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Un “plan” sin contenido ni presupuesto. Las organizaciones de personas con discapacidad denuncian que el programa oficial para el sector es sólo un anuncio

El Plan Nacional de Discapacidad 2017-2019 fue anunciado por Macri y Michetti en mayo, pero ni siquiera tiene número de expediente, señalan las entidades. “No tiene contenidos reales”, advierten. Sólo hubo recorte de pensiones

Organizaciones de personas con discapacidad –como REDI y la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes– advirtieron que el Plan Nacional de Discapacidad 2017-2019, lanzado por el presidente Mauricio Macri y la vice Gabriela Michetti el 11 de mayo en el Centro Cultural Kirchner, “carece de contenido” y ni siquiera tiene presupuesto. El plan viene siendo presentado como un tema de Estado a cargo de Michetti, que en aquel acto habló de una respuesta integral, “con el involucramiento del gobierno, la sociedad civil y el sector privado” y aseguró que el programa hará “que en la Argentina el tema de la discapacidad pase a ser muy distinto de lo que es hoy”. En simultáneo con esta promesa, el gobierno comenzó a dar de baja de manera masiva las pensiones por discapacidad, medida que hasta ahora no ha revertido.

Tras el acto en el CCK, que tuvo una generosa difusión mediática y una acotada participación de organizaciones, en su mayor parte de prestadores de servicios, los integrantes de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) mandaron una nota a Michetti para pedirle “precisiones sobre el desarrollo” del programa, ya que como organizaciones de discapacitados no habían tenido ninguna otra noticia del programa que la de los diarios, ni habían sido convocados a participar de su desarrollo.
Al mismo tiempo, REDI impulsó un pedido de acceso a la información pública, en el que solicitó las bases del Plan. “Cuando el Estado pone en marcha la elaboración de un programa nacional se inicia un expediente, con un número. Nosotros pedimos ver qué había, qué tenía adentro. Nos contestaron que ni siquiera existía el expediente: no hay nada detrás de los anuncios”, señaló a PáginaI12 Ana Dones, de la Red.

Michetti no contestó la nota con la que reclamaron precisiones. Sí lo hizo la Conadis (el órgano rector del Estado para las políticas de discapacidad), a la que habían enviado una copia de la nota a la vicepresidenta. El titular de la Comisión, Javier Ureta Sáenz Peña, los citó a una reunión para hoy.

El funcionario acaba de asumir como coordinador del Plan, tras dejar el ministerio de Medio Ambiente, donde fue secretario de Control y Monitoreo Ambiental. Ese alejamiento ocurrió luego de que su nombre quedara vinculado a una cuestionada licitación para la compra de cincuenta colectivos eléctricos que el ministro Sergio Bergman anuló a raíz de denuncias de corrupción. Ureta asegura que su mudanza no tuvo relación con el caso, sino que se trata de un “crecimiento profesional”.

- Presupuesto Cero.

Inés Castellano, de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (Fadepof), coincide con la preocupación de los integrantes de REDI. “El plan fue lanzado con la intención de ser un programa nacional, pero no tiene contenidos reales”, dijo a PáginaI12. “Lo lógico y razonable es hacer un lanzamiento cuando hay un programa desarrollado, no como lo hicieron en este caso. Tampoco están haciendo reuniones con las organizaciones de discapacitados: no que nosotros sepamos. Debió haberse tenido en cuenta a los protagonistas para poder responder a las necesidades de quienes tienen una discapacidad. Esto es parte del reclamo del colectivo: lo que planteamos es que no hemos sido convocados para discutir un plan que se supone dirigido a atender nuestras necesidades”.

Castellano asegura que el plan “ni siquiera tiene presupuesto”. Lo mismo advirtió Eduardo Joly, titular de la Fundación Rumbos.

