La decisión tomada por el juez Martínez de Giorgi se basa en una denuncia referida a las elecciones del gremio en 2013. Llega en un contexto de ofensiva desde la Casa Rosada a los sindicatos y a los reclamos laborales
En el transcurso de unas pocas horas el titular del sindicato de los Canillitas, Omar Plaini, fue procesado por falsificación de documento, embargado en 200.000 pesos y desplazado de la conducción de su gremio, que a la vez fue allanado en un megaoperativo de Gendarmería e intervenido. Todo fue fruto de la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tramita desde 2013 una causa en la que el líder gremial fue denunciado por irregularidades en la confección de las planillas de la asamblea extraordinaria donde se conformó la junta que organizaría la elección, en la que Plaini resultó electo para el período 2013-2017. El juzgado le indicó al Ministerio de Trabajo que inicie un proceso de normalización y que designe al interventor. La decisión llega en un momento de creciente hostigamiento a los sindicatos, de una sucesión de intervenciones, junto con la demonización desde la Casa Rosada de los reclamos laborales y desacreditación de las resoluciones que les son favorables. Según dijo Plaini “hay claramente una persecución jurídica y política y un ataque al movimiento sindical”. La conducción de la CGT le dio su apoyo.
Plaini encabeza el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires en gestiones sucesivas desde el año 2006. Es diputado por Cultura, Educación y Trabajo y es conocido su apoyo a Unidad Ciudadana, la fuerza lanzada por Cristina Fernández de Kirchner, circunstancia con la que vinculó su procesamiento. La causa penal a cargo de Martínez de Giorgi se originó por una denuncia presentada por el apoderado de la Lista Azul, vinculada al Partido Solidario de Carlos Heller, que era la oponente a la Bordó, de Plaini. La denuncia señalaba que durante la asamblea extraordinaria en la que se eligió la junta electoral se habían cometido delitos como la falsificación de firmas en la planilla de asistencia. Decía, por ejemplo, que figuraban más de 600 firmas pero que al lugar habían concurrido “unas 212 personas muchas de las cuales no pertenecían al sindicato, ni siquiera eran conocidos de la actividad e incluso algunos llevaban distintivos del Sindicato de Camioneros o de Uatre (la Unión de Trabajadores Rurales)”.
La justificación del juzgado de Martínez de Giorgi sobre la dilatación del proceso en cuestión durante casi cuatro años es que estaban esperando que se resolviera un expediente que corría en paralelo en el fuero laboral, donde lo que se cuestionó fue la convocatoria a elecciones en un lugar no habilitado para eso. El Ministerio de Trabajo había suspendido la elección pero la Cámara Laboral sostuvo que la convocatoria era válida y al final del camino la Corte Suprema dejó firme aquel fallo. Aquella decisión suprema es a la que se refirió ayer Plaini cuando hablaba de que “la elección fue ratificada por la Corte”. Pero Martínez de Giorgi sostiene que eran cuestiones distintas las que él tenía que analizar, y que se refería a la falsificación de datos en las planillas. En el último año mandó a hacer una pericia caligráfica y a cotejar datos de quienes firmaban y, según argumentó para procesar a Plaini, encontraron firmas falsas, nombres de personas fallecidas, otras ajenas al sindicato o inexistentes. Plaini explicó ayer que, tras el fallo de la Corte que refrendó esas elecciones, el sindicato pidió la prescripción de la causa penal por “falsificación de documento privado”, pero que ahora, para evitar la evidente prescripción,el juez le cambió la carátula a “falsificación de documento público” para mantener vigente la persecución.
El allanamiento que mandó ayer el juez con cinco camionetas y efectivos de Gendarmería nacional pretendía, según su resolución, asegurarse toda la documentación que estaba en la sede sindical al momento que llegaban los funcionarios del Ministerio de Trabajo que se harán cargo de la intervención. En teoría, el objetivo es que se haga una asamblea nuevamente y se vuelvan a elegir autoridades. Funcionarios judiciales reconocen que se podría dar la paradoja de que sea electo porque el juez no lo inhabilitó para ocupar cargos. No es la primera intervención sindical que en lo que lleva de gobierno Mauricio Macri determina un juez federal: también lo hizo con el Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU) a raíz de una causa que instruye contra su ex secretario general, Omar “Caballo” Suárez, quien finalmente incluso fue detenido acusado de asociación ilícita para cometer delitos en perjuicio del gremio. El mes pasado el Ministerio de Trabajo suspendió las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma y ya había intervenido a la Federación de los azucareros. Y en 2016 intervino también el Sindicato de personal de seguridad privada (Upsra). Estos dos últimos fueron revocados por la justicia laboral.
