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El Gobierno reduce a mínimos los indultos y elimina los de corrupción

Pasa de los 400 anuales que se otorgaron de media entre 2007 y 2012 a los 27 que prosperaron el año pasado

Desde el año 2012 el Ejecutivo ha reducido a mínimos históricos la concesión de indultos, eliminando la dispensa de esta medida de gracia a los condenados por delitos de corrupción, violencia de género, seguridad vial o contra la Hacienda Pública. Así lo puso de manifiesto ayer la subsecretaria de Estado de Justicia, Áurea Roldán, en la presentación del primer informe semestral sobre indultos concedidos y denegados en España en 2016 y durante el primer trimestre de 2017, a cuya publicación viene obligado el Ejecutivo tras la reforma operada en el Código Penal en 2015.

La concesión de indultos ha evolucionado de los 400 anuales que se otorgaron de media entre 2007 y 2012 a los 27 que prosperaron el año pasado, lo que implica que el número de solicitudes estimadas pasó del 11,26 por ciento de 2007 al 0,72 por ciento de 2016.

En lo que va de año el Gobierno ha tramitado un total de 1.943 indultos, si bien ha denegado la mayor parte de las solicitudes, concediendo un total de 20, lo que equivale al 1,03 por ciento de los casos. Durante el ejercicio anterior, el número de expedientes tramitados cayó a mínimos que no se registraban desde 2007 debido a que el Gobierno se encontraba en funciones. En total se recibieron 3.774 solicitudes, de las que solo se atendieron 27 expedientes.
- Medidas anticorrupción.

Cabe señalar que los delitos cometidos contra el patrimonio y contra la salud pública son los que concentraron el mayor número de concesiones, alcanzando en el primer caso el 26 por ciento del total de otorgaciones en el periodo de 2014 a 2016, y el 50 por ciento en el segundo caso. Además, desde 2014 el Ejecutivo no concede indultos a los condenados en sentencia firme por delitos contra la Administración Pública y de Justicia, lo que en opinión del Gobierno responde a su «posicionamiento en la lucha contra la corrupción». En concreto, impide que se beneficien de esta medida los políticos y los altos cargos de las Administraciones Públicas que utilicen sus funciones para obtener un lucro personal o con el propósito de favorecer a sujetos vinculados a ellos.

En cuanto a las personas indultadas, la mayor parte son mujeres, precisamente por la menor gravedad de los delitos cometidos en comparación con los perpetrados por los hombres.

(Marcelino Abad, ABC)