El malestar de las personas discapacitadas y sus familiares se acrecentó al sentirse utilizados por las estrategias de marketing del PRO, que hizo el lanzamiento oficial del Plan días antes de que el ministerio de Desarrollo Social diera de baja 83 mil pensiones por invalidez, argumentando una “depuración” del padrón, en un cambio radical de las políticas del Estado hacia los más vulnerables. Entre los hechos por los cuales el gobierno dejó a más de 70 mil discapacitados sin su pensión –para lo que sacó del cajón a un decreto menemista de 1997, que pasa a los solicitantes por el tamiz de mayores requisitos– está por ejemplo que tengan un auto o familiares con beneficios previsionales.

En la mayoría de los casos, las suspensiones se ejecutaron sin aviso, por lo que los beneficiarios del programa se enteraron al ir a cobrar las pensiones. Desarrollo Social no les pidió información para aclarar sus situaciones patrimoniales.

Al mismo tiempo, fueron desmontados los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro con discapacidad.

La aplicación del decreto 432 firmado en 1997 por Carlos Menem permitió hacer una poda mayor de los subsidios a Cambiemos, que ya desde antes venía ensayando esta política con otro recurso, el de negar los Certificados Unicos de Discapacidad (CUD) o no renovarlos.

“Acceder a un CUD o renovarlo se volvió más complicado”, contó Castellano. “Da la sensación de que hay órdenes de no otorgarlo, o de tratar de complicar su obtención. En relación a las enfermedades poco frecuentes, por ejemplo, la falta de conocimiento complica aún más las cosas, porque hay patologías viscerales donde el problema es algo interno, que no se ve”.

“No se contempla el modo en que una patología ocasiona desventajas en la integración. El certificado busca, justamente, que las personas accedan a recursos que nivelen estas desventajas. Pero no se hace una evaluación en cuanto a esto, que es fundamental para la inclusión en el plano social, en lo laboral y educativo. Hoy muchas veces ni siquiera otorgan el turno para hacer la evaluación, sino que según el diagnóstico del discapacitado, la persona que atiende en el mostrador considera que no, que no le corresponde tener el certificado”.

Castellano explica que un Plan Nacional de Discapacidad con los objetivos que enunció el gobierno (“lograr que las personas tengan un proyecto de vida independiente y tengan sus derechos garantizados en materia de salud, educación, empleo y accesibilidad”) debería empezar por proveer de Certificados Únicos de Discapacidad (CDU) a quienes los necesitan. No solamente para acceder a una pensión: con el CDU, las obras sociales y empresas de medicina prepaga cubren un mayor número de prestaciones médicas y de atención psicológica, ya que el Estado les reintegra gran parte de los gastos. Con el CDU también se tramitan los pases para el uso gratuito del transporte público, necesario para llegar a los lugares de tratamiento.

Aunque el decreto 432/97 nunca fue derogado –lo que las organizaciones señalan como una de las varias deudas del gobierno anterior en la materia–, las gestiones kirchneristas facilitaron el otorgamiento de los certificados. Esto permitió el reconocimiento de derechos a cerca de un millón de personas con discapacidad. Joly aclara que la sobrerrepresentación que alega Cambiemos no existe. “En la ciudad de Buenos Aires, el 80 por ciento de los discapacitados en 2011 no tenía certificado, según registró la encuesta sobre Discapacidad en CABA. A nivel nacional estamos incluso por debajo: la Encuesta Nacional de Discapacidad 2002/3, posterior al Censo 2001, mostró que a nivel nacional solamente el 15 por ciento de los discapacitados tenían el CUD”.

- Sujetos de derecho.

Además del acto de principios de mayo, el Plan fue anunciado por Michetti en otras actividades oficiales. Otra de las caras de las críticas que está recibiendo hacen a su enfoque. En este sentido, REDI expresó su “gran preocupación por los dichos (de la vicepresidenta) sobre que las familias acomodadas apadrinarán a niños y niñas con discapacidad pobres”.

“Esto responde a un modelo tutelar, alejado del modelo de derechos humanos en el que se basa la Convención” sobre los Derechos de las personas con discapacidad, subrayó la organización en la nota que mandó a la funcionaria.

Para Joly, “no hay ningún Plan Nacional de Discapacidad en lo formal, aunque sin dudas hay un plan implícito en las políticas que se están llevando a cabo con el recorte masivo de las pensiones, que son la continuación del ajuste a las prestaciones del PAMI para los jubilados”.