Para Martínez de Giorgi, Plaini está ocupando un cargo de manera irregular y su elección es nula en su origen, por eso le pidió al Ministerio que conduce Jorge Triaca. En el procesamiento el juez dice que se acreditó que hubo una “maniobra” “tendiente a engañar a las autoridades de la Dirección Nacional de Asociaciones sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con el objeto de darle apariencia legítima a la asamblea extraordinaria que se llevó a cabo el día 25 de julio de 2013, a los efectos de constituir la junta electoral que llevaría adelante el proceso electoral para la renovación de autoridades del sindicato”. Advierte que está “acreditada la falsedad de datos filiatorios de las personas consignadas en las planillas” y “diversas firmas atribuidas a ellas”. Eso según el juez “afecta derechos sindicales y la libertad de asociación gremial (…) entorpece la vida interna del sindicato y lesiona directamente los derechos y garantías de los afiliados”. “Estas circunstancias, que ponen en evidencia que la actual conducción de Sivendia ha tenido origen en un proceso eleccionario espurio, llevan a que la situación existente no pueda perdurar mas en el tiempo, imponiéndose la medida excepcional de intervenir el sindicato con la finalidad de encausar la vida institucional del mismo, y a efectos de evitar la comisión de otros ilícitos, el ocultamiento de pruebas y el entorpecimiento de la investigación”, concluye la resolución contra Plaini. También fue procesada la escribana María Emilia Rodenas, por validar las planillas y actas, también con un embargo de 200.000 pesos.
Plaini dijo que este proceso “se aceleró este último mes por cuestiones puramente políticas”. “El sindicato está intervenido, clausuraron la Secretaría General y la Comisión Directiva fue desafectada por un juez que no tiene competencia en lo laboral sino criminal”, señaló el dirigente, quien describió los sucesos como parte de “una persecución política y jurídica”. También se quejó de que les dictaran falta de mérito a otros referentes y él resultara, junto con la escribana, el único procesado. Agradeció el apoyo de la CGT que acusó al Gobierno de montar una persecución.
Lo concreto es que este tipo de intervenciones en gremios nacionales eran impensadas en otros tiempos en que se dejaba que las irregularidades fueran resueltas por ellos mismos. Ahora se las aplica como parte de una política mezclada con el escenario electoral.
- El rechazo de la CGT.
La CGT expresó su rechazo a la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de intervenir el Sindicato de Canillitas y procesar al secretario general Omar Plaini. “Entendemos que la causa iniciada en 2013 es una excusa que esconde tras de sí objetivos políticos y, especialmente, persecución gremial por parte del gobierno”, sostuvo la central obrera en un comunicado. “El inmiscuirse en la vida interna del gremio por parte de un juzgado federal enarbolando incumplimiento de la ley de Asociaciones Profesionales no sólo está fuera de su órbita de acción sino que ejerce violencia institucional sobre la representatividad de los trabajadores canillitas que eligieron sus autoridades en el marco de la ley que los regula”, enfatizó. En ese marco, la CGT instó al juez, al Ministerio de Trabajo y al Ejecutivo a “que cesen en la intervención del gremio y, como viene sucediendo en tantos otros casos, la persecución a dirigentes gremiales”. Y adelantaron que harán la denuncia correspondiente a la OIT.
- Oportuna demora.
El inicio del juicio oral y público por la denominada causa de las escuchas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires, que hubiera molestado al oficialismo en plena campaña electoral, estaba previsto para el 5 de septiembre pero fue postergado para el 7 de febrero de 2019. Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 5, por causas que van desde el posible juicio político a uno de los jueces que lo integran hasta la congestión de expedientes que deben atender. La causa de las escuchas ilegales que fueron fraguadas a través de dos jueces de la provincia de Misiones y con intervención de la ex-SIDE, había sido elevada a juicio por el juez Sebastián Casanello el 7 de marzo de 2014. Entre los 11 implicados en una presunta asociación ilícita para intervenir teléfonos dentro de la estructura gubernamental porteña, el entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri quedaba excluido a la espera de realizar medidas de prueba complementarias. El 29 de diciembre de 2015 fue sobreseído, decisión ratificada por la Cámara Federal seis meses más tarde, con lo que quedó definitivamente afuera del juicio. En el banquillo quedaron el ex espía que revistaba en el Ministerio de Educación Ciro James, los ex jefes de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y Osvaldo Chamorro, el ex titular de la cartera educativa porteña Mariano Narodowski, el destituido juez federal de Misiones José Luis Rey, su ex secretaria Mónica González y cinco ex policías federales misioneros, encabezados por Diego Guarda.
(Irina Hauser, Página 12)
