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El PSOE estudiará llevar al Gobierno ante el TC por los vetos en el Parlamento

El bloqueo de iniciativas deja a los socialistas sin armas en el Congreso al no tener Sánchez un escaño

Los vetos del Gobierno afectan en mayor grado al PSOE al no contar Pedro Sánchez con escaño en el Congreso, lo que disminuye su visibilidad

El Ejecutivo ya acudió al TC para denunciar que la Mesa del Congreso había levantado el veto a dos proposiciones de ley

El nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sigue virando el timón hacia la izquierda. Tras los últimos cambios de posición en el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (Ceta), la comisión de investigación sobre el accidente del Alvia o la reforma de la Justicia, la nueva dirección socialista estudiará recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) los vetos aplicados por el Gobierno a la tramitación de sus proposiciones de ley en el Congreso. Un movimiento que podría aumentar la brecha política existente entre el Ejecutivo y el nuevo PSOE durante el nuevo curso político.

Hasta ahora, los socialistas no han pasado de enviar escritos de reconsideración a la Mesa del Congreso que, con la mayoría de PP y Ciudadanos, está asumiendo de manera general la capacidad del Gobierno para hacer uso de esta herramienta como fórmula para proteger el presupuesto. Pero los socialistas empiezan a deliberar ahora ir un paso más allá y considerar esos escritos no como un último paso sino como el movimiento previo a la presentación de un recurso de amparo ante el TC. Y es que los vetos del Gobierno hacen al PSOE más daño que a ningún otro partido de la oposición. Al no contar su secretario general, Pedro Sánchez, con escaño en la Cámara Baja, la estrategia del grupo parlamentario pasa por realizar una acción legislativa continúa para ganar visibilidad y no quedar en un segundo plano frente a Podemos, algo que sucederá muy probablemente en los grandes debates parlamentarios que quedan por delante. Sin la posibilidad de presentar iniciativas que prosperen, su estrategia parlamentaria estará en jaque.

- «Antidemocrático».

En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha decretado su disconformidad con la tramitación de un total de 37 iniciativas legislativas de los grupos de la oposición (27) y de las Comunidades Autónomas (10) por razones presupuestarias. Una cifra que la nueva portavoz socialista, Margarita Robles, considera «preocupante» para cualquier demócrata y «dañina» para la vida parlamentaria. «El PP está poniendo muchos inconvenientes y muchos obstáculos a que haya un trabajo parlamentario. Cada vez que la oposición registra proyectos de ley con un alto contenido social y en favor de los más necesitados se está produciendo sistemáticamente un veto del Gobierno argumentando, con una fórmula genérica, que hay un incremento del gasto presupuestario cuando eso, en muchas ocasiones, no es verdad», denuncia a ABC.
- Fuego cruzado.

Pero el Ejecutivo no piensa dejar de usar esta herramienta durante el resto de la legislatura. La prerrogativa del veto está prevista en el artículo 134.6 de la Constitución Española y en los artículos 111.4 y 126.2 de los respectivos Reglamentos del Congreso y el Senado, cuando alguna proposición de ley conlleva un aumento del gasto o una disminución de los ingresos ya aprobados. Fuentes de La Moncloa rechazan las críticas del PSOE y subrayan que con el Gobierno está actuando con este único criterio ya que el coste de las proposiciones de ley vetadas supera los 30.000 millones de euros. El TC puede acabar así en el centro de un fuego cruzado dado que el Ejecutivo ya le presentó un conflicto entre órganos constitucionales el pasado mes de febrero. Denunció que la Mesa del Congreso había levantado el veto presupuestario sobre dos proposiciones de ley de la oposición que pudieron continuar así su tramitación parlamentaria: la paralización del calendario de la LOMCE y la reforma de las condiciones de los trabajadores subcontratados.

- Competencia «exclusiva e indelegable».

El Gobierno consideró entonces que los dos Acuerdos de la Mesa suponían una asunción contraria a Derecho. «No respetan la competencia que al Ejecutivo corresponde de conformidad con la Constitución y el Reglamento de la Cámara», justificó. Y hoy sigue defendiendo su facultad constitucional y reglamentaria de seguir imponiendo vetos por estar «fundamentada en estrictas pero muy importantes razones presupuestarias», subrayan las mismas fuentes. El objetivo es «garantizar que dichas propuestas legislativas no alteren el marco presupuestario establecido en la Ley de Presupuestos aprobada por las propias Cortes y en vigor. El Gobierno trata así de preservar una competencia exclusiva e indelegable del poder Ejecutivo, tanto como asegurar el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal asumidos por nuestro país en el marco del proyecto europeo», abundan. La brecha política entre Gobierno y oposición parece cada vez más grande.

- Promesa electoral de 2011.

Aunque la aplicación del veto por razones presupuestarias es efectivamente una prerrogativa constitucional como defiende el Gobierno, su regularización fue una promesa incluida por el PP en su programa electoral de 2011 por considerar que su redacción permitía a los Gobiernos realizar un uso abusivo.

«Reconoceremos el derecho de la oposición a promover iniciativas sin la utilización arbitraria y el abuso del veto que se ha producido en los últimos años», aseguraba el partido mayoritario en la página 174, dentro del capítulo de medidas a aplicar para conseguir «una democracia ejemplar». Esta promesa, sin embargo, no se cumplió en esa legislatura y desapareció de los siguientes programas electorales, para los comicios generales de 2015 y 2016. Según fuentes parlamentarias, porque al anticipar una victoria ajustada, Moncloa calculó que podría necesitar mantener la redacción textual de esta prerrogativa para poder hacer frente a la ofensiva de un nuevo Parlamento multipartidista. El Gobierno no comenta los cambios en el programa pero defiende que con la situación aritmética de la Cámara no puede prescindir de este instrumento, porque los grupos podrían legislar contra el presupuesto en vigor y «eso está estrictamente prohibido».

(Ana I. Sánchez, ABC)