Son recortes inescindibles de la política económica: “Todos los meses el gobierno está pagando en concepto de intereses de deuda el equivalente de 2 años de las pensiones no contributivas por discapacidad dadas de baja”. El dato fue procesado por Marcelo Betti, licenciado en economía (UBA) y miembro de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. “En mayo 2017 se pagó por intereses de deuda (externa pesificada + interna tipo Lebacs) 16.500 millones de pesos, equivalentes a 170.000 pensiones no-contributivas por discapacidad dadas de baja de 4000 pesos cada una a lo largo de 24 meses”.

REDI cierra su pedido de informes a Michetti con una reflexión. “El tener una discapacidad no debiera bajo ningún punto de vista ubicarnos como receptores de caridad, personas dadoras de amor ni nada que deba causar sensiblería, y esto no debiera ser promovido por el Estado Nacional. Las personas con discapacidad hemos luchado y seguimos haciéndolo, por ser titulares de derechos y en este sentido, no debiéramos dar un paso atrás. A esta altura, no tenemos que explicar que somos personas, con capacidad de trabajar, de estudiar, de votar, de comprar y vender bienes (de no mediar insania), de decidir qué tratamiento médico recibir, de criar a nuestros hijos e hijas, de ejercer nuestra sexualidad, de acceder a la justicia, de ser autónomos con los apoyos requeridos… Tampoco queremos ser ejemplo de vida y resulta perjudicial para el colectivo que usted nos muestre así. Dentro de la lástima, del amarillismo y de la sobrevaloración, existe la misma raíz: una profunda discriminación de la que no debiera ser parte el Estado Nacional”.

- La “ilusión” de Michetti.

Durante la asamblea del Consejo Federal de Discapacidad que se realizó en abril, en la provincia de Neuquén, la vicepresidenta Gabriela Michetti habló del Plan Nacional que el gobierno viene publicitando mientras recorta los derechos de los discapacitados. Esta fue una de las oportunidades en las que propuso que familias adineradas apadrinen a niños discapacitados pobres.

“Yo tengo una ilusión en lograr programas, en las provincias, en los municipios, que nos permitan que familias con chicos sin discapacidad, que son familias que tienen recursos, son familias de clase media acomodada, o de clase alta con mucha más razón, logren amadrinar o apadrinar a familias con chicos con discapacidad que tienen recursos realmente escasos”, dijo la vicepresidenta. “Entonces, que se produzca también en la ciudadanía un natural entrelazamiento de ayuda, porque los chicos de las primeras familias se van a ver enormemente beneficiados y van a crecer como personas mucho más si tienen ese contacto con una familia que tiene chicos con discapacidad y ven todos los problemas que tienen que enfrentar. Podemos hacer un gran programa de madrinazgo de familias, porque eso nos va a mostrar cómo la Argentina se compromete desde el ciudadano”.

“(...) Yo no quiero en absoluto que este sea el plan de la vicepresidenta, no. Si hay algo que tenemos que hacer es que eso no exista, que este sea un plan de los argentinos. Es el plan de todos nosotros, de todas las provincias, los municipios, los argentinos. Si lo logramos, rompemos todo, en el buen sentido de la palabra, revolucionariamente”.

Michetti también habló de la “sustentabilidad” del sistema de salud: “como los recursos son escasos, vamos a tener que ser muy inteligentes en ver cómo hacemos”, señaló tras anticipar que hay que “adecuar el marco normativo, sin perder de vista la relación costo/efectividad”.

- Postulados de buenas intenciones.

En las gacetillas de difusión publicadas en la página de la Casa Rosada, Cambiemos sostiene que el Plan “se basa en tres ejes rectores: la inclusión, la heterogeneidad y el compromiso comunitario”. El caso es parecido al del Plan Maestro, que el macrismo presentó como una colección de objetivos para la educación con los que nadie estaría en desacuerdo, pero sin medidas reales que las sustenten, y mientras ajusta los sueldos de los docentes y subejecuta el presupuesto destinado las escuelas.

