el que recuperó la economía, el que está poniendo el país en el rumbo correcto para quien venga en el 2019”, declaró en relación al fin de su mandato, el 1 de enero de ese año. Según el mandatario, no se puede tener dudas sobre el compromiso de las instituciones brasileñas en el delicado momento político que vive el país, pero sí para él es necesario tener en cuenta que son horas en las que Brasil debe avanzar, porque no puede parar ni retroceder. Como en otras ocasiones, Temer hizo un repaso de la leve mejoría que mostraron los indicadores económicos del país en los últimos meses, lo cual atribuyó a las “claras decisiones políticas” tomadas por su gobierno. También garantizó que Brasil va a seguir caminando hacia adelante.

- Operativo antifraude.

La policía brasileña inició ayer un operativo contra el fraude de al menos 14 millones de reales (unos 4,3 millones de dólares) en el sistema de la Seguridad Social del país. La operación denominada Ostrich investiga una trama que defraudaba a la Administración por medio del trámite irregular de beneficios de asistencia social a ancianos y personas dependientes, según señaló la Policía Federal en un comunicado. Las autoridades brasileñas cumplen en San Pablo seis órdenes de registro y allanamiento, tres de “conducción coercitiva” y otras tres de “medidas alternativas a prisión”.

La investigación avanzó cuando los agentes descubrieron que un estudio de abogados tramitó 150 expedientes de manera irregular al utilizar informaciones falsas y documentos falsificados. El daño causado por esos expedientes se estima en 14 millones de reales (unos 4,3 millones de dólares), pero el monto total puede ser diez veces mayor, de acuerdo con la Policía. Según las investigaciones, la firma se beneficiaba de una cautelar judicial a través de la cual podía presentar expedientes ilimitadamente, cuando lo permitido, para evitar fraudes, es uno por día. “Hay indicios de que el escritorio acabó por convertirse en una especie de central para defraudar a la Seguridad Social al condensar los pedidos fraudulentos de otros escritorios en la ciudad de San Pablo y en el interior del estado” homónimo, añadió la nota. Los beneficiarios de esa asistencia social también serán investigados a fin de determinar si tenían o no conocimiento de la trama corrupta.

(Dario Pignotti, Página 12)