Dice Cambiemos sobre su anunciado Programa de Discapacidad: “El plan promueve una plena cobertura y acceso a la salud, con especial énfasis en las personas de mayor vulnerabilidad social y luego a garantizar la sostenibilidad y calidad de las prestaciones médicas”, asegura. “Además, aborda el objetivo de que los estudiantes con discapacidad alcancen la titulación en el ámbito de la educación normal y prevé la capacitación de los docentes con el fin de propiciar las condiciones necesarias para una mejor inserción escolar”.

“En cuanto a lo laboral, apunta a hacer cumplir con el cupo en concursos en el sector público, facilitando su acceso e inscripción. También promueve, en el mismo ámbito, la búsqueda activa de diferentes perfiles profesionales y a unificar un manual de buenas prácticas”.

“En el empleo privado, impulsa el reempadronamiento en el registro de postulantes y el diseño de acciones de fomento de talleres protegidos de producción y trabajo. Promueve, además, el desarrollo de infraestructura accesible en la ciudad y en el campo, y que se garantice la existencia de medios de transporte inclusivos, fomentando la interconexión federal”.

- La seguidilla de recortes en distintos sectores. Los ajustes a los más vulnerables.

Precediendo a la política –no marketinera, sino dramáticamente real– de ajuste sobre las prestaciones a los discapacitados, el gobierno nacional viene recortándole ingresos y derechos a otros sectores de entre los más vulnerables. Jubilados, desocupados que habían logrado cierta inserción laboral a través de cooperativas de trabajo, estudiantes con ingresos familiares por debajo de la línea de la pobreza... incluso las pensiones por viudez quedaron bajo la mira de Cambiemos.

El 6 de enero, el director ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni, anunció que ese organismo dejó de entregar medicamentos gratis a los jubilados que cobren más de 8500 pesos. “Lo que buscamos es que sea justo el sistema, y hoy en día no es justo”, argumentó el funcionario. El objetivo del recorte fue “ahorrar” 1600 millones de pesos anuales.

El año pasado, el PAMI ya había restringido el alcance de la cobertura del 100 por ciento en medicamentos, pasando a una cobertura máxima gratuita de 10 a 4 remedios y eliminando del listado más de 160 principios activos que estaban entre los más requeridos.

El instituto interrumpió además la provisión gratuita de anteojos, eliminó programas de prevención de enfermedades recurrentes en los adultos mayores, redujo las prestaciones de trasplantes y limitó la cantidad de alimentos que entrega a los centros de jubilados.

Como parte de su estrategia para “contener gastos” en los servicios que contrata a prestadores privados, Cambiemos modificó además –en abril– el sistema modelo de pago para las clínicas y profesionales, que tuvo como correlato un ajuste de entre 22,9 y 36,9 por ciento del financiamiento para los estudios de diagnóstico.

En junio, la Anses intimó a los pensionados por viudez a que volvieran a presentar la documentación probatoria del beneficio. La medida fue anulada un día después de que un jubilado se suicidara en las oficinas del Anses marplatense.

La semana pasada le tocó al Progresar. El Poder Ejecutivo suspendió el pago a 94 mil jóvenes que recibían este apoyo económico. El argumento para dejar de pagarlo fue que se estaba haciendo una “revisión” para detectar irregularidades. “Preventivamente”, en junio no le pagaron a nadie.

Con la discontinuidad del Plan Argentina Trabaja, en las organizaciones sociales estiman que 40.000 cooperativistas se quedaron sin trabajo o sólo cobran una asignación de 4.000 pesos mensuales sin contraprestación alguna.

El martes pasado, el ministerio de Trabajo estableció un magro aumento del salario mínimo, que pasó a ser de 8860 pesos, con otro tramo de mejora a partir del 1º de enero (9500 pesos) y en julio del año que viene (cuando llegará a los 10 mil pesos). El tope implica un recorte de los gastos del Estado, ya que las asignaciones sociales están atadas al salario mínimo.

(Laura Vales, Página 12)